Chiautla y Tlanichiautla, origen y construcción espiritual. Capítulo 20
- Gildardo Cilia López

- 16 jun
- 21 min de lectura
Actualizado: 17 jun
Gildardo Cilia López

Paz y prosperidad porfirianas
No existe un personaje político en México más complejo que Porfirio Díaz Mori. Sobre él hay vertientes de análisis contrapuestas o incluso hay quienes quieren matizar su actuación como gobernante, concibiéndolo como el ser pragmático que requería la nación en el último tercio del siglo XIX para alcanzar orden, paz y progreso.
Hay quien se niega, incluso, a calificar su gobierno de más de treinta años como una dictadura; después de todo no era “un gobierno que invocando al interés público, ejerciera su poder fuera de las leyes constitucionales”. Cada cuatro años había elecciones, lo sorprendente es que no hubiera hastío, que siempre triunfara Porfirio ¿O estaban los ciudadanos plenamente satisfechos con su gobierno, o, existían un andamiaje institucional que posibilitaba la perpetuación del poder?
Se podría argumentar que no había figuras refulgentes que le hicieran contrapeso ni partidos políticos que se le opusieran, además de que había una maquinaria electoral bien aceitada que posibilitó su reelección continua durante 26 años (se resta su primera elección); sin embargo, el genio político de Díaz radicó en que pudo construir un sistema político concéntrico en donde él era el supremo rector. Su poder personal se extendía hacía todos los segmentos poderosos de la sociedad y hacia toda la estructura geopolítica del país: Estados, distritos y municipios.
El contexto político era importante, no se podía retornar a la ingobernabilidad que se había presentado después de la independencia y hasta la octava década del siglo XIX, cuando el mismo Díaz abanderó su revolución tuxtepecana. Después del triunfo de la República, el movimiento liberal se había fraccionado en cuando menos cuatro corrientes: juaristas, lerdistas, iglesistas y porfiristas; esa fragmentación se resentía en el Congreso mexicano, de modo que las propuestas del ejecutivo pasaban con gran dificultad y la posibilidad latente de que fueran rechazadas eran amplias. También se tenía que apaciguar de una vez por todas a la iglesia, cuya presencia e influencia en la vida social del país era innegable. Facciones y viejos opositores tenían que someterse pacíficamente al régimen; para hacerlo posible se les otorgaba todo tipo de prebendas y beneficios. “Todos esos gallos requerían de maíz”.
El criterio sustantivo en la visión de Estado de Díaz es que lo único que no podía ser tolerable era la sedición, las revueltas u otras acciones que pusieran en riesgo la estabilidad política del país. Paz y progreso significaba eliminar las discordias políticas. Este criterio llegó al extremo cuando se reprimieron movilizaciones sociales, anulando toda posibilidad de mejoría a los campesinos y obreros; esto es, las demandas agrarias y laborales también se hicieron inadmisibles en el entorno de las paz porfiriana. El reacomodo económico y de intereses era hacia arriba no hacía abajo, lo que prohijó capitales, fortunas y el acaparamiento de tierras; las demandas de los de abajo eran inaceptables, se oponían al progreso.
No alterar el orden público era la consigna y para ello se requería no sólo de fuerzas públicas para contener cualquier sedición o rebelión, sino de un sistema político funcional que posibilitara la centralización unipersonal del poder. Casi siempre se era generoso con los que accedían de buena forma, si no, lo que quedaba era el camino de la represión. ¿O maíz o palo?
Había en Díaz una estrategia a favor de la obra material, eso además de meritorio resulta incontrovertible. El desarrollo de la infraestructura ferroviaria aún sorprende: en 1877, México tenía 670 kilómetros de líneas ferroviarias y sólo una operaba normalmente entre las ciudades de México y Veracruz; para 1910 dicha cobertura era de 19 mil 748 kilómetros (1). La vías actuales se estiman en 26 mil 100 kilómetros, de estas, 18 mil 500 (71%) son líneas activas que se construyeron durante el porfiriato; 5 mil (19%) se erigieron durante los gobiernos postrevolucionarios que gobernaron hasta la séptima década del siglo XX (el último fue el “Chepe que se construyó en 1961); en tanto que 2 mil 600 kilómetros (10%) corresponden a vías que se han tendido en los últimos tres años.
Díaz forzó la paz durante tres décadas; ello pese a las rebeliones campesinas e indígenas, mismas que fueron rápidamente reprimidas y en las que se utilizaron, incluso, tácticas de exterminio; y a las huelgas obreras de Cananea (1906) y Río Blanco (1907) que fueron brutalmente segadas.
El mismo Díaz reconoció en su entrevista con el periodista James Creelman que la paz había sido forzada, pero necesaria y que los que se habían muerto eran los malos, quedándose con vida los buenos. No se daba cuenta, o, hacía caso omiso, del desgaste de su gobierno; que la estructura oligárquica que había emergido en grado extremo podía desencadenar lo que tanto temía: una revolución popular.
Los brotes de rebeldía hasta la década de los ochentas del siglo XIX se presentaban indistintamente por todo el país y el bandolerismo parecía inatajable. A partir de 1884 todo cambió y no todo fue con el uso de la fuerza, aun cuando se recurría al ejército federal o al cuerpo rural de policías si se consideraba necesario. La paciencia tenía un límite y era inadmisible cualquier brote que pusiera en peligro la estabilidad del país. Tampoco se consentía la protesta social, a los lideres se les encarcelaba, se les exiliaba o se los fusilaba, ya sea en caliente o mediante procesos judiciales.
Sin embargo – reitero - el genio de Díaz no estuvo en la represión sino en su habilidad de establecer la concordia a partir de imponer su imagen como símbolo inalienable de respeto y orden. Con admiración Emilio Rabasa Estebanell describe a Porfirio de la siguiente forma:
“El general Díaz estaba lejos de tener gran instrucción; su carrera militar se hizo sobre el campo de batalla, en el cual vivió desde su temprana juventud hasta los treinta y siete años en actividad sin tregua… Su entendimiento era claro, alerta y penetrante sin llegar a extraordinario; no leía nunca; pero trabajaba diez o doce horas al día, entre conferencias y papeles que le enseñaban mucho y así adquirió una instrucción fragmentaria, variadísima e incompleta en todo, que le permitía juzgar con confianza en sí mismo y tratar sobre cualquier materia dejando en su interlocutor la impresión más favorable.
El general Díaz, en tales condiciones, era mucho más gobernante que estadista... Lo que sabía era dominar el presente, conquistarlo, subyugarlo con mucha más habilidad que violencia, trabajar sobre él en obras de organización y construcción nacionales; y por eso fue un gran gobernante… y uno de los hombres más prominentes de su siglo”. (2)
Díaz conquistó a la nación entera, su prestigio inicial se derivaba de la defensa de la patria y en sus primeros dieciséis años de gobierno ese prestigió se acrecentó al convertirse en el gran constructor de la nación; hasta el clero se hizo partidario del antiguo jefe liberal, ensalzándolo en los púlpitos. Sin embargo, hay un punto que debe destacarse del análisis de Rabasa:
“En 1900 su obra había concluido; encaminado el desarrollo de la Nación por el sistema de gobierno fuerte, otro hombre podía continuarlo, dando acceso a las aspiraciones de libertad política que sentían los pueblos”. (3)
La nación había cambiado bajo el influjo de su gobernante, pero Díaz no evolucionó políticamente y el sistema político por el creado también se lo impedía: “es bien sabido que ni los hombres más prominentes que tuvo a su lado pudieron nunca influir en el fondo de su política, de la que era árbitro único y celoso”. El beneficio material era incuestionable, empero, siquiera a cuentagotas llegaba a los de abajo; además al coartar las naturales aspiraciones políticas de segmentos emergentes, todo se tornó en presión explosiva. Con cierta nostalgia el abogado y escritor chiapaneco hace el siguiente señalamiento:
“La prosperidad del país continuó (después de 1900), las obras materiales se multiplicaron, el crédito subió aún más, el prestigio nacional se acrecentó en el exterior hasta infundir orgullo… si es posible definir de algún modo el estado del ánimo popular, diremos que el pueblo de México habría querido al general Díaz muerto en su espléndido ocaso, para rendirle los más suntuosos tributos funerales, erigirle en la calzada de la Reforma el monumento más alto, y guardar su nombre para la gloria nacional y el orgullo de la raza” (4)
Rabasa dice cosas verificables, para hablar sobre la confianza que se le tenía al país, sólo basta considerar que durante los treinta años del gobierno de Díaz la inversión inglesa pasó de 9 a 91 millones de libras esterlinas; la francesa de 15 a 1 mil 675 millones de francos y la americana de 30 a 1 mil 008 millones de dólares. La concatenación con el exterior le había dado al país los impulsos básicos para encontrar el camino del progreso. “El crecimiento del PIB per cápita de la economía mexicana fue impresionante”, de 1877 a 1910, en forma anual, aumentó 2.1%, tasa superior a las de las dos economías de referencia mundial durante esa época: la de Estados Unidos fue de 2% y la de Reino Unido de 0.9% (datos de 1875 a 1910) (5). Esto lleva a la sempiterna interrogante: ¿crecer económicamente es suficiente?

El progreso era sórdido, en realidad, el régimen porfirista se sostenía sobre bases sociales endebles. La industrialización y la modernización estuvieron acompañadas por un bajo ingreso real de la población y un reducido tamaño del mercado interno. En los centros fabriles, la jornada de trabajo era extenuante, entre 14 y 16 horas; había explotación infantil; los salarios eran de miseria; y la fuerza de trabajo permanecía inamovible por sus deudas en las tiendas de raya. En el sistema de explotación agrícola, la mayor parte de la población fue sometida al peonaje, recibiendo percepciones de miseria, a tal punto que sus ingresos eran inferiores a los que tenían en 1800. Nótense los siguientes datos: en 1910 la población agrícola sumaba 3 millones 535 mil 150 personas, de los cuales 88.37% eran peones, 11.61% agricultores y 0.02% hacendados (6).
La descripción de John Kenneth Turner en su “México bárbaro” es por sí misma desoladora; sin embargo, a través de la recopilación de diferentes fuentes se pueden apreciar los siguientes porcentajes: más del 80% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema; alrededor del 70% de la población estaba atada a deudas permanentes, impagables y hereditarias; y cerca del 80% de la población no sabían leer ni escribir. En contraste el 2% de la población concentraba el poder político y los grandes capitales; en tanto que el 85% de las tierras cultivables terminaron en el 1% de las familias. Mientras la muchedumbre estaba casi en la desnudez; una élite, tal como lo describe Andrés Molina Enríquez, prefería las prendas europeas (7)
El mecanicismo positivista porfirista no estaba preparado para ver y oír, aunque ahí estuvieran los datos; prejuzgaba el estado de las cosas como necesario para avanzar hacia la modernidad y el progreso. Con una excepción, desde el interior del régimen, Justo Sierra, con gran puntualidad advirtió: ¡El pueblo tiene hambre y sed de justicia!
Díaz no supo retirarse a tiempo, hizo también oídos sordos al ascendente clamor político que el mismo acrecentó cuando en la entrevista con Creelman, en 1907, reconoció que el país estaba preparado para la democracia y para un nuevo gobernante. ¿Por qué se volvió a reelegir en 1910? Ambición o se sentía imprescindible para que las cosas funcionaran bien en ese México que amaba y que sentía como suyo.
La efervescencia derruyó con gran facilidad las estructuras del poder político construidas a lo largo de treinta años; y el mismo, como si en realidad fuera lo que parecía en su vejez, una esfinge, se hizo a un lado y se precipitó al vacío, concibiendo, tal vez, amargamente, que iba a ser presa de la condena histórica.


Gobernadores y jefes políticos
Algunos intelectuales – como Octavio Paz – han sostenido que las transformaciones radicales del país han provenido de la periferia del país. Eso fue particularmente cierto en el siglo XIX, en donde las luchas sociales tornadas en revoluciones o revueltas se gestaron en las regiones y en los Estados de la República. Los manifiestos o planes se suscribieron en ciudades o pueblos y tenían un trasfondo liberal o democrático (Díaz exigía el “sufragio efectivo y la no reelección”); otros demandaban cambios profundos en el sistema social y en la estructura de la propiedad.
Díaz sabía que era importante mantener control político en los Estados, el mismo había tenido la capacidad de reclutar tropas en la Alta y Baja mixtecas y en la Montaña de Guerrero hasta formar un ejército que fue capaz de hacer frente a las fuerzas conservadoras, defender la República y rebelarse contra Juárez y Lerdo. Así construyó una red de gobernadores leales a él y con fuerte presencia política en las regiones, capaces de diseminar las insubordinaciones contra el gobierno federal, ya sea con el uso de la razón o de la fuerza. En un gobierno que duró treinta años, hubo lógicamente renovación, siempre dentro de la perspectiva de contar con gente con la suficiente capacidad de mantener el equilibrio político requerido en las regiones.
En el ajedrez político, Diaz movía las piezas conforme a lo que le convenía a la República por el gobernada. Incluso no le importó desplazar a sus correligionarios tuxtepecanos, mantenía a los que eran útiles o incluso elevaba al rango de gobernadores a aquellos que consideraba eficientes. Hábilmente mitigaba riesgos:
“El desplazamiento no significaba exclusión total…La pérdida de poder político de los hombres fuertes regionales fue compensada con tolerancia a sus negocios y la acumulación de riquezas con el favor del gobierno federal”. (8).
El poder de los gobernadores se acotó de una manera inteligente: no se les daba la libertad de construir ejércitos, sí cuerpos policiacos; las revueltas o actos de sedición eran “competencia exclusiva del ejército federal”. El control político ofrecía dividendos personales y les permitía integrarse a los negocios públicos, pero no de tal forma de alterar la legislación federal en materia minera, comercial, marítima, fiscal y de deuda. El impuesto del timbre era de monopolio federal y se estableció “como facultad única de la federación el gravar la circulación y consumo de bienes nacionales o extranjeros; y se prohibió a los estados emitir títulos de deuda pública pagaderos en el extranjero”. (9)
Los gobiernos estatales no tenían la facultad de emitir monedas; aunque el Ejecutivo Federal si le autorizaba a los bancos privados regionales que pudieran emitir sus propios billetes. Con la Ley Monetaria de 1905 se le quitó esa concesión a los nuevos bancos, lo que amortiguó la dispersión monetaria y consolidó el poder centralizado que se requería en materia de emisión monetaria. El monopolio del Estado mexicano sobre la emisión monetaria se configuró en el artículo 28 de la Constitución Política de 1917 y se materializó hasta 1925 con la fundación del Banco de México. Esa es otra historia.
La otra figura que propiciaba el control político en las regiones era el Jefe Político. Conviene abundar sobre su origen y funciones, dado que era la base que sostenía la estructura política de los gobiernos, misma que se consolidó a lo largo del periodo porfirista. No es desproporcionado señalar que su imposibilidad de contener a fuerzas populares en regiones y pueblos constituyó el síntoma más alarmante del fin de la dictadura porfirista.
El jefe político tuvo su origen en la Constitución de Cádiz, se trataba de configurar a un grupo influyente de personas que pudieran defender y organizar a las sociedades de las provincias españolas ante la intromisión napoleónica. Los últimos gobiernos virreinales adoptaron esta figura en México entre 1813 y 1815; permaneciendo en todas la legislaciones del siglo XIX, hasta que fue abolida por Venustiano Carranza en 1914, ratificándose esta decisión en la Constitución de 1917.
Desde su creación, las jefaturas políticas mantuvieron en el marco de su actuación las siguientes funciones: “cuidar la tranquilidad publica, el buen orden, la seguridad de las personas y las propiedades de los habitantes, la ejecución de las leyes y órdenes del gobierno y, en general, todo lo correspondiente al orden público y la prosperidad de las provincias; (sobre estas bases) debería ser respetadas y obedecidas por todos”. (10)
Los distritos, municipios y pueblos, así, quedaron a merced del ejercicio de una autoridad casi omnipotente; atenidos a que no hubiese abusos de autoridad. Resultaban útiles a los gobiernos cuando conscientemente advertían sobre los riesgos que estaba incurriendo la República ante brotes insurgentes; recuérdese que fue el jefe político de Chiautla el que solicitó en 1870 se formara una fuerza interestatal para contener el bandolerismo y los levantamientos armados que se habían desatado en la región cuando mediante el “Plan de Jonacatepec” se quería deponer al presidente Juárez y sustituirlo por Porfirio Díaz. Este fue el antecedente de las rebeliones de la Noria y de Tuxtepec que culminó con el derrocamiento de Sebastián Lerdo de Tejada en 1876.
Cuando eran funcionales a los gobiernos estatales y sobre todo, al gobierno federal se convertían en “la vanguardia de las libertades públicas, en celosos guardianes de instituciones, personas y propiedades, y en fieles ejecutores de las leyes y órdenes del gobierno de los distritos del estado …" (11) Importaba que mantuvieran a toda costa el orden, de modo que pasaba a un segundo término su calidad humana que los podía llevar a actos atroces. Turner decía “que entre los asesinos oficiales de México, el jefe político era el más notable”.
Así, todo se movía en cascada, las órdenes de Porfirio se transmitían a los gobernadores, y estos a su vez se las daban a conocer a los jefes políticos para su cumplimiento y ejecución. En el arreglo institucional se entendía que los jefes políticos “eran los agentes absolutos de los gobernadores por quienes eran nombrados y removidos”. Los gobernadores, a su vez, pese a que eran elegidos “democráticamente” estaban sujetos a lo que decidía el que manejaba los hilos políticos del poder: Díaz los nombraba y destituía conforme a su entera voluntad. Quien se oponía al ucase del Dictador tenia sus días contados como gobernador o como jefe político.
Díaz, personalmente, le daba seguimiento a la actuación de los jefes políticos, particularmente, en aquellos Distritos que consideraba riesgosos, aun cuando se le tratara de persuadir en sus decisiones. Vigilaba en forma exhaustiva para mantener el orden y la paz pública. En 1890 el Gobernador de Morelos, el General Jesús H. Preciado remite una comunicación donde informa:
“… de las dificultades y obstáculos que le siguen presentando las autoridades y el jefe político de Chiautla para la persecución de los bandidos que penetran del estado de Morelos al de Puebla, pese al convenio que celebró con (Rosendo) Márquez, a fin de permitir que las fuerzas federales entren libremente de un estado a otro”. (12)
La región chiauteca se mantenía en rebeldía y el bandolerismo continuaba casi en forma irrefrenable; de manera que desde diciembre de 1889, Díaz solicita información sobre el Jefe Político de Chiautla, el Coronel Ignacio Serna, pues se sospechaba que “protegía a algunos bandidos y que convocaba a hombres de armas con el objetivo de iniciar un levantamiento”. (13) El Gobernador Rosendo Márquez lo defiende, argumentado que en su jefatura política actuaba con honestidad y gran eficiencia, además los presidentes municipales de Chila, Jicotlán, Atzala y Tulcingo, remiten actas abogando por Serna. Díaz sopesa la información recabada y entendiendo que podía constituir un peligro para la estabilidad del Distrito matiza su decisión y sólo ordena su traslado como jefe político de Chiautla a Izúcar de Matamoros. Sabía que la raza chiauteca - tal como la nombraba Gilberto Bosques - era indómita, valiente y bravía. Él, personalmente, había conformado a la heroica “Compañía de Chiautla”; de modo que tomó la mejor de las decisiones para desactivar, si fuese cierto, los ánimos de rebelión de Serna y de la gente de las tierras surianas de la Baja Mixteca. Estadista, no, un hombre con gran juicio político, sí; tal como lo señala Rabasa.
Díaz no dejaba pasar las cosas por alto, en 1892, ante la incapacidad del general Rosendo Márquez para mantener en paz al Estado de Puebla, le acepta formalmente su renuncia; no resulta del todo incierto que incluso, veladamente, el mismo se la hubiese exigido. Comprendía el desgaste político de sus compañeros que habían envejecido ya desde los planes de la Noria y Tuxtepec, y evaluaba a los que no le eran funcionales, mandándolos a descansar plácidamente a sus casas. Así fue como emergió Mucio Martínez, quien gobernó por primera vez el Estado de Puebla en enero de 1893, manteniéndose en el poder hasta mayo de 1911, renunciando en plena revolución mexicana. ¿Por qué no se aplicó Díaz a sí mismo la tesis de la funcionalidad al sistema o la del relevo generacional? El poder obnubila, sin duda.
Cómo no exigirle eficiencia y lealtad a los gobernadores si formaban parte de su maquinaria electoral y les había otorgado el supremo poder para mantener el orden en los Estados, reprimiendo toda oposición posible. Según Francisco Bulnes, entre los deberes de un gobernador se encontraban las siguientes:
“Permitir elecciones fraudulentas federales, estatales, locales y municipales conforme a las órdenes recibidas del Centro; propinar palizas nocturnas a los perturbadores políticos; arrojar a los periodistas, en los casos necesarios, a ardientes hornos metalúrgicos capaces de reverberar los espíritus más sediciosos; sentenciar a sentar plaza en el ejercito a aquellos que se inclinaran a la rebelión; aplicar la Iey fuga en momentos útiles; cuidar que el populacho no desplegara una energía sospechosa; restringir siempre a la prensa por medios siniestros, pero eficaces, garantizando todo el tiempo el amor del pueblo al gobierno paternal". (14)
Las tareas de los jefes políticos eran amplias y de gran magnitud en términos del control político y administrativo en los Distritos, llevándolos a un pináculo de poder inimaginable:
“Se le confiaba la dirección política y administrativa de su distrito, la supervisión y dirección de los ayuntamientos, el mando de las fuerzas de seguridad y policía… la supervisión de la recolección de impuestos, la ejecución de todas las obras materiales en el distrito y el fraude electoral en todos sus grados”. (15)
Para suprimir los movimientos o manifestaciones subversivas, así como el bandidaje en los distritos contaban con el apoyo de la policía rural. Los rurales no estaban al mando del jefe político; empero, al tornarse en los hechos como el principal agente de control político-administrativo se ponían a su disposición. Cuando, aun así, los conflictos eran inatajables, daban cuenta en forma directa a las autoridades estatales y federales para contar con el auxilio del ejército nacional.
Además de la supervisión fiscal, los jefes políticos “eran los administradores de las tierras baldías y usualmente eran los agentes a quien se confiaba la tarea de confiscar los ejidos”. (16) Distaban de ser imparciales y muchas veces ellos mismos activaban el despojo o hacían caso omiso a las reclamaciones de los naturales de los pueblos y de otro tipo de tenedores de tierra contra los poderosos hacendados.
Dos fenómenos perversos se suscitaban ante las funciones ilimitadas de los jefes políticos: 1) abuso y rapacidad evidente, a tal punto que su actuación en los pueblos, incluso, podía ser tan o más letal que los daños que les causaban los propios bandidos; y 2) el debilitamiento de los ayuntamientos como la base jurídica y sociológica del pacto federal, al supeditarlos en forma extralógica a lo que requería y les exigía un funcionario público; en su caso, cuando las iniciativas de los ayuntamientos no contaban con su venia o aprobación, los jefes políticos simplemente las deshacían.
Fue Venustiano Carranza quien en forma objetiva emitió un decreto el 26 de diciembre de 1914 para abolir la figura de la jefatura política. Consideraba que era un medio de opresión y una remora para la administración municipal y que sólo le era funcional a un gobierno tiránico con tintes absolutistas; que el Municipio Libre era la base de la organización política y administrativa de los Estados; y que resultaba indispensable devolverle a los ayuntamientos la autonomía que les correspondía. Redimir el concepto original y liberal del Municipio y borrar legislativamente el concepto de jefe político iba a permitir recuperar la dignidad que se merecían los pueblos y hacer a un lado los riesgos de corrupción y pillaje a los que estaban sometidos por el enorme poder que se le había concedido a un sólo personaje,
Citemos ahora dos fragmentos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de sus división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre…
“Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección directa… La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado”.


La rebelión en Chiautla en el día de la Santa Cruz de 1903
El 3 de mayo de 1903, siendo un infante de diez u once años, Gilberto Bosques Saldívar fue testigo de un levantamiento revolucionario en Chiautla de Tapia. Vale la pena reproducir textualmente su narración vibrante, poética:
“El silencio todavía intacto sobre el caserío. Abajo, en la barranca, un lento viaje del agua recién nacida sobre tepetates de sucesiva inclinación. La alta torre de la parroquia respirando cielo y esperando la luz surgente de la aurora para soltar sus campanas de fiesta en el día de la Santa Cruz. Los vientos ligeros del verano consumían el sosiego nocturno. Una esperanza de rosados fulgores inspiraba el suspiro de los árboles. Ninguna premonición de drama humano había en los aledaños de la villa de Chiautla de Tapia (...). Pero allí estaban ya —formando el dispositivo de asalto, el somatén campesino de voz abanderada— hombres maduros y hombres jóvenes de la vieja estirpe guerrera que guardó por siglos su libertad. Los insurrectos tenían bien medidas las horas de aquella madrugada, a fin de realizar puntualmente la sorpresa. El jefe político del Distrito, Ignacio Flores Ruiz, el alférez Jesús Moreno, jefe del destacamento de guardias rurales, el alcaide de la cárcel municipal, el recaudador de rentas, dormían con todo el aparato opresor de la dictadura. El estampido de las balas sería, al despertarlos, nada más que un primer tronar de los cohetes que inauguraban la celebración religiosa del 3 de mayo, y una sonrisa desperezada les plegaría acaso los labios.
La lucha en la plaza central, frente al cuartel, frente a las oficinas públicas, fue sostenida, tenaz, enardecida, heroica. Don Jesús Morales Ríos, a la cabeza de los insurgentes y al grito de ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva Chiautla! ¡Viva la libertad!, atacó a la guardia de la cárcel en el fondo del portal. Allí cayó muerto de bala en el corazón. A pocos pasos de la reja carcelaria murió el alcaide Librado García Millán. De cara al cuartel de los rurales, murió Amado Sánchez, lugarteniente de don Jesús Morales. El caballo bayo que montaba aquel muchacho serio, cabal, callado y valeroso, murió junto a su jinete. Tres compañeros de Amado quedaron con él, sin vida.
Muertos sus dos jefes, los sobrevivientes cesaron el ataque y se dispersaron huyendo hacia la montaña, hacia las cuevas ocultas en las cañadas, hacia los pliegues y repliegues de barrancas y abismos.
Entrada la mañana de aquel 3 de mayo pudieron verse los cadáveres. El de Amado Sánchez. El cuerpo tendido e inerte de don Jesús Morales Ríos: chaqueta de cuero; faz morena, severa; los labios ligeramente abiertos para la trunca palabra final; ojos con el nublo de la pupila apagada y todo él, rostro a rostro con la luz solar y las sombras del destino (...) las manos sin asomo de crispadura. El pecho herido, traspasado, teñido de rojo grave. Y el escenario patético de la lucha”. (17)
Sobre este episodio, Alejandro C. Manjarrez aporta más datos que conviene analizar o en su caso matizar:
No es de dudarse que el gobernador Mucio Martínez le haya informado a Porfirio Díaz y que ambos hubieran mostrado preocupación por el levantamiento. Conforme a su narrativa al enterarse Díaz de esta irrupción utilizó su tradicional frase:
—Mire gobernador: como sé quiénes son y los conozco bien porque fueron mis subordinados en la guerra contra el invasor, necesitamos muelles no leyes. Así que fusílelos de inmediato. Ya no me sirven. Son pollos que no les gusta el maíz.
No sólo Díaz conocía a los chiautecos, también Mucio Martínez; debe recordarse que el Escuadrón Chiautla al mando del Coronel Jesús Quiroz se integró a su Brigada de Caballería en la sangrienta batalla de San Juan Epatlán y en la de Tecoac que le dio el triunfo definitivo a Díaz, haciendo efectivo el golpe de Estado contra Lerdo de Tejada. Los dos conocían el temperamento indomable de los chiautecos, además Porfirio tenía conocimiento de movimientos subversivos desde 1889, obligándolo a hacer un reacomodo territorial de los jefes políticos.
El levantamiento fue rápidamente socavado y atendiendo a la preocupación de que no volviera a repetirse: "Después de ese 3 de mayo de 1903, Porfirio Díaz ordenó acabar con todos los fugitivos. “Que se haga cargo Nacho Contreras (Alías el Cuayuca). Quiero que valide su astucia y ferocidad”, dijo el dictador. (18).
En efecto, el alférez del Ejército Federal Ignacio Contreras fue enviado a la región de la mixteca para sofocar el descontento social y aplicar la línea dura del régimen, Contreras perpetuó el asesinato de varios ciudadanos chiautecos y en los anales de la historia regional y local su figura fue sinónimo de represión, convirtiéndose en un soldado sangriento, temido y perverso. Conforme a la narración de Manjarrez, el "Cuayuca" y su grupo “persiguieron y acabaron con la vida de Abraham Ramírez, José Domingo Aguilar y otros revolucionarios que la historia devoró”.
Conforme a lo que señala el historiador y periodista Chiauteco, Silvestre Hernando Alconedo (19), a efecto de asegurar el control político-administrativo del Distrito de Chiautla y de su cabecera, Mucio Martínez, en acuerdo con el presidente Díaz, designó como jefe político a Miguel Cabrera, quien se destacó por reprimir severamente los actos subversivos y convertirse en un fiel e implacable servidor del régimen porfirista. A tal punto que fue trasladado a la Ciudad de Puebla para convertirlo en Jefe de la Policía; durante este encargo dirigió el cateo de la casa de la familia Serdán el 18 de noviembre de 1910, siendo abatido en el primer enfrentamiento de la Revolución Mexicana.
No resultaría excesivo señalar que el levantamiento rebelde del día de la Santa Cruz en Chiautla de Tapia, en 1903, sea el primer indicio de lo que iba a suceder siete años después. Esa tierra suriana - como bien la describe en su huapango Abel Domínguez - en donde la naturaleza caducifolia resiste los embates del sol enfático; que reverdece año con año de su aparente agonía con las primeras lluvias; que forja, con su ejemplo, gente resiliente, intrépida y solidaria, cobijó en grado sumo a Zapata. Ese paisaje casi ardiente, con sus ríos milagrosos que bajan de los relieves de las montañas de Oaxaca y Guerrero y de los volcanes de Puebla, se convirtió en centro neurálgico de la revolución del Sur.

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(1) Timothy J. Kehoe y Felipe Meza. “Crecimiento rápido seguido de estancamiento: México (1950-2010)", en el trimestre económico (artículo digitalizado en internet).
(2) Emilio Rabasa. “El general Díaz y su obra de Paz”, en Memoria Política de México, selección de textos y documentos, Doralicia Carmona Dávila. Edición Perenne, 2026.
(3) Ibidem.
(4) Ibidem.
(5) Timothy J. Kehoe y Felipe Meza. Op. Cit.
(6) Dirección General de Estadística, Secretaría de Economía. “Estadísticas sociales del Porfiriato, 1877-1910”, México, 1956, p. 40.
(7) Archivo General de la Nación. “La desigualdad social durante el porfiriato captada en fotografías resguardadas en el AGN”, publicación del 02 de enero de 2020.
(8) Luis Medina Peña. “Porfirio Díaz y la creación del sistema político”, Colección de Documentos de Trabajo CIDE, Número 22, p. 13
(9) Ibidem, p. 14
(10) J. Lloyd Mecham. “El jefe político en México”, en Secuencia, revista de historia y ciencias sociales, 1986, 4, enero-abril, 143-154, p. 144.
(11) Ibidem, p. 152 (Cita tomada del este texto).
(12) María del Pilar Salazar Alvarado. “Catalogo de documentos carta de la Colección Porfirio Díaz, correspondiente a finales de 1989”. Tesis. Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Historia, UNAM, p. 178.
(13) Ibidem, p. LXIX.
(14) J. Lloyd Mecham. Op. Cit, p. 152.
(15) Ibidem, p. 153.
(16) Ibidem, p. 155.
(17) Cita tomada de Alejandro C. Manjarrez. “La estrategia de don Porfirio”, Revista Réplica 02 de enero de 2025.
(18) Ibidem.
(19) Silvestre Hernando Alconedo. “Chiautla: vientos de libertad, recordando a Gilberto Bosques”, en el Diario de Puebla, 05 de julio de 2019.

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