Por Ernesto O'Farril Santoscoy*
Las iniciativas de reformas a la Ley del Banco de México y a la Ley de la Industria Eléctrica han generado una gran preocupación por parte de amplios sectores de la sociedad, en particular entre los agentes económicos, empresarios e inversionistas, así como entre empresarios y los gobiernos de algunos países, en particular de EEUU y Canadá socios nuestros en el TMec.
I. Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica:
El pasado 29 de abril, el Cenace dio a conocer el Acuerdo (042921) para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional; con motivo del reconocimiento de la epidemia del Covid-19. Según el Acuerdo, el gobierno federal considera que la generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas impacta la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
En el Acuerdo de la Secretaría de Energía se le instruye al Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, a modificar el sistema de despacho de la energía eléctrica que administra esa entidad “independiente” para privilegiar la oferta de energía eléctrica de las plantas de la CFE, en detrimento de los productores privados que son mucho más baratos y eficientes. Esto afecta a muchas empresas generadoras de energías limpias o renovables, del sector privado y a muchos proyectos de inversión que están realizándose al amparo de la Constitución y de las leyes emanadas de la Reforma de Energía de la administración de Peña Nieto.
Como resultado de esto, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) promovió en la Corte, una controversia constitucional al señalar que el acuerdo afecta su mandato constitucional e invade su esfera de competencia.
El pasado 1 de febrero de 2021, el Ejecutivo Federal presentó al Congreso, con carácter de preferente, una Iniciativa de Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (la “Iniciativa de Reforma”) a través de la cual —según se afirma en su exposición de motivos— persigue elevar a nivel legal las medidas administrativas implementadas en el sector eléctrico desde 2019. Lo anterior, a fin de lograr el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) y garantizar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (“SEN”), el mantenimiento de las tarifas eléctricas y la seguridad energética nacional.
En este sentido, la Iniciativa de Reforma propone principalmente lo siguiente:
Modificar el criterio de despacho meritorio de las centrales eléctricas por el cual el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”) adquiere en primer lugar la energía con menor costo, así como garantizar el despacho prioritario de: (a) las centrales hidroeléctricas y (b) las plantas termoeléctricas, nucleares, geotérmicas y de ciclo combinado de CFE con independencia de su costo en primer y segundo lugar respectivamente.
Ampliar el otorgamiento de certificados de energía eléctrica (“CELs”) a centrales eléctricas que iniciaron operaciones previamente a la reforma energética y, por tanto, sustentar legalmente el otorgamiento de CELs a las centrales eléctricas de CFE previas a dicha reforma.
Facultar a la CRE para revocar los permisos de autoabastecimiento que haya realizado “un fraude a la ley” mediante el abuso de dicho esquema de generación de electricidad diseñado originalmente para autoabastecer necesidades propias.
Revisar y, en su caso, modificar y/o terminar anticipadamente los contratos celebrados con productores independientes a fin de garantizar su rentabilidad para el Gobierno Federal.
La Iniciativa de Reforma preferente está siendo discutida y votada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, cada una con un plazo de 30 días naturales. De ser aprobada (por mayoría simple), deberá ser publicada dentro de los siguientes 40 días naturales contados a partir de la recepción por parte de la Secretaría de Gobernación. La Iniciativa de Reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y establece un plazo máximo de seis meses para alinear la regulación administrativa necesaria al nuevo contenido de la LIE.
El pasado 3 de febrero, la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el fallo inapelable en el que le da la razón a la Cofece. Según la Corte, el Acuerdo por el que se emitió la política de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) viola la Constitución, y obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomendaron a la Cofece, ya que anula presupuestos que deben darse para que exista competencia económica y libre concurrencia en el mercado de generación y suministro eléctrico, particularmente en lo que concierne a las energías limpias intermitentes. La Corte invalidó también la disposición para otorgar al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) la facultad de rechazar las solicitudes de interconexión presentadas por centrales eólicas o fotovoltaicas.
De ser aprobada, esta iniciativa, va a generar varios problemas que afectaran al País en su conjunto:
1. Afectación de diversos productores independientes y de proyectos de inversión cuantiosos:
105 proyectos en etapa de autorización y que ascienden a $451 mil 289 mdp y generaría la renegociación o terminación anticipada de contratos de energía existentes.
71 proyectos de energía que están en operación y ejecución: 57 proyectos de energía en operación y 14 que se encuentran en etapa de ejecución, los cuales equivalen $196, 769 mdp. Dichos proyectos involucran a 28 empresas, quienes podrían interponer controversias por la posible terminación anticipada de sus contratos.
157 “Proyectos de Infraestructura financiados por el Capital Privado” del Subsector Electricidad para Generación de electricidad con una inversión de $845,623 mdp. De estos, 123 proyectos se reportan en etapa de autorización y ejecución e implican una inversión de 561, 042 mdp. De estos, sobresalen 105 proyectos de generación con energía solar y eólica cuyo monto de inversión, en conjunto, ascienda a 451, 289 mdp.
Todos estos afectados tendrán derecho a hacer reclamaciones y solicitar indemnizaciones, lo que se ha llegado a estimar en las de $20 mil millones de dólares.
2. El reciente fallo de la Corte contra el Acuerdo, da un antecedente con el que se puede demandar la inconstitucionalidad de la iniciativa de Ley. Así que podemos prever una lluvia de amparos. También puede preverse varias demandas en los paneles de controversias del TMEC y severas sanciones para nuestro País
3. El costo promedio de la generación eléctrica va a ser más costoso y mucho más contaminante, en detrimento de la competitividad del País.
II. Reformas a la Ley del Banco de México:
Desde hace más de 10 años, en agosto del 2010, el Presidente Calderón emitió la iniciativa de la “Ley para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”, así como diversas modificaciones a las leyes penales. A partir de esto se implementó en México un control de cambios inverso.
A principios de los ochenta, se implementó en nuestro país un sistema de control de cambios, en el que las instituciones financieras tenían prohibido vender dólares. Hace 11 años, a raíz de esta iniciativa de Ley del año 2010, existe en México un sistema de Control de Cambios inverso, que consiste en la prohibición generalizada a las instituciones financieras de comprar dólares en efectivo. Como resultado de esta prohibición existen muy pocas ventanillas o centros cambiarios que se animan a comprar billetes de divisas. Por esta razón el precio al que se compra el dólar en ventanilla en efectivo es muy bajo.
Las Instituciones Financieras que tienen áreas de cambios son muchas, y todas ellas tienen contratos de contraparte para las operaciones intrabancarias y de documentos. Pero son muy contadas las Instituciones que acostumbran a reexportar los dólares en Efectivo. Los riesgos de caer señalado como lavadólares son muy elevados.
Para mitigar este problema, el Senado de la República aprobó una iniciativa de reforma a la Ley estatutaria del Banco de México en el que se le obliga al Banco actuar como comprador de última instancia de los billetes en efectivo. La iniciativa de Ley enuncia en su exposición de motivos que se pretende ayudar a los connacionales que trabajan en el exterior, y que mandan sus Remesas Familiares con altos costos de transacción.
El problema de obligar al Banco Central a comprar los dólares en efectivo, es que se puede generar que el Banco se vea afectado, porque sus contrapartes, los otros bancos centrales, están obligados por las leyes antilavado a sancionar a las instituciones que operen con recursos de procedencia ilícita. El mismo Presidente de la CNBV Juan Pablo Graf y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto han declarado que el Banco de México pasaría a la calidad de ser supervisado, y se vería sujeto a la supervisión de varios organismos.
El 99.7% de los flujos de divisas de las Remesas Familiares que alcanzan los USD$40 mil millones de dólares al año, se efectúa a través del sistema Bancario. Solo USD$120 millones de dólares llega en efectivo. El grueso de la masa de billetes de divisas que circula se atribuye al crimen organizado, y no a las Remesas Familiares. Así que el riesgo para el Banco de México y para nuestras Reservas Internacionales es mayor.
Para evitar esta circunstancia, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, Banco del Bienestar, en alianza con la Asociación de Bancos de México (ABM), presentaron un planteamiento con una serie de acciones en apoyo a los migrantes y a sus familias para la compra de dólares a un tipo de cambio más competitivo, así como el aumento de infraestructura financiera y la apertura de cuentas bancarias a mexicanos en el extranjero a través de los consulados. El Banco del Bienestar que ya había estado actuando en el mercado de las Remesas, desde el sexenio anterior, abrirá cuentas a migrantes mexicanos en Estados Unidos para el envío de remesas, con lo que el Secretario de Hacienda (SHCP), Arturo Herrera confía en que puede evitar una reforma legal a la autonomía del Banco de México. El propio Presidente ha declarado que debe de cuidarse a toda costa la autonomía del Banco de México.
Por estas cuestiones, esta iniciativa debiera de ser desechada por la Cámara de Diputados. Por otra parte es necesario que se desarrollen mecanismos alternos competitivos para la operación de dólares en efectivo, particularmente en la frontera norte, para corregir esta imperfección de mercado, en el que el billete en efectivo tiene un tipo de cambio mucho más bajo que el tipo de cambio intercambiario.
* Ernesto O´Farrill Santoscoy es presidente de Bursamétrica y un reflexivo comentarista de finanzas y economía.
@EOFarrillS59