Gildardo Cilia, Alberto Equihua, Eduardo Esquivel, Guillermo Saldaña y Amanda Saldaña Chávez.
¿El atentado contra la libre competencia?
Quienes han cuestionado la reforma a la industria eléctrica, han utilizado como argumento que se está atentando contra la libre competencia. Pudieran tener razón, por eso es importante iniciar con el tema de la libre competencia, escudriñarlo para darle contexto al debate.
La libre competencia resulta del acceso sin obstáculos al mercado de dos tipos de actores: los vendedores que ofrecen bienes o servicios; y los demandantes quienes compran lo que desean para satisfacer sus necesidades o ejecutar sus proyectos. Para que un mercado funcione correctamente se requiere que los participantes tengan acceso a la información equitativamente, considerando aspectos relevantes como las características de los productos, su calidad y por supuesto los precios. Así, esta concurrencia genera naturalmente los equilibrios entre la oferta y la demanda; es decir el precio al que los demandantes compran todo lo que los oferentes están dispuestos a vender en un momento dado. La intervención de fuerzas ajenas al mercado puede estropear o por lo menos distorsionar el equilibrio natural, si la información sobre las opciones disponibles para oferentes o demandantes es incompleta, imperfecta o asimétrica.
El mercado cumple con una función múltiple. Por un lado, que los más interesados en adquirir las mercancías las obtengan; pues serían ellos los que sacarían más provecho. Por otro lado, que los que puedan vender los productos a los menores precios sean quienes permanezcan en el mercado.
De esta manera, el mercado no sólo asigna los productos a quienes en principio tienen más interés o incluso experimentan su necesidad más intensamente; también asegura que los vendedores y productores se esfuercen en hacer un uso óptimo de los recursos, de manera que puedan ofrecer sus productos y servicios a precios bajos. Quienes no lo puedan hacer así, preferirán trasladarse a otro mercado en el que puedan producir competitivamente. De esta manera se logra una asignación óptima de los recursos productivos.
Debido a estos efectos, el concepto de libre competencia es de aplicación generalizada en la economía y puede escalarse según los diferentes tamaños de los mercados, hasta incluir la dimensión global.
Históricamente, las fronteras han planteado obstáculos para el acceso de vendedores y compradores extranjeros a sus mercados. Sin embargo, el intercambio ha demostrado desde tiempos inmemorables su poder progresista. La civilización humana como la conocemos hoy sería inconcebible sin el intercambio. La globalización desde esta perspectiva se ha establecido como un extremo de este principio, con sus ventajas, pero también con sus desventajas.
Los economistas creen que no deben existir barreras que aíslen a los mercados nacionales; que deben desmantelarse para permitir el progreso y la prosperidad de la humanidad. En la práctica es posible verificar esfuerzos de integración económica por todo el planeta. El caso europeo podría ser el más exitoso. El de Norteamérica, en el que participamos, también es importante. Pero habría que enumerar los esfuerzos en Latinoamérica, de Asia, de África e incluso del exbloque socialista.
La teoría económica generaliza que los beneficios que deja la libre competencia son los más altos que puede obtener cualquier economía: primero, existe libertad de elección tanto para el consumidor como para el productor y dicha libertad se da a partir del principio de la mayor racionalidad, es decir, todos buscan el mayor beneficio posible; segundo, la suma de las decisiones individuales racionales conduce a que se alcance una asignación eficiente de recursos; y tercero, la vigencia y permanencia en el mercado condiciona a que los productores o las empresas busquen ampliar sus ventajas competitivas, mediante la superioridad técnica o tecnológica y la reducción de costos. El resultado final debe cristalizar en bienestar.
Una economía eficaz debe ser capaz de proveer a las personas de todo lo que necesiten para conducir a una vida plena; más concretamente, debe ser capaz de darle a los ciudadanos acceso al consumo de lo que necesitan para vivir plenamente.
Un efecto de los mercados libres y de la competencia es que impulsa la creatividad y la innovación. En su afán por vender más, los productores son proclives a introducir novedades en sus procesos de producción e incluso en los mercados. Al hacerlo amplían y complementan su oferta con productos y servicios nuevos que los consumidores acogen con mayor o menor agrado, según sus gustos. Pero también el avance tecnológico ha ayudado a incrementar la productividad y a disminuir costos, lo que eventualmente se traduce en precios menores en el mercado. El automóvil podría ser un ejemplo clarísimo de estas tendencias. En el origen era un artículo de superlujo, producido artesanalmente. El avance tecnológico no sólo ha mejorado la calidad de los autos tanto en su funcionamiento como en sus prestaciones. El auto que condujo un magnate como Rockefeller a principios del siglo pasado palidecería comparado con el que hoy puede manejar un trabajador. El último no sólo es más cómodo, sino más eficiente y seguro. La tecnología sigue avanzando y ya se empieza a redefinir hoy a las próximas generaciones de autos como “soluciones de software con llantas y carrocería”. En suma; la progresión virtuosa del libre mercado conduce, claramente, a que exista una disminución de los precios, lo que posibilita a que una mayor cantidad de consumidores tengan acceso al mercado, ¡ah!, sin olvidar que la competitividad también obliga a que exista mayor calidad de los productos o servicios.
El fundamento intrínseco de la libre competencia está dado por la efectiva libertad de elección y esto significa ya en la práctica que se cuente: 1) con información completa (preferentemente simétrica, incluso perfecta) sobre el mercado; 2) con un marco institucional que dé certidumbre a los agentes económicos, esto es, que cada quien respete los derechos de los demás o que haya un Estado que imponga el respeto de esos derechos; 3) revisar la normatividad y las regulaciones que están afectando de manera injustificada la competencia; 4) investigar, revisar y corregir conductas o la existencia de elementos que inhiban el acceso a los mercados y distorsionen la competencia y 5) proteger los derechos de los consumidores y supervisar la observancia de prácticas que aseguren la mejor calidad de los productos y servicios.
El mercado ideal (o perfecto como lo llaman los economistas) no siempre es posible. En casos particulares hay incluso condiciones económicas que lo imposibilitan. Eso no impide contemplarlo como un ideal al cual aspirar. De tal manera que la intervención que se haga en los mercados puede y debe orientarse a establecer condiciones de mercado perfecto o por lo menos a que sus resultados se aproximen a lo que se esperarían si pudiera funcionar idealmente.
Bajo la perspectiva del libre mercado, la intervención institucional se justificaría si fuera necesaria, bajo el principio de que todo desequilibrio en condiciones de competencia tendría que ser transitorio.
En algunas circunstancias es factible que el mercado libre no sea posible porque la naturaleza del sector lo hace tender naturalmente al monopolio; entonces, la intervención tendría que ser permanente, pero tendría que estar diseñada para subsanar y contener esas tendencias monopólicas. De manera que todo debería ser resuelto por las propias fuerzas del mercado y la intervención debería ser la mínima indispensable. En su caso, el rol del Estado tendría que restringirse a garantizar la libre competencia.
La práctica de la intervención en los mercados, por clara que pueda parecer desde la teoría, presenta retos no despreciables para los responsables de diseñarla y llevarla a cabo. Por ahora destacamos tres condiciones que podrían ameritar alguna intervención, por las distorsiones que suponen para el mecanismo de mercado:
1. Altos costos de transacción.
2. Información asimétrica
3. Prácticas restrictivas de la libre competencia, oligopólicas o francamente monopólicas.
Aun cuando no nos guste incorporar criterios morales en las leyes económicas, no deja de ser cierto que además de libertad, la competencia requiere de condiciones que permitan garantizar valores relacionados con la lealtad y con la justicia. Las leyes de mercado no pueden alcanzar los equilibrios requeridos si persisten prácticas que imposibiliten la igualdad de oportunidades, o de privilegios que distorsionen los principios de eficiencia que surgen naturalmente de la competencia.
Es necesaria la intervención del Estado en un mercado que ha sido plagado por las prácticas monopólicas. Estados Unidos aprendió la lección cuando finalmente se decidió a actuar contra Rockefeller, quien ya estaba asfixiando a la economía. También si hay dumpings o concesiones o subsidios mal aprovechados o desviados. Debe supervisar para asegurar que la calidad de productos y servicios mantenga estándares de calidad y seguridad mínimos para poder ser adecuados para los consumidores. No debe olvidarse que, en sentido superlativo, la competencia tiene como fin último que los consumidores reciban productos y servicios de la mejor calidad a los menores precios posibles. De no darse esto último la libre competencia carecería de sentido y sería un fracaso social.
Todo lo anterior es un marco de referencia necesario para abordar ahora el tema que nos ocupa. Cada uno llegará a su propia conclusión a partir de los hechos que se van a describir en torno a la industria eléctrica.
El apagón
Casi la mitad del mercado de la industria eléctrica, en la actualidad, está controlado por empresas privadas, principalmente corporativos extranjeros; esto a través de esquemas permitidos por la legislación vigente en la materia, hoy reformada. El sector privado genera 45.8% de la electricidad disponible en el territorio nacional y desplaza su carga a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por desgracia, el mejor contexto para evaluar cualquier riesgo es cuando se suscita una crisis. Durante la segunda quincena de febrero se desataron tormentas invernales en el sur de Estados Unidos que afectaron notablemente el suministro eléctrico. El gas natural proveniente de Texas, que abastece 80% de las plantas de generación de electricidad de ciclo combinado, se interrumpió; lo que provocó un apagón que afectó a 4.8 millones de consumidores en 20 municipios de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas. El siniestro climático también provocó que las generadoras de energía eólica no funcionaran en los dos lados de la frontera, por lo que el servicio se “congeló” tanto para los consumidores de Texas como para los del norte de México.
El fenómeno natural dejó al descubierto la dependencia que tiene nuestro país del gas natural proveniente de Estados Unidos; mismo que es indispensable para el funcionamiento de las plantas de energía de ciclo combinado. Además, el siniestro reveló que la energía generada por las centrales eólicas no es suficiente para garantizar la continuidad del servicio; pero tuvo otro efecto relevante: puso en el centro del debate nacional la reforma eléctrica preparada por el titular del Ejecutivo.
Para comprender cabalmente el problema de la dependencia de gas natural es importante observar la siguiente gráfica, en donde 39% de la generación de la energía eléctrica proviene del ciclo combinado
La dependencia ha impactado en los volúmenes de importación de gas natural. Según datos de la periodista de “El Economista”, Karol García, las importaciones del energético proveniente de Estados Unidos "en una década han aumentado nada menos que 275%, o en 4,020 millones de pies cúbicos diarios adicionales". Las cifras de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, señalan que entre enero y septiembre del 2020, se importaron 5,479 millones de pies cúbicos al día, cuando en 2010 el volumen fue de 1,459 millones de pies cúbicos. Lo anterior, en medio del gran descuido que ha tenido la inversión en exploración y explotación de las cuencas de gas que abundan en México, como es el caso de la de Burgos, en Coahuila.
Las energías limpias (excluyendo a las hidroeléctricas, en poder de la CFE) generan menos de 15% de electricidad en el país. Existe otro problema: la energía que producen las plantas eólicas y fotovoltaicas y que se transfieren a la red de la CFE para su distribución no es continua; por lo que el suministro permanente depende de las fuentes de ciclo combinado, carbón, combustóleo e hidroeléctricas. Esto es, México –como todos los países del mundo – no puede operar en 100% con energías limpias. En la actualidad de los aproximadamente 80 mil MW de capacidad que tiene el Sistema Eléctrico Nacional, alrededor de 50 mil MW corresponden a plantas que producen todo el día (de base) y unos 30 mil MW corresponden a plantas que no producen todo el día (intermitentes).
No se podría avanzar en la autosuficiencia de la energía eléctrica sin tomar en cuenta el contexto internacional. El gobierno actual se ha comprometido a respetar el Acuerdo de París que implica que el país debe cumplir metas específicas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). México se comprometió a que 35 por ciento de la energía generada para 2024 y 43 por ciento para 2030, sería limpia. Dichos objetivos y otros, como reducir en 25 por ciento los GEI de vida corta y en 51 por ciento las emisiones de carbono negro requieren incentivos.
Para dar cumplimiento a este acuerdo internacional y además generar electricidad suficiente, el gobierno encontró que la alternativa más viable es la del uso pleno de la capacidad instalada de las hidroeléctricas. Las razones son las siguientes:
1. Que es factible modernizar en el corto plazo las 86 plantas hidroeléctricas de la CFE, con las siguientes ventajas: se trata de energía eléctrica limpia; los montos de inversión no son excesivos; además de que es una energía continua y la electricidad se puede acumular con más facilidad que la de los proyectos eólicos y fotovoltaicos.
2. En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2019 – 2033, se plantea reincorporar en el periodo 2021- 2025 alrededor de 471 megawatts de capacidad hidroeléctrica; mediante la rehabilitación y modernización de algunas centrales en operación, así como con el equipamiento de otras instalaciones hidráulicas existentes.
3. Estas 86 centrales hidroeléctricas cuentan con una capacidad total instalada de 12,642 MW y generaron 31,848 GWh durante 2019; lo que representa 16 por ciento de la generación total durante ese año.
4. Las plantas hidroeléctricas operan al 32% de su capacidad y se prevé que con su modernización y rehabilitación pueden generar alrededor de 60% de la energía eléctrica del país.
5. En cooperación con la empresa canadiense Hydro-Québec, se acordó en diciembre de 2018, llevar a cabo la rehabilitación de 60 plantas hidroeléctricas. La reconfiguración de estas plantas implica una inversión aproximada de 20 mil millones de pesos.
6. El presupuesto para aumentar la productividad de las hidroeléctricas para este año es de mil 698 millones de pesos. Con este plan energético se pretenden recuperar 30 terawatts/hora.
7. La energía en el caso de las hidroeléctricas se puede almacenar mediante la acumulación de agua y despachar a voluntad a cualquier hora. En contraste, las eólicas y la fotovoltaicas actualmente no guardan energía.
8. En 2020 la CFE generó el 20 por ciento de las energías limpias a través de sus plantas hidroeléctricas, geotérmicas y la central nuclear de Laguna Verde; mientras que las producidas por privados como la solar fue de 4.3 por ciento y la eólica de 7.5 por ciento.
La reforma propuesta
En este contexto, el presidente López Obrador había presentado una iniciativa para modificar la Ley de la Industria Eléctrica, con lo cual pretende establecer como obligación los límites a la generación de electricidad privada y la dominancia de la CFE; esto es, lo que se persigue es que el despacho de energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) priorice la electricidad que es producida por las centrales de CFE; relegando a las renovables y a los ciclos combinados operados por particulares.
Esto nos lleva a una gran interrogante: ¿por qué fortalecer a la CFE, que genera más de 50% de la electricidad del país y que cuenta con la única red de distribución? ¿No se está inhibiendo la participación de los particulares dentro de un esquema de igualdad de circunstancias y oportunidades?
La respuesta se tendría que dar en diferentes vertientes, que son importantes de dilucidar:
Primero, la electricidad es un bien que tiene un carácter estratégico por ser de primera necesidad; es decir, todos deben tener acceso a ella, a riesgo de inhibir una fuente esencial para el consumo, la vida pública, la convivencia social y la continuidad productiva de las empresas.
Segundo, la energía eléctrica no se puede concebir únicamente como una fuente de ganancia; es decir, sustenta el desarrollo social, por lo que se requiere de un suministro continuo y a bajo costo, dentro de una perspectiva de autosuficiencia de largo plazo.
Tercero, aun cuando existen experiencias exitosas a nivel mundial, también ha habido experiencias que han llevado a fuertes crisis en el suministro de energía eléctrica. Hay que recordar una de ellas: en julio de 2014, extrañamente el que era gobernador del Estado de California, Estados Unidos, recomendó al gobierno y al Congreso mexicanos: “mano dura a las empresas petroleras y eléctricas o se los van a comer vivos”. Estaba haciendo referencia a la crisis provocada por la empresa Enron en California en el 2000, que es un icono de corrupción y manipulación en el mundo. Hay que recordar los eventos que se suscitaron en ese año, en ese Estado de la Unión Américana:
Alzas enormes de tarifas, los que pagaban 60 dólares al mes, de repente tuvieron que pagar 500 dólares.
Apagones constantes.
Lo más grave es que ello se debió a una estrategia deliberada de la empresa, quien en plena crisis reducía el suministro de electricidad para incrementar precios, incluso si ello implicaba cortes de electricidad a miles de hogares.
Empleados de alto rango reconocieron que Enron le robó a California por escasez deliberada de suministro un millón o dos millones de dólares por día. La pérdida acumulada por todas las prácticas perversas de Enron alcanzaron la cifra de 10 mil millones de dólares.
Al final, el fiscal general de California demandó a Enron por fraude y manipulación de los precios de electricidad.
Cuarto, más allá de este contexto, existe actualmente en México un esquema que ha minado la capacidad operativa y las finanzas de CFE. El hecho de que no se hayan modernizado las plantas hidroeléctricas y que, en conjunto, estén operando al 32% de su capacidad instalada habla de lo primero; pero vayamos a lo segundo, a los subsidios.
Los subsidios
Quienes están a favor de la reforma eléctrica, han señalado que la existencia del sistema de subsidios es prueba palpable de que la industria eléctrica no opera bajo el principio de libre competencia y que existe una extracción de recursos excesiva a la CFE. Los datos que han salido a la luz pública son los siguientes:
1. Miguel Santiago Reyes, director de CFE Energía internacional, informó que de 2017 a la fecha la empresa tuvo pérdidas por 412 mil 400 millones de pesos, debido a los contratos con los productores independientes de energía.
2. El total de subsidios que le otorgó la CFE a los productores independientes de energía ascienden a 249 mil 606 millones de pesos, de los cuales Iberdrola recibió 56 mil 175 millones de pesos.
3. Los precios de la electricidad han registrado una marcada tendencia al alza desde la implementación de la reforma en el mercado eléctrico en el 2013, hasta por un 35%. Esto se debe a los subsidios que otorga la CFE, que impactan en el precio para el consumidor final.
4. Existe distorsión por costos: la empresa productiva del Estado generó un MegaWatt por hora de energía eólica en 386 pesos, mientras que comprarla le costó 1,440 pesos, 3.6 veces más cara (Auditoría Superior de la Federación (ASF). Tercera entrega de la cuenta pública de 2016).
5. La obligación contractual de comprar las energías limpias ha actuado en detrimento de CFE. Según datos de la ASF de 2016, la energía eólica adquirida por la CFE a los generadores privados creció 87.0% frente a la comprada en 2012, a pesar de que el costo unitario aumentó 57.4%.
6. Los generadores eléctricos privados con fuentes renovables no pagan el respaldo ni la estabilidad de las redes de transmisión y distribución, ni las afectaciones a transformaciones cuando transportan su energía con la infraestructura de la CFE. Hay que recordar que las redes de transmisión en todo el país son propiedad de la empresa estatal.
7. Las empresas privadas que construyen y administran plantas eólicas cuentan con esquemas de financiamiento preferencial de la banca de desarrollo, con créditos a tasas más bajas que las que ofrecen en sus países de origen (España y Estados Unidos). Además, los generadores privados solo arriesgan un máximo de 30 por ciento de capital y tienen la garantía de que la CFE les comprará toda la energía que produzcan.
8. Los subsidios y el trato preferencial hacia las empresas propician que sus tasas de utilidad sean excesivamente altas. Por ejemplo, se estima que Iberdrola en España tiene una tasa de 15%, mientras que en México asciende a 150%.
A manera de conclusión
Esta columna sólo pretende exponer datos para que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Más allá del análisis, no podemos dejar de lado que además de garantizar la libre competencia, el Estado mexicano no puede dejar de cumplir con su papel de generar condiciones para el desarrollo de la economía, de la sociedad y de los ciudadanos. La provisión de bienes estratégicos en forma suficiente y a bajo costo para la sociedad, por supuesto, es un objetivo al que debe contribuir decididamente el gobierno mexicano. La energía, en general, es claramente un factor indispensable para el país.
Las lecciones en torno a la industria eléctrica son varias, pero en términos de gobierno no pueden desdeñarse las siguientes:
1. No corresponde a los gobiernos soportar con subsidios o con estímulos las inversiones y menos aún la operación y crecimiento de las empresas. Al hacerlo, crea distorsiones y rentabilidades ficticias, que de ninguna manera se pueden justificar. Económicamente se ha descubierto que los subsidios hacia la producción suelen concentrarse hacia los que tienen una mayor capacidad productiva o a quienes cuentan con una mayor incidencia en los mercados.
2. No es objetivo de los gobiernos crear valores como ganancia para el capital, sino que debe ser factor de creación de valor para la sociedad. Sin embargo, debe regirse también por el principio de sostenibilidad financiera. De lo contrario seguramente destruye valor para la sociedad.
3. Es importante revalorar la capacidad que deben tener los gobiernos y sus instituciones y empresas estratégicas para actuar frente a las crisis. Un gobierno insolvente no sólo va a recurrir a más deuda, sino que no podrá responder ante contingencias que requieren su actuación de última instancia. Como son los casos de desastres naturales o de salud, como la pandemia que actualmente estamos sorteando en el planeta.
4. Si bien las empresas del Estado cumplen con una función o un uso social, no se puede concluir que deben operar con pérdidas; reiteramos, se debe restaurar la narrativa de que son fuentes de valor y que, por tanto, sus balances económicos, financieros y contables positivos son esenciales.
5. El cambio organizacional exige una colaboración público-privada, en donde claramente deba existir una corresponsabilidad en la toma de riesgos. Las asociaciones público-privadas no pueden seguir centradas en reducir el riesgo de la inversión a través de garantías, subsidios y asistencia, como claramente acontece en la industria eléctrica. Lo natural debería ser que se compartan primero los riesgos y luego las recompensas o utilidades.
Los objetivos sociales que persigan los gobiernos y sus empresas deben ser a gran escala y de largo plazo y exigen la colaboración de las entidades públicas y privadas. El Estado no puede dejar de participar en actividades estratégicas en beneficio de toda la sociedad e interactuar e involucrar a los ciudadanos en los desafíos actuales y futuros. No se puede generar pesadumbre, siempre es importante el consenso y crear el entusiasmo cívico para impulsar proyectos con misión y visión social. Se debe garantizar la plena libertad, sin abandonar los principios que marcan la justicia distributiva, más que a individuos se debe favorecer a la sociedad. Ese es el sentido de la política. ¿Qué otro podría haber en una democracia?
Anexo: puntos sobre las íes
1. La energía es un factor estratégico de las economías y de las sociedades. El desarrollo y la prosperidad requiere de un abasto de energía suficiente, a tiempo, de calidad y al menor precio posible.
2. En la economía de la energía hay que distinguir cuatro grandes áreas que en conjunto permiten cumplir los criterios señalados en el punto de arriba. Aplican para todas las formas y fuentes de energía, pero en el caso de la electricidad tienen las particularidades que se detallan en seguida:
Producción. La generación de electricidad es un fenómeno físico que se produce al hacer girar imanes entre rollos de alambre convenientemente dispuestos. La fuerza para movilizar estos dispositivos puede provenir de motores de vapor o combustión interna, de corrientes de agua o de aire, o de vapor de fuentes naturales. Una fuente más es la energía solar, que por el efecto fotovoltaico produce flujo eléctrico sin necesidad de movilizar ningún otro dispositivo. Cada una de estas fuentes de electricidad se caracteriza económicamente por el costo del factor que requiere para generar la electricidad (combustibles, vapor, agua, aire o luz solar) y la inversión necesaria para disponer los dispositivos necesarios para obtener el flujo eléctrico (presas, turbinas, reactores, plantas generadoras, aerogeneradores, paneles solares, etc.). Conviene distinguir entre fuentes intermitentes (como la solar o la eólica que sólo generan en presencia del sol o del viento) y las fuentes no intermitentes, que son todas las demás, porque se pueden activar a desactivar de acuerdo con la demanda.
Almacenamiento. La electricidad se puede almacenar en baterías, pero económicamente es mejor almacenar la energía en precursores como son agua acumulada en sitios altos, combustibles, materiales radiactivos, fuentes naturales de calor, etcétera.
Transportación. La red de conductores y todos los dispositivos necesarios para operarla (transformadores, interruptores, controles, etc.).
Distribución. Los conductores que llegan al consumidor final de la electricidad. Aquí se incluye lo que con frecuencia se le denomina “última milla”.
3. Cada una de estas áreas presenta características operativas, financieras y económicas diferentes.; por lo que se requiere de un enfoque adecuado para cada caso.
4. La producción de electricidad operativa, financiera y económicamente puede realizarse en cualquier escala. Operan principios económicos básicos como las economías de la escala; por lo que la producción masiva de electricidad permite reducir los costos por unidad significativamente. En el origen, este efecto fue tan notable que la generación eléctrica se resolvió preferentemente con ayuda de instalaciones grandes.
5. El avance tecnológico ha reducido las diferencias debidas a la escala, de manera que cada vez la generación de energía eléctrica en unidades más reducidas significa costos más parecidos a la producción masiva.
6. Otro tema de la producción de electricidad es su huella de carbono; por lo que se habla de energías limpias contra las que no lo son.
7. En el abasto de la energía que necesitamos caemos en dos objetivos encontrados directamente. Por una parte. es imperativo generar la electricidad que nos permite sostener la vida que conocemos. Por otra parte, debemos reducir las emisiones de carbono que están dañando la atmósfera del planeta. La única manera de cumplir ambos objetivos es encontrar fórmulas de generación que no requieran de la combustión de energéticos.
8. Toda forma de generación tiene desventajas: la producción por combustión contamina el aire; las hidroeléctricas causan daños ecológicos al alterar masivamente el ambiente en el que se construyen; la energía atómica produce desechos peligrosos que cuesta mucho almacenar; los aerogeneradores afectan el paisaje y la vida de especies voladoras y la energía fotovoltaica puede afectar también extensiones amplias.
9. El avance tecnológico está haciendo posible que la generación eléctrica pueda atomizarse. Es posible imaginar un futuro no muy lejano en el que la producción de electricidad ocurra en una infinidad de puntos. La generación fotovoltaica en casas y fábricas puede ser un ejemplo de lo que podría estar viniendo.
10. La transmisión de la electricidad de donde se genera a donde se requiere supone inversiones cuantiosas y operaciones significativas.
11. En economía se ha reconocido que las redes tienen características peculiares que exigen un análisis teórico y práctico específico. Una conclusión general es que las redes tienden económicamente al monopolio. Algo que aplica para telefonía, agua, gas y también para la electricidad.
12. Una red de transmisión de electricidad se parece a una red de carreteras o de vías férreas. No es ni lógico ni rentable tener muchas carreteras, unas al lado de las otras. Igualmente tampoco es aconsejable tener varias redes de transmisión de energía. En ambos casos, lo razonable es tener una buena red para asegurar que todos los usuarios puedan utilizarla libremente. Este principio se ha aplicado ya en el caso de telefonía, internet, gas y electricidad, entre otros instancias.
13. El uso de la red debe tener una tarifa suficiente para cubrir sus costos de operación, recuperar la inversión aplicada para desplegarla y el costo de oportunidad de esa inversión. Cualquiera que cubra esa tarifa debe poder usar la red para transmitir electricidad entre los puntos que requiera y hasta el límite de la capacidad de la red.
14. Como la construcción y operación de la red de transmisión requiere un propietario monopolista, es necesario un cuerpo administrativo externo que supervise que no se cometan abusos y funcione lo más parecido a lo que sucedería si pudiera estar en condiciones de competencia.
15. Una red de transmisión eficiente y correctamente regulada es capaz de atender las necesidades de productores y consumidores de electricidad; además de mantener sus instalaciones y operaciones convenientemente.
16. Si realmente se tiene el propósito de avanzar en la disminución de la huella de carbono, es necesario privilegiar la producción y el consumo de energías renovables. Como ya se advirtió, estas suelen tener el inconveniente de la intermitencia. Es un reto técnico balancear la producción y el consumo de electricidad. Los despachadores siempre lo han hecho. Incluir ahora a nuevas fuentes y productores, por más inciertos que puedan ser, debe ser posible técnicamente.
17. En un mercado de electricidad libre el productor debería poder decidir a quién le vende y el consumidor a quien le compra. Este es un escenario que hoy todavía se antoja lejano, quizás para algunos, imposible.
18. Los subsidios injustificados, los contratos abusivos que se puedan haber firmado con jugadores de la industria eléctrica en México no se justifican y deben ser remediados en la medida de lo posible, mediante renegociaciones. Lo ideal, en términos de libre mercado o competencia es que todo aquel que quiera genera o consumir electricidad lo pueda hacer. El interés público sería que esos derechos estén perfectamente establecidos y se hagan respetar. Ese sería el gran reto: “perfeccionar” el mercado de electricidad en México.