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América Latina sus graves problemas y México qué

Actualizado: 6 jul 2021

Gildardo Cilia, Alberto Equihua, Guillermo Saldaña y Eduardo Esquivel.


Tomar riesgos

¿Cómo y de dónde habrá surgido la idea de vincular al keynesianismo con la izquierda y con ello la necesidad de expandir en forma imperiosa la demanda efectiva mediante el gasto público? Y lo contrario, ¿por qué se asocia a las políticas prudenciales o contractivas del gasto con la derecha?


El mayor punto de contacto de la teoría de la demanda efectiva con el marxismo (si asociamos a Marx con la izquierda) estaría dado por la obra de Michal Kalecki, particularmente por su “Ensayo sobre la Teoría del Ciclo Económico”, publicado en 1933; en donde a partir de los esquemas de reproducción del capital, llega a la misma conclusión de Keynes sobre el efecto multiplicador y anticíclico de la demanda efectiva en periodos recesivos.


Keynes no era partidario de la idea del “fin del capitalismo” y menos un promotor de su extinción, más bien sus propuestas teóricas tenían el propósito de:

  1. Rescatar las bases del desarrollo capitalista en las fases depresivas a partir de la libertad que ofrece este sistema para ampliar el consumo y reactivar la tasa de rentabilidad de las empresas en el corto plazo.

  2. Utilizar el gasto público como una herramienta anticíclica, sin que ello signifique un desplazamiento permanente de la iniciativa inversora de los particulares; es decir, la mayor intervención económica del Estado debería tener un carácter transitorio, siendo vital en las fases bajas de los ciclos económicos en donde coinciden baja inversión y altos niveles de desempleo.

La revolución keynesiana, en ningún sentido, fue una ruptura con la prevalencia del capitalismo y menos una afinidad con el socialismo; significó, en su caso, una ruptura con el concepto del equilibrio mecánico y regenerador de la oferta y la demanda, tal como se plantea en las teorías clásica y neoclásica.


La aclaración es importante porque es bueno delimitar el campo de acción de la teoría económica y decir que una cosa no lleva a la otra; es decir, ser keynesiano no significa ser de izquierda y en muchos sentidos, son las circunstancias y los riesgos que se asumen en el cortísimo plazo lo que predomina en la toma de decisiones para afrontar una crisis o una fase depresiva.


En esta pandemia, si algo se vio, fue que la adopción de decisiones de política económica poco tiene que ver con las concepciones ideológicas de los gobiernos. Las medidas instrumentadas por las principales economías de Latinoamérica: Brasil, Argentina, Chile y México, son claro ejemplo de ello.


Brasil

Gran parte de la estrategia del Brasil durante la administración del presidente Bolsonaro se ha sustentado en la privatización de las empresas públicas y en un achicamiento acelerado del Estado. El Doctor Paulo Guedes, ministro de Economía, doctor por la Universidad de Chicago, es un partidario del gasto público restrictivo, acorde con el propósito de hacer permear los equilibrios naturales del mercado. Durante el periodo pandémico, la expansión del gasto para resarcir el daño económico a las empresas y a la población propició niveles de gasto sin precedentes hasta llevar al índice de deuda pública sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de 74 a 89% y al balance primario (ingresos menos gasto, sin incluir pago de intereses) con respecto al PIB de -1.3 a -10%.


La decisión del gobierno brasileño, sin duda, tuvo que ver con los riesgos sociales de corto plazo, más que con ideas afines al keynesianismo. El país es uno de los más desiguales del mundo, su índice de Gini es de 89%, muy cercano al de la perfecta desigualdad (100%) y la pobreza alcanza a más de 100 millones de habitantes. Los apoyos alcanzaron a más de 66 millones de pobres, lo que propició que en plena pandemia se suscitara un “milagro”, al reducirse el índice de pobreza extrema de 11 a 4.5% (Fundación Getulio Vargas). Todo fue transitorio, con el retiro gradual de apoyos en 2021 se volvió a la triste realidad, pero con mayor agudeza: ahora 12.8% de la población brasileña (alrededor de 27 millones de personas), el porcentaje más alto en una década, ha retornado a los umbrales de la pobreza extrema.


¿Qué le queda a Brasil para sanear su deuda pública y resarcir el daño fiscal que provocó la pandemia? La lógica indica que el camino es una reforma fiscal; pero antes se ha optado por continuar con la privatización de las empresas públicas, como lo es la de la empresa eléctrica Electrobras. Se calcula que la privatización de Electrobras podría significar un oxigeno para el Estado brasileño de 12 mil millones de dólares.


Argentina

El caso argentino es interesante, por la necesidad ingente de reestructurar su deuda pública bruta. En 2020 se adoptó la decisión de no pagar vencimientos e intereses de la deuda para atender los problemas que se derivaban de la pandemia; pero su abultamiento siguió creciendo.


Con una deuda externa de alrededor de 324 mil millones de dólares, una constante en la política económica ha sido diferir pagos o entrar en situaciones de default (impagos). La deuda bruta con respecto al PIB subió de 90 a 105% y el balance primario se deslizó de un superávit de 0.6% a un déficit de 1.4%.


Los retos son enormes y la crisis financiera es una bomba latente que puede detonar, poniendo en serios aprietos no sólo a Argentina, sino al sistema de pagos internacional; todo en medio de graves problemas que hacen insolvente tanto a los particulares como al Estado mismo. La tasa inflacionaria anual excede el 40% y sus compromisos a corto plazo son excesivos; sólo un dato debe pagar 52 mil millones de dólares de 2021 a 2024.


¿Le queda algún camino a Argentina? La situación en ese país parece campo minado. Ni siquiera es posible pensar en una reforma fiscal de gran calado porque su espacio fiscal también es reducido. La recaudación tributaria con respecto al PIB es superior a 30%, muy cerca del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); por lo que tasas tributarias mayores llevarían a deteriorar aún más las condiciones competitivas en materia de inversión y en la restricción excesiva de las ganancias de las empresas y de los ingresos de millones de contribuyentes. El margen es extremadamente reducido y sólo queda la adopción de medidas integrales: reestructurar deuda; ampliar impuestos en los pocos nichos que todavía le queden; mantener una estabilización fiscal y cuidar el gasto, haciéndolo extremadamente cualitativo.


Chile

En Chile los problemas parecen ser distintos. Es cierto que durante 2019 y 2020 hubo protestas callejeras que expusieron su vulnerabilidad política; sobre todo porque quienes se manifestaron demandaban cambios en la dirección del gasto social, principalmente en materia educativa. También es cierto que el país se contrajo en 6% en 2020 y que el déficit fiscal primario aumentó de -1.9 a -6.3%; sin embargo, la relación deuda bruta a PIB se situó en 33%, una de las más bajas de América Latina.


Con más de dos décadas de crecimiento económico, tal vez el más significativo de América Latina, el riesgo de un colapso por precariedad social parece lejano; aun así, el 12.8% de su población se encuentra en situación de pobreza. El riesgo social en Chile es que las amplias clases medias son exigentes y altamente politizadas.


Las respuestas del Gobierno para enfrentar la pandemia incluyeron transferencias en efectivo, esquemas de mantención del empleo; aplazamientos y reducciones tributarias; provisiones y garantías de liquidez y retiros tempranos desde los fondos de pensiones. A efecto de revertir el confinamiento, el gobierno ha instrumentado un programa intensivo de vacunación y en estos días ha alcanzado a más del 80% de su población adulta.


Chile requiere hacer ajustes fiscales y aun cuando el gobierno alertó que la estrategia para combatir los efectos económicos nocivos de la pandemia era transitoria, se estima que por los niveles de gasto asumidos en 2020 y los que va a asumir en 2021 (“bono clase media”) “las finanzas públicas tenderán a estabilizarse en un nivel estructuralmente más débil después de la pandemia”. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho hincapié que para fortalecer las finanzas públicas resulta imprescindible una reforma fiscal sustentada en “reevaluar las exenciones, deducciones y regímenes especiales; en incrementar la tributación directa y elevar los impuestos ecológicos”. No obstante, tanto los organismos financieros internacionales como las calificadoras coinciden en que la capacidad de contratar deuda en el exterior es alta y que el espacio fiscal muestra un amplio trecho: la recaudación sólo representa el 21% del PIB.


Primeras conclusiones

Conviene en este momento adelantar las primeras conclusiones a efecto de dejar claro lo siguiente:


1. Que más allá de la geometría política o ideológica de los gobiernos (izquierda, centro o derecha), el gasto expansivo obedeció a la necesidad de:

  • Amortiguar los efectos de una de las peores crisis sanitario y económicas del capitalismo contemporáneo; por lo que los Estados salieron en apoyo de las empresas y de los trabajadores a efecto de evitar una destrucción masiva del empleo, mediante transferencias directas, subsidios y créditos.

  • Evitar riesgos inmediatos o de corto plazo que pudieran llevar a un desbordamiento social, dada la precariedad económica de millones de personas (Brasil y Argentina) o la politización, sobre todo de las clases medias, fenómeno que se reproduce en Chile, Argentina y Brasil.

2. Que con el propósito de sanear las finanzas públicas y de no suspender de manera drástica los apoyos económicos (se cumple la sentencia de que una vez otorgado un estímulo económico es difícil eliminarlo), es indispensable ampliar los ingresos de los Estados. La misma Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recomienda continuar por algún tiempo con estos apoyos, lo que significa:

  • Instrumentar una reforma fiscal que permita ampliar y diversificar los impuestos; sin que ello no implique que se asuman riesgos de descontento social (sólo hay que recordar el caso de Colombia).

  • Encontrar fuentes alternativas de ingresos o profundizar en las ya existentes, es el caso de la privatización de empresas públicas, como en Brasil; sin importar que estos bienes o servicios sean estratégicos o que se rompa con la rectoría económica del Estado. Sin duda, vender una empresa como Electrobras llevará al gobierno brasileño a establecer acuerdos especiales o a cláusulas específicas en el (o los) contrato (s) de compraventa para evitar situaciones indeseables en precio o en el suministro de la energía eléctrica.

  • Reestructurar adeudos y diferir pagos en el corto plazo, evitando en lo posible llegar al impago, que lleven a situaciones de estrés, convirtiendo la calificación financiera en “basura” e inhibiendo la entrada de nuevas inversiones y de capitales. En América Latina la inversión extranjera disminuyó en 45%, de 160 mil a 88 mil millones de dólares de 2019 a 2020; en tanto que por países se presentaron los siguientes desplomes: Perú, 76%; Colombia, 49%; Argentina, 47%; Brasil, 46% y Chile, 21%.

3. Se quiera o no, hay que reconocer que en el caso de Brasil, Argentina y Chile la ampliación del gasto dejó exhausta a las finanzas públicas y que los gobiernos fueron más allá de sus posibilidades fiscales y financieras; aun así, las diferencias en los apoyos fue una demostración significativa de sus propios límites. Seguramente a Argentina, más por su tradición peronista, le hubiera “gustado” alinearse a los niveles de apoyo con respecto al PIB que tuvieron en 2020 Brasil y Chile, pero enfrentó la crisis sanitario-económica con estrangulación financiera; situación que, por cierto, es cada vez más latente en Brasil.

¿Qué onda con México?

México sorprendió a propios y extraños con una estrategia económica conservadora, sustentada en la austeridad y en el equilibrio de las finanzas públicas. Los datos indican (véase la gráfica anterior) que el gasto fiscal en el periodo de la pandemia sólo representó 0.7% del PIB. Así tenemos polos opuestos: Brasil con un gobierno de derecha amplió el gasto a niveles históricos; en tanto que México con un gobierno catalogado como de izquierda prefirió mantener una estrategia contractiva del gasto; es decir, pareciera no existir una conexión vectorial entre las características de los gobiernos y el tipo de estrategia económica instrumentada.


Como sucede en todos los países, cada vez que uno se refiere al propio se habla con cierto chovinismo (“como México no hay dos”) o se ponderan las raíces o los cauces históricos para demostrar que se es lo máximo y en efecto, de acuerdo con la mitología mexica, la gran México-Tenochtitlan se encuentra en “el centro del todo”; pero esa es otra historia. Por otra parte, el ascenso de un gobierno distinto (de izquierda) lleva por caminos insondables de filias y fobias. Se pierde así toda objetividad y esto no es lo correcto; trataremos de tenerla en los siguientes párrafos.


Lo primero a destacar es que la apuesta por el mediano y largo plazo (y esto implica la vuelta a la normalidad) sí significó un riesgo incuantificable. La critica de todos los organismos económicos y financieros fue generalizada porque ello significaba una inmovilidad del Estado frente al desempleo y al deterioro del ingreso de millones de personas, sobre todo, de las clases medias y trabajadoras y de los que se emplean en la economía informal. En efecto, en 2020, el PIB disminuyó en 8.2%, el descenso más severo en la historia contemporánea del país y uno de los más altos de la región; asimismo, de acuerdo con CONEVAL alrededor de 10 millones de mexicanos entraron a la Línea de Pobreza; situando en 71 millones a la población de pobres por ingreso, esto es, alrededor del 57% de la población total.


No se sabe si se evaluaron los riesgos de corto plazo; particularmente, si ello podría llevar a una situación social convulsa (que afortunadamente no se dio). Lo cierto es que ningún país podía medir la intensidad y la extensión de la pandemia y que esto originó planes inciertos y erráticos, lo que llevó (más en el caso de los países latinoamericanos) a un deterioro extremo de las finanzas públicas; haciendo insustentable la capacidad de los Estados emergentes para combatir en el mediano plazo el daño sanitario-económico. El impacto de la crisis tuvo otro efecto sustantivo: acortó los tiempos para emprender estrategias de recaudación y obtener fondos extraordinarios a efecto de no caer en una crisis fiscal o en una depreciación en la calificación del riesgo país.


La visión de la hormiga prevaleció en México, es decir, no gastar de más, vislumbrando tiempos difíciles, que amenzaban con hacerse imposibles ¿Se podía asumir una estrategia de “control de daños”? Sólo si se pensara en un gobierno con respaldo popular y que en materia de gasto, además de la cantidad, fuese trascendente la calidad, es decir, el destino y la permanencia. Nuestra experiencia en la materia indica:

  1. Que el gasto también puede ser no redistributivo y concentrar la riqueza.

  2. Que los procesos de rescate pueden favorecer sólo a pequeños segmentos sobre amplias mayorías, baste citar al FOBAPROA.

  3. Que los niveles de gasto son insostenibles e inflacionarios cuando no se cuentan con bases fiscales y financieras sustentables; concluyendo con deterioros en los ingresos reales y con políticas contractivas drásticas, que llevan a largos periodos de estancamiento económico y a un mayor empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras.

Como resultado de las vivencias del pasado, se fue generando un marco regulatorio e institucional que impide contratar deuda interna más allá de nuestras propias posibilidades y que le deja al Congreso la autoridad de ampliar la deuda externa, además de que dicha deuda debe utilizarse preferentemente para la construcción de obras de infraestructura y para consolidar la posición financiera del país, no para el gasto corriente. Con mucha honestidad, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, reconoció que desde el periodo del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León se encontró la forma de no caer en ámbitos inflacionarios. En efecto, el artículo 11 de la Ley del Banco de México prohíbe el financiamiento directo del instituto central al Gobierno Federal. Se pudo haber recurrido a la deuda externa (en el Congreso domina MORENA, el partido del presidente) pero prudencialmente se sabe que deudas excesivas llevan a entornos indeseables y tarde o temprano a “recomendaciones” dolorosas: severos ajustes en el gasto; reformas fiscales y búsquedas de recursos extraordinarios (privatizaciones), entre otras medidas.


Bajo esta perspectiva, era claro que no se podía apoyar a todos con transferencias monetarias, con subsidios o condonando o difiriendo impuestos. Se canalizaron recursos hacia grupos vulnerables para que no cayeran en la inanición, pero con un esquema que a todos sorprendió: fortaleciendo los ingresos públicos. Es decir, el gasto social y en un plano ambicioso el gasto e inversión públicas tuvieron soporte fiscal. Enumeremos simplemente resultados:

  1. Se mantuvo un superávit primario, pero con un nivel cercano a lo gastado, de sólo 0.1% con respecto al PIB; es decir, más que un “ahorro”; el porcentaje indica un equilibrio entre gastos e ingresos públicos.

  2. Durante 2020, el gobierno obtuvo 3.3 billones por el pago de impuestos, 0.7% más con respecto al obtenido en 2019.

  3. A través del sistema tributario se obtuvieron recursos adicionales equivalentes a 2.2% del PIB.

  4. Se mantuvo una estrategia firme contra la evasión o elusión fiscal, lo que produjo ingresos de más que representaron 1.7% del PIB.

  5. Los recursos adicionales de 2.2% significaron 3.14 veces más que lo reportado como gasto fiscal en la pandemia por el FMI; en tanto que el 1.7% generado por las acciones contra la evasión, implica una relación de 2.42 veces más.

  6. El exceso en la recaudación descontado el gasto fiscal por pandemia (alrededor de 300 mil millones), fue la fuente de financiamiento de proyectos estratégicos como el Tren Maya, la refinería “Dos Bocas” y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (alrededor de 50 mil millones en 2020) y de varios proyectos más.

  7. La reforma fiscal continúa y se sustenta en una mayor recaudación por la vía de evitar la evasión fiscal y ampliar la base de contribuyentes "mediante mejores esquemas administrativos y tecnológicos y el fortalecimiento de los criterios jurídicos". En este o en los subsecuentes ejercicios fiscales, esto puede generar todavía ingresos adicionales por 200 mil millones de pesos (1% del PIB). El enfoque es interesante porque el nicho de actuación avanza hacia los grandes evasores del sector informal.

  8. No hay terrorismo fiscal, simplemente se rompe con la ambigüedad: no se puede tener grandes contribuyentes que incumplan con sus obligaciones fiscales, tal como lo plasma nuestra leyes.

  9. Se prevé que con el impuesto mínimo corporativo a los grandes consorcios, acordado en los países del G7 y que se extenderá hacía un número importante de países, particularmente a los del G20, se podría ampliar los ingresos recaudatorios del país en 30 mil millones de pesos.

Pese a los riesgos que se adoptaron (y desde el punto de vista de las finanzas públicas) no se puede hablar de una estrategia errada si se analiza el mediano plazo o lo que ahora mismo está sucediendo; todos los organismo económicos y financieros y las temibles calificadoras reconocen que la economía mexicana se encuentra en una situación favorable, particularmente cuando se compara con otras de la región y cuando se considera que los ingresos fiscales fueron superiores a los esperados. La propia CEPAL le da mérito a la estrategia de recaudación fiscal: “es la más llamativa de la región” y recomienda a todos los países de América Latina emprender medidas similares.


Un reconocimiento

Los argentinos con todos los problemas que amenazan su insolvencia económica y financiera no dejan de reconocer el esfuerzo y la gran capacidad que tiene su ministro de economía Martín Guzmán, de quien destacan ser discípulo del premio nobel Joseph Stiglitz. ¿Por qué en México nos cuesta tanto trabajo darle ese reconocimiento a los funcionarios que han mostrado gran desempeño, con independencia de quien o que partido nos gobierne? Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, demostró su capacidad para conducir las finanzas públicas con certidumbre y mantuvo firme sus puntos de vista, entre ellos:

  1. Mantener al país en una posición macroeconómica y fiscal fuerte, a efecto de enfrentar los retos de la postpandemia.

  2. No contratar deuda por ser “cara”, preservar la estabilidad del mercado local de deuda y mantener el acceso a las distintas fuentes de financiamiento externo. La emisión de deuda se atuvo a la autorizada por el Congreso y permitió diferir los compromisos de corto plazo a periodos más razonables.

  3. Garantizar los gastos de inversión y dotarlos de recursos suficientes sin incurrir en más deuda.

  4. Favorecer con el adecuado equilibrio fiscal y financiero los acuerdos con nuestros socios comerciales; más en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

  5. Despresurizar la carga fiscal de PEMEX para propiciar su saneamiento financiero.

6. Promover el programa universal y gratuito de vacunas contra el Covid-19 y cuidar la solvencia para su adquisición.


Ojalá y algún día, alejados de todo apasionamiento político, podamos evaluar a los servidores públicos por su gestión y resultados, con el natural balance que genera el análisis objetivo. Los retos de la postpandemia son mayúsculos y siempre será bueno concluir que contamos con servidores públicos capaces y comprometidos.


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