Gildardo Cilia López
El rumbo económico que toman los países siempre es motivo de discusión. Nada tan importante como la política económica, que algunos la definen sólo como la simple intervención del Estado vía normas o medidas para influir en los acontecimientos y desarrollo económico de un país. Ninguna política económica es neutral porque al encaminarse al logro de ciertos objetivos, siempre van a existir efectos que repercuten en el ámbito que se desenvuelve la economía y en los agentes que participan en la creación de la riqueza de una nación.
Se podría llegar a la conclusión que en términos económicos lo preferible sería contar con un Estado mínimo, pero ello no significa que no existan efectos, porque las sociedades económicas distan mucho de ser homogéneas; es decir, siempre habrá sectores o ramas económica que resentirán la falta de apoyos o estímulos que reciben del Estado y que los disociará de los equilibrios en términos de ingresos o rentas del mercado. Por más que se quiera, por ejemplo, no se puede privatizar todo, a riesgo de alejar de sus presupuestos a amplias masas de la población que requieren de servicios básicos: salud, educación, vivienda, seguridad pública, entre otros conceptos; o más aún de generar vacíos productivos en ramas que resultan vitales para el desarrollo de un país por ser estratégicos y que pudieran ser de poco interés para los particulares por sus riesgos, su baja rentabilidad o por adolecer de recursos o de competitividad para asumir inversiones.
Nadie puede decir, por otra parte, que no requiere de recursos del Estado. La experiencia indica que, en los momentos de crisis, la población, en su conjunto, requerirá de subsidios, subvenciones o condonaciones fiscales. Sólo baste recordar que en plena crisis sanitaria por el COVID-19, un número importante de empresarios le exigían al gobierno transferencias, aun cuando esto implicara endeudamiento o perder el equilibrio fiscal. La opción - como se sabe – fue discriminar y apoyar en lo posible a los sectores vulnerables y de menores ingresos. Sin duda, lo más importante de un Estado sería armonizar los intereses de las clases sociales, pero en momentos depresivos se está entre la espada y la pared y hay que tomar decisiones, sin dejar de entender que al adoptar como instrumento el equilibrio fiscal o financiero, que el dinero, desgraciadamente, no va alcanzar para todos.
La política económica tiene tres grandes funciones: uno, estabilización económica; dos, asignación eficiente de los recursos; y tres, equidad distributiva. Podemos discernir sobre las dos últimas, pero es indudable que el de la estabilidad económica no puede ponerse en duda. Es imposible plantear una estrategia de desarrollo económico con inflación, porque ello repercute en la variable básica de la economía: en el ingreso, por ende, en el consumo y en la inversión. Las potencialidades se erosionan si la demanda o el consumo de bienes es restringida; o si las bases de la planeación para la inversión se vuelven endebles. La inflación no sólo lleva a un contexto de progresiva escasez o de engañosa abundancia, sino a escenarios inciertos en el mercado para determinar el tamaño de la producción, las ventas, las tasas de rentabilidad y de retorno; además de alentar la inversión especulativa sobre la productiva.
Adoptar una estrategia a favor de la estabilización lleva a asumir costos a veces indeseables. Las políticas encaminadas a reducir la demanda o a retirar liquidez en el mercado son dolorosas, porque provocan una contracción en el nivel de crecimiento de las economías, con efectos dolorosos, como lo son el desempleo, la reducción de la demanda y del consumo y la astringencia económica de las familias. Bajo esa circunstancia, se podría pensar que lo mejor sería perder el equilibrio fiscal o entrar a un proceso de endeudamiento creciente, pero eso llevaría a perder las bases para propiciar un crecimiento sostenible, además lo más probable es que se termine por enfrentar a un monstruo bicéfalo: estancamiento con alta inflación. En los noventas del siglo pasado, en la administración del expresidente. Zedillo, se adoptaron medidas prudenciales fiscales y financieras; lo más que se dijo fue que se habían adoptado acciones dolorosas, pero necesarias. Ahora, en este gobierno, hasta la prudencia es objeto de crítica y de descrédito.
El contexto actual es de alta inflación en el mundo y se coincide que esto se deriva del bajo suministro de energéticos, tal como sucedió en los setentas del siglo pasado. El gobierno mexicano ha adoptado la estrategia de mantener los precios de los petrolíferos y de la luz eléctrica por debajo de los internacionales, sin que esto signifique que no se asuman costos. Hay quien quiere ver esta decisión de política económica, por esos costos, como fallida; sin embargo, lo más prudente sería establecer mínimamente un balance. Veamos el caso de las gasolinas:
El subsidio de la gasolina significa alrededor del 35% del precio minorista de la gasolina.
La gasolina regular se vende, en promedio, a 22 pesos por litro, en lugar de los 34 pesos (precio casi idéntico al promedio de Estados Unidos); lo que significaría un incremento en el precio de 54.5%.
Mantener este subsidio, desde el 12 de marzo del año en curso, ha significado dejar de cobrar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En las últimas semanas se ha dejado de recaudar 5.49 pesos por cada litro que se vende de gasolina Magna, 4.63 pesos por cada litro de gasolina Premium y 6.02 pesos por cada litro de diésel.
Las cifras oficiales indican que dejaron de ingresar alrededor de 159 mil millones de pesos por IEPS de gasolinas durante el primer semestre de este año, que sólo pudo ser compensado por los ingresos extraordinarios de las exportaciones petroleras y los que se derivaron de la mayor eficiencia recaudatoria, particularmente, la relacionada con los grandes contribuyentes.
Hay quien piensa que la no aplicación del subsidio mediante la condonación del IEPS, hubiera llevado a una consolidación fiscal del Estado. Sin embargo, esto, por sí mismo, no es un objetivo de política económica; lo que sí es un objetivo y por tanto una función del Estado es mantener la estabilidad económica. Se calcula que, de no haberse dado el subsidio a las gasolinas, la tasa inflacionaria estaría por arriba 2 o 3 puntos más; es decir, estaríamos hablando de una tasa entre 11 y 13%.
Es evidente que nada puede dejarse a la improvisación, que si se adoptó la condonación impositiva en el precio de la gasolina fue porque se tenían los resortes económicos para poder hacerlo. No se trata tampoco de horadar las finanzas públicas, sino de tener la posibilidad de recurrir a esquemas compensatorios, a modo de tener un efecto neto neutral. Como se dijo, se ha tenido un espacio fiscal suficiente para dejar de recaudar el IEPS de la gasolina, dado que existen otros ingresos recaudatorios que han mantenido una tendencia creciente. En algún tiempo, esta tendencia positiva de los ingresos petroleros disminuirá; pero ello significará reducciones en el precio de las gasolinas y en sentido inverso, la compensación se tendría que dar con la recaudación del IEPS, porque será innecesario contar con precios de gasolina subsidiados.
Desde luego, también existen efectos no deseados, por ejemplo – tal como lo reconoció el presidente López Obrador – el subsidiar con nuestros impuestos a los estadounidenses que acuden a los 94 municipios fronterizos de México para llenar sus tanques de gasolina. Para evitar esto, una solución sería eliminar la condonación del IEPS en los Estados o municipios fronterizos, pero estaríamos sacrificando con precios a los mexicanos que viven en esas latitudes. Esto llevaría a tener una estructura de precios diversos, con objetivos heterogéneos: se tendrían precios diferenciados con IEPS o sin IEPS según la localización geográfica; asumiendo los mexicanos fronterizos costos inflacionarios excesivos.
El siguiente gran tema a tratar debe contestar una interrogante: ¿por qué México, desde el punto de vista productivo, puede instrumentar una política de contención de precios en bienes estratégicos como son las gasolinas y la electricidad?; es decir, ¿se podría hacer esto técnicamente si estas industrias estuvieran en manos de particulares o de empresas trasnacionales?
Volveremos.