El Potomac. ¿Quién perdió México?

Actualizado: 27 de jun de 2020

Ignacio Chávez L.

Así como en 1986 la Casa Blanca y Los Pinos actuaron decisivamente para que la economía mexicana y el país no se hundieran en un agujero negro sin fondo, cabe preguntarse cómo y si el gobierno de Washington, suponiendo que en noviembre próximo se sustituya al inquilino de la Casa Blanca y que aún quedan adultos en el Potomac, actuará para impedir la destrucción de la economía, las instituciones y democracia en el vecino país del sur.

A inicios de 1986 los precios petroleros internacionales desplomáronse. Para torpedear en su línea de flotación a la languideciente Unión Soviética (URSS), cuyos ingresos externos dependían en 80 por ciento de las ventas de petróleo y gas, el gobierno de Washington convenció secretamente a Arabia Saudita de que triplicara bruscamente su producción de crudo en un mercado ya muy saturado. Riad abrió las válvulas y reventó los precios. La guerra de precios petroleros hizo disminuir el de la mezcla mexicana de 25.3 dólares el barril (db) en 1985 a 11.9 en 1986; en agosto hubo embarques de 5db. El país perdió ingresos equivalentes a 8 por ciento del PIB, la producción de todo el sector primario y 80 por ciento del servicio anual de la deuda externa. La actividad económica se hundió, al igual que el tipo de cambio. El país se proyectó a la hiperinflación. Las finanzas públicas acabaron de fundirse; en 1987 el déficit público fue de 16 por ciento del PIB.


La recién concluida recalendarización de la deuda externa –aplanar la curva de pagos- quedó anulada cuando la tinta no estaba seca aún. Como México carecía de crédito externo, transfería 6 puntos porcentuales del PIB netos al exterior por servicio de la deuda. Este porcentaje es tres veces el porcentaje del PIB que la Alemania de entreguerras pagó por concepto de reparaciones, mismas que la proyectaron a la hiperinflación y el caos. Y los sauditas fijaron el precio objetivo del crudo en 18db, para desalentar el desarrollo tanto de nueva oferta petrolera como de las energías alternativas. Las cotizaciones petroleras se mantuvieron por debajo de ese número hasta 1999.


Washington trasladó su guerra fría contra la URSS, “el imperio malvado”, de la geopolítica a la geofinanza. Sabía de por lo menos dos daños colaterales al sur del Río Bravo: México y Venezuela, dos endeudadísimos monoexportadores petroleros. Más aún, para nuestro país el choque petrolero de 1986 significó la puntilla para el modelo cerrado-ultraproteccionista de industrialización y crecimiento que venía de los años 40 y 50. Incapaz la industria manufacturera mexicana de generar divisas suficientes para operar y crecer, el déficit industrial externo se sufragó primero con excedentes agrícolas y turísticos que se agotaron a fines de los años 60, luego con endeudamiento externo creciente desde inicios de los años 70 y después con exportaciones petroleras masivas desde inicios de los años 80 y aún más deuda foránea. Las exportaciones petroleras equivalían a 70% de las totales.


Este modelo cerrado –“alianza para las utilidades”, por ser ultraconcentrador del ingreso, le llamó Clark Reynolds- había entrado en quiebra a inicios de los años 70 y generó ulteriormente crisis tras crisis por la mala gestión adicional de la política económica y macroeconómica.


Aun cuando el inquilino de la Casa Blanca era de pocas luces, los círculos de seguridad nacional de los EE UU declararon a México una bomba de tiempo en 1986.[i] Tanto esa parte del gobierno de los EE UU como el de la Cd. de México estaban conscientes de que eran esenciales una visión constructiva, acciones rápidas y decisivas y cambios de fondo para impedir la desintegración de la economía de México, cuya población aumentaba 10 millones de personas cada sexenio. La solución a la crisis de la deuda externa abarcó naturalmente el necesario pero postergado viraje mexicano de la sustitución de importaciones a la sustitución de exportaciones. La innovación institucional y las reformas estructurales se englobaron en una asociación formalizada y acrecida de las economías mexicana y estadounidense, que de por sí se integraban ni tan silenciosamente desde mucho tiempo atrás. Todo quedó instaurado con el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) al que se sumó Canadá.


Para México los ejes serían la apertura al comercio y la inversión foráneos, soberanamente decidida; el cambio en el nivel y la estructura del gasto público (para retraer al Estado, que sin recursos, ni capacidades gerenciales ni visión estratégica intervenía doquiera en la economía, y en todas partes mal o muy mal), una política de (acrecentamiento de los) ingresos públicos (que sigue pendiente) y la profundización financiera. El campo se reorientó hacia la ventaja comparativa.


México se abrió al mundo y obtuvo acceso preferente al comercio y la inversión con una economía complementaria cuyo PIB equivale al 22 por ciento del mundial (con el 4 por ciento de la población). Lo que se logró fue nada menos que impedir la desintegración de la economía mexicana. Si México a fines de los años 80 y principios de los 90 era “el próximo Irán”, hoy en día y desde 2006 exporta más manufacturas que el resto de América Latina; y recibe inversión extranjera del orden de más de 30 mil millones de USD al año. En el sector externo, de 1990 a 2018 los ingresos turísticos de divisas aumentaron 480%, a 20.3 mil millones de dólares; las exportaciones agropecuarias, 534%, a 15.8 mil millones de dólares. En 1981, en el apogeo de la economía cerrada, las exportaciones totales ascendieron a 23.3 mil millones de dólares (corrientes), las manufactureras a 7.1 mil millones y las agropecuarias a 1.45 mil millones.


Se rescató así a la economía mexicana de caer en un agujero negro. Con estos replanteamientos imprescindibles se pusieron bases y marcos para la estabilidad y el crecimiento nuevo de la economía mexicana de entonces a acá. Si la mexicana bomba hubiese estallado simplemente no hubiésemos llegado a 2018 más que en pedazos. Pero la sustitución de exportaciones y el TLCAN no fueron nunca panaceas; el crecimiento pujante e incluyente quedó condicionado a la implantación de muchas otras reformas que no se hicieron o se hicieron a medias.


En 2020 a la pandemia se agrega la guerra de precios petroleros de Arabia Saudita y Rusia para liquidar la producción petrolera de los frackeros estadounidense de alto costo, el 60% de la total. La pregunta es qué hará el gobierno de Washington, suponiendo que aún quedan adultos en el Potomac y plenamente identificado el hecho de que en México está el peor dirigente en el peor momento posible, para contener la destrucción suicida de la economía, las instituciones y la democracia que está realizando el gobierno mexicano inaugurado el 1 de diciembre de 2018. Es una demolición nihilista y vengativa que se ejecuta a partir de la descalificación propagandística de todo lo que está fuera de su realidad alterna, pero presentada retóricamente como pulsión justiciera.

México ya forma parte de las cadenas productivas y de la seguridad nacional de los EEUU (y viceversa). Tiene una miríada de compromisos internacionales contenidos en el TLCAN y el T-MEC y 40 tratados más (como respetar las reglas, los contratos y las inversiones) y requiere acceso al capital, la tecnología y los mercados. La dinamitación de la viabilidad económica y política de México le significaría un tsunami radioactivo a los EE UU. El desenlace tendrá implicaciones cruciales para la prosperidad, paz y seguridad de México, los EE UU y el mundo.


[i] Norman Bailey y Richard Cohen, The Mexican time bomb, Twentieth Century Fund Papers, 1987. Y Norman Bailey, The strategic plan that won the cold war. National Security Directive 75, The Potomac Foundation, 1999. Bailey fue director de planeación del Consejo de Seguridad Nacional durante la presidencia de Ronald Reagan.


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