Dejémonos de frivolidades, la quiebra de PEMEX significaría la quiebra del país
Gildardo Cilia, Alberto Equihua, Guillermo Saldaña y Eduardo Esquivel.
La calificación basura de Moody’s
La semana pasada, el 27 de julio de 2021, la agencia calificadora Moody’s anunció que aplicó una rebaja a la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex). La calificación de la empresa productiva del Estado pasó de Ba2 a Ba3. La ubicó así, en grado chatarra o basura; además la calificadora advirtió que podrían presentarse nuevas bajas: de la basura a las cenizas, a la nada.
El anuncio generó polémicas y como siempre llevó a posiciones extremas, la más radical de ellas a establecer que lo preferible sería su quiebra. Desde una perspectiva estrictamente contable, no habría nada que discutir si se exponen las cifras negativas de los estados financieros dictaminados en 2020:
El patrimonio negativo de la empresa de 2 billones 405 mil millones de pesos.
En el ejercicio fiscal 2020 se registró una pérdida neta de 509 mil millones de pesos.
El exceso de los pasivos circulantes sobre los activos circulantes fue de 443 mil millones de pesos.
Sus pasivos sumaron 4 billones 333 mil millones de pesos con la siguiente estructura: pasivos a largo plazo 3 billones 561 mil millones de pesos y pasivos a corto plazo 772 mil millones de pesos.
La deuda financiera a largo plazo suma 1 billón 867 mil millones de pesos, la de corto plazo 391 mil millones de pesos y la de proveedores (corto plazo) 282 mil millones de pesos.
Con la evidencia contable sólo quedaría por decir que la empresa está desahuciada; es decir, que se encuentra descapitalizada y que de tratarse de una empresa privada, dado su patrimonio negativo, desde hace tiempo hubiera entrado a concurso mercantil y a su consecuente quiebra. Esto es, debido a su patrimonio neto negativo, lo lógico es que se hubieran hecho válidos los cobros de sus financiamientos vigentes, tal como pasa en las condiciones de una empresa privada. Esto significa que, conforme a la prelación correspondiente, los acreedores y los trabajadores de la empresa entren en un proceso jurídico para recuperar los cuantiosos “recursos” que les debe PEMEX. Debe señalarse que el pasivo laboral asciende a más de 1 billón 500 mil millones de pesos, siendo éste el primer pasivo a considerar.
Los planteamientos económicos y políticos sobre PEMEX resultan razonables. En efecto, la supervivencia de la empresa se debe exclusivamente a la voluntad política del Estado mexicano de mantenerla en operación. Conviene abundar: 1) la debilidad financiera de la empresa genera que tenga una plena dependencia del apoyo gubernamental y 2) que más allá de esa debilidad, el gobierno de la Cuarta Transformación sigue viendo a PEMEX como un instrumento básico para posibilitar una mayor autonomía energética.
El segundo gran plano de la discusión es encontrar si existen alternativas fuera de las que brinda el Estado mexicano; lo que implicaría una concurrencia masiva del capital privado. Es inobjetable que PEMEX requiere de capital fresco y que lo ideal sería contar con inversores directos y con nuevos accionistas. La lógica de la capitalización debería imponerse, pero aquí surge un pequeño detalle, el balance financiero se convierte en un factor sumamente restrictivo. ¿Quién se atrevería en su sano juicio a invertir en una empresa que tiene una capital contable (activos menos pasivos) profundamente negativo? Por otra parte, salir al mercado con instrumentos financieros para contratar deudas, dados los números rojos de los estados financieros, resultaría muy caro; por eso duele la calificación de Moody’s, porque hace al crédito más costoso y escaso para mantener en funcionamiento a PEMEX. La razón es simple, buscar contar con mayores recursos mediante deuda en una empresa calificada financieramente como chatarra lleva a ofrecer mayores (elevadas, si se considera las referencias del mercado) tasas de interés.
Una calificación negativa, como lo es, la impuesta por Moody’s, lo que pone en duda es la viabilidad de la empresa. Sirve para auxiliar a los acreedores a valorar el riesgo de que un acreditado deje de pagar sus deudas y a alertarlos de que sus créditos podrían empezar a presentar problemas para su recuperación. En el caso particular, pone en duda que el gobierno federal pueda aportar los recursos que requiere Pemex para cumplir con el servicio de su deuda (capital e intereses). La duda, reiteramos, es más que razonable si se observan los estados financieros.
No todo está perdido
Un economista, además de la fotografía, requiere de la película; entre más completa, mejor. De lo que se trata es de conocer con mayor detalle y de una manera más dinámica la realidad para proyectar el futuro. De modo que, siguiendo el pasaje bíblico de Sodoma y Gomorra, es necesario contar con razones suficientes para evitar la destrucción de PEMEX. ¿Las hay?, evidentemente, sí.
En 2020, por la parálisis económica, se suscitó un hecho inédito, la depresión del precio del petróleo, hasta hacer caer en un terreno negativo a la mezcla mexicana de exportación (se situó en -2.37 dólares por barril el 20 de abril de 2020). A partir de mayo el precio del barril se fue recuperando, al 5 de agosto de 2021 se situó en 70.27 dólares por barril, 74.6% más con respecto a la misma fecha de 2020 (40.23 dólares). Se coincide que existe una gran volatilidad; por eso más que el precio del petróleo debe de interesar el costo de extracción del crudo, a manera de soportar de mejor forma las variaciones en el precio y garantizar números positivos.
Conforme a las cifras de PEMEX, el costo de extracción del petróleo crudo disminuyó 20.7% de 2019 a 2020; es decir, pasó de 14.06 a 11.15 dólares por barril. Con estas cifras, si se toma en cuenta el precio actual y el último costo se obtiene un margen de utilidad bruta de 59.12 dólares; esto es, el precio sobrepasa en 530% al costo. Desde la perspectiva, de la volatilidad, significaría que el límite al que podría llegar el precio del petróleo para no generar pérdidas sería de 11.15 dólares por tonel. La volatilidad hace vital ir disminuyendo el costo de extracción y parece que esta reducción se hace factible cuando se explota en aguas someras; según datos del presidente Andrés Manuel López Obrador, el costo de extracción en aguas someras es de 5 dólares por barril.
Lo anterior da una idea que el negocio petrolero es rentable, pero lo es más sí se puede incrementar la producción, y si existen reservas probadas para hacerlo. La producción en junio fue de 1 millón 758 mil barriles diarios y con el propósito de salvaguardar el recurso para las próximas generaciones se ha delimitado en este gobierno, producir como máximo 2 millones de barriles diarios. Más que cuentas alegres, parece prevalecer la sensatez.
El incremento del margen bruto propició que los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) muestren un crecimiento considerable y en efecto sorprenden, pero se debe tomar en cuenta la precariedad de ingresos que se derivó por la baja demanda de los hidrocarburos y los bajos precios en 2020.
La tasa de rentabilidad de PEMEX en 2021 ha mostrado una corrección inusitada. El margen EBITDA en el segundo trimestre de 2021 fue de 36%, siendo una de los más altos en la industria petrolera del mundo.
De ser, así, nos estaríamos alejando del precipicio; por lo que debemos entrar a un análisis financiero más concienzudo. Para evaluar también se debe de ver el comportamiento del EBITDA, que da una información más completa a los inversionistas, principalmente, a los fondos de inversión, sobre la situación que guarda PEMEX y su posible evolución. Desde luego, endulza en mucho el amargo sabor de boca que dejan los números rojos de los estados financieros.
El tormento fiscal y la corrupción
Hay que ir más allá, teniendo un EBITDA tan alto, la siguiente pregunta es: ¿cómo es posible obtener números negativos en el balance y en el flujo de recursos de la empresa? Una de las funciones primordiales de PEMEX ha sido financiar el presupuesto público. La estrategia fiscal se concentró en extraer los mayores recursos petroleros posibles; de modo que le han cargado un impuesto a la empresa por los hidrocarburos que comercializa: la tasa de Derechos de Utilidad Compartida (DUC). Esta tasa llegó a alcanzar 80% y en esta administración ha disminuido consecutivamente, a 58% en 2020 y a 54% en 2021.
La contribución excesiva de PEMEX en los impuestos tiene diferentes efectos:
Disminuye considerablemente la rentabilidad después de impuestos.
Desvía recursos que se podrían dirigir a la propia empresa, tanto para afianzar sus compromisos de capital de trabajo como de inversión. Sólo en 2020 se estima que por cada peso que el Estado invirtió en PEMEX, la empresa le regresó 9.4 pesos mediante impuestos directos e indirectos.
Genera un hueco financiero y condiciona a PEMEX a endeudarse más. Si se le obliga a PEMEX a ejercer un gasto mayor al de sus ingresos, no puede haber otro resultado que la emisión de más deuda.