Tema de la Semana: La Protección de los Recursos Naturales y el Mito Peligroso

Actualizado: 21 de sep de 2020


Coordinador: Guillermo Saldaña Caballero

A principios del siglo XXI México y el mundo estuvieron a punto de perder el tequila. La razón era que una epidemia amenazaba acabar con los plantíos de agave tequilana; materia prima para la producción de la bebida emblemática de México. Presas de la urgencia de aumentar la producción de tequila, los agricultores habían cubierto los campos con clones descendientes de solo dos plantas. La variedad genética era nula y su vulnerabilidad a infecciones máxima. Así que cuando atacó la “muerte del agave” la desaparición de hectáreas enteras sembradas con plantas idénticas parecía un futuro inevitable. La solución vino de un biólogo mexicano, el Doctor Rodrigo Medellín. Si bien es un degustador apasionado del tequila y el mezcal, su verdadera pasión son los murciélagos. Así fue como en su esfuerzo por proteger a los quirópteros, también salvó de la extinción al tequila.

Además de sembrar clones, en su prisa los agricultores evitaban que las plantas florecieran y siguieran su curso natural de reproducción; porque eso significaba perder plantas para el proceso de producción. La solución fue sencilla: dejar que 5% de los plantíos completaran su ciclo de reproducción y aprovechar la nueva descendencia diversa genéticamente para repoblar los campos. Así se rescataron dos especies de un sólo tiro. El agave tequilana y los murciélagos que evolutivamente se han especializado para alimentarse del néctar de las flores de ese agave.

Los recursos naturales son un concepto, un invento humano. Son recurso porque les hemos encontrado aplicaciones. Y son naturales porque se encuentran libremente en el ambiente. Ahora sabemos que son parte de equilibrios más frágiles de lo que habíamos llegado a pensar en el siglo pasado. Los ecosistemas incluyen componentes físicos, como el suelo, el agua, el aire, etcétera y especies biológicas. Todos interrelacionadas de maneras sutiles, pero complejas; más allá de lo que muchas veces es posible comprender, modelar y pronosticar. Una vez roto un equilibrio, no sólo es difícil reestablecerlo, sino que las consecuencias son casi siempre imposibles de prever.

La actividad humana, particularmente la económica, desafortunadamente no está suficientemente preparada para reconocer a tiempo las señales ambientales. Los derechos de propiedad sobre los recursos pueden ser claros, pero es posible que no sean suficientes para alinear objetivos. Una generación humana puede extenderse en el orden de los 50 años o menos, mientras que los ciclos ecológicos pueden ser mucho más largos. La prisa por concretar resultados económicos a corto plazo no ayuda a tomar decisiones acertadas desde el punto de vista ambiental y se acaba depredándolo. Otro caso son las señales de escasez que puedan mandar los sistemas ecológicos. Para cuando notamos que los precios están subiendo para un recurso natural en respuesta a su agotamiento, es muy posible que hayamos rebasado todos los puntos de no retorno; es decir, que para entonces el recurso natural se habrá extinguido o esté a punto de hacerlo. La industria tequilera en México tuvo suerte de que el Doctor Medellín buscara unas pocas flores de agaves, para que los murciélagos pudieran tener su sustento y seguir enriqueciendo nuestras vidas con productos como el tequila. Pero no todas las especies ni los recursos tienen esa suerte.

Con nuestro nivel actual de ignorancia ecológica, pero sobre todo económica y su interrelación, lo mejor que podemos hacer es esforzarnos en conservar los sistemas ecológicos y sus equilibrios. Un reto difícil de dimensionar, empero, por lo menos podemos estar seguros de dos cosas: 1) más allá de los minerales, incluido el petróleo, conservar los equilibrios ecológicos en rangos saludables es la mejor forma conocida para asegurar un abasto de los recursos y servicios que nos provee la naturaleza; y 2) el sacrificio de sistemas ecológicos y de sus especies tendrá efectos sobre la calidad de vida de las próximas generaciones. No hay nada que nos permita asegurar que en el futuro habrá espontáneamente un aprovechamiento sostenible de los recursos. Por eso es pertinente realizar un análisis objetivo de la política mexicana en el ámbito de la conservación ambiental.

Compromisos Internacionales

Desde 1992 México ha participado activamente en la promoción de estrategias orientadas a la conservación de la diversidad biológica. El 13 de junio de ese año firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica en la que se comprometió, entre otras cosas, a llevar a cabo las siguientes líneas de acción:

  • Establecer un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica;

  • Promover la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales;

  • Rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados y promover la recuperación de especies amenazadas mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras estrategias de ordenación;

  • Respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales […] y promover su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas […] y fomentar que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.

México refrendó ese compromiso dentro de los acuerdos adoptados en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, el cual contempla cinco objetivos estratégicos:

  1. Abordar las causas subyacentes de la pérdida de la biodiversidad mediante su incorporación en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad.

  2. Reducir las presiones directas sobre la biodiversidad y promover la utilización sostenible.

  3. Mejorar la situación de la biodiversidad salvaguardando ecosistemas, especies y diversidad genética.

  4. Aumentar los beneficios de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas que provee.

  5. Mejorar la gestión de los conocimientos y las capacidades, mediante la planificación participativa.

Dentro de la suscripción del mencionado Plan, se asumió el compromiso de que al menos 17% de áreas terrestres y aguas continentales y el 10% de áreas marinas debían estar bajo algún régimen de protección para 2020.

Áreas Naturales Protegidas en México

En México se reconocen 182 Áreas Naturales Protegidas de Jurisdicción Federal (ANP’s) con una superficie de 90,839,521.55 hectáreas, destinadas a la conservación de la biodiversidad. De estas, 145 protegen áreas terrestres y continentales y cuentan con una extensión de 21,886,691 hectáreas, lo que representa el 11.14% del territorio nacional.

En total, existen 37 áreas naturales protegidas en áreas marinas y costeras con un total 69,458,748 hectáreas, lo que equivale al 22.05% de la superficie marítima del país.

En relación con las metas de protección comprometidas internacionalmente, en superficies marinas se registra un cumplimiento de 220% y en las superficies terrestres de 66%. En lo referente a tierra firme habría que sumar adicionalmente las superficies de las ANP’s de jurisdicción estatal y las Áreas Destinadas Voluntariamente a la conservación. El análisis estadístico sobre las áreas terrestres resulta incompleto porque se requiere consolidar los datos de las superficies de las ANP’s de jurisdicción estatal. Parece increíble pero la información sobre las ANP's estatales se encuentra fragmentada y es difícil de recopilar.

México es líder mundial en la protección de áreas marinas y muestra un avance significativo en las terrestres. También, y no podría ser la excepción en materia ambiental, México se encuentra en la vanguardia respecto al alcance de sus leyes, normas y reglamentos. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente destaca con gran precisión los objetivos de la creación de una ANP, de la cual y para los fines de esta exposición, debemos destacar tres:

  1. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.

  2. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad del territorio nacional y, en particular, preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial.

  3. Asegurar la preservación y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas, sus elementos y sus funciones.

La loable participación en el campo internacional queda clara, también es irrefutable el espíritu benéfico de la Ley, pero un mayor acercamiento a la realidad nos demuestra que existen enormes vacíos con respecto a los compromisos asumidos con el mundo y la Ley parece letra muerta, algo que se constata con más frecuencia de la que sería deseable.

En un número considerable de las ANP’s es evidente el deterioro causado por el cambio de uso de suelo, la existencia de ganadería extensiva, la erosión de suelos y la deforestación, el crecimiento de manchas urbanas, el tráfico de especies, la tala clandestina y la contaminación de cuerpos de agua y mantos freáticos. Si se toma en cuenta la deforestación a nivel nacional, esta podría ser de 1.98 millones de hectáreas por año. En contraposición con lo que indica la ley esto significa menor diversidad, mayor contaminación y el arrasamiento de bosques y selvas, es decir, de las fábricas naturales de agua.

La CNDH, al remitir la recomendación 26/2016 advirtió que 27 áreas naturales protegidas “sufrieron la transformación o pérdida de ecosistemas originales con grados significativos de perturbación, contaminación de acuíferos, erosión de suelos y deforestación, propiciados por el desarrollo económico y repoblamiento del territorio, aunado a que no contaban con presupuesto para llevar a cabo acciones de administración, operación y vigilancia; con lo cual hace necesario su extinción o la modificación de sus declaratorias”; pero además señaló que existían diversas irregularidades y que 55 ANP’s (al 31 de marzo de 2016) no contaban siquiera con “Programa de Manejo”

Sin Programa de Manejo, una ANP es un cascarón sin contenido. El Programa de Manejo es el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración de la ANP, lo que permite ordenar los espacios adecuados para la conservación y la realización de actividades socioeconómicas; así como determinar su uso actual y potencial. Esto es, sin Programa de Manejo no existe directriz alguna en materia de protección, uso y aprovechamiento de la biodiversidad y restauración del capital ecológico.

La escasez de recursos es otro grave problema. Se estima que cuando menos se requieren 5 dólares por hectárea para la preservación de una ANP y una persona de campo por cada 10 mil hectáreas. Los recursos para la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) han ido en picada: en 2006 contó con 1,300 millones de pesos (alrededor de 60 millones de dólares) y para 2020 el monto otorgado fue de 867 millones de pesos (poco más de 40 millones de dólares). Si tomamos en cuenta las ANP’s terrestres esto significa que en México solo se destinan 1.83 dólares por hectáreas y tomando en cuenta a todo el personal de CONANP (incluyendo al personal administrativo) la relación es de un trabajador por cada 14 mil hectáreas terrestres. Si se considera la superficie protegida total (terrestre y marina) a cada trabajador le corresponderían más de 59 mil hectáreas.

El Gobierno Federal ha puesto su mayor empeño en el Programa Sembrando Vida, que está a cargo de la Secretaría de Bienestar y que consiste en otorgar un apoyo económico mensual a quienes realicen plantaciones de árboles frutales y maderables. El Gobierno garantiza apoyos por 5 mil pesos mensuales por productor que trabaje en 2.5 hectáreas y para lo cual se les brindará asistencia técnica, capacitación y asesorías. La pregunta es si esta reforestación es suficiente, porque el Programa solo considera la atención de un millón de hectáreas, frente a los casi 22 millones de hectáreas protegidas terrestres. Faltan explicaciones para que los números den y para que se pueda llevar efectivamente a cabo una estrategia integral de protección de nuestros ecosistemas.

En las ANP’s se supone que se encuentran los ecosistemas más representativos de la biodiversidad del país, por lo que requieren de una atención especial para evitar el deterioro o pérdida. Un número importante de las ANP’s cumplen con la función de recarga de los mantos acuíferos para zonas urbanas y rurales, por lo que la cobertura vegetal es imprescindible. En materia de protección del medio ambiente y de la biodiversidad, queda mucho por hacer; amén de que existe claramente un retroceso.

El desarrollo sostenible

El principal problema en materia ecosistémica es el relativo al desarrollo sostenible. Hay evidentes deficiencias que imposibilitan la adopción de medidas que ayuden a solventar las necesidades actuales de las personas, sin que estas comprometan el desarrollo de las generaciones futuras por la depredación o escasez de recursos. La ausencia de proyectos sostenibles y de recursos para proteger los entornos naturales son evidentes.

La dificultad para conjugar propósitos de corto y largo plazos tiene un origen socioeconómico, pero también es resultado de estrategias inadecuadas en la creación y vigilancia de las ANP’s:

  1. Lo que resalta, primero, es la gran contradicción que existe entre la riqueza biológica y cultural y la persistencia de pobreza o de pobreza extrema de la población que vive en los territorios de las ANP’s. Esta situación se agrava porque en Estados con gran diversidad biológica como Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Campeche, Chiapas, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Nayarit, tienen por lo menos un municipio con más de 70% de la población de cinco años y más hablante de alguna lengua indígena. Debe recordarse que alrededor de 40% de la población indígena se encuentra en pobreza extrema y 70% gana menos de un salario mínimo. La creación de una ANP, sobre todo en las zonas núcleo, afecta el uso y control de los recursos naturales, restringe la actividad económica y la capacidad de las comunidades rurales para ganarse la vida. Se dice que la población indígena tiene, en términos generales, un amplio conocimiento sobre las especies silvestres que son útiles, además de hacer un uso múltiple de los recursos naturales existentes en sus territorios o zonas ecológicas. Este reconocimiento de capacidades y habilidades termina siendo un recurso retórico; porque en el marco de las declaratorias y de los programas de manejo, no se toman en cuenta estas prácticas culturales y tradicionales de conservacionismo y caen incluso en la omisión de consultar a la población. La creación de las ANP’s sin ese sustento social termina agravando las posibilidades de conservación y protección, además de generar tensión social.