El Informe Presidencial, las Fases Fiscales y la Reconciliación

Actualizado: 20 de sep de 2020

Gildardo Cilia López


Mucho se ha escrito sobre la política económica del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El debate está cargado de ideología. Los más se inclinan a señalar que pronto estaremos al borde del precipicio; o, más aún, que ya estamos en franca caída libre. Hay otros que piensan que se han instrumentado las medidas necesarias para darle la orientación que necesitaba el país, incluso, en medio de una crisis económica sin precedente a nivel mundial, en el que casi todos los países han sufrido consecuencias.


En el Segundo Informe de Gobierno, se hace especial mención que la política económica se sustenta en tres directrices: moralidad, austeridad y desarrollo con justicia. “Estas son las bases que deben de sustentar el porvenir”.


El Gobierno en estos dos años ha concentrado sus esfuerzos en erradicar la corrupción; reducir y dosificar gastos que concibe como excesivos e innecesarios; y apoyar a los sectores sociales más desfavorecidos, por su precariedad de ingresos o por ser vulnerables a actos ilícitos, particularmente, los que provienen del crimen organizado.


En la crítica hacia la gestión del gobierno ha prevalecido más juicios ideológicos que criterios económicos. Nadie podría estar a favor de la corrupción, pero hay quien considera que es un mal necesario para “aceitar el engranaje económico”. Otros conciben a la corrupción como un fenómeno propio de nuestra cultura (tal como lo señaló el expresidente Peña Nieto), con lo cual la erradicación sería unas tarea infructuosa. Hay también quien cree que la corrupción tiene un bajo peso específico en términos de crecimiento económico. La estrategia de moralización, así, poco abonaría para generar desarrollo económico en el país.


Lo que impera en el país, es más bien un malestar político o ideológico contra el gobierno de la república. Ante cualquier comentario, al siguiente día se ataca con lo opuesto: “el mejor gobierno en el peor momento”. ¡No!, “el peor gobierno en el peor momento”.


Convergen en la critica actores que poco tienen en común: “intelectuales” con líderes de organizaciones sociales o de productores (sobre todo rurales) que en el pasado dispersaban recursos del gobierno a sus agremiados bajo el lema emblemático: “un peso para ellos y otro para mí”.


La actitud firme del presidente ha roto con prácticas perversas: ya no se transfieren enormes recursos para la promoción personal o la del gobierno; tampoco se otorgan recursos a organizaciones, entre ellas “Antorcha Campesina”, para que a su vez estas “dispersen” los recursos hacia sus agremiados.


En el debate económico todo se torna subjetivo, rompiéndose con el marco de referencia de las políticas económicas. La necesidad de contar con un gobierno austero fue una demanda incesante durante muchos años de varios economistas que coincidían con planteamientos de corte liberal.


La excesiva intervención del Estado conduce bajo la óptica de diferentes corrientes económicas, entre ellas la neoliberal, a la fragilidad fiscal, lo que lleva inevitablemente a procesos perversos: al endeudamiento y a la inflación; además de significar una franca y desleal competencia contra la iniciativa privada. La participación del Estado, por lo tanto, debe orientarse en mayor medida a los servicios básicos: educación y salud (si acaso, vivienda) y seguridad pública; todo lo demás desvirtúa al mercado, inhibe el proceso inversor de los particulares y genera presiones poco controlables sobre las finanzas públicas.


El rasgo más característico de la administración del presidente López Obrador es lo que él denomina como “austeridad republicana”. Se ha puesto especial énfasis en el cuidadoso manejo de las finanzas pública y en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, incluso durante este periodo (de casi seis meses) de crisis pandémica.


El Gobierno también ha rehuido a endeudarse en forma extraordinaria, sobre todo del exterior, bajo el principio de que, con ello, se “compromete el desarrollo futuro del país”; pero aún más importante, ha centrado gran parte de sus esfuerzos en la promoción del libre mercado y en la integración comercial con Estados Unidos y Canadá.


Con estas líneas estratégicas y con estas medidas prudenciales, la critica menguaría (o sería inexistente) si el contexto político fuese diferente. El problema es que la estrategia resulta “incorrecta” porque la emprende un presidente que políticamente se sitúa en la izquierda. La política económica del actual Gobierno poco difiere en conceptos y líneas de acción con las estrategias neoliberales.


Debe reconocerse que el que polarizó el ambiente fue el propio presidente de la República. Desde el inició de su administración, retrocediendo al siglo XIX, dividió al país entre liberales (los buenos) y conservadores (los malos); también identificó a la corrupción con el neoliberalismo, empañando toda posibilidad de coincidencia o convergencia con los intelectuales afines al “conservadurismo”, tal como él los define.


También desde la izquierda hay cuestionamientos. El populismo históricamente no tiene una tendencia ideológica: hay gobiernos populistas de derecha y de izquierda. Se piensa que los gobernantes de izquierda deben sentir cierta repulsión hacía el mercado; que más bien deberían abogar por medidas estatistas o de instrumentar acciones populares trascendentes: nacionalizar y expropiar o expandir el gasto público o el gasto social, aun cuando no se cuente con los recursos fiscales suficientes. Se concluye, así, que el Gobierno del presidente López Obrador “no es de izquierda”.


La critica radical hace olvidar que los ejes vectores de cualquier política económica tienen que ver con una asignación cualitativa hacia los que más lo necesitan, pero sin descuidar el equilibrio fiscal. Nada sería sustentable si en ese afán de apoyar a los pobres se cae pronto en una insolvencia financiera o fiscal.


Las medidas del gobierno han afectado intereses y privilegios, por eso es indispensable mantener una actitud razonable. Siempre es necesario esclarecer que no se trata de dañar, sino de hacer cumplir con las obligaciones que a cada quien le corresponde, entre ellas las fiscales, tal como lo establece nuestro marco constitucional; pero también se debe reafirmar la transparencia. La rendición de cuentas es necesaria, no sólo por los antecedentes de los gobiernos anteriores, sino porque la sociedad permanentemente requiere saber adónde van a parar los impuestos.


El Gobierno, en el mismo sentido, debe reiterar que no se trata de suplantar o inhibir la iniciativa de los particulares o la de cancelar proyectos por mutuo propio, como los del Aeropuerto de Texcoco o el de la cervecería de Mexicali. El clima de polarización hace difusos conceptos relacionados con la sustentabilidad ambiental. Todos razonablemente deberíamos coincidir en que no se pueden construir obras sobre terrenos frágiles o en donde existe estrés hídrico. Los criterios de cancelación deberían ser estrictamente técnicos y deben prevalecer sobre los resultados de una consulta ciudadana.


Para ponerlo en contexto, que pasaría si se llevara a consulta un proyecto que de antemano se sabe va a ocasionar daños irreversibles a selvas, bosques o manglares. ¿Tendría que ejecutarse el proyecto por tener el voto positivo de la ciudadanía? Más que la simulación democrática, se tienen que encontrar mecanismos de gestión institucional eficientes para evitar el desperdicio de recursos ya invertidos, lo que lleva a pagar cuantiosas indemnizaciones y a poner en entredicho la confianza de inversión del país en los mercados, por obras que nunca se debieron haber autorizado. Este es uno de los grandes déficits del Gobierno.


Ninguna política económica se puede sustentar sobre bases perversas, claro que es necesaria la moralidad y la austeridad; pero es necesario poner especial énfasis que lo que se busca es la maximización deseable: la de generar riqueza optimizando los recursos; o la de hacer converger a todos los factores de la economía para alcanzar mejores opciones de crecimiento y desarrollo.


La polarización ha hecho rebatible cualquier decisión. No debería cuestionarse tanto a los apoyos a grupos vulnerables o con carencias sociales. El tema debe rebasar las consideraciones políticas y el gobierno debe aclarar que no lo hace por razones “clientelares”. Los programas específicos de combate a la pobreza datan desde los finales de los años ochenta del siglo pasado y han cambiado de nombre: Solidaridad, Progresa, Oportunidades y Prospera. El análisis sobre los programas sociales debe llevar ineludiblemente al tema de la justicia social, más en un país en donde impera la pobreza y en el que alrededor de 10 millones de personas viven en pobreza extrema. Análisis anteriores han demostrado que con poco recursos destinados al combate a la pobreza se han obtenido buenos resultados. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/salen-de-la-pobreza-900-mil-mexicanos-en-sexenio-de-pena-segun-datos-del-coneval


Los recursos destinados a grupos vulnerables por el actual Gobierno apenas si representan 1% del PIB, por lo que no generan una grave erosión fiscal. Existen otros datos que deberían doler más porque significan desperdicio, abuso o falta de compromiso. La corrupción representa entre 5 y 10% del PIB y la evasión y elusión de impuestos oscila entre 2 y 6% del PIB. Con estos números, como pensar siquiera que se vive en medio de un “terrorismo fiscal”.


Hay quien cree que el Estado mexicano tiene la fortaleza de antaño. El Estado actual no puede ser un “ogro filantrópico”, además de estar acotado, al menos presupuestalmente, por el Congreso de la Unión, su base fiscal y financiera es débil; de modo que no puede subsanar todas las deficiencias existentes en el país en materia de salud, educación, vivienda, seguridad pública y otros servicios básicos y en materia de infraestructura económica. La austeridad no es voluntaria, es necesaria; por eso reitero que se tiene que ser más explícito: que la austeridad es una forma de administrar con responsabilidad recursos escasos.


La cifra que dio el presidente fue importante: “se han llegado ahorrar por concepto de corrupción 560 mil millones de pesos”. Este monto, es equivalente a lo que se destina a la función salud o a la función educación durante un ejercicio fiscal. México, pese a este resultado, no deja de ser un país económicamente limitado y con recursos fiscales escasos. Sólo un dato: la recaudación tributaria en México representa 16% del Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recaudan en promedio 32%.


Ante la limitación de recursos, enfrentar una crisis - más si es tan severa como la pandémica - siempre va a significar un gran reto y requiere siempre de definir prioridades.


Los Episodios de Gestión Fiscal en la Pandemia


En la presentación del Segundo Informe del Gobierno, el presidente de la República destacó que se ha enfrentado a la crisis con “una fórmula única en el mundo”. Luego añadió: “todos los apoyos se entregan en forma directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba, no se da prioridad a las grandes empresas o a bancos, primero se rescata al pueblo…no (se ha) emprendido un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia, pero es un timbre de orgullo poder decir que se ayudó por medio de los programas sociales a 23 millones de familias”.


El programa emergente ante las crisis pandémica y económica también ha sido sui géneris porque los montos destinados a paliar la crisis son escasos al compararlos con otros países del mundo, principalmente, con aquellos clasificados como emergentes.


Los recursos utilizados por el Gobierno Federal apenas han sobrepasado 1% del PIB; mientras que en Estados Unidos y los países europeos los gastos han excedido al 10% y en los principales países emergentes latinoamericanos se han situado estos egresos entre 4 y 6% del PIB. El promedio en América Latina es de 3.2%.


En términos generales, a nivel mundial, la crisis sanitario-económica se puede dividir en cuatro episodios; todos con importantes impactos fiscales y financieros.