Gildardo Cilia López
No soy una persona a la que le gusten las comparaciones. Trataré de hacer un balance mesurado con información relevante que aclare como estamos y hacia donde nos podemos mover. Concluye un sexenio con elementos que permitirán consolidar el desarrollo económico del país. México se afianzará como una potencia económica, pero debe de asegurarse que la prosperidad llegué a las mayorías. Este es el sustento económico de una verdadera democracia.
Dicen algunos economistas que ven en el corto plazo un panorama gris, que no son catastrofistas que son realistas; sin embargo, hay datos que muestran la existencia de una economía resiliente; lo que indica la capacidad de contener y revertir tendencias políticas, económicas y financieras adversas. Ser realista significa también reconocer que existen indicadores que muestran una tendencia favorable, lo que acota a los panorama sombríos.
No tengo nada en contra del escepticismo, más cuando nos permite reflexionar sobre el futuro considerando todo aquello que hace mal y que debemos superar. Me preocupa, sí, que se piense que sólo se vive entre sombras inextinguibles, más cuando mentalidades sombrías obnubilan conciencias de gente que puede tener un futuro promisorio. En la oscuridad se verán siempre sombras y no hay nada más contagioso que el miedo y el desánimo.
Tampoco se debe de pecar de optimismo. No hay que aplaudir lo que parece mal o no gusta, reitero que una reforma no debe llevar al retroceso. Darle una nueva forma al sistema de justicia implicaba cuidar aspectos nodales que permitieran avanzar hacia la excelencia. Las instituciones son el mejor legado de una generación y existe una relación dialéctica incontrovertible: “los hombres forman a las instituciones y las instituciones forman a sus hombres”. No se puede llegar a la excelencia si se atrofia esa dualidad complementaria.
La división de poderes busca el equilibrio y la armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos; pero podría dejar de ser funcional si no existiera alguna figura por encima de los poderes para superar controversias entre ellos que se tornan irresolubles. El poder constitucional o constituyente se ejerce cuando se reforma una Constitución vigente, siendo por su naturaleza una “potencia originaria, extraordinaria y autónoma”. La fortaleza radica en que los poderes constituidos no pueden impedir los cambios que adopta un constituyente; sin embargo, esto no significa que los cambios no puedan ser apelables.
Se puede continuar con el debate de la reforma judicial, pero existen incógnitas que son de complicadísima resolución y que sin un adecuado curso pueden empantanar la filosofía y la razón de ser del Estado mexicano. Me atrevo a citar cinco de ellas:
¿Puede una constitución ser inconstitucional?
¿Se puede revertir una reforma consumada por un poder constituyente?
¿Se puede siquiera dilucidar que el trabajo legislativo es inconstitucional, cuando la Suprema Corte de Justicia carece ya de la atribución de suspender controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo contra normas generales?
¿Qué tan factible resulta ser juez y parte, ya que existe indudablemente un interés particular de los principales afectados, que son los que podrían encontrar algún resquicio para detener y revocar una reforma judicial que ya está plasmada en la Constitución?
¿Sin la aceptación y con el franco reclamo de lo que ahora establece el texto constitucional, no se estaría ya en el plano de quebrantar el estado de derecho? Los hechos de violencia cada vez son más frecuentes y eso, sí, debe de preocupar.
Eminentes juristas tendrán las respuestas a estas y a otras incógnitas, seguramente cuentan con elementos de mayor profundidad para tratar de revertir una reforma constitucional que parece ya consumada.
El presidente López Obrador deja este clima de incertidumbre. Queda apaciguar las pasiones y, sobre todo, mantener la esperanza de que la nueva presidenta Claudia Sheinbaum lleve a buen término este conflicto, que ha paralizado al sistema de justicia. Concibo que es difícil el retroceso, por lo que su pragmatismo e inteligencia deben de posibilitar que el esquema de elecciones de jueces sea transparente y lo menos costoso posible, además de garantizar que el nuevo sistema judicial opere con eficacia y con la plena independencia que requiere. Alejar al partido político hegemónico del proceso de elección de jueces, así como de su interferencia en la labor judicial, sería una gran acierto.
Así como algunos intelectuales quieren ver a la reforma judicial como el fin de nuestra República, segmentos de economistas conciben que esta llevará a la peor de las calamidades: al retroceso. Quieren cubanizar o venezolanizar a México, sin importar el tamaño ni las características de las economías que las hace tan diferentes. Lo hacen como si se estuviera abandonando o peor aun trasgrediendo principios inalienables, como lo son: el respeto a la propiedad privada; el equilibrio en las finanzas públicas; el libre comercio y la gestión autónoma del Banco de México.
Creen que todo debería estar privatizado, como si la rectoría económica no fuese necesaria en un país que requiere superar sus problemas estructurales en materia de justicia social, empleo, satisfacción de bienes y de servicios básicos, infraestructura económica, conectividad y desarrollo tecnológico, entre otros temas. México no es Dinamarca, pero no podría aspirar a más si se le deja todo al mercado, más cuando lo que se requiere es igualar las oportunidades de desarrollo tanto de las personas como de las distintas regiones económicas. Los mercados pobres o que tienden a deprimirse por falta de consumo o demanda requieren del impulso del Estado. Esto se descubrió desde la gran depresión de 1929 en Estados Unidos.
La reforma judicial genera turbulencias, pero no nos llevará al precipicio. Los datos de la semana son alentadores: el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) mejora las expectativas de crecimiento anual. Cierto, en buena medida ello obedece al comportamiento de las actividades primarias que registraron un incremento de 12.5% anual; pero debe tomarse en cuenta también que tanto las actividades secundarias como las terciarias tienen mejores números con respecto al Indicador Oportuno de Actividad Económica (IOAE), que es más de botepronto. La tasa IGAE para las actividades secundarias es de 0.6% contra el 0.1% previsto inicialmente en el IOAE y en las actividades terciarias la diferencia es de 2.2%, contra 1.6%, respectivamente.
Se quiere menospreciar a las actividades primarias por su baja participación en el PIB (de 3 a 4%), pero esa expansión al mismo tiempo ha llevado a una disminución del precio de los productos agrícolas. En la primera quincena de septiembre la tasa inflacionaria general se situó en 4.66%, es decir, se está a 66 puntos base de alcanzar la tasa objetivo. Se está superando la volatilidad negativa de la inflación no subyacente, pero hay un dato aún más sobresaliente, la inflación subyacente se ubicó en 3.95%; es decir, por abajo del rango objetivo. Estamos, entonces, ante una economía resiliente y sin restricciones estructurales para instrumentar políticas expansivas que posibiliten acompasar o revertir el ritmo de desaceleración económica que muchos prevén.
Cuando se hable del gobierno de López Obrador, más que en la reforma judicial, se pensara en un gobierno que rompió paradigmas económicos: el que fue capaz de democratizar el presupuesto público, privilegiando el gasto social; el que amplió significativamente los salarios y restituyó las pensiones dignas para millones de mexicanos; el que niveló el desarrollo regional e impulsó el libre comercio y el nearshoring y sí, en el gobierno que según el Banco Mundial sacó de la pobreza a 9.5 millones de mexicanos (100 mil personas por mes). La opinión sobre su gestión como gobernante es sobresaliente: conforme a la encuestadora “Enkoll” se va de la presidencia con un índice de aprobación de 77%; además de que 68% de los encuestados lo consideran como el mejor de los últimos cinco presidentes, muy por arriba de Vicente Fox (6%), Enrique Peña Nieto (5%), Felipe Calderón (4%) y Ernesto Zedillo (3%).
Es justo el descanso, ahora le queda cumplir con lo que prometió: mutis y retiro. Sheinbaum es una mujer capaz que llevará al país a un desarrollo incluyente, sustentado en una mejor conciliación entre las clases sociales y entre los poderes de la Unión. En este sentido soy optimista, aunque no desee serlo.
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