El Informe Presidencial, las Fases Fiscales y la Reconciliación

Actualizado: 20 de sep de 2020

Gildardo Cilia López


Mucho se ha escrito sobre la política económica del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El debate está cargado de ideología. Los más se inclinan a señalar que pronto estaremos al borde del precipicio; o, más aún, que ya estamos en franca caída libre. Hay otros que piensan que se han instrumentado las medidas necesarias para darle la orientación que necesitaba el país, incluso, en medio de una crisis económica sin precedente a nivel mundial, en el que casi todos los países han sufrido consecuencias.


En el Segundo Informe de Gobierno, se hace especial mención que la política económica se sustenta en tres directrices: moralidad, austeridad y desarrollo con justicia. “Estas son las bases que deben de sustentar el porvenir”.


El Gobierno en estos dos años ha concentrado sus esfuerzos en erradicar la corrupción; reducir y dosificar gastos que concibe como excesivos e innecesarios; y apoyar a los sectores sociales más desfavorecidos, por su precariedad de ingresos o por ser vulnerables a actos ilícitos, particularmente, los que provienen del crimen organizado.


En la crítica hacia la gestión del gobierno ha prevalecido más juicios ideológicos que criterios económicos. Nadie podría estar a favor de la corrupción, pero hay quien considera que es un mal necesario para “aceitar el engranaje económico”. Otros conciben a la corrupción como un fenómeno propio de nuestra cultura (tal como lo señaló el expresidente Peña Nieto), con lo cual la erradicación sería unas tarea infructuosa. Hay también quien cree que la corrupción tiene un bajo peso específico en términos de crecimiento económico. La estrategia de moralización, así, poco abonaría para generar desarrollo económico en el país.


Lo que impera en el país, es más bien un malestar político o ideológico contra el gobierno de la república. Ante cualquier comentario, al siguiente día se ataca con lo opuesto: “el mejor gobierno en el peor momento”. ¡No!, “el peor gobierno en el peor momento”.


Convergen en la critica actores que poco tienen en común: “intelectuales” con líderes de organizaciones sociales o de productores (sobre todo rurales) que en el pasado dispersaban recursos del gobierno a sus agremiados bajo el lema emblemático: “un peso para ellos y otro para mí”.


La actitud firme del presidente ha roto con prácticas perversas: ya no se transfieren enormes recursos para la promoción personal o la del gobierno; tampoco se otorgan recursos a organizaciones, entre ellas “Antorcha Campesina”, para que a su vez estas “dispersen” los recursos hacia sus agremiados.


En el debate económico todo se torna subjetivo, rompiéndose con el marco de referencia de las políticas económicas. La necesidad de contar con un gobierno austero fue una demanda incesante durante muchos años de varios economistas que coincidían con planteamientos de corte liberal.


La excesiva intervención del Estado conduce bajo la óptica de diferentes corrientes económicas, entre ellas la neoliberal, a la fragilidad fiscal, lo que lleva inevitablemente a procesos perversos: al endeudamiento y a la inflación; además de significar una franca y desleal competencia contra la iniciativa privada. La participación del Estado, por lo tanto, debe orientarse en mayor medida a los servicios básicos: educación y salud (si acaso, vivienda) y seguridad pública; todo lo demás desvirtúa al mercado, inhibe el proceso inversor de los particulares y genera presiones poco controlables sobre las finanzas públicas.


El rasgo más característico de la administración del presidente López Obrador es lo que él denomina como “austeridad republicana”. Se ha puesto especial énfasis en el cuidadoso manejo de las finanzas pública y en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, incluso durante este periodo (de casi seis meses) de crisis pandémica.


El Gobierno también ha rehuido a endeudarse en forma extraordinaria, sobre todo del exterior, bajo el principio de que, con ello, se “compromete el desarrollo futuro del país”; pero aún más importante, ha centrado gran parte de sus esfuerzos en la promoción del libre mercado y en la integración comercial con Estados Unidos y Canadá.


Con estas líneas estratégicas y con estas medidas prudenciales, la critica menguaría (o sería inexistente) si el contexto político fuese diferente. El problema es que la estrategia resulta “incorrecta” porque la emprende un presidente que políticamente se sitúa en la izquierda. La política económica del actual Gobierno poco difiere en conceptos y líneas de acción con las estrategias neoliberales.


Debe reconocerse que el que polarizó el ambiente fue el propio presidente de la República. Desde el inició de su administración, retrocediendo al siglo XIX, dividió al país entre liberales (los buenos) y conservadores (los malos); también identificó a la corrupción con el neoliberalismo, empañando toda posibilidad de coincidencia o convergencia con los intelectuales afines al “conservadurismo”, tal como él los define.


También desde la izquierda hay cuestionamientos. El populismo históricamente no tiene una tendencia ideológica: hay gobiernos populistas de derecha y de izquierda. Se piensa que los gobernantes de izquierda deben sentir cierta repulsión hacía el mercado; que más bien deberían abogar por medidas estatistas o de instrumentar acciones populares trascendentes: nacionalizar y expropiar o expandir el gasto público o el gasto social, aun cuando no se cuente con los recursos fiscales suficientes. Se concluye, así, que el Gobierno del presidente López Obrador “no es de izquierda”.


La critica radical hace olvidar que los ejes vectores de cualquier política económica tienen que ver con una asignación cualitativa hacia los que más lo necesitan, pero sin descuidar el equilibrio fiscal. Nada sería sustentable si en ese afán de apoyar a los pobres se cae pronto en una insolvencia financiera o fiscal.


Las medidas del gobierno han afectado intereses y privilegios, por eso es indispensable mantener una actitud razonable. Siempre es necesario esclarecer que no se trata de dañar, sino de hacer cumplir con las obligaciones que a cada quien le corresponde, entre ellas las fiscales, tal como lo establece nuestro marco constitucional; pero también se debe reafirmar la transparencia. La rendición de cuentas es necesaria, no sólo por los antecedentes de los gobiernos anteriores, sino porque la sociedad permanentemente requiere saber adónde van a parar los impuestos.


El Gobierno, en el mismo sentido, debe reiterar que no se trata de suplantar o inhibir la iniciativa de los particulares o la de cancelar proyectos por mutuo propio, como los del Aeropuerto de Texcoco o el de la cervecería de Mexicali. El clima de polarización hace difusos conceptos relacionados con la sustentabilidad ambiental. Todos razonablemente deberíamos coincidir en que no se pueden construir obras sobre terrenos frágiles o en donde existe estrés hídrico. Los criterios de cancelación deberían ser estrictamente técnicos y deben prevalecer sobre los resultados de una consulta ciudadana.


Para ponerlo en contexto, que pasaría si se llevara a consulta un proyecto que de antemano se sabe va a ocasionar daños irreversibles a selvas, bosques o manglares. ¿Tendría que ejecutarse el proyecto por tener el voto positivo de la ciudadanía? Más que la simulación democrática, se tienen que encontrar mecanismos de gestión institucional eficientes para evitar el desperdicio de recursos ya invertidos, lo que lleva a pagar cuantiosas indemnizaciones y a poner en entredicho la confianza de inversión del país en los mercados, por obras que nunca se debieron haber autorizado. Este es uno de los grandes déficits del Gobierno.


Ninguna política económica se puede sustentar sobre bases perversas, claro que es necesaria la moralidad y la austeridad; pero es necesario poner especial énfasis que lo que se busca es la maximización deseable: la de generar riqueza optimizando los recursos; o la de hacer converger a todos los factores de la economía para alcanzar mejores opciones de crecimiento y desarrollo.


La polarización ha hecho rebatible cualquier decisión. No debería cuestionarse tanto a los apoyos a grupos vulnerables o con carencias sociales. El tema debe rebasar las consideraciones políticas y el gobierno debe aclarar que no lo hace por razones “clientelares”. Los programas específicos de combate a la pobreza datan desde los finales de los años ochenta del siglo pasado y han cambiado de nombre: Solidaridad, Progresa, Oportunidades y Prospera. El análisis sobre los programas sociales debe llevar ineludiblemente al tema de la justicia social, más en un país en donde impera la pobreza y en el que alrededor de 10 millones de personas viven en pobreza extrema. Análisis anteriores han demostrado que con poco recursos destinados al combate a la pobreza se han obtenido buenos resultados. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/salen-de-la-pobreza-900-mil-mexicanos-en-sexenio-de-pena-segun-datos-del-coneval


Los recursos destinados a grupos vulnerables por el actual Gobierno apenas si representan 1% del PIB, por lo que no generan una grave erosión fiscal. Existen otros datos que deberían doler más porque significan desperdicio, abuso o falta de compromiso. La corrupción representa entre 5 y 10% del PIB y la evasión y elusión de impuestos oscila entre 2 y 6% del PIB. Con estos números, como pensar siquiera que se vive en medio de un “terrorismo fiscal”.


Hay quien cree que el Estado mexicano tiene la fortaleza de antaño. El Estado actual no puede ser un “ogro filantrópico”, además de estar acotado, al menos presupuestalmente, por el Congreso de la Unión, su base fiscal y financiera es débil; de modo que no puede subsanar todas las deficiencias existentes en el país en materia de salud, educación, vivienda, seguridad pública y otros servicios básicos y en materia de infraestructura económica. La austeridad no es voluntaria, es necesaria; por eso reitero que se tiene que ser más explícito: que la austeridad es una forma de administrar con responsabilidad recursos escasos.


La cifra que dio el presidente fue importante: “se han llegado ahorrar por concepto de corrupción 560 mil millones de pesos”. Este monto, es equivalente a lo que se destina a la función salud o a la función educación durante un ejercicio fiscal. México, pese a este resultado, no deja de ser un país económicamente limitado y con recursos fiscales escasos. Sólo un dato: la recaudación tributaria en México representa 16% del Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recaudan en promedio 32%.


Ante la limitación de recursos, enfrentar una crisis - más si es tan severa como la pandémica - siempre va a significar un gran reto y requiere siempre de definir prioridades.


Los Episodios de Gestión Fiscal en la Pandemia


En la presentación del Segundo Informe del Gobierno, el presidente de la República destacó que se ha enfrentado a la crisis con “una fórmula única en el mundo”. Luego añadió: “todos los apoyos se entregan en forma directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba, no se da prioridad a las grandes empresas o a bancos, primero se rescata al pueblo…no (se ha) emprendido un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia, pero es un timbre de orgullo poder decir que se ayudó por medio de los programas sociales a 23 millones de familias”.


El programa emergente ante las crisis pandémica y económica también ha sido sui géneris porque los montos destinados a paliar la crisis son escasos al compararlos con otros países del mundo, principalmente, con aquellos clasificados como emergentes.


Los recursos utilizados por el Gobierno Federal apenas han sobrepasado 1% del PIB; mientras que en Estados Unidos y los países europeos los gastos han excedido al 10% y en los principales países emergentes latinoamericanos se han situado estos egresos entre 4 y 6% del PIB. El promedio en América Latina es de 3.2%.


En términos generales, a nivel mundial, la crisis sanitario-económica se puede dividir en cuatro episodios; todos con importantes impactos fiscales y financieros.


En el primer episodio, que lo podemos definir como de pánico, fue evidente una enorme inyección de dinero para mitigar los efectos de la crisis económica, que de acuerdo con lo que preveían los expertos, iba a ser la peor en el mundo desde la Gran Recesión de los años treinta. Bajo estas circunstancias el “dogma” de mantener el equilibrio fiscal, es decir, la de no incurrir en gastos por encima o fuera del presupuesto quedó descartado.


Los programas emergentes de los países básicamente se desglosaron en tres grandes rubros:


1. Asignar recursos al sector salud para que se pudiera atender la emergencia sanitaria. Estos fondos en América Latina, como se dijo, siempre van a ser insuficientes por el enorme rezago que presentan los servicios de salud y en el caso particular de México, la estrategia fue la de aplanar lo más posible la curva epidemiológica para impedir que la atención hospitalaria fuese rebasada.


2. Proveer de “alivio” a los hogares, principalmente, a aquellos más vulnerables, mediante la transferencia directa de apoyos o subsidios.


3. Proteger a las firmas o a la planta productiva que le dan empleo a la fuerza laboral, para evitar despidos masivos.


De acuerdo con la matriz de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), México sí fortaleció su sistema sanitario; también instrumentó líneas de crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas; canalizó recursos para proteger el ingreso y los niveles de bienestar de grupos vulnerables y pensionados; destinó recursos para apoyar infraestructura y vivienda; pero a diferencia de otros países emergentes no inyectó recursos a las grandes empresas o firmas.


En esta primera etapa el Gobierno de México fue severamente criticado. Economistas destacados en el entorno latinoamericano, como Nora Lustig, señalaron que era el país latinoamericano con la peor respuesta ante la crisis: no solamente había mantenido la austeridad previa, sino que la había intensificado; llevando al país a un sobreajuste, por lo que las posibilidades de crecimiento posterior a la pandemia prácticamente quedaban nulificadas.


Siempre es importante no confundir los tamaños de los paquetes con la efectividad; siendo lo esencial su contenido y no la cantidad de dinero a utilizar. Es decir, cualitativamente todo se debe centrar en el hecho de observar los rubros de gasto. ¿En qué se está gastando el dinero? ¿A quién se está rescatando? ¿A quién se debe rescatar?


El segundo episodio, al que podemos denominar como de reflexión, tiene que ver con dos fenómenos sumamente importantes:


1. El pronóstico de duración de la pandemia. Este incide en la capacidad de los países para mantener el ritmo de gasto inicialmente previsto en los paquetes emergentes y que son extraordinarios al presupuesto de egresos que se había fijado al iniciar el año fiscal, es decir, en forma previa a la pandemia. La mayoría de los países estimó una duración de tres meses (en México se predijo que para junio estaría casi totalmente menguada) y al extenderse ha originado que fiscal y financieramente los gastos sean prácticamente insostenibles.


2. La oportunidad del gasto para reactivar efectivamente la economía. Ante la parálisis económica de las empresas resulta innecesario mantener el gasto público como estrategia contra cíclica porque los efectos multiplicadores, salvo en sectores estratégicos (como el mismo sector salud), son nulos. En su caso, el rescate a empresas tiene que ser lo más transitorio posible, ya que cada día que pasa significa una enorme sangría fiscal y financiera y obliga a que los gobiernos contraten o adquieran deudas.


Los gobiernos tienen que subrayar ante la sociedad que los apoyos extraordinarios son temporales. Las políticas fiscales de apoyo son difíciles de revertir y pudiera ser que se prolonguen más allá de la pandemia porque siempre existirá algún motivo para exigir recursos o la condonación de pagos o de impuestos.


En el entorno de una crisis que se ha prolongado, los países han recurrido a mayores deudas o inclusive, como Argentina, a la emisión monetaria. Los efectos han sido nocivos y desde luego, los pronósticos de crecimiento se han vuelto más sombríos. Debe de aclararse que el panorama de México va en el mismo sentido, con la diferencia de que ha mantenido una mayor sobriedad. Esto es, en los países emergentes latinoamericanos gastar más no ha significado siquiera detener la caída económica y sí, se han ahondado los desequilibrios fiscales y los niveles de endeudamiento.


El tercer episodio, el de transición, se caracteriza por tres eventos:


1. En la medida de que la luz del semáforo epidemiológico se torna menos drástica, se requiere volver a una “nueva normalidad”. Este periodo es de transición y diversos sectores pasan del rubro de actividades no esenciales a esenciales, retornando a la actividad económica.


2. Los gobiernos deben continuar con medidas de salud pública, facilitando recursos para la atención y seguimiento de casos; y sumándose a proyectos de investigación de medicamentos y vacunas contra el virus. En los países - más los que presentan grandes limitaciones económicas - también resulta indispensable realizar una provisión de fondos para, en su oportunidad, adquirir las dosis de vacunas que se requieran a efecto de dar una solución más contundente al mal pandémico.


3. La revisión de los recursos extraordinarios, lo que implica hacer un ajuste, disminuyendo la transferencia hacia aquellas personas y empresas que han retornado a la actividad económica o a la nueva normalidad. En teoría esto significa una despresurización de la carga fiscal de los gobiernos e idealmente se tendría que pensar que no debería existir tensión social alguna. No necesariamente va a ser así, lo más probable es que en los países que dispersaron mayores recursos y ampliaron la gama de subsidios se genere un mayor malestar social. Después de haber subsidiado el pago por servicios públicos básicos; absorbido una porción de los costos de las empresas (es el caso de la nominas); o, de haber eximido impuestos en forma generalizada, va a ser difícil convencer a las familias o a los empresarios que ya no van a recibir esos beneficios.


Es muy pronto para saber si, en efecto, en términos sanitarios deberíamos estar con menos alertas. Los números de casos y de muertos parecen contravenir la luz de algunos semáforos, más si se considera que la intensidad de la pandemia es diferenciada en las 32 entidades del país. La extensión geográfica del país sigue siendo significativa: “Suave Patria: tu casa todavía es tan grande, que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería” (Ramón López Velarde). La complejidad obliga a pensar que el proceso de transición a nivel nacional va a ser más largo del previsto y que sólo culminará con la aplicación fehaciente de una vacuna salvadora en todos los rincones del país.


A nivel de los países latinoamericanos es también difícil establecer si se está en el periodo de transición; particularmente en Brasil, que ha sido el segundo país del mundo más golpeado por el problema sanitario, con casi 4 millones de infectados y 124 mil fallecimientos.


Los signos de recuperación en México durante esta etapa de transición parecen evidentes, sobre todo en los rubros relacionados con el comercio exterior; lo cual coincide con la apuesta que se tiene de ampliar el nivel de crecimiento mediante la integración comercial regional. Las exportaciones no petroleras mensuales subieron en junio 77% y en julio 10%; en tanto que la venta de autos aumentó 49.5% en junio, 25.5% en julio y 5.8% en agosto.


Hay quien afirma, por los números, que existe ya una desaceleración, sin embargo, debe decirse que se ha partido de mínimos históricos; por ejemplo, la venta de autos en abril fue de alrededor de 35 mil, en mayo se elevó a 63 mil, en julio a 73 mil y en agosto a 77 mil autos. (El Economista, portada,3 de septiembre). Es lógico que haya importantes incrementos en los primeros meses y que en la medida que se vaya avanzado hacia la normalidad, los incrementos secuenciales sean más pausados.


Es temprano para llegar a conclusiones sobre la tasa de crecimiento del país y aunque parezca poco significativo, por primera vez en el año, en septiembre, los especialistas consultados por Banco de México no recortaron el pronóstico de crecimiento, indicando incluso una menor caída de -10.02% a -9.97%. Aún faltan tres meses más y es indispensable la confianza y el optimismo para que se pueda avanzar. https://www.animalpolitico.com/2020/09/banxico-mejora-pronostico-pib-en-9-meses/


El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por su parte, informó que hasta julio habían regresado al mercado laboral 7.2 millones de personas, después de que durante abril y mayo, “ante el quédese en casa”, habían dejado de laborar 12 millones. El propio INEGI y algunos medios han matizado esta información, señalando que 1.9 millones de estos trabajos provienen del sector informal: “el crecimiento de los ocupados en el sector informal (negocios sin registro ante Hacienda) pasó de 11.9 millones en junio a 13.8 millones en julio de 2020”.


Sin tratar de contravenir esta apreciación, también seria bueno recordar que existe un problema que data de mucho tiempo, alrededor de 57% de los trabajadores se ha empleado en el sector informal; razón por la cual no se debe esperar una recomposición súbita en el mercado laboral, al menos ahorita. Los matices ahí están, pero la recuperación de empleos no deja de ser una buena noticia. https://www.jornada.com.mx/2020/09/04/economia/018n1eco


El cuarto episodio, el de post – pandemia, es el más anhelado, primero, porque daría fin a lo que más duele: la muerte de miles de personas; y segundo, porque se contempla con esperanza un regreso a la normalidad, lo que conlleva a la reactivación económica y a la recuperación de empleos. Esa es la esperanza del conjunto de la sociedad; también los gobiernos desean que concluya “el tormento fiscal”, pero las cosas para nada son tersas:


1. La crisis afectó a la actividad de gran parte de los sectores y ramas productivas de país; puso “en cuarentena” a los ingresos y a las utilidades de trabajadores y empresas y amplió los niveles de pobreza; pero también puso en una posición endeble a las finanzas públicas. Así se genera una especie de yuxtaposición: por un lado, se requiere de cuantiosos recursos para reconstituir la actividad económica y social; y, por otro lado, se requiere de una recomposición de la situación fiscal.


2. La yuxtaposición es un verdadero problema, alentar el crecimiento y la equidad, en medio de la asfixia de los Gobiernos, implica, en primer término, “reasignaciones inteligentes del gasto público, que incluyan eliminaciones de gastos superfluos, reducción de filtraciones en los sistemas de transferencias y subsidios, combate a la corrupción en las compras públicas y la equiparación de los salarios del sector público a los privados”. Vale la pena la cita porque esto lo dicen funcionarios y especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además de señalar que en América Latina la corrupción y las ineficiencias del gasto público representan en promedio 4.4% del PIB regional. https://blogs.iadb.org/gestion-fiscal/es/politica-y-gestion-fiscal-durante-la-pandemia-y-la-post-pandemia-en-america-latina-y-el-caribe/


3. Las fuentes de financiamiento del gasto público se reducen principalmente a tres: la tributación; la venta de bienes y servicios que presta o produce el Estado mediante sus empresas y dependencias; y el endeudamiento interno y externo. Los caminos no son fáciles: internamente, a nadie le gusta que se creen nuevos impuestos o que estos suban; tampoco que se incrementen los precios y tarifas de los bienes o servicios públicos; quedaría socialmente como el camino más aceptable el del endeudamiento, sobre todo porque el que se endeuda es el Gobierno.


En plena crisis pandémica muchos países se endeudaron más allá de su capacidad de pago, o incluso, emitieron moneda, sin importar el impacto inflacionario; algunos otros, como Argentina, tuvieron que renegociar su deuda. ¿Cómo hacer para darle aliento a la economía, si además de debilidad fiscal hay crisis de endeudamiento e inflación? No queda otra más que la reestructuración de adeudos, la de disminuir o diferir pagos o la condonación de adeudos. ¿Se condolerán los organismos o los acreedores financieros privados internacionales? ¿Habrá una reestructuración del sistema financiero internacional? Hagan sus apuestas.


¿Cómo está México?


El gobierno de México, antes de cualquier reclamo social o empresarial, ha insistido que para 2021 no creará nuevos impuestos, ni los subirá; que en su caso los precios o las tarifas de sus bienes y servicios los aumentará conforme a la tasa inflacionaria. La “reforma fiscal” hasta ahora del Estado mexicano es hacer que “todos los que tengan que pagar, paguen”, evitando la evasión y elusión de impuestos y eliminando la condonación fiscal. ¿Habrá una mejor estrategia fiscal?


En plena crisis pandémica, sobre todo en su inicio, el presidente de la República y el Secretario de Hacienda (Arturo Herrera) no hicieron caso a voces seductoras o mordaces que exigían incrementos significativos del gasto público o apoyos extraordinarios que rebasaban la capacidad fiscal del Estado. Las opiniones versaban en solicitar empréstitos por más de 60 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, total decía Rolando Cordera esa línea de crédito es “apetitosa y barata”; o bien, en elevar la deuda interna a niveles sin precedentes, como si la tasa de contratación fuese de “0%”, o negativa; o incluso, a recurrir a la emisión monetaria, como si la legislación del Banco de México no existiera para evitar semejante despropósito por su impacto inflacionario. ¿Qué caso tenía gastar tanto cuando existía parálisis económica; es decir, cuando las empresas no se podían articular a un proceso de expansión económica? https://www.jornada.com.mx/2020/06/14/opinion/015a1pol


Hay quienes coincidiendo con la opinión de expandir el gasto, reaccionaron con un coraje indescriptible cuando se discutió sobre la posibilidad de recurrir al remanente del Banco de México. Con gran insistencia hicieron mención que la legislación indica que 70% del remanente se debe de utilizar para amortizar la deuda pública del Gobierno Federal y 30% se debe destinar para fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales. Además, acotaban, estos fondos sólo podrían estar disponibles hasta mayo de 2021. ¡Nada de anticipos!


La pregunta es si lo que se va a amortizar en mayo, acaso no va a corresponder a deuda que, en su momento, se utilizó para efectuar gasto o inversión públicas. ¿Será que este remanente que se estima extraordinario (500 mil millones de pesos) no forma parte del techo financiero y presupuestal para 2021? Mal se haría si no fuera así; empero, en efecto, aceptando la posición del Banco de México, no ha habido anticipos del remanente para atacar la crisis pandémica.


Pudiera ser que por primera vez, en muchas décadas, México enfrente los retos para reactivar la economía, después de una crisis tan severa como la pandémica, en condiciones favorables:


1. Los números muestran que el daño de la crisis no erosionó de manera impactante a las finanzas públicas. “Entre enero y julio, se registró un déficit primario de 9.8 mil millones de pesos (0.04% del PIB nominal de 2019), el balance público presentó un déficit de 414.6 mil millones de pesos (1.7% del PIB) y los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) registraron un déficit de 495.8 mil millones de pesos” (2% del PIB).

(SHCP, Boletín: “Finanzas públicas y deuda pública a julio de 2020”).


2. No hubo un endeudamiento superior al autorizado por el “Congreso de la Unión”, es decir, se mantienen intactas la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional por 61 mil millones de dólares y la línea swap con la Reserva Federal de los Estados Unidos hasta por 60 mil millones de dólares que garantiza liquidez en dólares sin costo. Estos rubros que demuestran la capacidad para contratar deuda tendrían que ser importantes en el momento de que las agencias califican crediticiamente a México; no considerarlos, parece francamente un absurdo.


3. México no depende de los ingresos petroleros. A pesar de la disminución de precios, que llevó a una cotización por debajo de “0 dólares” al petróleo mexicano, los ingresos del Gobierno Federal aumentaron de enero a julio en 2.8% en términos reales con respecto al mismo periodo del año anterior. Lo deseable, sí, sería contar además con el apalancamiento petrolero, pero una situación caótica en el mercado de hidrocarburos no llevaría a una crisis como la que ocurrió en la década de los años ochenta del siglo pasado.


4. Las reservas internacionales por más de 180 mil millones de dólares están cerca del máximo histórico.


5. Se ha emprendido una estrategia congruente de disminución en las tasas de interés.


6. Ha habido una revaluación del peso, después de que en abril se alcanzó un máximo histórico de 25.7949 pesos por dólar, el tipo de cambio hoy ronda en 21.50. Es decir, no existe devaluación y la tasa de interés de referencia de Banxico muestra un nivel bastante aceptable, 4.5%, con la posibilidad de que disminuya todavía más.


7. Se cuenta con un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sin duda es un aliciente para integrar nuestra economía a la expansión económica y comercial regional en un plano ambicioso, propósito en el que coinciden los tres países.


El balance, sin duda, lleva a pensar que no existe vulnerabilidad para afrontar los retos de la post pandemia. Preocupa, sí, que pasen tres o cuatro años para alcanzar las condiciones económicas que se tenían antes de la crisis, pero nada hacer suponer que se han nulificado nuestras posibilidades de crecimiento. Tampoco existe una crisis fiscal o de sobre endeudamiento que obligue a recurrir a fuentes inflacionarias. Estamos muy lejos del escenario más catastrófico de todos: el de estancamiento con inflación.


Las bases para un mejor porvenir ahí están; falta volver a los cauces del optimismo. Ojala y tengamos la capacidad de dejar una huella profunda en nuestra historia: la huella del éxito. Lo podremos lograr: ¿quién lo sabe?; pero a quien le gusta la historia sabe que ello sólo se puede lograr con concordia y unidad. ¡No hay otra forma!



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