El problema es el lavado de dinero. El Banco de México no puede ni le toca resolverlo


Coordinador: Guillermo Saldaña Caballero


“Cuando una persona migrante llega a México suele traer consigo dólares en efectivo que entrega a su familia; asimismo, los turistas, los ciudadanos extranjeros que vienen a hacer negocios al país, los diplomáticos, entre otros, traen dinero en efectivo con el que hacen pagos por la compra de bienes y servicios en territorio nacional.”

Este es el primer párrafo de la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 34 y se adicionan los artículos 20 bis y 20 ter, todos de la Ley del Banco de México, en materia de captación de divisas”, suscrito por el Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila, integrante del grupo parlamentario de Morena y que aprobó la Comisión de Hacienda y Crédito y Público el 9 de diciembre pasado. (Iniciativa de reforma)

¿Quién puede dejar de simpatizar con los migrantes? Al final, son ellos los que se han ganado el reconocimiento presidencial, al enviar cantidades cada vez mayores de divisas hacia México. Así que ¿cómo oponerse a cualquier idea o iniciativa dirigida a aligerar la adversidad que enfrentan cotidianamente nuestros connacionales?

El arranque del texto legislativo seguramente no es casual. Y no debemos dejarnos distraer por la selección de las palabras. La iniciativa que así se introduce tiene implicaciones que merecen ser revisada fríamente. Sin pasiones de ninguna especie.

Pocas cosas podrían ser más lamentables que permitir decisiones erróneas, utilizando a los migrantes como una suerte de escudo “humano” de comunicación. Esta discusión, mejor la dejamos para otros momentos e incluso para otros que quieran especular sobre los motivos por actuar y presentar así temas como éste. Tratemos de hacer una narrativa sencilla. Al grano, entonces.

El objeto de la recién aprobada iniciativa son ciertamente las transacciones en dinero contante y sonante con monedas extranjeras, predominantemente, dólares estadounidenses. En México, como en cualquier país, hay personas que se internan y traen consigo dólares o monedas de otros países. Sin duda, en buena medida, querrán usarlos para cubrir la adquisición de mercancías y servicios dentro del territorio. Algo que no está prohibido; sin embargo, ningún mexicano está obligado a aceptar los dólares, debido a que el peso es la moneda de curso legal. De manera que quien en México acepte dólares u otras divisas a cambio de sus mercancías o servicios, lo hace completamente por su cuenta y riesgo. Desde un punto de vista jurídico estrictísimo, la operación tendría una validez limitada, a lo sumo.

Bajo esta circunstancia, los dólares circulan libremente en México, sin llegar a representar una competencia seria contra nuestro peso, como ocurre en otros países (Cuba y Venezuela, por ejemplo). Incluso hay países como Argentina que han llegado a renunciar a su moneda nacional y han pretendido adoptar directamente al dólar como su circulante para toda operación cotidiana. Pero estas son otras historias y fracasos.

Es muy correcto que quien se interna en nuestro país y traiga dólares consigo, puede usarlos para saldar sus cuentas. También puede acudir a establecimientos especializados, como son las casas de cambio y los bancos, para cambiar sus divisas por pesos mexicanos. Este tipo de transacción es particularísimamente la que preocupó a los senadores de Morena, al grado de motivarlos para preparar una iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México. ¿Por qué los dólares en efectivo pueden ser un problema que amerite todo un ejercicio legislativo?

No hace falta acudir a la historia, como hace MORENA en su exposición de motivos. Basta con tomar nota de los hechos, tal como ocurren actualmente. Quien esté en el territorio nacional y tenga en su poder dólares u otra divisa, sólo puede hacer dos cosas:

1) Pagar a un proveedor para finiquitar una transacción, que como ya vimos, supone un acuerdo entre privados, con una protección jurídica ya dijimos limitada; y

2) Acudir a una institución financiera para cambiar sus dólares por pesos.

El foco de la atención de la iniciativa recae únicamente en la opción 2. Los dólares en efectivo que, habiendo llegado al territorio nacional, son cambiados por moneda nacional. Además de los migrantes, los turistas, los hombres de negocio y los diplomáticos que cita la iniciativa desde su arranque, podríamos agregar mexicanos que salieron al extranjero y regresaron con unos dólares, euros u otras monedas que les sobraron, o estudiantes que llegan a prepararse con nosotros y traen o reciben divisas desde sus países de origen. La lista podría alargarse.

Dentro de esta lista hay que agregar a los dólares que provienen de actividades criminales o ilícitas. Personas que practican el tráfico ilegal como son las drogas, el contrabando, la trata de personas, las armas, entre otros ilícitos. Estos negocios suelen desarrollarse internacionalmente. El caso de las drogas es el más conocido. En Estados Unidos la venta de estas substancias produce cantidades inimaginables de dólares en efectivo. Los criminales tienen de entrada el problema de reintroducir ese dinero a la economía legal sin delatarse; porque naturalmente las autoridades los persiguen para llevarlos a rendir cuentas. Pagar bienes raíces, yates, aviones, autos, etcétera, en efectivo, no es una operación precisamente discreta. Empero, los criminales tienen un segundo problema.

En el caso del tráfico de drogas, el consumo ocurre en Estados Unidos, pero la producción se realiza en México y en otros países. Los delincuentes tienen que llevar su dinero a través de las fronteras y además convertir sus dólares, en nuestro caso, de dólares a pesos. Pagar a su red criminal en dólares, por muy cómodo que pueda ser, tampoco sería discreto en México.

Los dólares en efectivo en nuestro territorio plantean también dos tipos de situaciones. Por una parte, no queremos perder la libertad de poder movernos en México con algunos dólares en la cartera e incluso usarlos para cambiarlos a nuestro arbitrio. Por otra parte, no se quiere que el crimen organizado, abuse de esta libertad para “blanquear” el dinero que gana ilícitamente para seguir adelante con sus operaciones condenables. Imposible resistir aquí la tentación de apuntar que, en la exposición de motivos de la iniciativa, se haya omitido a los que practican operaciones delictivas en las transacciones con dólares y divisas en efectivo.

El problema tiene dimensiones bastante bien documentadas. El Banco de México reaccionó con una “nota técnica” que su Director Jurídico remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado el 7 de diciembre de 2020 (nota técnica de Banxico). En la segunda página de esa nota se lee:

“Para dimensionar la situación expuesta por la iniciativa, es conveniente tomar en cuenta la información recabada por el Banco de México sobre las operaciones con moneda extranjera en efectivo. De esta información, destaca que, de enero a septiembre de 2020, las instituciones financieras realizaron 34.3 millones de operaciones con dólares en efectivo en territorio nacional a través de las cuales captaron 4,731.9 millones de dólares. De dicho monto captado, las instituciones colocaron, mediante operaciones con sus clientes, usuarios y otros intermediarios, 744 millones. Del monto captado que no lograron colocar, las instituciones exportaron al país de origen 3,886.8 millones de dólares a través de servicios de corresponsalía que contrataron con entidades del exterior. Es decir, las instituciones que captaron dólares lograron colocar en territorio nacional y exportar el 98% del monto total captado; el restante 2%, que representó 102 millones de dólares, corresponde al excedente que dichas instituciones acumularon en sus bóvedas durante este periodo.”

Estos 102 millones de dólares que quedaron en poder de las instituciones financieras activas en el negocio de divisas, bien pueden ser su acervo para operaciones cotidianas (cambiarias). Este mercado opera con un diferencial: la cotización a la que bancos y casas de cambio venden es mayor que la que pagan al comprar las divisas que se les llega a ofrecer.

Hay migrantes que efectúan sus transacciones con dólares en efectivo. El mismo documento de Banxico establece que se trata de 200.99 millones de dólares; es decir 0.67% de todas las transacciones con divisas en efectivo. La propia iniciativa también da cuenta de cifras similares, aunque no tan actualizadas como las de Banxico. La iniciativa también estima que las familias involucradas en operaciones con divisas en efectivo pueden sumar 1.7 millones de familias o bien, 20 millones de personas. Agrega además a 10 millones de mexicanos por tener sus actividades en el sector turismo. En suma, 30 millones de mexicanos podría ser la población a la que pretende beneficiar directamente esta iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México. Queda en un silencio pudoroso aquellos sujetos que podrían ser también “favorecidos” en sus actividades criminales.

A los alcances financieros y demográficos de la propuesta podemos agregar la perspectiva geográfica y sectorial. Las transacciones con divisas en efectivo se concentran en las áreas aledañas a la frontera, sobre todo la Norte, así como en las regiones eminentemente turísticas. Este sería el sector económico en donde el fenómeno tiene alguna significación.

Tanto del texto de la iniciativa como de la nota técnica del Banco de México, se desprende que el negocio con las divisas en efectivo actualmente incluye la operación logística de “repatriar” los billetes captados en el territorio mexicano hacia los países originarios de esas divisas, sobre todo, dólares a Estados Unidos. Estamos hablando de que las actividades no sólo se circunscriben a las que realizan las ventanillas de las instituciones en México. También se tienen que resguardar esos billetes y trasladarlos a la Unión Americana para que puedan ser usados en otras etapas de negocio.

Económicamente a estas operaciones se les puede catalogar como “arbitraje”. Los mexicanos en Estados Unidos y algunos ciudadanos estadounidenses tienen dólares, pero necesitarán pesos al visitar México. Podrían adquirirlos directamente en Estados Unidos; pero seguramente les saldrían caros, dada la escasez de pesos en ese país. Algunos comprarán sus pesos antes de iniciar su viaje. Otros, los más, decidirán venir con los dólares en efectivo. Acá encontrarán, probablemente, que recibirán un poco más de pesos por sus dólares. El apetito de los mexicanos por esa divisa es mayor que el de los estadounidenses por nuestros pesos. Parece un contrasentido, si se considera que 82% de los dólares en efectivo que captaron las instituciones financieras en México fueron repatriados. Entonces, el negocio con las divisas balancea el poco interés por el peso mexicano en Estados Unidos con el interés mayor por los dólares estadounidenses en México. En eso consiste el arbitraje. Y es posible porque existen instituciones financieras que compran dólares “baratos”, primero, para luego venderlos “caros” dentro del territorio nacional, pero también para usarlos en otras operaciones comerciales o productivas en Estados Unidos. Para eso, necesitan transportar los billetes físicamente al vecino del norte, es decir, repatriarlos; lo que implica logística y costos. Mientras haya oportunidad de obtener utilidades, es un negocio interesante y legítimo.

¿Y será legal? En este punto empiezan a detonarse todo tipo de alarmas y de luces amarillas y rojas. Lavar dinero consiste en reintroducir las ganancias líquidas de actividades ilícitas y criminales en los circuitos económicos legales. El principio básico es poder usar los dólares reunidos en el comercio ilegal de droga (las drogas siempre se venden contra efectivo) y usarlos para comprar productos y servicios lícitos. Comprar una casa o un yate con un pago de dólar sobre dólar no debería ser mayor problema, hasta que una autoridad pregunte. Los primeros curiosos son los funcionarios responsables de cobrar los impuestos (la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México). Tener mucho dinero en efectivo no es de suyo ilícito. No haber pagado los impuestos que correspondan, sí.

La actividad que dio origen al dinero puede interesarles a otras autoridades, por ejemplo, a las fiscalías o a las agencias antidrogas. El riesgo de atraer la mirada de tales autoridades obliga a los criminales a operar sigilosamente, lo que seguramente les complica mucho las cosas; por ejemplo, tienen que convertir millones de dólares en pesos, en muchas transacciones pequeñas y discretas.

Existe un problema subordinado que se menciona en la iniciativa de reforma. El riesgo de que el negocio con las divisas en efectivo se acabe asfixiando con todas las reglas y medidas que ha puesto en práctica Estados Unidos para limitar el lavado de dinero. Que las transacciones en efectivo sean difíciles de rastrear, las hace un medio preferido para blanquear dinero. De manera que cualquier acervo conservado en billetes o cualquier transacción que se valga de dólares resultan automáticamente sospechosos, dado que el origen de ese dinero fácilmente pudiera ser ilegal. Comprobar lo contrario en operaciones en efectivo es muy difícil y complicado. De manera que cualquier persona o institución que quiera mantenerse libre de dudas sobre la legalidad de los recursos que maneja, no tiene más remedio que mantenerse a buen resguardo de operaciones con efectivo.

Una de esas instituciones obligada a mantenerse lejos de cualquier sospecha de operar con recursos de dudosa procedencia es precisamente el Banco de México, concretamente, por las reservas internacionales que están a su cargo. Actualmente, los recursos que mantiene el Banco de México bajo esta categoría deben estar por definición disponibles, inmediatamente. Si están sujetos a algún contratiempo o proceso intermedio, no pueden calificar como reservas. Esa es la razón por la que, desde hace años, el Banco de México ha dejado de acumular reservas internacionales en efectivo, en bóvedas de seguridad. En la era digital, ¿qué dinero puede estar más disponible que el que se puede transferir al toque de una tecla? Los metales preciosos y las divisas en billetes requieren para movilizarlos de mucho tiempo para ser presentados ante acreedores; los que además tendrían que pesar o contar los metales o los billetes. Actualmente la situación todavía es más complicada, porque tanto los gobiernos como los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, se niegan a avalar transacciones que generen sospechas sobre la procedencia del dinero, dada la existencia de una criminalidad globalizada. La historia del origen de los billetes desafortunadamente no es rastreable; de manera que cualquier acervo de divisas en efectivo sea por sí mismo sospechoso.

Mezclar las reservas internacionales, que custodia el Banco de México, otra vez con pilas de divisas en billetes sería convertir en sospechosos los 190 mil millones de dólares que actualmente se han acumulado. Nada podría ser peor que se sospechara de la integridad de la institución que resguarda con su honor y prestigio - comprometido en acuerdos y contratos - la acumulación de reservas del país. Hay que sopesar, en efecto, el monto de las transacciones en efectivo, contra la necesidad de mantener prístinas las reservas que le dan estabilidad financiera al país. En toda decisión deben evaluarse los riesgos, no hay daño mayor que facilitar, aun involutariamente, el uso de divisas para actividades ilícitas o el hacer dudar sobre la solvencia moral de una Institución como el Banco de México.

¿Quién se puede atrever a restarle importancia a asegurar que los mexicanos que han decidido emigrar, pero siguen enviando recursos a México, puedan hacerlo con certidumbre y en condiciones económicas razonables? Nosotros, ciertamente, no. Tampoco es necesario imponer una solución que beneficie a unos a costa del sacrificio de otros. En resumidas cuentas, los destinos de quienes están en juego en este asunto de las transacciones con divisas en efectivo son: 1) los migrantes y en general todo aquel que importe divisas a nuestro territorio, 2) las instituciones financieras que se han hecho cargo de captar los dólares que esas personas traen y regresarlos, repatriarlos, a sus países de origen, destacablemente hacia Estados Unidos y 3) el Banco de México, que aunque no es parte del problema, la intención de involucrarlo lo pone en un predicamento significativo. En realidad, la primera línea de afectados serían las instituciones financieras, incluso cuando las modificaciones a la ley les pudiera ahorrar algunos costos por corresponsalía. Si Estados Unidos (y México) sigue endureciendo sus prácticas y medidas para combatir el lavado de dinero, podrían acabar siendo expulsadas del mercado. Por otra parte, en la actualidad, el Banco de México resuelve su gestión de las reservas internacionales, sin necesidad de incluir divisas en billetes ni metales preciosos. Es la única manera en que puede asegurar la disponibilidad inmediata de esos recursos para poder calificarlos como “reservas”. Obligarlo a volver a incluir tales divisas en efectivo, no sólo elevaría sus costos de operación: bóvedas, vigilancia, operaciones de pesado, contado, transporte, etc., sino más importante, ya no sería cierto que la procedencia lícita aplica a todas las reservas. Las contrapartes del Banco de México, como los gobiernos de otros países y las instituciones financieras internacionales, tendrían derecho a dudar de todas las reservas. El efecto práctico sería que nos quedaríamos sin reservas internacionales.

La solución al problema que plantean los senadores de Morena, no está en “hackear” la repatriación de divisas en efectivo y obligar al Banco de México a que las reciba de los bancos y las acumule en bóvedas que hoy ya no existen y para las cuales ya no tiene personal operativo. Lo que hay que atender es que las instituciones financieras puedan seguir llevando a cabo sus operaciones, incluida la repatriación de las divisas. Por supuesto, sin perder el propósito de combatir el lavado de dinero. Posiblemente, este es el reto verdadero: combatir el lavado de dinero y las actividades criminales que le dan origen, en lugar de vulnerar la integridad institucional del Banco de México. Lo que necesitamos 120 millones de mexicanos es hacer del nuestro, un territorio en el que todos los ingresos sean legítimos, legales y rastreables. Algo que requiere ideas mucho más imaginativas. También mucha más creatividad al legislar. Hay que apuntar a las causas de raíz.


Equipo Ekonosphera:

  • Juan Alberto Equihua Zamora.

  • Gildardo Cilia López.

  • José Eduardo Esquivel Ancona.

  • María Guadalupe Martínez Coria.

  • Arturo Urióstegui Palacios.

  • Coordinador: Guillermo Saldaña Caballero.