El Estado, la Justicia y la Situación Laboral en México

Gildardo Cilia, Eduardo Esquivel y Guillermo Saldaña

Sobre el Estado y la justicia

La crisis del neoliberalismo, exacerbada por el problema sanitario, ha traído consigo profundas reflexiones sobre el ámbito de actuación del Estado y ha hecho retomar el concepto de rectoría que parecía olvidado o menospreciado.

La lectura histórica indica que no es posible ignorar las necesidades sociales, a riesgo de enfrentar un proceso convulso; es decir, nada más urgente que mantener las condiciones que posibilitan la convivencia social. El contexto obliga a fortalecer las funciones y atribuciones del Estado como un garante del bien común; siendo, tal vez, la única respuesta contundente para evitar que el malestar social se desborde.

La inmovilidad del Estado en una circunstancia de crisis actúa en contra del interés colectivo; más cuando no se advierte que mantener el estatus quo daña de sobremanera al tejido social. Cuando la desigualdad y la pobreza se agrandan, tiene que resurgir como prerrogativa el concepto de justicia. La democracia y la libertad serían superfluas sin los preceptos éticos, jurídicos y económicos que coadyuvan a una mayor igualdad; y si se omite que el sustento de toda agrupación humana debe ser el bien común.

La justicia distributiva ha sido la tesis política central desde hace 2,500 años: el fin de toda organización política (decía Platón) es conseguir la armonía a través de la debida proporción entre las partes. La humanidad ha descubierto a lo largo de toda su historia, que la existencia del Estado es necesaria para hacer prevalecer la justicia; que el quehacer político se autentifica cuando esta impera sobre cualquier otro concepto por muy virtuosos que fuese. ¿Se podría vivir con libertad en un mundo injusto?

La tendencia histórica de la humanidad es hacia el equilibrio: lo justo debe imperar sobre lo injusto. El tránsito hacia el equilibrio lleva al buen vivir, como resultado de una construcción colectiva y de la interacción continua de los seres humanos. La creación y la configuración del Estado fue consecuencia de la junción de los hombres y su existencia se articula a la necesidad de procurar el bienestar para todos, a efecto de propiciar la convivencia social en un plano ascendente. La función del Estado no puede estar alejada de la justicia; por el contrario, debería circunscribirse a mejorar y a perfeccionar la justicia.

Se concibe que el Estado es la máxima invención del ser gregario, es decir, de los hombres que requieren de agruparse para sobrevivir, primero y para vivir mejor, después. Esta valoración: el vivir cada vez mejor, es la que le da sentido a la función del Estado. La suma de voluntades - que obliga a la distribución de responsabilidades y a la división del trabajo - trae consigo más satisfactores de los que se podrían obtener sin la compartición de objetivos o esfuerzos comunes entre los individuos.

Ningún Estado podría tener una naturaleza efectiva, si carece de fuerza para impartir justicia; de hecho, el ejercicio del poder desde el Estado no tendría fundamento alguno si no estuviera indisolublemente ligado con la procuración e impartición de justicia. Esta consideración lleva al criterio de imparcialidad de la autoridad; esto es, a respetar el principio de que la observancia de la ley es para todos y que la impartición debe efectuarse bajo el principio de igualdad ante la ley. La imperfección del Estado proviene de esa incapacidad de eliminar privilegios; de ser parcial ante los hechos que cotidianamente diferencian las capacidades de los hombres para tener acceso al bien común.

La parcialidad rompe con la base ética de la proporcionalidad, lo que lleva a que las agrupaciones humanas tiendan a fracturarse. El Estado en su conducción no debería favorecer a ciertos individuos, grupos o sectores en contra de la mayoría, sin esperar un deterioro en el ejercicio del poder, sobre todo cuando los privilegios se tornan desmedidos. Pocos podrían sentirse identificados con un Estado que no promueva la solidaridad o que omitiera objetivos que posibilitaran la armonía en el largo plazo. La fuerza del Estado, para que se legitime continuamente no puede desligarse del bien común; no ignorando que el mayor de los costos de esa desvinculación sería la ruptura social.

La igualdad en la economía

En el contexto de la ciencia económica, se ha discutido mucho en torno al Estado, hasta hacer concebir que es innecesaria su acción bienhechora, que los individuos pueden arreglar sus diferencias por sí mismos. Hasta ahora esto es utopía, aun cuando concibamos que el proceso civilizatorio engendrará hombres que dependerán mutuamente de sus virtudes intrínsecas; lo que haría innecesaria la existencia de un Estado que vigile el cumplimiento de las leyes o el derecho ajeno. ¿En el limbo de los tiempos podrá existir ese hombre que actúa con absoluta libertad, sin ocasionar el mínimo perjuicio a los demás? Hasta ahora no es así, ni aun en los Estados catalogados con mayor justicia; esto es, el Estado sigue siendo el medio para posibilitar la convivencia; lo que significa tatar de convivir en lo que es bueno, en lo justo y en la equidad.

Las teorías liberales hacen concebir que en lo más posible hay que prescindir del Estado y han antepuesto – hasta hacerlo su némesis - al mercado. Los seres humanos actúan racionalmente y pueden llegar a acuerdos sin auxilio de nadie; de modo que el equilibrio se daría a partir de la convergencia de actitudes racionales. Respetar la mano invisible, diría Adam Smith, porque las regulaciones pueden trastocar los acuerdos que naturalmente se deben de dar a partir del ordenamiento del mercado.

Los equilibrios (de acuerdo con los economistas clásicos) se dan naturalmente: toda oferta crea su propia demanda y pudieran perderse, pero siempre en forma transitoria. Los salarios - según Ricardo - suelen disminuir cuando existe desempleo, no obstante, ello lleva paradójicamente a una mayor contratación, lo que posibilita el equilibrio inicial de la masa salarial; ello en un entorno en donde la productividad sea la misma y sin agregar horas a la jornada laboral. El bien común se daría en forma natural, porque a cada uno le correspondería lo que aporta y la mejora en los ingresos respondería más a una mayor productividad proveniente del cambio tecnológico o a la intensificación de la jornada laboral. ¡Si aporto más, gano más!

Bajo la perspectiva liberal, desde el plano estrictamente económico, la presencia del Estado carecería de sentido. ¿Por qué persiste como rector de la vida económica?, podríamos en este sentido establecer dos hipótesis:

• Primera, porque los desequilibrios suelen ser recurrentes y periódicos por shocks en la oferta o en la demanda, más cuando se presentan simultáneamente; porque ante circunstancias imprevistas algunos mercados suelen desplomarse y la reactivación requiere de ciertos acuerdos entre los países; porque resulta imposible prever el futuro y las contingencias que se presentan; porque el mercado, por sí mismo, impone utilidades o pérdidas a partir de movimientos especulativos; porque no se puede descartar que exista egoísmo, engaño: la sobreponderación de activos, entre otros aspectos.

• Segunda, porque aun cuando los desequilibrios sean transitorios, dañan mucho: un día sin ingresos para un hombre y su familia, se transforma en cruel desesperación.

Se puede matizar el significado y abandonar el criterio de que el bien común no es el que le corresponde sólo a la mayoría o es el que sirve únicamente para satisfacer las necesidades de las masas; equiparándose al bien común como el bien de todo el pueblo, sin excluir a nadie; lo que obliga también a respetar los derechos de las minorías. Generalmente dentro de estas minorías se encuentran los empresarios o los que invierten.

Dentro de una de las vertientes de la visión del sistema capitalista, está la concepción de que pocos hacen mucho, porque asumen riesgos y con ello se generan empleos y los satisfactores que requieren la mayoría para sobrevivir. En momentos de crisis profunda – como la pandémica que estamos viviendo – las inversiones de los particulares siempre van a ser insuficientes y no bastaría contar con un Estado benefactor; más bien se requiere de un Estado coinversor, a riesgo de tener una recuperación lenta que lleve por mucho tiempo a niveles mínimos de bienestar ¿Cómo vivir racionalmente en una economía que no genera empleos?

Sectores sociales, partidos o grupos políticos pueden discrepar y hacer prevalecer leyes acordes a intereses minoritarios y ello no es del todo incorrecto. Socialmente siempre va a existir ciertas dosis de inconformidad. Sin embargo, esto no debe significar una negación del derecho mayoritario: el ejercicio político se debilita cuando frívolamente consideramos que la mayoría o la masa debe supeditarse a los intereses de minorías; algunas veces considerando que es necesario el sacrificio de los más en beneficio de los menos, esperando con ello frutos a futuro.

La situación laboral en México

En los últimos 50 años nos hemos movido con tesis que a la luz de los acontecimientos parecen espejismos, mitos o fundamentalismos: