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América Latina sus graves problemas y México qué

Actualizado: 6 jul 2021

Gildardo Cilia, Alberto Equihua, Guillermo Saldaña y Eduardo Esquivel.


Tomar riesgos

¿Cómo y de dónde habrá surgido la idea de vincular al keynesianismo con la izquierda y con ello la necesidad de expandir en forma imperiosa la demanda efectiva mediante el gasto público? Y lo contrario, ¿por qué se asocia a las políticas prudenciales o contractivas del gasto con la derecha?


El mayor punto de contacto de la teoría de la demanda efectiva con el marxismo (si asociamos a Marx con la izquierda) estaría dado por la obra de Michal Kalecki, particularmente por su “Ensayo sobre la Teoría del Ciclo Económico”, publicado en 1933; en donde a partir de los esquemas de reproducción del capital, llega a la misma conclusión de Keynes sobre el efecto multiplicador y anticíclico de la demanda efectiva en periodos recesivos.


Keynes no era partidario de la idea del “fin del capitalismo” y menos un promotor de su extinción, más bien sus propuestas teóricas tenían el propósito de:

  1. Rescatar las bases del desarrollo capitalista en las fases depresivas a partir de la libertad que ofrece este sistema para ampliar el consumo y reactivar la tasa de rentabilidad de las empresas en el corto plazo.

  2. Utilizar el gasto público como una herramienta anticíclica, sin que ello signifique un desplazamiento permanente de la iniciativa inversora de los particulares; es decir, la mayor intervención económica del Estado debería tener un carácter transitorio, siendo vital en las fases bajas de los ciclos económicos en donde coinciden baja inversión y altos niveles de desempleo.

La revolución keynesiana, en ningún sentido, fue una ruptura con la prevalencia del capitalismo y menos una afinidad con el socialismo; significó, en su caso, una ruptura con el concepto del equilibrio mecánico y regenerador de la oferta y la demanda, tal como se plantea en las teorías clásica y neoclásica.


La aclaración es importante porque es bueno delimitar el campo de acción de la teoría económica y decir que una cosa no lleva a la otra; es decir, ser keynesiano no significa ser de izquierda y en muchos sentidos, son las circunstancias y los riesgos que se asumen en el cortísimo plazo lo que predomina en la toma de decisiones para afrontar una crisis o una fase depresiva.


En esta pandemia, si algo se vio, fue que la adopción de decisiones de política económica poco tiene que ver con las concepciones ideológicas de los gobiernos. Las medidas instrumentadas por las principales economías de Latinoamérica: Brasil, Argentina, Chile y México, son claro ejemplo de ello.


Brasil

Gran parte de la estrategia del Brasil durante la administración del presidente Bolsonaro se ha sustentado en la privatización de las empresas públicas y en un achicamiento acelerado del Estado. El Doctor Paulo Guedes, ministro de Economía, doctor por la Universidad de Chicago, es un partidario del gasto público restrictivo, acorde con el propósito de hacer permear los equilibrios naturales del mercado. Durante el periodo pandémico, la expansión del gasto para resarcir el daño económico a las empresas y a la población propició niveles de gasto sin precedentes hasta llevar al índice de deuda pública sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de 74 a 89% y al balance primario (ingresos menos gasto, sin incluir pago de intereses) con respecto al PIB de -1.3 a -10%.


La decisión del gobierno brasileño, sin duda, tuvo que ver con los riesgos sociales de corto plazo, más que con ideas afines al keynesianismo. El país es uno de los más desiguales del mundo, su índice de Gini es de 89%, muy cercano al de la perfecta desigualdad (100%) y la pobreza alcanza a más de 100 millones de habitantes. Los apoyos alcanzaron a más de 66 millones de pobres, lo que propició que en plena pandemia se suscitara un “milagro”, al reducirse el índice de pobreza extrema de 11 a 4.5% (Fundación Getulio Vargas). Todo fue transitorio, con el retiro gradual de apoyos en 2021 se volvió a la triste realidad, pero con mayor agudeza: ahora 12.8% de la población brasileña (alrededor de 27 millones de personas), el porcentaje más alto en una década, ha retornado a los umbrales de la pobreza extrema.


¿Qué le queda a Brasil para sanear su deuda pública y resarcir el daño fiscal que provocó la pandemia? La lógica indica que el camino es una reforma fiscal; pero antes se ha optado por continuar con la privatización de las empresas públicas, como lo es la de la empresa eléctrica Electrobras. Se calcula que la privatización de Electrobras podría significar un oxigeno para el Estado brasileño de 12 mil millones de dólares.


Argentina

El caso argentino es interesante, por la necesidad ingente de reestructurar su deuda pública bruta. En 2020 se adoptó la decisión de no pagar vencimientos e intereses de la deuda para atender los problemas que se derivaban de la pandemia; pero su abultamiento siguió creciendo.


Con una deuda externa de alrededor de 324 mil millones de dólares, una constante en la política económica ha sido diferir pagos o entrar en situaciones de default (impagos). La deuda bruta con respecto al PIB subió de 90 a 105% y el balance primario se deslizó de un superávit de 0.6% a un déficit de 1.4%.


Los retos son enormes y la crisis financiera es una bomba latente que puede detonar, poniendo en serios aprietos no sólo a Argentina, sino al sistema de pagos internacional; todo en medio de graves problemas que hacen insolvente tanto a los particulares como al Estado mismo. La tasa inflacionaria anual excede el 40% y sus compromisos a corto plazo son excesivos; sólo un dato debe pagar 52 mil millones de dólares de 2021 a 2024.


¿Le queda algún camino a Argentina? La situación en ese país parece campo minado. Ni siquiera es posible pensar en una reforma fiscal de gran calado porque su espacio fiscal también es reducido. La recaudación tributaria con respecto al PIB es superior a 30%, muy cerca del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); por lo que tasas tributarias mayores llevarían a deteriorar aún más las condiciones competitivas en materia de inversión y en la restricción excesiva de las ganancias de las empresas y de los ingresos de millones de contribuyentes. El margen es extremadamente reducido y sólo queda la adopción de medidas integrales: reestructurar deuda; ampliar impuestos en los pocos nichos que todavía le queden; mantener una estabilización fiscal y cuidar el gasto, haciéndolo extremadamente cualitativo.


Chile

En Chile los problemas parecen ser distintos. Es cierto que durante 2019 y 2020 hubo protestas callejeras que expusieron su vulnerabilidad política; sobre todo porque quienes se manifestaron demandaban cambios en la dirección del gasto social, principalmente en materia educativa. También es cierto que el país se contrajo en 6% en 2020 y que el déficit fiscal primario aumentó de -1.9 a -6.3%; sin embargo, la relación deuda bruta a PIB se situó en 33%, una de las más bajas de América Latina.


Con más de dos décadas de crecimiento económico, tal vez el más significativo de América Latina, el riesgo de un colapso por precariedad social parece lejano; aun así, el 12.8% de su población se encuentra en situación de pobreza. El riesgo social en Chile es que las amplias clases medias son exigentes y altamente politizadas.


Las respuestas del Gobierno para enfrentar la pandemia incluyeron transferencias en efectivo, esquemas de mantención del empleo; aplazamientos y reducciones tributarias; provisiones y garantías de liquidez y retiros tempranos desde los fondos de pensiones. A efecto de revertir el confinamiento, el gobierno ha instrumentado un programa intensivo de vacunación y en estos días ha alcanzado a más del 80% de su población adulta.


Chile requiere hacer ajustes fiscales y aun cuando el gobierno alertó que la estrategia para combatir los efectos económicos nocivos de la pandemia era transitoria, se estima que por los niveles de gasto asumidos en 2020 y los que va a asumir en 2021 (“bono clase media”) “las finanzas públicas tenderán a estabilizarse en un nivel estructuralmente más débil después de la pandemia”. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho hincapié que para fortalecer las finanzas públicas resulta imprescindible una reforma fiscal sustentada en “reevaluar las exenciones, deducciones y regímenes especiales; en incrementar la tributación directa y elevar los impuestos ecológicos”. No obstante, tanto los organismos financieros internacionales como las calificadoras coinciden en que la capacidad de contratar deuda en el exterior es alta y que el espacio fiscal muestra un amplio trecho: la recaudación sólo representa el 21% del PIB.


Primeras conclusiones

Conviene en este momento adelantar las primeras conclusiones a efecto de dejar claro lo siguiente:


1. Que más allá de la geometría política o ideológica de los gobiernos (izquierda, centro o derecha), el gasto expansivo obedeció a la necesidad de:

  • Amortiguar los efectos de una de las peores crisis sanitario y económicas del capitalismo contemporáneo; por lo que los Estados salieron en apoyo de las empresas y de los trabajadores a efecto de evitar una destrucción masiva del empleo, mediante transferencias directas, subsidios y créditos.