Chiautla y Tlanichiautla: origen y construcción espiritual. Capítulo 16

Gildardo Cilia López

Chiautla de Tapia, entre 1920 y 1940, probablemente la fotografía fue tomada en una procesión de semana santa (Fotografía tomada del H. Ayuntamiento de Chiautla de Tapia)

Involución

“La historia es la maestra de la vida” (historia magistra vitae: Cicerón); sin embargo, debe advertirse que ello depende de la reflexión que se haga de los acontecimientos que se han suscitado a lo largo de la existencia de la humanidad. El estudio de la historia debe tener, ante todo, una naturaleza formativa, no se trata sólo de memorizar eventos. Mark Twain acuñó la siguiente frase: “la historia no se repite, pero a menudo rima”, dando entender que, aunque los hechos ocurran sólo una vez, los patrones de la conducta humana suelen reciclarse; lo que se traduce en una lección a futuro.

Sobre las enseñanzas que nos deja el estudio de la historia, el intelectual anarquista Antonio Díaz Soto y Gama hizo la siguiente consideración:

“Nada enseña tanto en materia social como la experiencia de los siglos…Y advierten a la humanidad … que cuantas veces se insiste en subordinar las exigencias de la moral y del espíritu a los torpes apetitos e intereses materiales, el derrumbe no tarda en producirse” . (1)

Muchos fenómenos perversos se suscitan cuando deja de imperar la moral en una comunidad política: la solidaridad es reemplazada por el interés propio y el egoísmo; se rompe la cohesión social, surge la desconfianza y las relaciones humanas se sustentan más sobre bases transaccionales (“quid pro quo”); se concibe a la bondad y a la compasión como lastres que van en contra de la ambición natural que hacen superarse a los individuos; y los marcos jurídicos suelen atrofiar la visión del Estado, privilegiando más a una minoría selectiva, al fin y al cabo dentro del engranaje social ellos son los detonadores de las prosperidad de las naciones, importando poco los más, sin comprender que se está descomponiendo el tejido social.

Se distorsionan fundamentos, a tal grado que no se concibe que el trabajo es la fuente del valor y bajo esta perspectiva las masas sociales se convierten en una carga para los Estados; o, peor aún, se concibe que su bienestar, rentas y patrimonios son estorbo para el proceso de acumulación de capitales y de riquezas; así se actúa en contra de ellas utilizando mecanismos de sobreexplotación, de exacción de ingresos y de enajenación de bienes. Cuando esto último sucede, la regresión en las condiciones de vida de las masas sociales se hace palpable: “están peor que antes”.

En México se avanzó de un régimen colonial a una nación independiente, sin que las masas sociales hubiesen experimentado beneficio alguno. Las desgracias aumentaron y eso en buena parte lo explica el mismo cauce que tomó la revolución de independencia. El sentido histórico cambió radicalmente con la aprehensión y muerte de Hidalgo y Morelos. Sin ellos, el movimiento popular entró en un profundo declive; las ideas sociales se desvanecieron y la emancipación adquirió un matiz superficial. Lejos quedaron los anhelos sustantivos de los “Sentimientos de la Nación” y los objetivos de aquellas proclamas relacionadas con la distribución de la riqueza y con la solución al problema agrario:

“Tocante a las tierras pertenecientes a las comunidades de los naturales, ordenó: se entreguen a los referidos naturales las tierras para su cultivo, sin que para lo sucesivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad que su goce sea únicamente de los naturales en sus respectivos pueblos” (Miguel Hidalgo).

También convergieron procesos que destruyeron los cimientos con los que se pudo haber edificado promisoriamente una vida independiente.  La ruina no sólo obedeció a los estragos del movimiento armado (que, por cierto, no se extendió hacia el Norte del país, además de que el Bajío quedó apaciguado en 1815) sino a la crisis profunda del imperio español, cuyo lastre impactó a la Nueva España. La invasión napoleónica y los subsecuentes conflictos políticos en la Península afectaron al vasto territorio del imperio: extinguieron y ahuyentaron capitales, redujeron el comercio ultramarino casi a la nada (se extinguió la Nao de China); y ampliaron estratosféricamente las deudas de la Corona española para afrontar guerras y rebeliones. Si no había capitales para la Península, menos los había para las colonias.

Frente a este contexto, los dueños de los reales mineros y de las haciendas agrícolas, entre ellas las azucareras, permanecieron casi impasibles: lo conducente hubiera sido sumarse a la causa independentista para sacudirse las restricciones normativas que imponía España y suavizar sus cargas fiscales. Para los propietarios de minas eso hubiera significado liberarse del “quinto real” y de las obligaciones impositivas que se derivaban de la amonedación de la plata; así como buscar mercados alternativos para adquirir materias primas para la explotación minera monopolizadas por la Corona Española.

Octavio Paz denota en los gobiernos de los países que se habían emancipado de España incapacidad para crear una sociedad moderna:

“Una vez consumada la Independencia las clases dirigentes se consolidan como herederas del viejo orden español. Rompen con España, pero se muestran incapaces de crear una sociedad moderna. No podía ser de otro modo, ya que los grupos que encabezaron el movimiento de Independencia no constituían nuevas fuerzas sociales, sino la prolongación del sistema feudal. La novedad de las nuevas naciones hispanoamericanas es engañosa; en verdad se trata de sociedades en decadencia o en forzada inmovilidad, supervivencias y fragmentos de un todo deshecho”. (2)

El carácter retardatario de nuestra emancipación se hace más evidente si se considera que la iglesia católica quedó indemne a cualquier acción en contra de su patrimonio; antes bien, se convirtió en la institución más poderosa del país, a tal punto, que el Estado palidecía ante su poder. Era la institución más rica del país, en tanto que los gobiernos entraban frecuentemente en bancarrota; además de que sus fueros no estaban sujetos a la justicia civil. Intervenía continuamente en las decisiones del Estado y el alto clero complotaba en los diversos derrocamientos. La nueva nación se movía sobre escombros, es cierto; pero lo que prevalecía era un anquilosamiento ideológico estructural, con rasgos absolutistas de siglos pasados.

Al final lo que quedó inmediatamente a la guerra de independencia fue una nación propensa a la anarquía y a la mutilación.

Fusilamiento de Hidalgo, autor desconocido, litografía, 1886, BNM, UNAM, México

Desgobierno

El retroceso es más fácil de entender si se considera el plano ideológico. Quienes consumaron la independencia seguían creyendo en el absolutismo y en el despotismo - aun cuando fuese atenuado - como la mejor forma de gobierno. Carlos María de Bustamante y Lucas Alamán señalaban que O´Donojú había mostrado poca pericia política cuando firmó los Tratados de Córdoba. En realidad, lo que se tendría que pensar es que el jefe político español actuó por convicción. Era un liberal auténtico:  luchó contra el absolutismo en España y formó parte del grupo que obligó a Fernando VII a reestablecer la Constitución de Cádiz. Con esos antecedentes se puede afirmar que él reconocía el derecho de los mexicanos de elegir su propio gobierno; y que la soberanía mexicana formaba parte de un proceso histórico irreversible. Iturbide quería ceñirse en sus cienes la corona de un monarca. ¡He ahí el contraste!

Después de Iturbide llegó un periodo de tránsfugas y canallas; no obstante, sin abandonar los traspiés, el bando conservador (el de los antiguos realistas) llegó a la conclusión de que era necesario constituir una república centralista. Esa forma de gobierno se concebía como la mejor para imponer el orden en el país y en las ambiciones de los que configuraban la casta política.

Las cúpulas políticas poco veían hacia abajo y no emprendieron estrategia alguna a favor de las clases mayoritarias; tornándose el sistema republicano en un espejismo. El cambio había sido hacia atrás, tal como lo refería José María Luis Mora:

“La voz república vino a substituir a la de imperio en la denominación del país; pero una y otra eran poco adecuadas para representar (a) una sociedad que no era realmente sino la (del) virreinato de la Nueva España…El pueblo además al verificarse la independencia, era como lo había constituido los españoles y lo había empeorado la revolución, es decir, ignorante y pobre”. (3)

En 1836, parecía que el caos había llegado a su fin con la proclamación de la Constitución Centralista, conocida también como las “Siete Leyes”. Su vigencia duró once años, de octubre de 1835 a agosto de 1846, pero los actos conspiratorios y los golpes de Estado no cejaron. Los integrantes de la minoría política selectiva - como define Ortega y Gasset a los que gobiernan - se adecuaban a las circunstancias y se activaban sólo para obtener el mejor provecho personal posible.

Si se hace un recuento “entre 1824 y 1857 hubo 16 presidentes y 33 gobernadores nacionales provisionales, lo que hace un total de 49 gobiernos” (4). De ese total, sólo uno cumplió con su periodo presidencial de 4 años, cuando aún estaba vigente la Constitución de 1824; es decir, fue ilusorio el cambio de la duración a ocho años que estableció la Constitución Centralista.

Reiteradamente se puso en práctica el procedimiento de elegir presidentes a través del Congreso por derrocamientos o destituciones. Es difícil llegar a un recuento, pero casi fue regla que el Congreso nombrara a presidentes interinos para completar los periodos de aquellos que habían accedido a la máxima magistratura mediante el método de elecciones indirectas, incluso, se iba de interino a interino.

El método indirecto prevaleció durante todo el siglo XIX: la ciudadanía nombraba electores primarios, quienes, a su vez, reunidos en juntas, designaban a electores secundarios y estos últimos nombraban a los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Con la Constitución de 1857 el procedimiento se simplificó: los ciudadanos votaban por electores y estos reunidos en colegios electorales nombraban a quienes ejercían los diferentes poderes. No se debe desvirtuar el sistema indirecto, por sí mismo, las reglas estaban establecidas y desde luego, obligaba a los aspirantes a negociar con diferentes segmentos influyentes y con los lideres caciquiles de las diferentes regiones del país. Lo importante, en su caso, era respetar el resultado electoral y dejar que los que ostentaban el poder ejecutivo legitimamente pudieran ejercer sus funciones con las menores zozobras posibles. Esto no era así, la silla presidencial era frágil, quebradiza.

Por supuesto el derecho a votar no era universal, sino “censitario”; es decir, sólo lo podían realizar los varones que cumplían con ciertos requisitos. En las elecciones primarias tenían derecho a votar las personas que no sabían leer y escribir, bajo esa circunstancia el voto no podía ser secreto: auxiliado por una persona, el elector tachaba la boleta y luego los encargados de la mesa electoral le preguntaban si estaba de acuerdo o no para hacer válido su voto. Después de 1846 se excluyó del derecho de voto a los analfabetos, reduciéndose el número de electores a un mínimo.

Con la Constitución Centralista el método censitario se hizo restrictivo, lo que es un indicio del poco aprecio que se le tenían al “vulgo”:

“Para ser ciudadano y gozar del derecho a votar se necesitaba tener una renta anual de al menos 100 pesos procedente de capital fijo o mobiliario o de industria o trabajo personal honesto y útil…Aproximadamente, el 50 % de la capital y de las grandes ciudades estaba desempleado, y cerca de 30% de los ocupados trabajaban en el servicio doméstico. En los estados del Sureste, la mayor parte de la gente vivía en un nivel de subsistencia mínimo”. (5)

El carácter censitario también restringía el acceso a los que podían ser gobernantes bajo la siguiente tabulación: para ser diputado se requería acreditar una renta anual de 1 mil 500 pesos; senador 2 mil 500 pesos y ministro de la Suprema Corte de Justicia 1 mil 500 pesos; en tanto que para ser presidente de la Republica se tenía que demostrar un ingreso de 4 mil pesos, además de haber desempeñado cargos de alto nivel como ministro, diputado, senador o secretario de despacho.

Para erradicar la anarquía política y darle orden a la administración pública, con Anastasio Bustamante y con las Siete Leyes se instauró un Supremo Poder Conservador, “con grandes atribuciones de carácter político y en materia de control constitucional, debía vigilar, regular, limitar, contener e impedir los abusos de los otros tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial”. Nótese su carácter despótico: “no era responsable de sus decisiones más que ante Dios y la opinión pública”. (6)

No sólo los que fueron oficiales realistas estaban de acuerdo con el “centralismo”, el otrora líder insurgente Nicolás Bravo se alineó con esta facción política; otro liberal, Valentín Gómez Farías, mantuvo con firmeza sus convicciones, incluso en su último mandato, en 1846, cuando estaban vigentes las “Siete Leyes”.

Gómez Farías como vicepresidente en 1833 y como presidente de la república en 1834, supliendo cuatro veces en un año a Antonio López de Santa Anna (sí, cuatro veces) promovió reformas para eliminar los privilegios del clero, entre ellas, la secularización de los bienes eclesiásticos y el diezmo obligatorio; buscó quitarle el monopolio educativo a la iglesia, con la creación de la Dirección General de Instrucción Pública; y fue un ferviente defensor del federalismo, oponiéndose en la cuarta década del siglo XIX al centralismo y a la intervención de la iglesia en la política. Con justa razón se le considera el “Padre del liberalismo mexicano”.

Su último gobierno fue en una etapa de crisis extrema debido a la invasión estadounidense: tuvo que contratar deuda, pero no quitó el dedo del renglón, intentó obtener fondos mediante la confiscación de bienes eclesiásticos (bienes de manos muertas). Esto derivó en una reacción conservadora en la Ciudad de México conocida como la rebelión de los polkos, lo que llevó a su deposición. 

Hay algo que debe destacarse de la biografía de Gómez Farías, mantuvo una relación cercana con Santa Anna cuando fue su vicepresidente y en las cinco ocasiones que fue presidente de la República.  Se puede decir con certeza que ejercía cierta influencia sobre él. Sin embargo, Santa Anna también apoyó el proyecto centralista, por lo que también estuvo bajo el influjo de Anastasio Bustamante y de Lucas Alamán, el intelectual más destacado del conservadurismo. Más que maleable, Santa Anna apoyaba a quien más le convenía.

El grado de degradación política era insalvable, después de la mutilación del territorio nacional, en 1848, los conservadores - a instancias de Alamán - todavía volvieron a llamar de su exilio, en Colombia, a Antonio López de Santa Anna, registrándose su último mandato de 1853 a 1855. Durante este periodo, hizo más patente su mentalidad febril: se proclamó dictador vitalicio y exigió se le nombrará con el título de “Alteza Serenísima”; además de que en 1854 volvió a cercenar la superficie de la patria al vender “La Mesilla”.

Antonio López de Santa Anna 1847 (Valleto y Ca. fotógrafos, 1876, copia fiel de una fotografía tomada en 1847)

La rebelión de los Pitzotzin

El pasado indígena exaltado por Clavijero en el siglo XVIII dejó de ser motivo de orgullo y de reivindicación. El segmento conservador quería regresar a la población indígena a las condiciones de explotación que privaban en el sistema colonial; mientras que casi todos los liberales coincidían en que los pueblos nativos eran un obstáculo para entrar a un nuevo estadio de desarrollo sustentado en la modernidad, tal como acontecía en Estados Unidos. El pensamiento liberal abogaba por la erradicación de las viejas formas de organización, propiedad y las creencias de las culturas indígenas. Bajo su perspectiva, era imprescindible un cambio civilizatorio: había que desterrarlas, despojarlas y atraer a razas más emprendedoras. ¡De eso dependía el futuro de la nación!

Las vertientes excluyentes de cómo alcanzar el progreso, perpetuaron la inequidad del sistema colonial. El país se organizó según las aspiraciones e intereses de unos cuantos, sin importar el consenso del grueso de la población. A los distintos gobiernos les importó poco forjar nuevas leyes que impulsaran el bienestar de las masas indígenas que eran las mayoritarias en el siglo XIX. Se estima que en 1810 representaban más de 60% de la población total, aun cuando en 1895 este índice disminuyó a 35%, adquiriendo relevancia la población mestiza.

Sin explorar posibilidades, no se intentó detonar el esfuerzo social de los pueblos para integrar una nueva nación y escalar con ese esfuerzo los niveles de desarrollo y bienestar. Esa exclusión llevó a un conflicto permanente entre las clases sociales y a una larga y azarosa conformación del Estado mexicano.

Se atribuye la mutilación del territorio mexicano sólo a la existencia de fuerzas militares desiguales; esta visión es limitada, además debe considerarse que la exclusión, la discriminación y el desprecio hacia los pueblos nativos inhibieron el cauce de la movilización popular para hacer frente al invasor. ¿Cómo exigirles patriotismo cuando su marginación se había acentuado? El desprecio hacia los indios era notorio, tal como se aprecia en la siguiente editorial del “Mosquito Mexicano”, de mayo de 1846, periódico de corte republicano y centralista:

“Que menguados y collones deben ser los que, para lograr su sistema favorito, se valen de la gente más idiota, como son los indios, para que los proclamen…. Los señores de la anarquía han provocado nueva guerra (se refiere probablemente a la revuelta federalista de 1846 apoyada por Santa Anna) en pro de su maldito sistema, que si llegará a establecerse sería para que la república terminase en su último abismo, que es lo que desean los norteamericanos”. (7).

Si bien la Constitución de 1824 configuró su basamento jurídico en la igualdad política, está más bien se circunscribía al marco conceptual de la teoría del Estado heredado de la Ilustración, sustento ideológico de la Revolución Francesa y del movimiento de independencia de Estados Unidos. En la práctica la igualdad jurídica del ciudadano esbozada en esa Constitución poco tenía que ver con la vida real; lo que se impuso fue la supeditación económica y social de los pueblos y de las comunidades. Con la promulgación de la Constitución Centralista, por su pobreza extrema, la gran mayoría de los nativos dejaron incluso de ser ciudadanos.

La insensibilidad llevó incluso al despojo y a la intromisión en la vida de los pueblos, lo que generó protestas airadas por todo el país, con una característica sui generis: los pueblos defendían sus propios intereses. La intensidad de la lucha podía variar, pero en el fondo los pueblos se oponían a una nueva clase de propietarios y a gobiernos frívolos que querían conculcar sus derechos ancestrales y los esquilmaban. Los pueblos indígenas contaban con un argumento histórico: ellos eran los verdaderos poseedores de su territorio y tenían derecho a gobernarse por sí mismos.

Para entender este contexto se tendría uno que adentrar a cada una de las causas de las rebeliones de los pueblos indígenas. En ese sentido, la rebelión de los Pitzotzin que se extendió por Chilapa, Tlapa y Chiautla resulta de gran utilidad. Deben anticiparse dos de las conclusiones a las que llega Jesús Hernández Jaimes en su ensayo “Actores indígenas y estados nacionales: las rebeliones indígenas en el Sur de México, 1842-1846”:

1. Que las demandas de esta rebelión no estuvieron vinculadas a procesos políticos nacionales y menos indican que las poblaciones nativas hubiesen generado un proyecto alternativo de nación; más bien respondían a cuestiones específicas, siendo, incluso, distintas las causas que motivaron la rebelión en los diferentes distritos y partidos donde se suscitaron movimientos armados. Debe aclararse que La Constitución Centralista había dividido al país en departamentos, distritos y partidos. 

   
   

2. Siendo esto así, no se puede afirmar que los pueblos nativos estuvieran a favor del centralismo o del federalismo, o, que mostraran predilección alguna por las corrientes políticas que existían en esa época: liberales puros, liberales moderados, conservadores o monarquistas.

   
   

La rebelión que se extendió de Chilapa a la Montaña de Guerrero y a la Baja Mixteca chiauteca, tuvo como antecedente la conducta despótica de un hacendado. El relato de Hernández Jaimes resulta por demás interesante:

“En marzo de 1842, el dueño de la hacienda de San Sebastián Buenavista, residente en Chilapa mandó a llamar a dos campesinos del pueblo de Quechultenango para exigirles el pago de ocho cargas de maíz que le debían por las tierras que les arrendaba. Al presentarse uno de los hombres requeridos le propinó una paliza. El segundo hombre, de nombre Juan Santiago, decidió no presentarse a la hacienda. En represalia el hacendado quemó una troje vacía, además envío a su administrador para que, acompañado de 15 hombres, le arrebatase el maíz adeudado. Juan Santiago apoyado por tres o cuatro indígenas se parapetó en una colina desde la cual intercambio disparos con la gente del hacendado evitando que se llevaran el maíz.

Dos días después, el 19 de marzo, por alguna minucia, el hacendado mandó a azotar a un muchacho. En respuesta, la enardecida población asesinó durante la noche al hacendado, a su administrador y a su hermano. El gobierno nacional ordenó al comandante general del Sur, Nicolás Bravo, que castigara a los responsables de los asesinatos. Aprehendió a algunos indios, pero propició una rebelión generalizada no sólo de los indios de Quechultenango, sino de otros pueblos. En abril había unos mil indígenas que se habían levantado en armas”. (8)

La rebelión duró entre 4 y 8 años según sea el distrito o partido que se considere, en Chiautla los enfrentamientos se dieron en 1850. Dada la extensión territorial y en el tiempo, es evidente que existían causas que iban más allá de una o dos golpizas; aunque los maltratos reiterados sean por sí mismos una causa estructural. Varias cuestiones hicieron mella en las condiciones de vida de las comunidades indígenas:

1. Se les impidió cultivar las tierras que antes labraban y a las que tenían acceso por realizar trabajos tributarios para los nobles indígenas. Los que fueron adquiriendo tierras, en su condición de propietarios, arrendaban no sólo las superficies agrícolas, sino que requerían el pago de rentas para los predios en donde estaban asentadas las viviendas. Los Moctezuma, por ejemplo, vendieron sus propiedades, en 1838, las más extensas del distrito de Chilapa al hacendado Manuel Herrera..

   
   

2. Se les limitaba el acceso a recursos naturales vitales para su subsistencia, entre ellos el agua y el corte de leña en terrenos forestales que antes tenían un uso comunitario y que habían dejado de serlo por tener ya propietarios privados.

   
   

3. Se extinguieron los mecanismos tradicionales de gestión y defensa de los pueblos, entre ellos los cabildos de la República de Indios y el juzgado de su propia instancia. Quedaron sujetos a lo que disponían los ayuntamientos y los juzgados existentes en centros poblacionales de mayor tamaño en donde predominaban criollos y mestizos. Conforme a las “Siete Leyes” un ayuntamiento sólo se justificaba si la población contaba con 8 mil o más habitantes. Es decir, no se crearon en los pueblos órganos especiales que dirimieran conflictos y que les posibilitará presentar quejas o querellas ante las autoridades competentes cuando se presentaba algún agravio, despojo o cualquier conducta indebida por parte de gente de la propia comunidad o por la que se había avecindado en ella o en zonas adyacentes, incluyendo a los grandes propietarios. Lo anterior llevó a que los hacendados controlaran a los ayuntamientos y a las prefecturas; esto es, se hicieron del poder económico, político y del aparato judicial.

   
   

4. Se les quiso imponer a los habitantes de los pueblos tributaciones regresivas y excesivas, como lo eran el impuesto de capitación o el de la alcabala de granos. La molestia por el gravamen de capitación no sólo era por el peso de la carga, sino porque se fijaba una misma tasa impositiva para todos sin importar rentas, riquezas o patrimonios. Las diferencias en los niveles de ingreso eran obvias, incluso, en las propios pueblos indígenas, en donde habían surgido nuevos cacicazgos.

   
   

5. La decisión del gobierno de Anastasio Bustamante de retirar en 1839 el circulante de monedas de cobre pagándolas a la mitad de su valor; o la de Santa Anna, en 1842, que las retiró de la circulación sin contraprestación alguna tuvieron efectos devastadores. Disminuyó la capacidad de los habitantes de los pueblos para pagar deudas, sobre todo de las cofradías que estaban en el poder de párrocos o curas, quienes exigían se les pagara conforme al capital inicial previsto en los préstamos y con sus respectivos intereses. Con monedas depreciadas a la mitad de su valor, en su caso, exigían se les pagara duplicando el monto de monedas de cobre. Esto se hizo más caótico cuando las monedas de cobre ya no tenían valor alguno; lo que intensificó el pago de deudas con bienes y propiedades.

   
   

6. A su vez, por el impago, muchas cofradías quebraron, quedando los pobladores indios sin la principal fuente de fondos para subsistir antes de los periodos de cosechas. Los recursos de estas cofradías también servían para efectuar las fiestas patronales, alterando el desfonde el ánimo de la gente, ya que concebían a los santos patrones como los benefactores y protectores de sus pueblos, además, claro está, de que posibilitaba la cohesión social mediante las procesiones religiosas, el convivio y el jolgorio.

Por diferentes circunstancias, pero los pueblos se revelaban para defender su autonomía e identidad; para seguir teniendo acceso a las tierras y a los recursos naturales; o por rehusarse a pagar impuestos gravosos y regresivos. La descomposición del tejido social se volvió peligrosa, en Yucatán y Oaxaca las rebeliones tenían como propósito expulsar a los blancos, calificados como extranjeros.

La rebelión del Indio Juan Clara

La economía de Chiautla y la de los pueblos de su jurisdicción estaba desecha, había dependido de la venta de la sal en el auge minero, del comercio y tránsito de mercancías hacia las diferentes regiones del país y del crecimiento de la industria azucarera en las zonas aledañas a los pueblos del valle de Morelos y de Izúcar, siendo una importante fuente laboral. La mayoría de los pueblos tenían pocas opciones productivas, todas estas actividades se encontraban derruidas o existían conflictos de interés por la posesión, sobre todo, de las tierras rentables. La economía de la cabecera y de los pueblos del distrito era básicamente de subsistencia, caracterizada por una ganadería caprina extensiva, por tierras de pobres rendimientos, sujetas al temporal y por las actividades de recolección de diferentes hierbas comestibles o medicinales, verduras y frutos que se daban en el campo.

En 1850, en Chiautla, hubo una rebelión indígena encabezada por un personaje llamado Juan Clara. Poco se sabe de su existencia y se desconocen los motivos de su rebelión. Se trataba de un indio que el coronel Antonio Carrión lo vincula a la rebelión de los Pitzotzin, que fue el nombre que se le dio a la lucha armada en Chilapa.

Hernández Jaimes refiere que Antonio Pitzotzin fue el nombre que se le puso a un personaje ficticio, usado por los hacendados para elaborar un documento que desvirtuaba las verdaderas causas que originaron la movilización de los pueblos nativos de Chilapa. Lo cierto es que Clara logró reunir un contingente de alrededor de mil hombres. Cito textualmente a Carrión:

“El indígena Juan Clara, unido á los Pitzotzin, y con cerca de mil indios, se sublevó en Chiautla, y cometió algunas depredaciones, recorriendo algunos puntos del Estado de Puebla, el gobernador Múgica y Osorio de acuerdo con el Comandante General del mismo, acordó cooperar á la persecución de Juan Clara, y su gente; el 3 de Junio fueron completamente derrotados los sublevados en Pitcaya, quedando la mayor parte de ellos prisioneros á disposición de las autoridades competentes de Puebla.

Juan Clara escapó de la persecución de las autoridades, y volvió á presentarse á mediados de Diciembre en Atenango del Rio; el gobierno general y los gobernadores de Guerrero y Puebla tomaron las medidas necesarias para la persecución de los insurrectos, y el 26 de Diciembre, Juan Clara fue completamente derrotado en el mismo pueblo de Chiautla que intentó ocupar dispersándose los indios que no fueron muertos ó prisioneros”. (9)

El parte remitido por la Comandancia General al Gobernador Múgica y Osorio señala que como resultado del enfrentamiento en Pilcaya murieron 63 naturales; por lo que es previsible suponer que en Chiautla el número de caídos fuese considerablemente más alto. No se sació la sed de justicia, poco tiempo después aparecieron otros rebeldes y otras expresiones de rebeldía.

Mucho se discute sobre la modernidad, el problema es que en oposición a ello se colige que se debe destruir lo anterior, lo que se considera como anquilosado. No se ha entendido que la cultura de los pueblos es indestructible. La visión que se ha tenido con respecto a la modernización tiene el sesgo de no recurrir a “la experiencia de los siglos”, tal como lo indica Soto y Gama. Esta indica que la riqueza material del país en sus diferentes etapas históricas se ha derivado de la organización y del esfuerzo productivos de las comunidades que tienen una arraigada naturaleza nativa; lo que sucede ahora es sorprendente: ante nuestra impericia económica y política muchas de sus gentes generan riqueza en otras partes y son la base de sustento de sus pueblos. ¡Ahí están sus raíces sagradas! 

San Juan Pilcaya, Chiautla de Tapia, 2025 (Archivo fotográfico de GCL)

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(1)   Antonio Diaz Soto y Gama. “Espíritu o materia”. El Universal, 30 de marzo de 1949.

(2)   Octavio Paz. “El laberinto de la soledad/ Posdata/Vuelta a El laberinto de la soledad”. FCE, México, 2009, p. 166.

(3)   Rodrigo Sánchez Arce. “Retrato de una revolución. José María Luis Mora y la independencia de México”, p. 280 (Documento en Internet).

(4)   Sara Magallón Martínez. “El sistema político mexicano en el siglo 19. Ficción histórica o vedad política”, en Conceptos fundamentales y debates recientes de la ciencia política de México, Francisco Raveles Vásquez (Coordinador) (Documento en internet)

(5)   Ibidem.

(6)   Ibidem

(7)   Cita tomada de Jesús Hernández Jaimes. “Actores indios y Estado nacional: las rebeliones indígenas en el Sur de México, 1842-1846”, p. 5 (documento en Internet).

(8)   Jesús Hernández Jaimes. “Actores indios y Estado nacional: las rebeliones indígenas en el Sur de México, 1842-1846”, pp. 5 y 6 (documento en Internet).

(9)   Antonio Carrión. “Historia de la Ciudad de Puebla de los Ángeles (Puebla de Zaragoza)”. Colección Digital. UANL, p. 387.