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México y su presidente, entre la razón y la herejía

Gildardo Cilia López


Conforme a la teoría del bienestar la política económica tiene tres grandes funciones: 1) permitir la estabilización económica; 2) generar la asignación eficiente de los recursos y 3) posibilitar la equidad distributiva. Con estas funciones se persigue tener un impacto sustantivo en la generación y en la distribución de la riqueza y, por otra parte, evitar que se presente un deterioro de la riqueza. Uno de los fenómenos que más inciden en ese deterioro es la inflación.


No se puede, en consecuencia, concebir una política coherente si la misma no se enfoca a mantener en un nivel razonable los precios de la economía. Para alcanzar este propósito, se le da un gran peso a la política monetaria, sin embargo, no debe olvidarse que en el caso de nuestro país la corrección dio inicio cuando se ajustó la política fiscal (y eso sucedió en la segunda mitad de los noventa del siglo pasado); es decir, cuando se decidió que debería existir un equilibrio entre el gasto (sin considerar intereses) y el ingreso público.


Invariablemente, se asocia la política fiscal al crecimiento económico, aun cuando no se tiene cabal certidumbre si sus efectos lo detonan en forma perpetua (en el largo plazo). La simple expansión del gasto público pareciera ser insuficiente para corregir los problemas de empleo e ingreso incluso en periodos depresivos. Existen dos razones básicas que restringen la intervención del Estado en la economía: 1) ningún Estado – al menos en países como el nuestro – puede instrumentar una política explosiva y continua de expansión del gasto sin quedar exhausto en sus finanzas; y 2) el efecto multiplicador del gasto hacia la inversión pudiera ser insuficiente, por lo que no necesariamente habrá más bienes y servicios conforme a los fines esperados y es probable que sólo se suscite una expansión monetaria.


La experiencia keynesiana del gasto al finalizar los años veinte y durante los treinta del siglo pasado, se ha asimilado como la mejor práctica a seguir en periodos depresivos, dada los efectos que se producen en la demanda efectiva que conllevan a reactivar la inversión. Con el tiempo, nos hemos dado cuenta que esto podría ser sostenible en el corto plazo (justo en las fases depresiva); no obstante, resulta insostenible mantener una expansión del gasto en el largo plazo. Pudiera ser, por otra parte, que víctimas de un espejismo, pensemos que toda crisis tiene su origen en una contracción de la demanda efectiva; cuando muy probablemente la retracción de la inversión se derive de un problema de costos, más cuando se trata de bienes o servicios estratégicos. En los años setentas del siglo pasado, los precios del petróleo crecieron aceleradamente y se cayó en una trampa, porque el simple gasto no podía incentivar la inversión, había un factor de costos que la inhibía; así, se desató más inflación. Esta fue la primera vez que las economías del mundo experimentaron un fenómeno perverso: estancamiento con inflación, es decir, estanflación.


En su estrategia económica, el gobierno ha puesto especial énfasis en la industria energética y resulta adecuado si se analizan los fenómenos productivos que se están suscitando en el mundo. Ignorar, por ejemplo, el contexto actual de volatilidad de precios en la industria eléctrica resultaría un acto temerario. Contra esta tendencia preocupante, garantizar el suministro y mantener estable el precio de la energía eléctrica resulta vital, si lo que se quiere es no enfrentar situaciones riesgosas. Sí, es importante producir electricidad con energías limpias; pero no se puede soslayar que de manera paralela se debe garantizar el suministro a precios accesibles, preferentemente bajos. Lo ideal siempre va a ser generar electricidad con fuentes limpias a bajos costos, fórmula que ha encontrado México con la generación preferente de electricidad a partir de las plantas hidroeléctricas.


España ha sufrido un incremento de la tarifa eléctrica sin precedentes (500% en los últimos tres años) y miles de consumidores se mantienen por largas horas casi en penumbra. Una situación así en nuestro país afectaría a millones de hogares de bajos ingresos; lo que llevaría seguramente a un descontento incontenible, tal vez a una situación caótica. Algunos negocios y empresas en México, probablemente van a salir afectados con la reforma eléctrica, particularmente, los que cuentan con el esquema de autoabastecimiento, que les permite pagar por abajo del costo real la electricidad: “los Oxxo pagan 11 centavos por el transporte de cada kilovatio-hora, mientras que las tiendas de la esquina desembolsan alrededor de un peso”, según la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con independencia de que se limite o se suprima la figura del autoabastecimiento (y se afecte algunos negocios o empresas), hasta ahora todo indica que con la Reforma Eléctrica se mantendrá una tarifa razonable para todos.


Los trastornos en el mundo por la crisis energética son de tal magnitud, que aun el Reino Unido - hito del liberalismo económico - se ha visto obligado a nacionalizar temporalmente a la empresa proveedora de gas y electricidad Bulb, con el propósito de rescatarla de su quiebra; pero sobre todo para garantizar el suministro a 1.7 millones de clientes. Ningún Estado puede ignorar que una de sus funciones es permitir el suministro suficiente y a precios bajos de bienes y servicios estratégicos; no hacerlo lleva a costos económicos y políticos incuantificables.


Los gobiernos suelen instrumentar reformas económicas para impulsar el desarrollo de industrias estratégicas, como la de la energía. De incumplirse el objetivo de estabilidad se estaría ante una reforma económica fallida: no sólo se trata de producir más (o de evitar una mayor escasez) sino de hacerlo a bajos precios; por eso - por no producirse más (al menos en los volúmenes esperados) o por no contenerse el incremento en precios - casi la totalidad de las reformas económicas emprendidas durante el sexenio del presidente Peña Nieto se podrían calificar como fallidas. La reforma eléctrica del presidente López Obrador, con el tiempo, se evaluará positiva o negativamente si: 1) se cumple con el Acuerdo de Paris (producir básicamente con energías limpias); 2) se garantiza el suministro suficiente para toda la población; y 3) se vende a precios asequibles o razonables.


Las políticas fiscales que se sustentan básicamente en una expansión del gasto público llevan a crisis profundas. El gasto público será inútil si deviene en inflación o si no contempla el entorno que guardan los precios; ya se dijo gastar más cuando lo que existe es un problema de costos de bienes y servicios estratégicos, resulta contraproducente porque no se está atendiendo a la causa fundamental que retrae tanto al consumo como a la inversión y con ello, sólo se está atizando al fenómeno inflacionario. Más gasto podría, en efecto, significar inicialmente más empleo; empero, sin calcular o tomar en cuenta el riesgo inflacionario, puede adquirir tintes regresivos al impactar sobre los ingresos o las rentas reales. Más dinero nominal en el bolsillo no significa realmente tener más ingresos.


Más gasto también puede derivar en una crisis fiscal del Estado. Durante la pandemia, en plena parálisis económica, hay quien le exigía en forma reiterada al presidente López Obrador gastar más; incluso sin darle la debida importancia a las fuentes de financiamiento. Algunos propusieron expandir el gasto con la emisión monetaria o con el financiamiento directo del Banco central, contraviniendo lo que señala el artículo 11 de la Ley del Banco de México; cuyo propósito es precisamente evitar se recurra a esta fuente de financiamiento inflacionaria del gasto público. Otros recomendaron recurrir al endeudamiento externo, sin analizar las implicaciones que lleva en términos de desarrollo económico y el impacto hacia adelante en materia del pago de su servicio o de sus intereses. De lo que se trataba - se decía - era de salvar a la planta productiva (sin considerar el tamaño de las empresas), que, por cierto, tenía poca capacidad de responder a los estímulos económicos (apoyos, condonaciones y subsidios).


El presidente López Obrador hizo poco caso, mantuvo la disciplina fiscal: además de no eximir impuestos, cobró adeudos y créditos fiscales de ejercicios anteriores, todo dentro de un contexto de mejora en el sistema tecnológico impositivo. La mayor parte de estos recursos fiscales se dirigieron a la población vulnerable y de bajos ingresos (a la muchedumbre o a la chusma que es su capital político, según sus detractores); bajo el principio rector de gastar o de otorgar apoyos conforme a lo que se obtenía.


Más allá del destino que se les ha dado a los recursos, en materia económica y fiscal el presidente se ha declarado como un “conservador” y hace pocos días, en su conferencia matutina, dijo que el gobierno sólo debe gastar lo básico para llevar más recursos a la sociedad, es decir, a los que menos tienen. Eso para muchos puede significar un sacrilegio y tal vez han abierto una interrogante: ¿cómo un presidente de izquierda puede estar a favor de la configuración de un Estado mínimo? Esto lleva a un largo análisis. Volveremos al tema.



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