América Latina: la pandemia obliga a los gobiernos a hacer magia. ¿Podrán?

Actualizado: jun 28

Gildardo Cilia, Alberto Equihua, Guillermo Saldaña y Eduardo Esquivel.

El balance de los gobiernos


Los gobiernos tienen la responsabilidad de cumplir con un conjunto de funciones de interés público, entre ellas: la seguridad de los ciudadanos, la impartición de justicia y la defensa de la nación. Actualmente se reconocen otras responsabilidades: la dotación de infraestructura pública, la educación, la salud e incluso asuntos que parecen ambiguos, pero que son trascendentes, como son la conducción de estrategias de desarrollo y de combate a la pobreza. Qué deben hacer los gobiernos y qué no, esto se define continuamente en la agenda pública. Exige, eso sí, pensar en fórmula de gobernanza; es decir, en el cómo se toman las decisiones. En México y en la mayoría de los países del orbe, con la democracia se deciden los asuntos públicos; por eso vale la pena el empeño en su perfección.


Las acciones del gobierno necesariamente implicarán el uso de recursos. Los gobiernos tienen que resolver la provisión de los recursos que resulten necesarios para llevar a cabo las funciones, propósitos, políticas y programas, que las sociedades requieran; dentro de la lógica de que tienen que mandar obedeciendo.


Los recursos no pueden más que provenir de la misma sociedad. Así que la distribución de esa carga entre los ciudadanos también debe resolverse democráticamente. En suma, la gestión de un gobierno económicamente puede reducirse a un balance entre los recursos que extrae de la sociedad y los que devolverá en forma de servicios públicos, aplicación de políticas e implantación de estrategias. Una forma de representar este balance es:


(Ingresos fiscales)+(Endeudamiento neto)- (Gasto público)=0


Esta ecuación simple reconoce que la acción del gobierno puede complementarse con créditos, con lo que el futuro también depende de la capacidad de endeudamiento. La deuda permite gastar más hoy, pero compromete a devolver el capital del crédito y a pagar intereses y otros costos, provocando por su pago cierta astringencia económica con el tiempo.


La prudencia financiera indica que los gobiernos deberían procurar el cumplimiento de esa ecuación en todo momento. Es decir: limitar los gastos a lo que se pueda recaudar. Gastar menos con respecto a lo que se ingresa quizás sea lo más preferible. Tampoco tiene sentido un gobierno que retire recursos de los ciudadanos para luego guardarlos, sobre todo cuando se tienen grandes carencias que se transforman en retos.


En momentos de tensión como los que nos ha impuesto la pandemia, esta ecuación adquiere una importancia singular. El covid 19 en muy poco tiempo amenazó la salud de toda la humanidad. Es difícil imaginar una amenaza pública mayor. Al mismo tiempo, la protección de la salud obligó a frenar la economía mundial, con lo que los ingresos de los gobiernos también se redujeron. Financieramente los gobiernos tuvieron que gastar más para apoyar el desarrollo de vacunas y tratamientos eficaces, atender a las víctimas del coronavirus y resarcir daños económicos, en lo posible, de quienes tuvieron que parar sus actividades productivas y dejaron de generar sus ingresos cotidianos.


Las exigencias sociales se acumularon sobre las finanzas públicas, con gobiernos que recaudaron menos. ¿Cómo mantener el balance tan apreciado en el gobierno? Esta es la historia que nos preocupa y ocupa en esta ocasión en la Ekonosphera.


Un informe que preocupa


Las notas más relevantes durante la semana tuvieron que ver con la situación económica y los desequilibrios sociales que persisten en forma soterrada en América Latina y el Caribe. En especial, llamó la atención “El Informe Regional de Desarrollo Humano 2021” (“Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe”), elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En seguida rescatamos sus conclusiones:


1. La brecha entre riqueza y pobreza que caracteriza a América Latina y el Caribe se agudizó a raíz de la pandemia de covid-19. La región es la segunda con mayor desigualdad en el mundo después de África Subsahariana. Los datos sorprenden:

  • México, Brasil y Chile, son los países con la concentración del ingreso más alta y con mayor desigualdad.

  • En estos países, 10% de la población con ingresos más altos captó 57% de los ingresos nacionales, mientras que el 1% más rico, más de 28% en 2019.

  • En México, 10% de la población con ingresos más altos captó 59% de los ingresos nacionales, mientras que el uno por ciento en la cima de la riqueza, concentró 29% del ingreso nacional entre 2000 y 2019.

2. La región se caracteriza por un crecimiento volátil, generalmente bajo en relación con los requerimientos de población, además de ser evidente la baja productividad.


3. La falta de competencia se deriva de la concentración de poder que tienen algunas empresas con gran influencia política; esto es, gran parte de sus utilidades se derivan de “beneficios” fiscales que otorgan los Estados.


4. Las políticas sociales son parciales e ineficientes y son un factor poco significativo para evitar el lastre del desarrollo regional. Lo más grave fue que la pandemia evidenció la fragmentación de los sistemas de seguridad social.


5. La violencia es otro factor que inhibe el desarrollo regional: América Latina y el Caribe albergan sólo 9% de la población mundial, pero actualmente ocurren ahí 34% del total de muertes violentas.


6. Los avances logrados en las últimas décadas para convertir a la región en una de ingreso medio son inestables y desaparecen con rapidez en caso de crisis, como se ha visto con la pandemia.


De alguna manera sabíamos que América Latina y el Caribe es una de las regiones más pobre y desiguales del mundo. A muchos este tipo de diagnósticos les causa indignación; a otros, los más, resignación. ¿Sirve de algo conocer este entorno sombrío? Sí, si ello propicia proponer políticas públicas y, sobre todo, conlleva a su aplicación efectiva. El PNUD pone especial énfasis en la necesidad de:

  1. Instrumentar sistemas universales de protección social que sean redistributivos, fiscalmente sostenibles y más favorables al crecimiento; esto significa ampliar integralmente el gasto y superar su sentido exclusivamente asistencial.

  2. Aumentar impuestos a quienes más ganan; sólo así las reformas tributarias pueden crear sociedades más justas y equitativas.

  3. Deshacer el trato preferencial de los Estados a las élites de mayores ingresos que complican los cambios progresivos en las políticas tributarias. Los privilegios y la interferencia política de estos grupos poderosos “van desde el bloqueo al aumento de impuestos a los negocios y a sus propiedades, hasta poner en peligro los recursos fiscales a través de la presión por exenciones y subsidios para sus operaciones; lo que desplaza al gasto redistributivo”.

  4. Cambiar el panorama fiscal a partir de nuevos acuerdos y consensos. Esto no resulta imposible, primero, porque está en riesgo la continuidad histórica de un número importantes de países de la región; y segundo, porque cada vez es más notoria la presencia de una nueva generación de empresas comprometidas con la equidad social, el respeto al capital natural y la responsabilidad de hacer avanzar a las familias en su movilidad social y en los beneficios que genera el mayor valor agregado.

  5. Consolidar el estado de derecho y la capacidad que se tiene de resolver los conflictos en forma pacífica, siendo vital la resolución progresiva de la pobreza y la desigualdad social extrema.

  6. Impulsar el sistema educativo para que a través del conocimiento se pueda hacer efectiva la movilidad social.

En la elaboración del informe del PNUD participan distinguidos economistas, entre ellos, el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Siempre que se leen estos documentos y se observa que lo suscriben personajes como Zedillo, queda una sensación amarga: ¿por qué en su momento, cuando pudieron, no aplicaron las políticas fiscales progresivas? ¿Por qué se instrumentaron estrategias de “rescate” claramente regresivas, como lo fue el FOBAPROA, que ha implicado una carga en el largo plazo para millones de contribuyentes? Para pensarse. Lo importante aquí es que el diagnóstico y las alternativas propuestas descartan la idea de concentrar la riqueza para hacer crecer a las economías y se desecha lo que algunos creen es el “mecanismo natural” para distribuir la riqueza: el goteo de los ingresos de arriba hacia abajo, es decir, de los ricos hacia los pobres.


Para reiterar y completar la información sobre la extrema concentración de América y Latina y el Caribe, vale la pena ofrecer algunos datos aún más radicales, que ofrece el último reporte del banco de inversión Credit Suisse, publicado en diversos medios entre el 26 y 27 de junio de 2021:

  • Uno por ciento de la población más acaudalada en México concentró 31% de la riqueza nacional en 2020, año en el que 3 millones de personas perdieron su empleo.

  • En Brasil el uno por ciento con más recursos detenta 49.6% del patrimonio nacional.

  • En Chile, el uno por ciento más acaudalado concentró 33.6% de los bienes y activos nacionales.

¿La reforma fiscal necesaria?


Sonaría a perogrullada indicar que con esta estructura exacerbada de concentración del ingreso no sea necesaria una reforma tributaria progresiva en todos los países de la región; pero, aun así, hay una pregunta pertinente: ¿será verdaderamente necesaria?


Durante la pandemia, en 2020, los ingresos de los más ricos crecieron, con independencia de que el mundo se vio asolado por una parálisis económica que llevó en sumo grado a un deterioro de la riqueza a nivel mundial; es decir, hubo una mayor apropiación de excedentes económico, en medio del drama económico que vivieron millones de habitantes del planeta. Frente al uno por ciento que concentró en México 39% del ingreso nacional, por ejemplo, hubo un agravamiento de la pobreza: alrededor de 57 millones de la población en edad de trabajar se encontró en situación de pobreza extrema.


El estrato de los muy ricos, por otra parte, aporta muy poco para nivelar las carencias que existen en la población, sobre todo en materia de servicios básicos (educación, salud, seguridad social, vivienda y servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación). Más allá de este contexto, en los países en desarrollo y particularmente en América Latina, la polític