México desde la mirada de un pueblo histórico: Chiautla de Tapia (10 siglos de historia). Capítulo 27
Actualizado: 25 sept
Gildardo Cilia López
Las facciones revolucionarias
Con la renuncia de Victoriano Huerta a la presidencia de la República, el 15 de julio de 1914, se creía que el país iba a retomar el cauce que necesitaba para reestablecer la paz social. No fue así, las discrepancias entre los líderes de las facciones produjeron el periodo más violento de la Revolución mexicana. Francisco S. Carvajal había asumido la presidencia interina, cargo que ocupó por 29 días, del 15 de julio al 13 de agosto de 1914. Su principal tarea fue delegar el poder ejecutivo al principal jefe revolucionario.
Venustiano Carranza, perspicaz, presuroso envío al cuerpo del ejército del Noroeste comandado por el general Álvaro Obregón a ocupar la Ciudad de México. Con ello se alcanzaron cuatro objetivos: 1) oficializar la rendición; 2) hacer efectiva la disolución del ejército federal; 3) asegurar que la entrega del armamento fuese para el ejército por él comandado; y 4) dar cumplimiento a la cláusula quinta del Plan de Guadalupe proclamado el 26 de marzo de 1913:
“Al ocupar el Ejército constitucionalista la Ciudad de México se encargará interinamente del poder Ejecutivo Venustiano Carranza, o quien lo hubiera sustituido en el mando” como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.
El Plan de Guadalupe de Carranza utilizó el término “constitucionalista” para hacer hincapié de que se quería restituir la vigencia de la Constitución de 1857. En marzo de 1913 no se pensaba en convocar a un Congreso Constituyente para elaborar una nueva carta magna; aun cuando el país lo requiriese por las demandas de justicia social que enarbolaban diferentes grupos y gremios revolucionarios. El Plan de Guadalupe no contenía ninguna enmienda de carácter social, se centraba básicamente en dos puntos: en el desconocimiento del régimen huertista; y en la asunción al poder ejecutivo del Jefe Constitucionalista, cargo que Carranza había proclamado para sí mismo.
Francisco Villa y Emiliano Zapata constituían el principal obstáculo para los propósitos de Carranza, debía impedírseles tomar la capital de la República. En junio de 1914 Carranza le había ordenado a Villa atacar Zacatecas con sólo cinco mil hombres, reforzando a Pánfilo Natera. El comandante de la División del Norte consideró que eso significaba un suicidio militar; de modo que no lo obedeció y con todas las huestes consumó la toma de la plaza el 23 de junio de 1914. La legendaria batalla que destruyó al ejército huertista; también significó la ruptura entre Carranza y Villa.
El triunfo en Zacatecas le dejaba el camino libre a Villa hacia la capital del país, razón por la que Carranza ordenó la suspensión de envíos de carbón desde Coahuila, inmovilizando a los trenes de la División del Norte. En julio de 1914 se habían zanjado aparentemente las diferencias con los acuerdos de Torreón, donde se estipulaba que la División del Norte recibiría carbón y que entraría junto con el resto de las tropas constitucionalista a la Ciudad de México. Carranza violó estos acuerdos y mantuvo su cerco logístico hasta asegurar que Obregón ocupara la capital de la República y firmara los acuerdos de Teoloyucan. Las fuerzas constitucionalistas, así, se escindieron en dos facciones: la carrancista y la villista.
Zapata, es importante precisarlo, no formaba parte del ejército constitucionalista. Había mantenido durante cuatro años su independencia revolucionaria. Nada lo había hecho cambiar: ni los ofrecimientos de poder y de riqueza de Francisco I. Madero y Victoriano Huerta, ni las campañas de terror desplegadas por ellos en el Estado de Morelos, en la Baja Mixteca y en la Montaña de Guerrero. El ejército revolucionario del Sur estaba integrado por la gente de los pueblos; de ahí su naturaleza popular y su contenido libertario. La lucha colectiva tenía como sustento la autonomía material de los pueblos; libertad significaba, ante todo, acabar con las ataduras serviles y con los mecanismos lesivos de extracción de riqueza.
Más que promesas, Zapata exigía que los otros dirigentes revolucionarios se comprometieran a restituir en forma inmediata las tierras y a adoptar medidas tangibles que hicieran efectiva la mejoría de las condiciones de vida de los peones agrícolas y de las clases explotadas. Para Emiliano no resultaba suficiente el derrocamiento de Victoriano Huerta; menos la simple restauración del orden legal que emanaba de los preceptos liberales de 1857. No admitía la hipocresía: no se trataba de simular un cambio para volver a lo mismo, perseguía la real vigencia de la justicia social, ese fue el motivo de su lucha. Algunos afirman que Zapata padecía de impericia política ¡Percepción errónea! Emiliano sufrió de una persecución despiadada hasta su muerte por su rectitud ideológica; la política para él significaba oficio ético, no equilibrio acomodaticio.
El Ejercito Libertador del Sur se convirtió en un enemigo indeseable para el carrancismo. Había diferencias políticas, también de clase: sus hombres (incluyendo a Zapata) dormían en petate y en camas de otate, en tanto que Carranza y un núcleo selecto de constitucionalistas pernoctaban en almohadas blanditas; empero, el zapatismo, sobre todo, fue su enemigo ideológico. El jefe revolucionario del Sur resultaba una figura odiosa para los líderes oportunista: él no medraba con la revolución, era un “esclavo de sus ideas no de sus pasiones”; lo que lo hacía incorruptible en grado extremo. Había que acabar con él y sus seguidores, llevarlos al exterminio; esa fue la intención de Madero, de Huerta y, con mayor intensidad, de Carranza,
Imposible compartir el triunfo con las bases zapatistas, ante la claudicación de Huerta se le tenía que cerrar el paso al Ejército Libertador del Sur a la Ciudad de México. Las tropas constitucionalistas, mejor armadas, se convirtieron en el nuevo dique de contención que suplía al ejército federal; ese fue el propósito de la cláusula IV de los acuerdos de Teoloyucan:
“Las tropas federales que guarnecen las poblaciones de San Ángel, Tlalpan, Xochimilco y demás, frente a los zapatistas, serán desarmadas en los lugares que ocupen, tan luego como las fuerzas constitucionalistas las releven”.
Venustiano Carranza actuaba para sí mismo: para consolidar su posición como máximo jefe de la revolución mexicana. Esa actuación unilateral generó suspicacias, amplió las diferencias hasta hacer insalvables los antagonismos con los otros líderes de las facciones revolucionarias. Sólo confiaba en un núcleo cerrado, el de todas sus confianzas; años después su maquiavelismo rindió frutos: Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles se convirtieron en los discípulos aventajados que operaron su destrucción. Mostrar generosidad hacia los demás, más que un signo de unidad para llegar al entendimiento, era un síntoma de debilidad; lo importante era acaparar todos los espacios del poder público.
El triunfo sobre los huertistas dejó de ser un éxito compartido; esto es, dejó de importar que miles de zapatistas y villistas hubiesen ofrendado su vida para desalojar al régimen usurpador. Carranza capitalizó el éxito, lo que tal vez no previó era que después requería de calmar los ánimos para poder gobernar. Venustiano buscó alcanzar un entendimiento con Zapata; para tal efecto, a finales de agosto de 1914, envió a tres personas de su entera confianza a Cuernavaca: al general Antonio L. Villarreal, al licenciado Luis Cabrera y a Juan Sarabia. Los resultados no fueron los esperados por una consideración de enorme importancia para los revolucionarios surianos: la necesaria adhesión del carrancismo al Plan de Ayala. Esto significaba cumplir con dos puntos específicos:
Proceder al reparto agrario, medida que podía ser salvable; Luis Cabrera y otros constitucionalistas eran partidarios de ello; y
Cumplir con lo dispuesto por el artículo 12° de Plan de Ayala; que preceptuaba como indispensable la celebración de una junta de los principales jefes revolucionarios del país para designar en común acuerdo al presidente de la República.
Otra vez, con agudeza, Carranza el 5 de septiembre de 1914, emite una respuesta maquiavélica: que antes de llegar a cualquier acuerdo era indispensable la rendición incondicional de Zapata; lo que significaba llanamente reconocer la autoridad de su Primera magistratura:
“Si el general Zapata y los jefes que lo siguen, pretenden realmente que se lleven a cabo las reformas que exige el bienestar del pueblo suriano, tienen el medio de verificarlo uniendo sus fuerzas a las de esta Primera Jefatura, reconociendo la autoridad de ella y concurriendo a la convención de jefes que he convocado para el día primero de octubre del corriente año, precisamente con objeto de discutir el programa de reformas que el país exige” (1).
Más allá de que Carranza se hubiese apropiado del Poder Ejecutivo de la Nación sin un acuerdo previo con los jefes revolucionarios; los zapatistas tenían una duda razonable: el jefe del Ejército Constitucionalista actuaba de una manera similar a la de Madero; ni siquiera había manifestado con claridad cuales eran sus principales objetivos en materia de justicia social, particularmente, en materia de justicia agraria. Venustiano también había respondido que él se regía por el Plan de Guadalupe y que, por lo tanto, no podía someterse al Plan de Ayala. El problema es que en el Plan de Guadalupe había un incuestionable vacío ideológico. Derrotar al régimen usurpador para instituir un nuevo gobierno era su propósito ¿Después qué seguía? Obviamente, no una reforma agraria, los zapatistas conocían cuando menos tres antecedentes que mostraban el desacuerdo de Carranza con la restitución de tierras:
Gildardo Magaña le informó a Zapata que en una reunión en el Norte del país, Villa le reveló que el señor Carranza le expresó lo siguiente: "No sólo no estoy de acuerdo con que se repartan las tierras a los pueblos, sino que diga usted al general Villa que hay que devolver a sus dueños las que se repartieron en la época de don Abraham González" (2). Esto en Chihuahua.
Cuando el general Lucio Blanco llevó a cabo la distribución de tierras en la región de Matamoros, Tamaulipas, no sólo desaprobó ese reparto, ordenando que se suspendieran estos actos de agrarismo; sino que lo sustituyó del mando del Ejército de Noreste, nombrando en su lugar al Pablo González.
Al llegar a la capital de la República el 20 de agosto de 1914, expresamente declaró al definir su posición revolucionaria, “que él no había hecho más promesas que la referente al derrocamiento de Huerta”. No mentía, ese era el contenido fundamental del Plan de Guadalupe.
¿Cómo explicar, entonces, el contenido del artículo 27 y los demás artículos con contenido social de la carta magna de 1917, si Carranza se oponía a este tipo de reformas? Andrés Molina Enríquez lo aclara:
“El proyecto del primer jefe parecía hecho expresamente para demostrar la poca viabilidad que el mismo primer jefe tenía para cumplir con los compromisos de la Revolución expuestos detalladamente en el decreto del 12 de diciembre de 1914: nada de reformas sociales; nada de propósitos trascendentes; el estrecho espíritu legalista que marca con relieves de terquedad y de obcecación toda la obra histórica del señor Carranza, llenaba el proyecto de discreteos jurídicos. Les fue repartido a los diputados el proyecto impreso, con la información clara y precisa, de aprobarlo como estaba” (3).
El espíritu revolucionario de los constituyentes rebasó a Carranza; nuestros “jacobinos” enmendaron su corta visión histórica; y sensibles, tomándole el pulso a las clases oprimidas, crearon una nueva corriente dentro del pensamiento normativo del Estado: el Constitucionalismo social.
La Convención de Aguascalientes y el incidente de la bandera
Era necesaria una convención, llegar a acuerdos para posibilitar la gobernabilidad del país y desterrar el riesgo latente de iniciar una guerra con resultados impredecibles. Así, el 10 de octubre de 1914, se reunieron en Aguascalientes carrancistas y villistas; más tarde por un acuerdo general de la Convención, con el propósito de que todas las facciones estuvieran presentes, se envió a una comisión al Estado de Morelos, encabezada por Felipe Angeles, para invitar a Zapata.
La delegación del Ejército Libertador del Sur se incorporó formalmente a los trabajos de la Convención el 26 de octubre, siendo clave para adoptar los principios ideológicos que requería el movimiento revolucionario. Llegaron e impactaron a los asambleístas, sobre todo, por el potente discurso de Antonio Díaz Soto y Gama, quien veía la firma sobre una bandera como un acto demagógico. Días antes Carranza y Obregón habían signado ese lábaro en la Ciudad de México, en tanto que Villa estampó su firma en Aguascalientes.
Firmar sobre la bandera significaba adquirir el compromiso máximo de que ante cualquier diferencia primero estaba la patria. Se reproduce el discurso histórico de Díaz Soto y Gama que exaltó a los asambleístas a tal punto que iba a costarle la vida. Este episodio histórico es conocido como “El Incidente de la Bandera”:
“Aquí venimos honradamente. Creo que vale más la palabra de honor que la firma estampada en este estandarte que al final de cuentas no es más que el triunfo de la reacción clerical encabezada por Iturbide. Yo, señores, jamás firmaré sobre esta bandera. Estamos haciendo una gran revolución que va expresamente contra la mentira histórica, y hay que exponer la mentira histórica que está en esta bandera; lo que se llama nuestra independencia, fue la independencia de la raza criolla y de los herederos de la conquista, para seguir infamemente burlando al oprimido, al indígena”
Por eso vengo a decir a esta Asamblea que su deber es defender a esa raza oprimida y no olvidar que esa raza no está emancipada, no olvidar que la verdadera revolución no es de la raza blanca aquí reunida… Los verdaderos hombres que han hecho la Revolución, y para quienes la Revolución se ha hecho, son tan esclavos como antes del Plan de Iguala. Esa es mi tesis. Esa es mi afirmación.
Si esa bandera se ha santificado después con la gloriosa derrota de 47 y con los gloriosos triunfos contra la Intervención francesa, yo la respeto, yo me inclino ante estos tres colores; pero quise referirme a la bandera histórica… No a la bandera de Iguala, sino a la bandera de Hidalgo, a la bandera de la emancipación, a la bandera de la legalidad, a la bandera del progreso, a la bandera que impulse a México, a otro México que sepa dar a los oprimidos y a los infelices lo que hasta hoy no se les ha dado
El pueblo mexicano respeta ese estandarte, y yo lo respeto; pero que no se le traiga aquí como un trapo que sirva para encubrir aquí ciertas maquinaciones de ambiciones… Por el honor de esta bandera, que hay que saber enarbolar con mano firme, y no con mano de hipócritas; por esa bandera; por la bandera nacional, de la que si algo debe surgir es esta palabra: Plan de Ayala, emancipación, justicia para los humildes; por esa bandera, por los principios del Plan de Ayala venimos a luchar los hombres del Sur” (4).
Muchos revolucionarios se sintieron ofendidos por las primeras palabras de Díaz Soto y Gama, por lo que desenfundaron sus armas y estuvieron a punto de acribillarle. Ante esa reacción el eminente anarquista supo moderarse, pero con inteligencia y elocuencia denunció maquinaciones de ambiciosos e intereses personales ajenos a las prerrogativas del país; enfatizando que lo que requería la patria era justicia social.
El éxito de los intelectuales zapatistas fue rotundo: lograron que la Convención aprobara para sí los principios del Plan de Ayala; aún el contenido de su artículo 12 que exigía el voto de la mayoría de todos los jefes revolucionarios de la República para la designación del presidente interino; en los hechos eso significaba la separación del poder ejecutivo de Venustiano Carranza. Como es natural la delegación carrancista, encabezada por Obregón, se mostró preocupada por su notoria incapacidad para defender la posición de su jefe máximo.
El astuto “Barón de Cuatro Ciénegas”, que se abstuvo de asistir a la asamblea de Aguascalientes, impuso un estratagema para separarse de la primera magistratura, tal vez pensando que Villa y Zapata eran tan ambiciosos como él:
“1a. Se establecerá un gobierno preconstitucional apoyado por el Ejército Constitucionalista, que se encargue de realizar las reformas sociales y políticas que el país necesita, antes de que se restablezca el gobierno plenamente constitucional.
2a. El general Villa renunciará, no a su candidatura a la presidencia y a la vicepresidencia de la República, que nadie le ha ofrecido, sino a la jefatura militar de la División del Norte, retirándose, como yo, a la vida privada, y renunciando a toda pretensión de dominio político de él, saliendo de la República si la Convención acuerda que yo también debo expatriarme.
3a. El general Zapata renunciará al mando de sus fuerzas y a toda pretensión a puestos públicos, locales o federales, retirándose igualmente del país y entregando sus fuerzas que ahora lo reconocen como jefe, al gobierno que la Convención constituya” (5).
La Convención revolucionaria adoptó sobre las bases de este planteamiento los siguientes puntos:
1°. La separación de Carranza, así del Poder Ejecutivo como de la jefatura del Ejército Constitucionalista.
2°. El cese de Francisco Villa como jefe de la División del Norte.
3°. La designación por la Convención, de un presidente interino de la República.
4°. La apertura de un periodo constitucional para llevar a cabo las reformas sociales y políticas que necesita el país.
En cuanto a separar a Zapata de todo mando, a la asamblea le pareció innecesaria esa petición ya que estaba libre de todo vínculo con Carranza; aun cuando señaló que se tenía que someter a todas las decisiones soberanas que adoptase la Convención. Carranza no aceptó su sustitución: señaló que no se estaban cumpliendo con las tres condiciones que había impuesto para retirarse de la presidencia de la República; luego alegó que la decisión de revocarlo era ilegal porque él no había presentado su renuncia; y finalmente, que la Convención no tenía la facultad de nombrar a un presidente interino, tal como lo había hecho con la designación de Eulalio Gutiérrez.
Excusas sin sentido, Vito Alessio Robles lo dejó muy claro:
“Las jefaturas del Ejército y del Poder Ejecutivo dimanan únicamente del Plan de Guadalupe, formado por un grupo de revolucionarios relativamente corto, mientras que la Revolución toda (la reunida en la Convención de Aguascalientes) tiene el derecho de revocar esos mandatos sin que el señor Carranza imponga condiciones como amo y señor” (6).
Un detalle de gran interés dentro de la táctica política, que no acabó de comprender del todo la delegación carrancista, con Obregón al frente, fue el que la Convención se declaró como una “asamblea soberana”; razón por la que sus acuerdos eran autónomos y estaban por encima de la voluntad de los principales jefes revolucionarios. Sin opción alguna, a Carranza sólo le quedó la ruptura, como el mismo lo declaró: “si los jefes (desde luego, se refiere a sus constitucionalistas adherentes) me abandonan, entonces me retiraré de mi patria; en caso contrario, lucharemos hasta morir”;
La escisión se hizo definitiva, los generales carrancistas abandonaron la Convención; así, con una magnitud inusitada, dio inicio una nueva confrontación armada entre las mismas facciones revolucionarias. Los jefes “impolutos” se habían olvidado de sus juramentos: sus firmas, sin honrar a la palabra, sólo habían servido para manchar los lienzos de una bandera nacional. Carranza había sido humillado en el terreno político e ideológico no por el grupo de villistas, sino por los representantes de Zapata. Una afrenta que no olvidó: su odio hacia el zapatismo se hizo inconmensurable.
La Comuna de Morelos
De septiembre de 1914 a junio de 1916, el conflicto armado se intensificó en el Norte y Centro-Norte del país, lo que le dio un margen de tiempo a Zapata y a sus brillantes intelectuales para desarrollar legislación en diferentes materias y llevar a la práctica sus ideales agrarios, lo que algunos historiadores denominan como la “Comuna de Morelos”. Solo para poner en claro la vasta creación intelectual, a continuación se relacionan las siguientes leyes y normas con una breve descripción sobre sus propósitos:
1.- Leyes laborales:
Ley sobre Accidentes de Trabajo (octubre de 1915), cuyo propósito fue proteger la integridad física de los trabajadores, así como establecer la obligación de los patrones de indemnizar a sus trabajadores por accidentes laborales.
Proyecto de la Ley General de Trabajo (noviembre de 1915), que establecía las bases para regular las jornadas laborales, salarios mínimos, los derechos de asociación de los obreros; es decir, su contenido sustantivo se centraba en la condiciones de trabajo requeridas para alcanzar una mayor justicia laboral.
2.- Leyes sobre educación y libre expresión:
Ley sobre la Generalización de la Enseñanza (noviembre de 1915), que abordaba a la educación como un pilar sustantivo para el progreso del pueblo; por esa razón la educación debería ser laica, gratuita y obligatoria.
Ley de imprenta (enero de 1916), cuyo contenido se centraba en garantizar la libertad de prensa y de expresión.
3.- Leyes sobre reformas políticas y gobierno parlamentario:
Ley General sobre Libertades Municipales (septiembre de 1916), que tenía como objetivo otorgar autonomía real a los municipios, configurando al municipio libre como la célula esencial de la organización jurídica y administrativa del sistema político mexicano.
Programa de Reformas Políticos-Sociales de la Revolución (abril de 1916), que le daba especial importancia a la adopción de un sistema parlamentario, tocando aspectos sustantivos que siguen siendo relevantes en la vida política nacional: la defensa del voto directo, la calificación judicial de los procesos electorales y la descentralización del poder presidencial.
4.- Administración de justicia.
Ley General sobre Administración de Justicia (diciembre de 1915), que privilegiaba el concepto de justicia expedita, además de propugnar por la democratización de los tribunales y la erradicación de la corrupción en el sistema judicial.
Por ese abanico de leyes, es dable concluir que los primeros que pensaron en darle un contenido jurídico y político distinto al Estado mexicano fue la pléyade de intelectuales que portaban la bandera del zapatismo. La Constitución de 1857 no podía seguir siendo el pacto que sostuviera las bases de convivencia social de la República; de modo que Carranza, presionado, convocó a un constituyente, siendo el quehacer intelectual zapatista fuente de inspiración para los asambleístas reunidos en Querétaro de septiembre de 1916 a febrero de 1917, así como para leyes posteriores. Sin estar presente físicamente en Querétaro, la riqueza ideológica del zapatismo convirtió a la Constitución de 1917, en la primera, con un profundo contenido social en el mundo.
No mencioné a propósito la Ley Agraria (emitida el 26 de octubre de 1915), que a diferencia de la ley tibia y tímida de Carranza (enero de 1915) tenía como propósitos: la destrucción del latifundismo y la delimitación del tamaño legal de las propiedades para erradicar el latifundio; la restitución y la dotación de tierras a los pueblos y comunidades; el establecimiento de los tipos de propiedad, así como el uso común del agua y de los recursos naturales (base piramidal del concepto de propiedad de la nación); y la creación de instituciones de apoyo social y de financiamiento al campo. Sirvan los párrafos siguientes para desmitificar lo que yo creo son algunos conceptos errados de los críticos del zapatismo histórico.
Colectivización y socialización de la propiedad. Deben tocarse aquí dos puntos aparentemente contrapuestos: por una parte, el artículo 4° de la Ley Agraria zapatista decía que:
“Las propiedades agrarias que se devuelvan o repartan a los pueblos, de conformidad con esta ley, serán inalienables. No podrán ser vendidas, hipotecadas, ni enajenadas en forma alguna, ni sobre ellas podrá constituirse gravamen de ninguna especie; y cualquier contrato o estipulación en contrario, será nulo de pleno derecho”.
No se puede olvidar el pasado: debe recordarse que las leyes de desamortización y de tierras baldías generaron el despojo de millones de hectáreas a los campesinos y a los pueblos; así como la concentración de tierras que conformaron enormes latifundios. La privatización en pocas manos había sido inhumana: quedarse sin tierras significaba dejar sin recursos naturales a gran parte de los habitantes del país; México en el siglo XIX y en las primeras décadas del XX era esencialmente rural. Todo quedó a voluntad de los terratenientes: el acceso al agua y a los bosques para cortar leña, la renta de tierras y la posibilidad de ocuparse para hacer factible la sobrevivencia. Semejante entorno produjo el mayor descalabro social que ha tenido el país: se estima que durante la revolución mexicana murieron un millón de personas, el 9% de la población total, esto si se comparan los censos de 1910 y 1921.
No es una cosa menor que después de más de cien años, gobiernos más conscientes sigan instrumentando programas de justicia para los pueblos originarios, reconociéndolos como sujetos de derecho público y restituyéndoles sus tierras para saldar lo que ya son añejas deudas históricas. Los pueblos nativos no sólo sufrieron la expropiación de tierras, bosques y demás recursos naturales, sino expatriación y diferentes prácticas de exterminio.
Libertad para el zapatismo histórico no significaba volver al comercio de tierras, sino dotar de medios (de las propias tierras) a los hombres de los pueblos para propiciar su libre albedrío. Vale la pena citar la Circular de febrero de 1916 emitida por Manuel Palafox, Ministro de Agricultura de Zapata:
"La repartición de tierras no se hará precisamente por la división parcelaria del suelo, sino que se llevará a cabo esa repartición de conformidad con la costumbre y usos de cada pueblo, permitiendo la explotación en común si así lo prefieren los habitantes, o dividiéndola en pequeñas fracciones si esa fuera la voluntad de la mayoría..."
Esto es, eran los pueblos y las comunidades libres los que decidían cómo producir y qué producir bajo sus propias prácticas. Citemos a Díaz Soto y Gama:
“No socialización, no colectivización. Tierra libre, parcela libre, hombre libre. Libre cultivo, libre explotación de la parcela. Sin capataces y sin amos dentro del ejido, sin tiranías individuales, pero también sin tiranías ejercidas por el Estado o por la colectividad.
¿Cooperación con los compañeros, con los vecinos de la misma comunidad? Sí; pero cooperación voluntaria y no forzada.
Zapata y los zapatistas no podían pensar de otro modo” (7).
Durante la “Comuna de Morelos” no sólo se intensificó la producción de maíz, frijol, arroz, hortalizas y otras verduras y frutas, sino en la libérrima decisión que se le dejó a los campesinos y a los pueblos volvieron al cultivo de la caña de azúcar. Este es otro mito: no se dotaba de tierras sólo para sembrar granos básicos u otros productos que propiciaran la sobrevivencia; Emiliano, mismo, señalaba - claro, de otra forma - que había cultivos, como la caña de azúcar, que generaban más riqueza o valor agregado.
Tampoco podía obviar que otros pueblos, como los de la Mixteca chiauteca - a quien Zapata tanto quería - habían luchado por sus tierras desde los primeros años de la ocupación colonial y que producían bajo un esquema sui generis de cooperación mutua; en donde cada uno era dueño de lo que sembraba o tenía su propio ganado, pero sin existir delimitaciones rígidas, sobre todo, en los terrenos ganaderos. Zapata, pluriétnico, con ascendencia nahua, que contaba con sus propios medios: tierras, caballos y ganado; que también se había dedicado a la arriería, entendía muy bien el lema: “tierra libre para el hombre libre”. Díaz Soto y Gama – decía – que esa era la “fórmula de transparente lucidez en la que quedó vaciado todo el pensamiento, todo el anhelo del sur”.
Minifundio versus latifundio. Aun cuando la Ley Agraria zapatista habla de parcelas y de fracciones de tierra, vale la pena abordar el tema del tamaño de la propiedad de la tierra desde tres diferentes perspectivas: 1) el proceso demográfico histórico; 2) el tamaño de la propiedad para considerar que es un latifundio, considerando el tipo de tierras, los tipos de explotación y la productividad agrícola; y 3) la dotación de créditos e insumos. Los dos últimos puntos están fielmente abordados en la ley emitida por los zapatistas históricos.
En 1910 había una población de 15,160,369 habitantes; de los cuales, alrededor de 71 por ciento se ubicaba en zonas rurales y 29 por ciento en urbanas. El crecimiento poblacional había sido lento en el siglo XIX en relación con el tamaño del territorio nacional, aun cuando se hubiera triplicado la población y cercenado a la mitad la República. Esto si se considera el censo de Revillagigedo de 1790 (4,636,074 personas) y el primer censo oficial de la población realizado en 1895 (12,491,573 habitantes).
No se podía concebir la explosión demográfica del siglo XX, que adquirió una aceleración inusitada en su segunda mitad. La densidad de la población a nivel nacional pasó de 0.077 en 1910 a 0.66 habitantes por hectárea en 2025; en tanto que en el Estado de Morelos, que es uno de los Estados con mayor densidad del país, el tránsito fue de 0.36 a 4.04 habitantes por hectárea. Cuando el General Lázaro Cárdenas inició su reforma agraria la densidad de la población en todo el territorio nacional era de alrededor de 0.092 y en el Estado de Morelos de 0.321 habitantes por hectárea.
Los hacedores de las reforma agraria durante la cuarta década del siglo XX, así como los intelectuales zapatistas, en 1915, podían concebir el crecimiento de la población; lo impredecible era su magnitud: 7.2 veces más de 1935 a 2025 y 8.6 veces más si se toma como año base 1910. La expansión demográfica ha llevado en forma natural a un achicamiento del tamaño de las propiedades urbanas y rurales, incluyendo desde luego a las propiedades agrícolas.
Se está hablando de una tendencia natural que ha afectado el tamaño de las propiedades; de ningún modo de la productividad de las tierras, particularmente, de las agrícolas; de hecho, el mayor rendimiento productivo de estas tierras ha sido el antídoto de la ley malthusiana. El rendimiento promedio del maíz en México, en 1910, era de 600 u 800 kilogramos por hectárea; en las condiciones actuales, pese a la disparidad tecnológica, este rendimiento se sitúa en alrededor de 4 toneladas por hectárea. Evidentemente hay problemas que se deben de resolver, particularmente, en la agricultura de temporal, en donde el rendimiento promedio de las tierras sólo es de 2.5 toneladas por hectárea; mientras que en las de riego oscila, en promedio, en 10 toneladas por hectárea.
Debe tranquilizar que seamos autosuficientes en el maíz que se produce para el consumo humano, pero somos notoriamente deficitarios en la producción de maíz amarillo que se utiliza para la ganadería y para la industria de alimentos procesados. Genera optimismo el hecho de que las tierras de temporal tienen un enorme potencial para incrementar su productividad; y que al abarcar el 75% de la superficie agrícola sembrada en el país, cualquier mejora tecnológica tendería a propiciar un impacto productivo masivo.
Algo digno de admirarse en el proyecto agrario zapatista es que define en forma detallada los límites máximos de propiedad que posibilitaban rendimientos productivos razonables, considerando dos variables: el tipo de tierras y su vocación productiva. Emiliano, como ganadero y caballerango, sabía que el tamaño de la propiedad de las tierras ganaderas tenía que diferir de las agrícolas; lo interesante es que los intelectuales zapatistas contaron con el apoyo de los maestros, técnicos y estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura (ubicada en aquella época en la calzada México-Tacuba) para definir extensiones máximas de tierra, utilizando los parámetros técnicos vigentes en esa época. Sobre el valioso apoyo de los agrónomos destaco la siguiente misiva de Manuel Palafox al ingeniero agrónomo Alfonso Cruz:
“Por la presente autorizo a usted para que procure obtener el mayor número de alumnos de esa Escuela que hayan cursado Agrimensura, Filotecnia y Agronomía, para que presten sus servicios teórico-prácticos en la clasificación, mensura y división de terrenos, para llevar a la práctica los ideales de la Revolución del Sur, en bien de las clases proletarias”. (8)
Es admirable el contexto abierto y receptivo del zapatismo. Se procede a enlistar por tipo de tierra y actividad los límites legales máximos de extensión de tierras para no caer en latifundio:
“Artículo 5o. Los propietarios que no sean enemigos de la Revolución conservarán como terrenos no expropiables, porciones que no excedan a la superficie que, como máximo, fija el cuadro siguiente:
Clima caliente, tierras de primera calidad y riego, 100 Hs.
Clima caliente, tierras de primera calidad y de temporal, 140 Hs.
Clima caliente, tierras de segunda calidad y de riego, 120 Hs.
Clima caliente, tierras de segunda calidad y de temporal, 180 Hs.
Clima templado, tierras de primera calidad y de riego, 120 Hs.
Clima templado, tierras de primera calidad y de temporal, 160 Hs.
Clima templado, tierras pobres y de temporal, 200 Hs.
Clima templado, tierras pobres y de riego 140, Hs.
Clima frío, tierras de primera calidad y de riego, 140 Hs.
Clima frío, tierras de primera calidad y de temporal, 180 Hs.
Clima frío, tierras pobres y de riego, 180 Hs.
Clima frío, tierras pobres y de temporal, 220 Hs.
Terrenos de pastos ricos, 500 Hs.
Terrenos de pastos pobres, 1000 Hs.
Terrenos de guayule ricos, 300 Hs.
Terrenos de guayule pobres, 500 Hs.
Terrenos henequeneros, 300 Hs.
En terreno eriazo del Norte de la República, Coahuila, Chihuahua, Durango, Norte de Zacatecas y Norte de San Luis Potosí, 1500 Hs
No se trataba, pues, de expropiar arbitrariamente, sin considerar límites de propiedad sobre rentabilidades permisibles; tampoco se adoptaba como opción el minifundismo: el reparto de tierras en los pueblos y en las comunidades libres no significaba que los pobladores cultivaran 3 o 5 hectáreas, tal como acontece ahora en el Centro-Sur del país. Aun así, el Estado de Morelos y los valles de Izúcar de Matamoros y del Nororiente de Chiautla tienen un campo altamente productivo e intensivo; destacando a nivel nacional los cultivos de caña de azúcar, arroz y sorgo, entre otros.
La parte serrana de la Baja Mixteca chiauteca presenta condiciones productivas distintas por su amplia selva baja caducifolia, sus terrenos accidentados y por contar con un clima semiárido. Es muy probable que los rancheros del Distrito de Chiautla, en 1910, contaran con terrenos de más de 100 hectáreas; sin embargo, las cabezas de ganado se movían por extensiones indefinidas ya que no había linderos; se respetaba el herraje, de modo que a partir de esa identificación se sabía quiénes eran los dueños de los bovinos; en su caso, se les avisaba sobre su ubicación. Sin conocer usos y costumbre, entre 1921 y 1923 se establecieron leyes para deslindar y delimitar la propiedad de las tierras; sin embargo, el contexto de cooperación aún continúa; por lo que la actividad ganadera no ha dejado de ser relevante, teniendo los derivados lácteos de Chiautla: el queso y el “jocoque” (crema agria) gran aceptación en la Baja Mixteca y en los Estados de Puebla y de Morelos.
Debe resaltarse que el queso fresco y seco (añejo) de Chiautla de Tapia es uno de los dos quesos genuinos del Estado de Puebla y uno de los treinta quesos genuinos de México, ojalá y nunca se pierda esta rica tradición productiva y culinaria que data del periodo virreinal. Las tierras de agostadero siguen siendo amplísimas, los datos indican que la densidad de la población ha sufrido sólo pequeñas variaciones; la densidad actual en todo el municipio es 0.027 habitantes por hectárea. Por la distancia que pueden recorrer los semovientes, es imposible que no se dé un esquema de colaboración entre los ganaderos.
Don Francisco Mercado, quien se unió a Zapata en 1911 y formó parte de su estado mayor, en la entrevista que le realizaron Anita Aguilar y Rosalind Rosoff, refirió que su padre contaba con más de mil cabezas de ganado; lo que pudo haber significado que su ganado se alimentara en una superficie de agostadero de 20 mil hectáreas. Esta superficie para alimentar ganado se reduciría si además hubiese contado con reses en valles o en zonas con mayor humedad, como Tepoxmatla, Tlancualpicán, Chietla o Izúcar de Matamoros.
Los criterios adoptados en la Ley Agraria de 1992 para contar con procesos productivos viables en las zonas de agostadero, como las que prevalecen en las zonas cerriles de la Baja Mixteca chiauteca son los siguientes:
Pequeña propiedad agrícola. El Artículo 117 señala que el límite agrícola básico es de 100 hectáreas de riego; sin embargo, determina una regla de equivalencia para terrenos menos productivos: una hectárea de riego equivale a 8 hectáreas de monte o agostadero en terrenos áridos. Por lo tanto, si el productor siembra maíz o frijol el cálculo legal lleva a que un agricultor pueda poseer hasta 800 hectáreas (100 por 8)
Pequeña propiedad ganadera. El Artículo 120 estipula que un ganadero puede poseer la tierra necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor (o su equivalente en ganado menor); por lo tanto, los coeficientes de agostadero suelen ser muy altos por la escasez de pasto. Si se requieren de 20 hectáreas para que coma un ejemplar bovino al año, el productor tiene derecho legal a poseer hasta 10 mil hectáreas (500 por 20).
Pequeña Propiedad Forestal. El Artículo 119 establece que la pequeña propiedad forestal es aquella superficie de tierras forestales de cualquier clase que no exceda las 800 hectáreas. Si el cerro o monte califica como terreno forestal, 800 hectáreas es exactamente el límite legal máximo permitido por individuo.
Bajo los criterios técnicos de la Ley Agraria de 1992, hay quien piensa que lo único que quedaría en las tierras poco productivas sería la reconcentración de tierras mediante mecanismos libres de mercado. El mayor impacto de esta Ley, paradójicamente, no se ha dado en el campo y menos en este tipo de tierras, sino en las zonas rurales aledañas a los centros urbanos, convirtiendo a las tierras ejidales en propiedad privada a través de un proceso denominado dominio pleno o mediante artimañas jurídicas. Las ciudades han crecido, algunas desproporcionadamente, pero están dejando de respirar y los principales beneficiarios son los que se han dedicado a hacer usura con las tierras ejidales o comunales.
En las zonas rurales del Centro-Sur del país, la gente ha hecho todo tipo de esfuerzos para no perder sus tierras, emigran y sus transferencias han generado una importante fuente de ingresos para el país y son un mecanismo esencial para el sostén de los pueblos y sus familias. Bajo esta perspectiva, lo que queda es concentrarse en elevar la productividad de las actividades agrícolas y ganaderas.
Los rendimientos crecientes en la agricultura dependen en mucho de adoptar sistemas de conservación de la humedad, de la captación y uso racional del agua (goteo), del uso de semillas mejoradas, de la nutrición del suelo, del control orgánico de plagas y en su caso, de la sustitución de cultivos. En Chiautla desde finales del siglo XX se exploró el cultivo de la jamaica, trayendo consigo una variedad única, la jamaica escarlata de Chiautla, cotizada en el mercado por su sabor intenso (concentración y acidez) muy superior a las de otras variedades comerciales comunes. La diversificación agroindustrial de este producto todavía presenta una amplia capacidad de desarrollo.
El país requiere de una nueva revolución verde para repetir el incremento de la productividad que se logró en los años cincuenta y sesenta del siglo XX, pero sin caer en los errores de degradación ambiental y de segregación en los niveles de desarrollo de la población rural. Contra lo que se pudiera pensar, el mayor potencial productivo se encuentra, justo, en las tierras de temporal en donde no han operado o han sido mínimos los cambios en los paquetes tecnológicos.
Pensar que la solución del campo mexicano se encuentra sólo en las posesión de grandes extensiones de tierra, no sólo no es posible por cuestiones fisiográficas o hidrográficas; sino por las razones históricas que generaron explotación y expoliación desmedidas hacia numerosos pueblos y hacia un sinfín de personas en el siglo XIX. Volver al porfirismo es algo que por ser retrogrado la gente no quiere; de ahí su inviabilidad. El juicio hacia el acaparamiento de tierras fue letal en la segunda década del siglo XX y en cierta forma, lo sigue siendo ahora:
El hacendado se había constituido en el acaparador de todos los productos naturales (tierras, aguas, canteras, bosques, plantíos, producciones de toda especie); era… el magnate todopoderoso que manejaba jueces y gobernadores… era un rodaje inútil y estorboso en la máquina social… que agotaba lentamente la vitalidad nacional (9).
Poco se entiende al zapatismo histórico: actuar contra el latifundismo y respetar la explotación de las tierras conforme a los usos y costumbres de los pueblos no significaba socialización, ni colectivismo, ni necesariamente minifundio; significaba, sí, libertad para saber que producir y generar riqueza; así como libertad de asociación y de cooperación, tal como acontece hasta ahora en algunas regiones del Centro-Sur del país; ello sin la necesidad de expedir siquiera una reglamentación legal específica. Capitalismo depredador, no; productividad solidaria, sí.
Los bancos agrícolas y otros mecanismos de apoyo. (10) Uno de los aspectos más sobresalientes del pensamiento anarquista del siglo XIX, particularmente, a partir de 1878, cuando en la Ciudad de Puebla Manuel Serdán Guanes y el coronel Alberto Santa Fe publicaron la “Ley del Pueblo” fue la constitución de bancos agrícolas. Esta idea fue retomada en la “Comuna de Morelos”, en 1915, con el propósito de proveer de fondos a los agricultores, sobre todo a los pequeños productores, invertir en obras de irrigación, plantío de bosques, vías de comunicación y en general toda clase de obras de mejoramiento agrícola.
La visión de Zapata no era sólo repartir tierras, sino de generar con esas tierras la mayor riqueza posible, de modo que el crédito era un insumo indispensable, pero además se pensó en la conformación de cooperativas rurales y en el establecimiento de escuelas regionales agrícolas, forestales y estaciones de experimentación. La creación de la Caja Rural de Préstamos del Estado de Morelos tuvo como propósito otorgar recursos crediticios a los beneficiarios del reparto agrario sobre bases concretas:
Se dio preferencia al crédito cooperativo sobre el individual. El ejidatario aislado no era sujeto de crédito, y en cambio sí lo era una sociedad cooperativa formada por los mejores elementos de cada ejido.
Se conformaron asociaciones de crédito entre los habitantes de cada pueblo, las cuales tuvieron por objeto garantizar los préstamos que se hicieron, por medio de la responsiva mutua. La libre asociación – dice Díaz Soto y Gama – generó un selección automática: “los hombres honrados, trabajadores, competentes y sobrios no tuvieron inconveniente en garantizarse unos a otros, pero sí tuvieron reparo en admitir en dichas asociaciones a los ebrios, a los ladrones, a los flojos y a los inútiles, quienes necesariamente quedaron excluidos de ese beneficio”.
La Caja Rural clasificó su operación crediticia de la siguiente forma:
Préstamos destinados a la compra de aperos de labranza y animales de trabajo, los cuales eran hechos bajo una estricta vigilancia del empleo que se daba al dinero prestado, con garantía de las asociaciones de crédito, y eran pagaderos en tantos abonos como cosechas pudieran levantarse en un plazo de tres años.
Préstamos destinados a la compra de semillas y al sostenimiento del agricultor desde el momento de la siembra hasta lograr la cosecha. La debida inversión de estos préstamos se hacía también bajo la vigilancia de dichas asociaciones, y eran pagaderos al levantarse la cosecha.
Préstamos garantizados con depósitos de garantía. Estos se garantizaban con el depósito de los productos cosechados, y se hacían mediante la expedición de certificados de depósito negociables con terceras personas, que con ellos quedaban debidamente garantizados.
En el ámbito agroindustrial, la Caja Rural de Préstamos se encargaba también de la molienda de la caña de azúcar, entendiendo que para que la actividad azucarera funcionara el crédito tenía que fluir tanto para la siembra del producto primario como para los ingenios o calderas que la procesaban. Los ingenios eran administrados por los jefes zapatistas, con el propósito de que con la molienda se contara con una fuente de ingresos para la paga de los miembros del Ejército Libertador del Sur.
Es difícil no admirar la obra constructiva del zapatismo, Díaz Soto y Gama sin ofrecer datos refiere que la revolución suriana supo organizar debidamente el crédito agrícola, aplicándolo en forma eficaz y fructífera y que esa experiencia posibilitó buenas cosechas entre 1915 y 1916. Hace hincapié que durante esos dos años la inmensa mayoría de las tierras de dicha entidad (del Estado de Morelos) fueran cultivadas y que aun cuando el ejercito carrancista sitió al Estado en 1916 todavía se extrajeron enormes cantidades de semillas que vinieron a abastecer a la ciudad de México.
Felonía y dispersión
Gildardo Magaña y Antonio Díaz Soto y Gama, coinciden que el ejercito carrancista fue igual de feroz e inhumano como los ejércitos comandados por Victoriano Huerta y Juvencio Robles. Más de 30 mil efectivos divididas en seis columnas, comandadas por Pablo González volvieron a envolver al Estado de Morelos en junio de 1916. Zapata y sus hombres presentaron resistencia y de nueva cuenta cruzaron la Sierra de Morelos, emprendiendo su guerra de guerrillas en la Baja Mixteca poblana y en la Montaña de Guerrero. La historia criminal se repitió: los carrancistas volvieron a adoptar la estrategia de tierra quemada, arrasando pueblos y sacrificando a cientos de personas, haciéndolas pender de árboles y de los postes de luz y de telégrafos.
Carranza el hombre digno que manifestó su repudio a la invasión yanqui de 1914, no supo contener su resentimiento contra el zapatismo: había, cierto, proyectos distintos o enemistad de clase, pero también una herida que no sanaba por la notoria superioridad política que habían mostrada los zapatistas en Aguascalientes. La resistencia otra vez fue admirable, la fe por la justicia siempre se erigió como la causa inamovible de la lucha heroica de Zapata.
No es de dudarse que a Emiliano le haya dolido la presunta traición de Otilio Montaño en 1917, de quien se dice negociaba para apoyar a Venustiano Carranza, pero despreciaba, sobre todo, a los jefes zapatistas que habían luchado con él y que ahora eran el principal instrumento para someter y victimar a las gentes de los pueblos. En 1917, Zapata hizo un juicio severo, reconoce que mucha de su gente ha desvirtuado el movimiento, que se ha corrompido por ambiciones personales; que unos están muy cerca de la traición y que otros de plano lo han traicionado a él y a los pueblos y comunidades:
“Los cobardes o los egoístas que ...se han retirado a vivir en las poblaciones o campamentos, extorsionando a los pueblos o disfrutando de los caudales de que se han apoderado en la sombra de la Revolución” (11).
El flagelo de la traición estaba presente. En lugar de conciencia, había egoísmo; la lealtad sucumbía ante ambiciones y prebendas. Zapata el hombre que honraba a la tierra y a los pueblos parecía estar en una situación de extrema debilidad. Cito a Marte R. Gómez:
“Comenzaban a faltar los cartabones que servían para establecer las jerarquías; cada quien se consideraba libre para actuar conforme a su capricho o, cuando menos, en caso de duda, se juzgaba autorizado para obrar por cuenta propia, a reserva de buscar refugio en el bando enemigo”. (12)
Nada como la terrible historia de Clotilde Sosa Méndez, de la cual se hace una breve reseña:
Se levantó en armas en marzo de 1911, fecha en la que Emiliano Zapata lo hizo.
Firmó el Plan de Ayala con grado de coronel el 28 de noviembre de 1911.
Operó en los Estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca, cometiendo abusos en los pueblos de Acaxtlahuacán, Chiautla de Tapia, Chila de la Sal y Tulcingo de Valle.
El 12 de noviembre de 1915 en la ciudad de Tehuacán, se pasó al carrancismo.
Después de haber sido miembro del zapatismo, se convirtió en uno de sus perseguidores más crueles. Permitió que sus fuerzas dieran muerte a la madre del genera Gabino Lozano, quien lo había acusado con Zapata por sus abusos en Chiautla de Tapia, Con el carrancismo, Clotilde Sosa alcanzó el grado de general de división.
Carrancista a ultranza, estuvo con sus fuerzas en Tlaltizapán, Morelos, el 13 de agosto de 1916, fecha en que los constitucionalistas cometieron reprobable genocidio: 253 civiles indefensos fueron degollados por órdenes del general Pilar Sánchez, en venganza porque Zapata con la ayuda de la población había logrado huir. Entre las víctimas se contaron hombres, mujeres y niños. De las acciones de Sosa en Tlaltizapán, Marciano Silva dice en su corrido:
Clotilde Sosa, cruel, inhumano
se hizo notable cual un Nerón
matando inermes conciudadanos,
quemando casas sin compasión,
más la justicia llegó temprano
para ese insecto, ¡Qué admiración!,
tal es el premio de los tiranos
cuando se sueñan un Napoleón.
·
Este hombre, cruel e inhumano, que hizo tanto daño a los pueblos de la Baja Mixteca chiauteca, según una fuente bibliográfica, murió a finales de 1916 en San Nicolás de los Ranchos en un combate contra las fuerzas del general zapatista Cirilo Arenas. Sobre su muerte, el corrido de Marciano Silva narra:
Clotilde Sosa a la vista
quiso dar un escarmiento
a los bravos arenistas,
pero en su tal pensamiento
fue el de labrar su desdicha,
pues su triunfo fue funesto,
que lo llevó a toda prisa
en un tranvía casi yerto. (13)
Como el de Clotilde Sosa, hubo varios casos más; pese a las traiciones y defecciones y a la epidemia de influenza española de 1918, Zapata supo resistir y mantuvo la lealtad de sus dirigentes principales: Genovevo de la O, Francisco Mendoza, Maurilio Mejía, Emigdio Marmolejo, Fortino Ayaquica, Jesús Capistrán, Francisco Alarcón, Timoteo Sánchez, Gabriel Mariaca, Zeferino Soto, los Saavedra (Pedro Saavedra Brito y Cayetano Saavedra, su padre), los Magaña (Gildardo, Octavio y Melchor) y los Díaz Soto y Gama (Antonio, Ignacio y Conrado).
Se dice que Pablo González alimentaba un odio personal hacia Emiliano, cómo no, si pese a su respetable superioridad militar (armamento y efectivos) no había podido someter a Zapata; lo más importante es que las gentes de los pueblos seguían queriendo a Zapata, lo seguían viendo como su líder, como parte de su razón de ser; en tanto que despreciaban a Pablo González y a sus "pelones".
En marzo de 1919, Zapata le remitió una carta pública a Venustiano Carranza, acusándolo de tirano, de arruinar a la economía y de traición a la revolución, sólo rescato algunos párrafos de esta misiva:
“En materia agraria, las haciendas cedidas o arrendadas a los generales favoritos; los antiguos latifundios de la alta burguesía, reemplazados en no pocos casos por modernos terratenientes….
Ni los ejidos se devuelven a los pueblos, que en su inmensa mayoría continúan despojados; ni las tierras se reparten entre la gente de trabajo, entre los campesinos pobres y verdaderamente necesitados.
En materia obrera, con intrigas, con sobornos, con maniobras disolventes y apelando a la corrupción de los líderes, se ha logrado la desorganización y la muerte efectiva de los sindicatos, única defensa, principal baluarte del proletariado en las luchas que tiene que emprender por su mejoramiento.
En materia electoral, ha imitado usted con maestría y en muchos casos superado a su antiguo jefe Porfirio Díaz.
Usted da consignas, impone gobernadores y diputados, se niega a informar a las Cámaras; protege al pretorianismo y ha instaurado en el país, desde el comienzo de la era “constitucional” hasta la fecha, una mezcla híbrida de gobierno militar y de gobierno civil, que de civil no tiene más que el nombre.
La soldadesca llamada constitucionalista se ha convertido en el azote de las poblaciones y de las campiñas… Esa soldadesca, en los campos, roba semillas, ganado y animales de labranza; en los poblados pequeños, incendia y saquea los hogares de los humildes, y en las grandes poblaciones especula en grande escala con los cereales y semovientes robados, comete asesinatos a la luz del día, asalta automóviles y efectúa plagios en la vía pública, y lleva su audacia hasta constituir temibles bandas de malhechores que allanan las ricas moradas, hacen acopio de alhajas y objetos preciosos, y organizan la industria del robo a la alta escuela…como lo ha hecho la célebre mafia del "automóvil gris"...
Nadie cree ya en usted, ni en sus dotes de pacificador, ni en sus tamaños como político y como gobernante… Devuelva usted su libertad al pueblo, C. Carranza; abdique usted sus poderes dictatoriales, deje usted correr la savia juvenil de las generaciones nuevas. Ella purificará, ella dará vigor, ella salvará a la patria.
Cumpla con un deber de patriota y de hombre, retirándose de lo que usted ha llamado Primera Magistratura, en la que ha sido usted tan nocivo, tan perjudicial, tan funesto para la República. —Emiliano Zapata. —Firmado” (14).
El contenido de la carta abierta enfureció tanto a Venustiano Carranza que ordenó la intensificación de la campaña contra Zapata y su Ejercito Libertador del Sur. Pablo González ante su notoria impericia recurrió a una estratagema; esa felonía la narra de una manera magistral, el compositor de corridos Marciano Silva Peralta. Citemos las estrofas en cuestión:
Amapolita olorosa
de las lomas de Guerrero,
no volverás a ver nunca
al famoso guerrillero
.…
Generales van y vienen
dizque para apaciguarlo;
y no pudieron a la buena
un plan ponen pa' engañarlo.
Canta, canta, gorrioncito,
di en tu canción melodiosa:
–Cayó el general Zapata
en forma muy alevosa.
Don Pablo González
ordena a Guajardo
que le finja un rendimiento,
y al jefe Zapata disparan sus armas
al llegar al campamento.
Guajardo dice a Zapata:
–Me le rindo con mi tropa,
en Chinameca lo espero,
tomaremos una copa.
Arroyito revoltoso,
¿Qué te dijo aquel clavel?
–Dice que no ha muerto el jefe,
que Zapata ha de volver...
Abraza Emiliano al felón Guajardo
en prueba de su amistad,
sin pensar el pobre,
que aquel pretoriano
lo iba ya a sacrificar.
Y tranquilo se dirige
a la hacienda con su escolta;
los traidores le disparan
por la espalda a quemarropa.
Jilguerito mañanero
de las cumbres soberano,
¡Mira en qué forma tan triste
ultimaron a Emiliano!
Cayó del caballo el jefe Zapata
y también sus asistentes.
Así en Chinameca perdieron la vida
un puñado de valientes.
Señores, ya me despido,
que no tengan novedad.
Cual héroe murió Zapata
por dar Tierra y Libertad.
A la orilla de un camino
había una blanca azucena,
a la tumba de Zapata
la llevé como una ofrenda...(15)
Antonio Díaz Soto y Gama señala que con la muerte del Caudillo del Sur, el zapatismo subsistió; lo cierto es que el zapatismo fue una fuerza que se fue diseminando. La lucha de algunos contra el carrancismo continuó, pero al final cedieron cuando Álvaro Obregón promovió la unificación de todos los elementos revolucionarios. Sin Emiliano Zapata, el núcleo se extinguió y la fuerza del zapatismo se dispersó en pequeñas facciones. El cansancio y la debilidad estructural obligaron a entablar una relación de amistad con Obregón; sometiéndose a los designios de un jefe revolucionario que distaba de contar con un proyecto de justicia social como el que habían configurado con Zapata.
La persecución hacia algunos personajes cedió con la muerte de Venustiano Carranza (“quien a hierro mata a hierro muere”), pero quienes se apropiaron de la revolución fueron Álvaro Obregón y las huestes del Noroeste del país. Siguieron entre los lideres triunfantes las traiciones, también se reavivó la concentración de tierras altamente productivas: la apropiación de los ingenios y de 123 mil hectáreas en Izúcar de Matamoros - una región que había sido nicho del zapatismo - por un solo hombre, William O. Jenkins, fue una clara prueba de ello. Ese nivel de concentración, incluso, superó al existente en el porfirismo. Cuarto de siglo después, con el General Lázaro Cárdenas, la justicia agraria resurgió de sus cenizas; haciendo valer el contenido del artículo 27 constitucional.
Es difícil seguir la huella de cada uno de los zapatistas, queda añadir que uno de sus generales, Timoteo Sánchez, originario del pueblo de Santa Cruz Teotlalco, que estuvo con él hasta su muerte, salvándose milagrosamente de ser acribillado en Chinameca; tiempo después se trasladó a Tlancualpican, donde se dedicó a las actividades del campo. Se convirtió en un hombre ejemplar y respetable en toda la región chiauteca, nunca abusó ni se hizo extraordinariamente rico; tal vez él si pudo materializar en su persona el anhelo de los hombres del Sur: “tierra libre para el hombre libre”.
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(1) Antonio Díaz Soto y Gama. La Revolución agraria del Sur y Emiliano Zapata su Caudillo. INHERM, Colección Clásicos del Zapatismo, México 2019, p. 257.
(2) Ibidem, p. 244.
(3) Andrés Molina Enríquez. 1932. Los Artículos 27 y 123 de la Constitución, en Memoria Política de México, Estudio Introductorio y selección de Agustín Basave Benítez, Edición Perenne, 2026.
(4) Discurso tomado del Diario de la Revolución, 27 de octubre de 1914, e intercalado con párrafos de Antonio Díaz Soto y Gama, Op. Cit., pp. 273 a 277.
(5) Antonio Díaz Soto y Gama, Op. Cit., pp. 282.
(6) Ibidem, p. 287.
(7) Ibidem, p. 372.
(8) Ibidem, p. 316.
(9) Ibidem, p. 309.
(10) Todas las notas relativos al tema de crédito agrícola se tomaron de Antonio Díaz Soto y Gama, Op. Cit., pp. 327 a 331.
(11) John Womack Jr. Zapata y la revolución mexicana. FCE, Edición digital.
(12) Marte R. Gómez, citado por Enrique Krauze. “Biografías del Poder”, Caudillos de la Revolución Mexicana. FCE. México, 1987.
(13) Fuentes: Tópicos del Zapatismo. Clotilde Sosa, 13 de agosto de 2009 y Diccionario de generales de la revolución, INHERM.
(14) Antonio Díaz Soto y Gama, Op. Cit., pp. 346 y 347.
Periódico de poesía. Cultura UNAM. Marciano Silva Peralta. “Corrido de la muerte de Emiliano Zapata”, comentada por
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