PROMETEO
Por Mario Sandoval*
El efecto del Covid presenta circunstancias que en apariencia nos hace parecer espectadores del entorno. Cuando nos transportamos de un punto a otro en nuestras ciudades, empezamos a notar con asombro y preocupación, que hay una oferta de inmuebles en renta y venta, tanto de índole residencial, comercial e industrial. Ahora estamos empezando a ver que negocios que fueron exitosos o tradicionales, están cerrando. Eso implica también que cadenas productivas que eran proveedores de ese tipo de negocios, ven reducidos sus ingresos y márgenes de negocios. Si bien es un efecto global, está en la capacidad no solo de gobiernos, sino de los hombres y mujeres de negocios adaptarse y evolucionar. Pero aparte de ello y de manera muy especial tenemos un sistema Judicial con graves deficiencias.
En general el Estado de derecho en México es vulnerable, en materia familiar, laboral, penal, Civil y Mercantil. Estos dos últimos representan uno de los principales retos para los negocios en general en México. Ya que el proceso judicial mexicano, ni es expedito, ni es gratuito, ni es justo.
Con el efecto de la pandemia de marzo a julio estuvieron cerrados los órganos judiciales de todo el país, tanto Federal, como Locales. Sin embargo, ese tiempo no significó mejorar en materia de retrasos procesales y ejecución de sentencias en firme. Aun al abrir pusieron condiciones específicas para tener acceso a los órganos judiciales con citas y con procesos internos, que sólo los justifican para seguir atrasando los asuntos de los cuales tienen una tutela judicial que resolver.
El Ciudadano común piensa que en los órganos judiciales hay sabiduría y experiencia, tanto en los Jueces como en el personal de los Juzgados. Es cierto que hay profesionales de alta calidad, curricularmente con maestrías y doctorados, pero contradictoriamente hay un rezago monumental de los asuntos judiciales en nuestro país, sin consecuencias para Jueces Federales y Locales, ya que predominan el nepotismo, la ineptitud, la burocracia e incluso la corrupción.
Tenemos millones de asuntos en todo el país sin resolver y eso le cuesta miles de millones de pesos anualmente directa e indirectamente a todos los mexicanos, pues estos sabios del olimpo trabajan en inmuebles de primer mundo e imparten justicia de manera por demás deficiente. En específico en Derecho Civil y Mercantil.
El CIVIL, es el que regula el estado civil de las personas, las relaciones familiares, la propiedad y los demás derechos reales, las obligaciones y contratos y las sucesiones.
El MERCANTIL, es el que regula la realización de actos de comercio, es pues el que regula el ejercicio del comercio por los distintos operadores económicos en el mercado.
Cada vez que una Empresa o un Hombre o Mujer de Negocios (emprendedor, pequeño, mediano, grande o potentado), realiza negocios en México, sus actividades están regulados por ambas ramas del Derecho.
Sólo por ilustrar, los contratos por renta de inmuebles, la compraventa, el crédito, el arrendamiento, el factoraje, las hipotecas, los depósitos, las garantía y muchos más, se encuentran dentro del ámbito del Derecho Civil y Mercantil.
Con datos publicados de INEGI a 2019 (CENSO NACIONAL DE IMPARTICION DE JUSTICIA ESTATAL/32 entidades), existían 4 mil 100 órganos jurisdiccionales (juzgados/ salas/ tribunales, de estos el 40% ve asuntos civiles y mercantiles) y 1,200 unidades administrativas.
Hay 48 mil servidores públicos en el poder judicial cuyas remuneraciones son pagadas con los impuestos de todos los mexicanos. Es muy costoso mantener esa burocracia, más si no es eficiente en la resolución de los asuntos que le compete.
El 63% del personal Judicial son mujeres. Así que no hay un problema de equidad de género como en otras actividades profesionales. Aun cuando en los últimos años ha habido un crecimiento acelerado de juezas y magistradas, la balanza sigue favoreciendo a los hombres: de los 4,100 jueces, 58% son hombres. El 75% de los jueces en México tiene más de 50 año de edad, así que en apariencia se cuenta con experiencia para impartir y ejecutar justicia.
En 2018 (último dato) se recibieron 2 millones 126 mil demandas de primera instancia, el 50% corresponden a materia civil y mercantil, esto es más de 1 millón de asuntos nuevos tan sólo en un año.
Lo anterior ha ampliado los asuntos en materia civil y mercantil sin concluir, esto es, hay adicionalmente un 1 millón y medio de asuntos que presentan retraso. Por año se concluyen en estas materias alrededor de 300 mil asuntos, así que con la pandemia y las excesivas cargas de trabajo sigue rezagándose la resolución de casos. La ejecución promedio en México aun cuando existen garantías reales, es superior a los 7 años. Inaudito pero cierto.
El impacto lo resiente todo tipo de empresas y negocios. Pensemos en el Sector Financiero, particularmente, en los bancos que para su regulación se les aplica los criterios de Basilea III. Dichos criterios de aplicación son promovidos por el Foro de Estabilidad Financiera, del cual nuestro País y sus Autoridades Financieras forman parte y por consecuencia, se está obligado a su aplicación. Las reglas son del primer mundo financiero y se debería contar con un sistema judicial más eficiente a riesgo de generar una mayor incertidumbre en los negocios.
Sí algún juez o magistrado dijera que se cuida el debido proceso, la equidad procesal y demás argumentos legales, entonces, poco se podría hacer en términos de eficiencia. Los resultados continuarían siendo magros en ejecución de sentencias y estaríamos condenados al rezago. Todo asunto que no se resuelve - más si tarda siete años en su resolución - amplia costos y los mismos se trasladan a la economía, en general. Por ejemplo, en los bancos, los costos que generan los clientes morosos se trasladan a los clientes buenos que terminan pagando altas comisiones y tasas de interés. Sí las carteras de los Bancos se emprobleman, sus capitales y patrimonios se diluyen en reservas que afectan a resultados.
El problema es que los negocios en México, una vez que acuden a las instancias legales se exponen a perder el control, pues no hay capital que aguante tanto tiempo en el limbo judicial. No estoy manejando temas técnicos, como el emplazamiento (notificación de demanda, que es la parte vital para iniciar un juicio), o bien las diligencias procesales y las ejecuciones de sentencias. Tenemos leyes y Códigos, que nos dicen el qué y el cómo, pero donde el criterio unipersonal de Jueces y sus Secretarios de Acuerdos, son elementos clave que afectan el estado de derecho en nuestro país.
El ejemplo aplica para todas las actividades de negocios, en donde la mediación y negociación serían claves si fueran efectivas. Los asuntos tardan en exceso y si un negocio tiene que recurrir a la justicia tendrá que asumir costos que en un buen número de casos ponen en riesgo su viabilidad financiera y operativa, sobre todo cuando se trata de micro, pequeñas y medianas empresas.
Lo cierto es que tenemos órganos jurisdiccionales poco articulados a la natural eficiencia que debe tener el proceso económico. Se asume así un doble costo: el costo de mantener un aparato judicial oneroso y un sistema de negocios que tiene que asumir los costos de su ineficiencia. Los jueces no tienen prisa, pero si nos cuestan.
El Poder Judicial, debe ser autónomo, pero debe rendir cuentas y dar resultados y ahí el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo deben colaborar como portavoces de la ciudadanía. En mi caso con colegas abogados litigantes, con colegas banqueros, haremos la parte que nos corresponda para subir los temas y que se entienda de manera clara y fuerte, se necesita credibilidad en el Sistema de Justicia Mexicano.
Queremos darle voz a los que quieren certidumbre jurídica en materia civil y mercantil y no saben o no pueden expresarse. Hay que ser claros: no se puede tener una economia eficiente con un sistema judicial que atrofia por su lentitud a los negocios.
* Mario Sandoval Chávez
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero en Activo a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.
Ex Presidente Nacional AMFE
corporativo@fisan.com.mx