Chiautla y Tlanichiautla, origen y construcción espiritual. Capítulo 19
- Gildardo Cilia López
- 5 jun
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Actualizado: 17 jun
Gildardo Cilia López
“Tierra y libertad” fue el clamor de justicia que hizo vibrar a los pueblos del Sur de Morelos y de la Baja Mixteca y que resume con precisión una larga lucha histórica.
El proyecto liberal y la propiedad de la tierra
Cuando se habla del triunfo liberal, suele dársele una importancia única a las prerrogativas sustantivas de la soberanía e inviolabilidad del territorio nacional. Estos logros, por sí mismos - por ser loables - resultan indiscutibles. Sin embargo, quedarse ahí poco ayuda a entender el devenir de México a partir de la segunda mitad del siglo XIX.
Se marginan aspectos relacionados con los cambios en la estructura socioeconómica que se heredan del proyecto liberal y otros sucesos que propiciaron luchas agrarias; así como de la conformación de nuevos marcos ideológicos que culminaron con la gran irrupción social de la segunda década del siglo XX.
Las rebeliones campesinas obedecían a causas relacionadas con la justicia social e inician antes de la dictadura de más de treinta años que, por ser aberrante también se convirtió en factor de descontento social. “Tierra y libertad” era un lema que se escuchaba desde los años en los que gobernaba el presidente Juárez, y que actuaba en oposición a una concepción del país que había modificado la estructura de la propiedad en forma desafortunada. La desamortización de las tierras comunales trajo consigo una mayor penuria para la gente de los pueblos.
El cambio en el tipo de propiedad tuvo su origen en la "Ley de Desamortización de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas" o "Ley Lerdo" (por ser autoría de Miguel Lerdo de Tejada). Dos artículos son importantes de resaltar:
Art. 1º Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o administran como propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la República, se adjudicarán en propiedad a los que las tienen arrendadas, por el valor correspondiente a la renta que en la actualidad pagan, calculada como rédito al seis por ciento anual.
Art. 5º Tanto las urbanas como las rústicas que no estén arrendadas a la fecha de la publicación de esta ley, se adjudicarán al mejor postor. (1)
El espíritu de estos artículos se incorporó al cuerpo de la Constitución de 1857, bajo los objetivos impostergables de actuar contra la posesión de tierras en manos muertas y la de modificar la faz productiva del campo mexicano. La ruptura tajante con la iglesia llevó a una guerra de tres años; empero no se pensó que actuar contra la gente de los pueblos podría ser riesgoso. Se trataba de comunidades que parecían desoladas, pero que sabían responder cuando se sentían agraviadas. Habían luchado contra el exterminio o cuando se les quiso afectar en su patrimonio en la primera mitad del siglo XIX.
La propiedad comunal en los pueblos desde la perspectiva liberal tenía que abrogarse porque constituía la principal causa que mantenía al país en el rezago productivo. Este tipo de propiedad provenía de derechos inmemoriales que no se trastocaron durante los tres siglos de la colonia española. Se les había permitido a las comunidades nativas conservar sus tierras y sus mecanismo de asociación productiva y de autogobierno. Modificar este entorno llevó a erigir una Ley para desamortizar “bienes comunales materializados en edificios, solares y predios urbanos, tierras de labor, potreros, montes y aguas usufructuados en calidad de patrimonio común y a censo perpetuo” (2).
En torno al país se generaron dos visiones que parecían irreconciliables, como lo desglosa correctamente Margarita Carbó:
“Para (los ideólogos liberales) la sociedad existe solamente en función de los individuos, es una suma de individuos, y éstos son y deben ser los sujetos de la historia, los sujetos de atención del Estado y los impulsores y constructores del futuro… Estaban convencidos de que los campesinos usufructuarios de tierras que no eran suyas sino en función de su pertenencia a la comunidad denominada pueblo, comenzarían a transitar por el camino de su mejoramiento y superación, cuando rompieran con sus vínculos ancestrales, cuando se convirtieran en ciudadanos capaces de competir por un lugar digno en el escenario abierto de la democracia política; y - añadiría - pudieran generar iniciativas productivas mediante la modernidad que imponía un entorno abierto de mercado.
En la percepción de los campesinos la defensa del patrimonio económico colectivo significaba muchas otras cosas: organización propia, márgenes de vida autonómica al interior de las comunidades y supervivencia de pautas, modos y normas de relación social así como de expresiones culturales de toda clase, siempre relacionadas con su manera tradicional de poseer, trabajar y distribuir con criterios de solidaridad y de ayuda mutua más que de competencia”. (3)
Tres constituyentes de 1857 advirtieron que los cambios que se proponían se daban dentro de una estructura desigual que podía ampliar los agravios entre las clases sociales. Que antes se tenía que crear un ámbito de mayor justicia social, limitando los excesos del latifundismo.
Isidro Olvera sostuvo que no era posible conculcar derechos que naturalmente debían pertenecer a todos:
“No es necesario seguir ramo a ramo el árbol genealógico de la humanidad (para entender) que la tierra debe pertenecer a todos los hombres, como un bien reconocido universalmente por legítimo. ¿Cómo algunos llegaron a perderlo?, he aquí la historia de la pobreza.
No siendo ya el globo ni suficientemente grande ni cómodo para mantenerlo repartido, la codicia…la mala fe y el dolo inventaron para legitimar la usurpación ciertas formas violentas que, reunidas, llegaron a formar parte de lo que hoy se llama derecho civil y derechos de gentes”. (4).
Quedarse sin tierra en el siglo XIX significaba privarse de todos los recursos naturales existentes en una propiedad: suelo, caminos de servidumbre, aguas, montes, bosques, pastos, leña y canteras. La provisión de estos elementos quedaría a voluntad de los dueños, lo que iba a llevar a que se asumieran costos por obras o derechos de acceso o suministro, aumentando la angustia de las gentes de las comunidades. Limitar la codicia de pocos para propiciar un todo, es decir, la misma sobrevivencia, ese era el punto de partida de Olvera.
José María del Castillo Velasco sostuvo que debería seguirse exceptuando a los ejidos y a la gente de los pueblos de la fragmentación de propiedades. Además externó un argumento que por ser brillante resulta imperdible:
“La sociedad debe garantizar a todos los ciudadanos los medios de subsistir. Y como el trabajo es el único medio honrado de adquirir la subsistencia, la sociedad está obligada a proporcionar trabajo al que no lo tiene, y no pudiendo dárselo de otro modo, debe facilitarle un pedazo de tierra”. (5)
Ponciano Arriaga abogó por la limitación de la propiedad agraria. Sus consideraciones resultan memorables:
“Mientras que pocos individuos están en posesión de inmensos e incultos terrenos capaces de dar subsistencia a muchos millones de hombres, un pueblo numeroso, crecida mayoría de ciudadanos, gime en la más horrenda pobreza, sin propiedad, sin hogar, sin industria ni trabajo.
Este pueblo no puede ser libre, ni republicano, mucho menos venturoso, por más que cien constituciones y millares de leyes proclamen derechos preciosos, pero impracticables, a causa del absurdo sistema económico de la sociedad.
Los miserables sirvientes del campo, especialmente los de la raza indígena, están vendidos y enajenados para toda su vida, porque el amo les regula el salario, les da el alimento y el vestido que quiere y al precio que le acomoda, so pena de encarcelarlos, castigarlos, atormentarlos e infamarlos siempre que no se sometan a los decretos y órdenes del dueño de la tierra”. (6)
El diagnóstico de los tres constituyentes de 1857 era acertado y resultó premonitorio. En lugar del país ideal que se esperaba de pequeños propietarios, exitoso por las virtudes del emprendimiento y del esfuerzo individual, se desencadenaron mecanismos de apropiación intensiva sobre las tierras comunales, dando origen a un latifundismo sin precedentes en todo el territorio nacional:
La Ley Lerdo posibilitó la venta indiscriminada de tierras hacia los que ya eran grandes poseedores. La precariedad de recursos y la necesidad de saldar deudas contraídas propició más bien que importantes núcleos de campesinos se deshicieran de terrenos a los que tenían derecho preferente; liberándose en forma salvaje el mercado de tierras,
La gente de las comunidades o de los pueblos compraban sus propias tierras para evitar que quedaran en manos extrañas; sin embargo, ante la existencia de cacicazgos o de la dificultad de la mayoría de las gentes de aportar recursos para esta adquisición, se dio un proceso de concentración local; excluyendo a mucha gente de trabajar en tierras que antes eran comunales. En los pueblos con cohesión comunitaria este fenómeno no fue recurrente; por lo contrario, prevaleció la solidaridad que los había mantenido unidos a lo largo de siglos.
La existencia de litigios y fraudes legales actuaron en contra de los poseedores nativos. Mediante la falsificación de títulos, la alteración de linderos, la imposibilidad pecuniaria de iniciar litigios legales y la natural parcialidad de jueces y magistrados derivada de sobornos, se generó una usurpación que generó malestar en los pueblos y continuas quejas que se elevaban, incluso, hasta la primera magistratura.
En 1883, la situación se agravó con las leyes de deslinde y colonización. Se declararon baldías una inmensa cantidad de hectáreas que en realidad tenían dueños originarios; vendiéndose estas tierras a latifundistas o a grandes hacendados a precios irrisorios.
Se dio un proceso natural de arrendamiento de tierras, pero en aquellas en donde había la posibilidad de incorporarlas a proyectos más rentables, como sucedía en las haciendas azucareras, una buena cantidad de campesinos se quedó incluso sin tierras para arrendar, aumentando la zozobra en los núcleos campesinos.
La penuria, la escasez y el despojo modificaron la estructura de la propiedad en México a través de la acumulación de tierras. Además los mecanismos de apropiación y de usurpación de tierras en Estados como el de México, Morelos y Puebla llevaron a que las mejores tierras quedaran en posesión de los grandes hacendados; quedándose los pueblos y comunidades con tierras poco productivas.
Juárez frente al anarquismo
El tratamiento de Juárez en torno al problema indígena no debe de omitirse, constituyó, tal vez, el mayor de sus errores. Narciso Bassols señalaba que:
“Juárez y los liberales de la Reforma creyeron sinceramente que bastaba decretar la igualdad jurídica, suprimir fueros y comunidades, para que el indio dejara de serlo y se transformara auténticamente en ciudadano, (7)
Juárez creía en el liberalismo, concibiendo como esenciales dos de sus tesis que no concibo que tengan un carácter decimonónico: 1) que los hombres deben vivir en perfecta libertad, a partir de sus propias iniciativas, como una condición de su propia naturaleza; y 2) que la propiedad privada cimienta la libertad individual en medio de un proceso dual: como la cristalización que emana del esfuerzo por generar riqueza; y como el deseo natural de ampliar el patrimonio dentro de un entorno de continua competencia, que, a su vez, permite incrementar las capacidades productivas. Es, entonces, la recompensa obtenida por el tiempo dedicado al trabajo o a la generación de ideas que se transforman en mejores rentas o ingresos o en mayores plusvalías.
Ante la acumulación salvaje de tierras, el proyecto liberal no impuso restricción legal alguna. Eso hizo escalar a niveles impensables el poderío de pocos, inhibiendo la condición básica de mayor igualdad para propiciar una sana competencia. No se escucharon las voces de los tres diputados constituyentes, menos la de Arriaga:
“La de poner un límite a la extensión de tierra que podía poseer una sola persona… la de proponer que los propietarios con 10 leguas cuadradas no pudieran en lo sucesivo adquirir ninguna finca, y que los que ya las poseyeran pagaran un impuesto adicional”. (8)
Tampoco se consideró la propuesta de dotar de tierras a aquellos que carecían de trabajo o medios para propiciar su subsistencia.
La polarización social se hizo extrema. El cambio en el tipo de tenencia de la tierra no propició que las grandes capas de campesinos cruzaran la frontera de la subsistencia; lo que sí se dio fue una competencia entre los grandes hacendados por el acaparamiento de tierras. El proceso fue perverso: por una parte, la acumulación de tierras en pocas manos; por la otra, muchos se quedaron sin nada.
Poco se conoce sobre el anarquismo y de verdad, existe complejidad en entenderlo. Los tipos de anarquismo son diversos y generalmente se les asocia con el caos. En todos existe la característica de extrema libertad, es decir, de rechazo a toda autoridad coercitiva, especialmente al Estado. La oposición va más allá, se manifiestan en contra de cualquier jerarquía impuesta.
La ausencia de autoridad no necesariamente debe llevar al caos. Algunas corrientes anarquistas prevén que la asociación voluntaria de los individuos estaría sustentada en la generación de pactos libres, en un clima de solidaridad y respeto entre individuos.
Plotino Rhodakanaty, inmigrante griego, fue el primer maestro de la teoría anarquista en México. Arribó a Veracruz en febrero de 1861, animado por conformar una colonia agraria. No la pudo crear, pero lejos de abandonar México se mostró interesado en difundir ideas en un entorno que juzgó propicio. Observó interesado el perfil de los campesinos de los pueblos tradicionales mexicanos:
“Concibió que vivían según las ideas básicas de Fourier y de Proudhon, pero que estaban siendo oprimidos por el despojo de los hacendados y la insensibilidad de un gobierno indiferente, concluyendo que era factible construir un sistema socialista de colonias agrarias”. (9).
Rhodakanaty creía en un socialismo libertario, sustentado en muchos sentidos en el ideario de Proudhon y eso es lo que publicó en sus diferentes cartillas de enseñanza. Es rechazado como docente en San Ildefonso, no obstante, da clases en una escuela preparatoria; eso le permiten conformar, en 1863, un grupo de Estudio al que se le denominó Grupo de Estudiantes Socialistas. De ahí surgen tres importantes activistas: “Francisco Zalacosta, un joven entusiasta que encabezaría las futuras luchas agrarias; Santiago Villanueva, organizador del primer movimiento obrero de México; y Hermenegildo Villavicencio, que colaboró con Villanueva. (10).
Más que agitador era un hombre que quería generar adeptos a través de la concientización. Sus alumnos no adoptaron la misma postura, se convirtieron en activistas radicales, cercanos a la esencia revolucionaria de Bakunin. Irrumpieron en la sociedad, haciendo trabajo político fehaciente, más en contacto con los grupos sociales objetivo: obreros, artesanos y campesinos, animándolos a la protesta y a la revolución social. Es interesante resumir lo que proponía filosófica y socialmente Rhodakanaty:
“Que el hombre nace bueno, pero que la propiedad privada, la desigual distribución de la riqueza, la creciente industrialización y la naturaleza explotadora del prevaleciente orden social creaban la perversión moral, corrompían al gobierno y enfrentaban al hombre con el hombre”. (11).
En torno a la distribución de la riqueza se apegaba más al mutualismo del Proudhon: “De cada quien según sus capacidades, a cada quien según sus obras o su trabajo”.
Concebía que era factible una transición pacífica del capitalismo hacia el socialismo mutualista. “La agrupación voluntaria de individuos, estructuradas en federaciones, debería abolir el sistema de partidos políticos, el sistema de salarios y los varios grados de riqueza del sistema capitalista para sustituirlos por la igualdad social y económica, el crédito libre, la ayuda mutua y la filantropía”. (12) Fraternidad y cooperación frente a la explotación y la miseria.
“Concluía que el hombre está mejor adaptado a comunidades relativamente pequeñas en las cuales podrían florecer la ayuda mutua y la caridad”. (13).
Rhodakanaty prosiguió con su objetivo de fundar una colonia agrícola armoniosa y solidaria. En 1865, se traslada a Chalco, pero al no dotársele de tierras fracasa en su intento; en cambio, funda “La Escuela del Rayo y del Socialismo”, cuyo plan de trabajo se centraba en que los campesinos aprendieran a leer y a escribir, además de enseñarles oratoria a manera de que pudieran defender sus derechos con su propia voz, difundiendo sus ideales socialistas y libertarios y los métodos de organización comunal.
Apelaba a la estricta persuasión y al pacifismo, pero al igual que en el “Grupo de Estudiantes Socialistas”, se encontró con un individuo efervescente, que asimiló sus enseñanzas para llevarlas a la práctica mediante acciones revolucionarias. De Julio Chávez López se conoce poco, cuando se hizo discípulo de Rhodakanaty trabajaba en una Hacienda de Texcoco; sus pocos biógrafos señalan que fue un soldado que combatió en la guerra de Reforma por la causa liberal y contra la intervención francesa, alcanzando el grado de coronel por su desempeño.
Chávez López declaró su postura ideológica de la siguiente forma: “Soy socialista porque soy enemigo de todos los gobiernos, y comunista porque mis hermanos quieren trabajar las tierras en común”. Entre 1867 y 1868 invade haciendas y reparte tierras en las zonas de Chalco, Texcoco, San Martín Texmelucan, Tlalpan y en los pueblos de Morelos. Es perseguido por el ejército federal, pero no ceja en su lucha agraria. A principios de 1869, desarrollo la idea de que era posible emprender una revolución socialista con un alcance nacional, como lo quiso hacer.
El levantamiento agrario de Chávez López no es una simple irrupción violenta, ni se forja en la ambición desmedida para obtener poder político; constituye el primer movimiento en el que se plasma un verdadero programa agrario, sobre el contexto real en el que vivía el campesinado mexicano. Su objetivo sincero era establecer un nuevo orden social y darle la libertad a los campesinos sujetos al encasillamiento o a la servidumbre mediante la anulación de las deudas de raya y el reparto de tierras. Se oponía no sólo a la opresión de las clases altas, sino a la tiranía política del gobierno. Era partidario de la descentralización del poder y de la soberanía de las comunidades, es decir, comulgaba con el concepto de Municipio libre. Vale la pena reproducir algunos de los párrafos del “Manifiesto dirigido a todos los oprimidos y pobres de México y del Universo”:
“Ha llegado el momento de despejar el campo… es el día de imponer deberes a quienes sólo han querido tener derechos. Los que se han aprovechado de nuestra debilidad física, moral e intelectual, se llaman latifundistas, terratenientes o hacendados. Los que pacientemente nos hemos dejado arrebatar lo que nos corresponde, nos llamamos trabajadores, proletarios o peones.
Nuestros padres fueron comprados por la hacienda… mes por mes y año por año, se iba haciendo una deuda a cargo de nuestros padres. ¿Quién podría solventar aquella deuda, cuando el jornal no pasaba de ser el misérrimo real? ¿Quién había de prestar a nuestros padres para cubrir sus adeudos? ¿Quién les había de abrir crédito, cuando el crédito siempre está en manos de los detentadores de la producción?
Cuando nosotros vinimos a este mundo, nos encontramos que las deudas de nuestros padres pasaban a nuestro cargo y que, por lo visto, habíamos nacido esclavos y con la obligación de seguir trabajando en el mismo lugar, bajo el mismo sistema, a título de cubrir la famosa deuda. Pero nuestro jornal tampoco aumentaba, nuestro crédito tampoco se abría y teníamos que conformarnos con la misma situación.
Los hacendados han sido los hombres fuertes que, validos del ejército que ellos mismos sostienen para asegurar sus propiedades, han señalado sus posesiones en los lugares que han deseado, sin que se proteste.
Queremos la tierra para sembrar en ella pacíficamente y recoger tranquilamente, quitando desde luego el sistema de explotación; dando libertad a todos para que siembren en el lugar que más les acomode, sin tener que pagar tributo alguno; dando libertad para reunirse en la forma que más crean conveniente, formando grandes o pequeñas sociedades agrícolas que se vigilen en defensa común, sin necesidad de un grupo de hombres que les ordene y castigue. Queremos abolir todo lo que sea señal de tiranía entre los mismos hombres, viviendo en sociedades de fraternidad y mutualismo y estableciendo la República Universal de la Armonía.
Queremos tierras, queremos trabajo, queremos libertad. Necesitamos salvarnos de todos … en fin lo que necesitamos es el establecimiento de un pacto social entre los hombres a base de respeto mutuo. ¡Viva el Socialismo! ¡Viva la Libertad!”. (14)
El levantamiento agrario de Chávez sustentado en ese manifiesto duró seis meses, avanzando sobre Chalco, San Martín Texmelucan y Apizaco. Derrotado en Actopan, lo hicieron prisionero y fue fusilado en el patio de la Escuela del Rayo y del Socialismo el primero de septiembre de 1869. Se cuenta que gritó “Viva el socialismo” en pleno fusilamiento.
Previamente, el 31 de diciembre de 1867, Chávez López había publicado un manifiesto llamado “República y Patria Nuestra” dirigido a Benito Juárez, del que se destacan los siguientes párrafos:
(Solicita a Juárez): “se sirva mandar decretar que en todos los pueblos de la República que se componen la mayor parte de indígenas, que reconozcan sus derechos de propiedad terrenal, aguas y montes por medio de la razón y la justicia, según sus títulos y desde luego, poniéndoles en posesión…
Estamos cansados de andar ante los tribunales de justicia [...]convencidos de que de esta manera jamás lograremos recobrar nuestros terrenos que poseen los hacendados sin derecho alguno [...] estamos prontos a levantarnos en masa, apropiarnos de nuestros terrenos a la viva fuerza y hacerles la guerra a muerte a los verdaderos opresores, a los tiranos hacendados [...] jamás formaremos guerra a nuestro gobierno, porque somos sus fieles sostenedores, pero que se nos cumpla lo que pedimos”. (15)
Juárez sabía que lo que proponía Chávez López iba a llevar a una disputa violenta por las tierras entre clases sociales que ya se encontraban polarizadas. Hacerle caso al Manifiesto de 1867 significaba utilizar la fuerza del Estado contra los hacendados, un poder fáctico que podía desestabilizar a la nación, como antes lo había hecho la iglesia. Nada más inoportuno, además concebía que las organizaciones comunales mantenían al país en un pasado retrogrado; no concebía – como la mayoría de los liberales ortodoxos – que esas formas de producción también se podían modernizar si se les dotaba de capital. No hubo benevolencia con Chávez, constituía por sus ideas y activismo una amenaza contra la República, así, a manera de escarmiento, lo fusilaron en su propia Escuela.
Francisco Zarco tratando de justificar al presidente Juárez y entendiendo que el reparto de tierras constituía una causa justa escribió lo siguiente en el Diario Siglo XIX:
“Julio López ha terminado su carrera en el patíbulo. Invocaba principios comunistas y era simplemente reo de delitos comunes. La destrucción de su gavilla afianza la seguridad de las propiedades en importantes distritos del estado de México. En este estado, como en otros muchos de la República, tiempo vendrá en que sea preciso ocuparse de la cuestión de la propiedad territorial; pero esto por medidas legislativas dictadas con estudio, con calma y serenidad, y no por medios violentos ni revolucionarios”. (16)
En el Congreso de 1857, él – como casi todos los constituyentes - había ignorado los planteamientos agrarios de Isidro Olvera, José María Castillo Velasco y Ponciano Arriaga, que hubieran limitado la acumulación de propiedades. Zarco se daba cuenta que la injusta distribución agraria estaba a punto de generar un nuevo caos, mismo que ya estaba brotando.
El mundo de las ideas había dado un giro: el gobierno liberal se enfrentaba a una corriente aún más libertaria que exigía la igualdad social. Faltaba un largo trecho, pero no era imposible pensar que el movimiento agrario, iniciado por Julio Chávez López, le iba a dar un vuelco a las tesis que sustentaban al proyecto liberal. Lo que estaba en ese momento a la mano de los gobiernos liberales era el sofocamiento (la indeseable represión) de aquellos que protestaban contra la extrema desigualdad.
Entre 1878 y 1881, se inicia una revuelta encabezada por Francisco Zalacosta que se extendió por la región de Chalco-Puebla-Morelos, y hacia Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí, Coahuila, Durango y Chihuahua. Muchas haciendas otra vez fueron invadidas, dándole la propiedad de las tierras a los campesinos. Cerca de Querétaro, Zalacosta fue detenido y posteriormente ejecutado. Dos consideraciones resultan interesantes del "Plan Socialista de Sierra Gorda" proclamado por este incansable revolucionario anarco-socialista:
“Que a usurpación de la conquista, la ley de desamortización, la ley de repartimientos comunes, han convertido a la nación en una masa de proletariados, que están gimiendo bajo la opresión tiránica de las haciendas”.
“Que han pasado ya todas las revoluciones, todos los sistemas políticos, y todos los hombres públicos, y en vez de la libertad y del progreso que prometían a la nación, han sancionado la conquista llevando el monopolismo del suelo al último extremo, hundiendo a los pueblos en la más desesperante miseria”. (17)
En medio de esta agitación se publicó una nuevo manifiesto agrario. Según Hart “es el documento más complejo y sofisticado de su género, que marcó el clímax del desarrollo de la ideología revolucionaria agraria del siglo XIX”. (19) Se le conoció como la Ley del Pueblo y fue expuesta por el coronel Alberto Santa Fe a través de la prensa obrera”. Una referencia más precisa señala que este documento fue dado a conocer entre los años 1878 y 1879 a través del periódico “La Revolución Social” del Estado de Puebla. Díaz calificó a este Plan como “comunista”, ya que en sus considerados se ponían énfasis en el concepto de igualdad humana, social y espiritual.
Miguel Negrete, patria y revolución
Conforme a una síntesis maniquea, en nuestra historia sólo se concibe la existencia de dos grupos con posiciones irreconciliables: los que estaban por el viejo orden y los que abogaban por un nuevo orden de corte liberal. Grupos que en abierta contraposición parecieran explicar por sí mismos la ingobernabilidad que caracterizó al siglo XIX. Este maniqueísmo resulta sesgado cuando se relata la biografía del general Miguel Negrete.
Entre 1867 y 1868, al término de la intervención francesa, el General Miguel Negrete se atreve a desafiar abiertamente a Juárez:
“Culpaba a los funcionarios en el poder de estar abusando de la embriaguez de entusiasmo en que se sumergió el pueblo por la dictadura de los invasores, para hacer fraudes y maniobras electorales, corromper autoridades locales y enriquecerse”. (18).
El 5 de junio de 1879 se rebela en contra del gobierno porfirista y adopta como plataforma programática la Ley del Pueblo. En su proclama Negrete señala:
“La República que ha caminado siempre de ilusión en ilusión, vio en el general Porfirio Díaz una nueva esperanza: sus antecedentes le daban un brillo deslumbrador…
El país tiene el desprestigio en el extranjero y el próximo amago de un conflicto nacional con el exterior. En el interior, un pueblo hambriento, agitándose en las ciudades y en los campos, azotados por la miseria. El ejército desunido, la sociedad entera sin rumbo, la República en ruinas…” (19)
Decepcionado de Porfirio Díaz, Negrete señala claramente que este había traicionado al pueblo por promesas incumplidas y que se había aliado a fuerzas que se oponían a la mejoría material de la gente:
” También me opuse a Juárez… porque no vino a ayudar a la gente, luego a Lerdo y ahora a Díaz porque traicionó a la gente después de haberles dado esperanzas al rodearse de una banda de cómplices, no amigos”.
“He luchado cada vez que he visto en peligro las libertades públicas, y los trabajadores de las ciudades y del campo están peor ahora que nunca… Se acabará la tiranía… Espero encabezar la última revolución, la que acabará con estas condiciones”. (20)
¿Quién era el General Miguel Negrete? Se trata de un hombre notable, citemos sólo una parte de sus méritos patrióticos:
Lucha contra la invasión norteamericana de 1847, con el grado de sargento primero. Combate en Puebla, Churubusco y Chapultepec. Ante lo que le parecía inadmisible, que la patria se rindiera “él con un puñado de hombres tomaron unos cuantos rifles y se apostaron en las ventanas y en los edificios adyacentes al Zócalo. Empezaron a tirar sobre los norteamericanos durante la ceremonia de rendición oficial y el izamiento de la bandera (norteamericana) en la plaza. La lucha continuó por la tarde y por la noche, el ejército norteamericano los obligó a retroceder hacia la sección del mercado de la Merced”. (21)
Durante la Segunda Intervención Francesa participa en la defensa del territorio mexicano, abandonando al bando conservador. Ante el avance de las tropas francesas hacia el centro de México, Negrete proclamó su célebre frase: «Yo tengo Patria antes que Partido”. Su actitud patriótica lo convierten en uno de los héroes de la batalla de Puebla del 5 de mayo. Es el que repele al ejército francés en el Cerro de Loreto.
Combatió contra el asedió de Puebla en 1863. Durante este sitio de dos meses, fungió como comandante de la segunda división de infantería de las líneas defensoras del Ejército de Oriente.
Después se consolida como un importante defensor de la República: funge como Ministro de Guerra y Marina entre 1864 y 1865; emprende una campaña en el Norte del país y toma Monterrey y Saltillo; y presiona a las posiciones franco-imperiales en Matamoros, Tamaulipas, entre otras hazañas meritorias.
El General Negrete – como se ve – es un hombre que en el transcurso de su vida hace diversas lecturas históricas; que poco le interesa articularse a los círculos gobernantes, teniendo en el periodo de la República Restaurada todos los merecimientos para recibir las mieles del poder. ¡Era un héroe de la patria!
Él es un personaje distinto, de los pocos que existen en nuestra historia, actúa conforme a su conciencia y su espíritu vehemente lo lleva a ser un rebelde en búsqueda de justicia. Su condición de héroe le sirve para salvar la vida. para ser conmutado por Juárez.
Las controversias y desacuerdos con el presidente de Guelatao, siendo Negrete ya un hombre de cuarenta años, lo llevan a buscar un marco ideológico congruente con su espíritu de justicia. Así en la séptima década del siglo XIX se adhiere y hace suyas las ideas anarquistas; de hecho, se le vincula con la rebelión emprendida por Julio Chávez López:
“El general Cuéllar (quien combatía y perseguía a Chávez López) pidió más tropas, quejándose de que “la sublevación” se había convertido en una verdadera amenaza pues era ayudada ilegalmente por los habitantes. Advirtió, además, que los rebeldes recibían ayuda logística del general Miguel Negrete, de Puebla, conocido defensor de la reforma agraria a favor de los pueblos y opositor del presidente Juárez”. (22)
Durante 1869, en forma concordante con la rebelión agraria de Chávez López, toma los cerros de Loreto y Guadalupe. Después de esta acción sorpresiva, las fuerzas federales a cargo del General Ignacio Mejía lo derrotan contundentemente. Fue hecho prisionero y lo sentencian a fusilamiento por traición a la patria. Díaz intercede por él, recordándole a Juárez que era un héroe nacional.
En 1870 se le vincula a Negrete con Díaz y se adhiere al Plan de la Noria de 1871 y al de Tuxtepec de 1876. No sólo obraba el agradecimiento, sino que concordaba con Díaz porque había ofrecido el reparto agrario a los pueblos. Antonio Díaz Soto y Gama hace un relato de ello y ofrece tres testimonios:
“En uno de mis viajes a Matamoros Izúcar, Puebla, por el año de 1927 o 1928, tuve oportunidad de platicar sobre diversos tópicos con viejos campesinos de la región. Uno de ellos, contemporáneo y testigo de la batalla de Tecoac … me reveló que Díaz en la víspera de la referida acción de armas, convocó a los numerosos campesinos que simpatizaban con su causa, en un pueblo cercano a Tecoac y … una vez que aquellos estuvieron reunidos… les hizo … esta formal promesa: “en la lucha que desde tiempo inmemorial sostienen los pueblos con las haciendas, yo estaré con los pueblos, una vez que llegue al poder”.
"Ahora bien, lo que me reveló el anciano campesino coincide con la información concreta y precisa que … publicó en el año de 1877 el periódico “El Hijo del Trabajo”, Hemos tenido ocasión —dice uno de sus redactores— de conversar con indígenas suficientemente ilustrados, y nos han manifestado que las reclamaciones que están haciendo ante los tribunales para que los hacendados les devuelvan los terrenos que les han usurpado, tienen por base una promesa que les hizo don Porfirio Díaz, cuando era pronunciado…”
“El distinguido historiador don José C. Valadés nos proporciona otro dato plenamente probatorio. Nos habla él de una carta fechada en Córdoba, Veracruz, el 8 de septiembre de 1876, y que fue dirigida por el señor Aquilino Muñoz a la organización obrera denominada “La Central”. En esa carta da cuenta Muñoz “de que el general Díaz levantaba fácilmente a los campesinos, prometiendo la expedición de una ley agraria”. (23)
Ante la ruptura con Díaz, Negrete se vuelve adherir a las rebeliones anarco-socialistas, esta vez a Francisco Zalacosta. Fracasa pero es un luchador social vehemente y en 1886 inicia una nueva rebelión. Retoma la “La Ley del Pueblo”, y publica una proclama revolucionaria, demandando:
La libertad y la autonomía de los pueblos.
El municipio libre, que debería ser la unidad fundamental, política y económica de la nación.
La redistribución de las tierras en los municipios, para que éstos la repartieran individualmente a los campesinos o la mantuvieran en común, según lo que fuera común con la tradición local.
La fundación de bancos agrarios para propiciar los fondos necesarios para la irrigación, los implementos agrícolas y el desarrollo general.
A los trabajadores urbanos les prometía su apoyo para establecer el sistema de cooperativas, sociedades mutualistas, salarios más altos y mejores condiciones de trabajo.
En 1887, derivado de su encarcelamiento y de una enfermedad que lo postra en cama, el General Miguel Negrete abandona la lucha revolucionaria y muere diez años después. La historia oficial ha mantenido casi en el olvido los méritos patrióticos del General Negrete; así como la lucha revolucionaria de él y de los anarquistas de la segunda mitad del siglo XIX; pero su legado se convirtió en una de las savias fundamentales que nutrieron el movimiento agrarista del siglo XX. Fue el eco que escuchó Zapata.
Los bandoleros de Chiautla y la Hacienda de San Félix Rijo
En esa confusión entre hombres que se rebelaban con causa y los bandoleros no había lugar a matices. Al general Miguel Negrete se le calumnió en Morelos y Puebla, hasta señalarlo como jefe de los “Plateados”, lo que lo relacionaba con todo tipo de delincuentes; también se calificó como “Plateado” a Julio Chávez López cuando incursionó a ese Estado.
Cuando el gobernador de Puebla, Rafael J. García, le informó al presidente Benito Juárez, en 1868, que bandoleros de Chiautla habían violentado al pueblo de Acatlán no mencionó al líder de esos bandoleros. Conforme a Ana Ma. D. Huerta Caramillo el jefe de los bandidos pudo haber sido un individuo que se llamaba Manuel Villa:
“El 26 de noviembre (de 1868) la fuerza de caballería de Acatlán y la guardia que cuidaba la seguridad de la cárcel, fueron sorprendidos por una cuadrilla de forajidos cuyo número oscilaba entre los 40 y 50 caballos. Liberaron y armaron a los encarcelados…saquearon las casas de comercio…Además forzaron el juzgado de primera instancia rompiendo las causas criminales…No se sabía quién era el jefe, aunque se mencionaba el nombre de Manuel Villa entre los sujetos que se reconocieron”. (24).
¿Quién era Manuel Villa? Existen referencias históricas que operó como brazo político-militar del general Miguel Negrete en la Baja Mixteca. Se conserva una copia fiel de una Proclama y Decreto del General Miguel Negrete, emitida el 29 de noviembre de 1869. Este documento lo difunde Villa en la Mixteca poblana, presentándose de la siguiente forma:
“Manuel Villa, Coronel del ejército constitucional y Jefe de los Distritos de Acatlán, Chiautla y Matamoros, a los habitantes de éstos, sabed:
El C. general en gefe del ejercito constitucional (Miguel Negrete) se ha servido dirigirme el siguiente decreto… (25)
Villa es un apellido poco común en la cabecera municipal de Chiautla, de modo que pudo ser originario de algunos de los pueblos de su jurisdicción o de Izúcar de Matamoros, Ana Huerta Camarillo cita que nació en Tecomatlán. El radio de acción de este rebelde en el Distrito de Chiautla se dio en los siguientes pueblos: Chietla, Tlancualpicán, Huehuetlán el Chico, Axutla, Jolalpan, Teotlalco, Tlalcozotitlán, Nahuituxco y, desde luego, Chiautla de Tapia.
Juárez tomó muy en serio la rebelión que se estaba gestando en los Distritos de Izúcar de Matamoros, Chiautla y Acatlán; lo alertaron los informes del gobernador de Puebla Rafael J. García y más la rebelión de Negrete acaecida en febrero de 1869. Comprendía que el eje Chalco, Baja Mixteca y Montaña de Guerrero podía afectar severamente a su gobierno.
Es difícil hilar la historia de los personajes locales. La rebelión de febrero de 1869 de Miguel Negrete fue rápidamente sofocada: el 8 de marzo ya había sido completamente derrotado y encarcelado. Sin ese respaldo, los que sufrían la persecución de las fuerzas del orden tuvieron que huir y esconderse; otros optaron por el indulto que les ofrecía los gobiernos del Estado de Puebla o el Federal.
Villa quiso indultarse en Puebla en 1870, argumentando que había sido víctima de persecución por parte dr un personaje poderoso debido a un conflicto de índole amoroso, además de señalar que el “vulgo” le atribuía todos los robos y plagios que se cometían en los Distritos de Chiautla y Matamoros, particularmente contra los vecinos de la Hacienda de Colón. Al negársele el indulto, continúo delinquiendo, y el 20 de noviembre de 1870 muere en Tecomatlán en un enfrentamiento con tropas oficiales.
Es difícil precisar que tanto los bandoleros se articulaban real o ficticiamente a movimientos con mayor dimensión regional o nacional; los más buscaban cierto grado de legitimidad para definirse como fuerzas opositoras a los gobiernos y seguir esquilmando a los pueblos, exigiendo dinero o suministros materiales de alto valor (bestias o significativas aportaciones de sus cosechas). No pocas veces añadían su nombre con un cargo en las proclamas de personajes como Negrete para adherirse falsamente a causas y continuar con sus fechorías.
Los bandoleros de la región no asolaban a los propietarios de las haciendas, más bien, sus tropelías las resentían los pueblos, o, en su caso, los vecinos de las haciendas. Sin objetivos fehacientes de justicia social, lejos estaban de tener el espíritu ideológico de Chávez o Zalacosta. No parecían auténticos rebeldes, más bien se dedicaban al asalto, al robo y al pillaje.
No existe evidencia alguna que indique que Manuel Villa o algún otro jefe de gavillas tuviera la intención de invadir haciendas para repartir tierras, menos algún documento que verifique alguna promesa que les hubiera hecho Negrete en tal sentido. Actuaban, generalmente, por cuenta propia, azuzando a pueblos y comunidades.
En la región había magníficas haciendas azucareras, algunas estaban en transición de propiedad y se encontraban dentro del inventario del Estado mexicano. Importantes haciendas habían dejado de operar y es probable que sus superficies fértiles las labraran familias campesinas vecinas; seguramente las comunidades hacían uso de la abundante agua que corría a través de sus canales y acueductos.
Entre Tlancualpicán e Izúcar de Matamoros existen suelos con extensas planicies que son bañadas por los afluentes del Balsas, contando además con imponentes mantos freáticos. En esa amplia zona se cultiva la caña de azúcar y se erigieron imponentes haciendas durante el periodo colonial, siendo una de las más memorables la de San Félix Rijo. Por ser ejemplar para explicar la evolución de la tenencia de la tierra, así como el proceso de desarmonización que se vivía en la séptima década del siglo XIX y los sucesos posteriores conviene hacer una síntesis de su historia:
En el siglo XVII colonizadores españoles ocuparon las tierras de la Hacienda, por encontrarse prácticamente vacías y sin laborar, dada la disminución drástica de la población en la Zona. Recuérdese que Itzocan (la actual Izúcar) fue conquistada en forma violente en octubre de 1520, 10 meses antes de la caída de Tenochtitlán, sufriendo a partir de este primer contacto diferentes formas de exterminio.
Tras licencia real para el cultivo de caña de azúcar en 1684 y ante la necesidad productiva de contar con riego intensivo se fueron absorbiendo las extensiones comunales primarias y los recursos hídricos de los pueblo del Valle de Izúcar. Sus primeros dueños fueron los señores Juan Rijo Briceño y Pedro Calvo Viduales.
En 1786 el Convento del Carmen de la orden Carmelita adquirió la Hacienda, manteniéndola como propiedad hasta el inicio de la década de los setentas del siglo XIX.
Con la Ley de desamortización, la Hacienda formaba parte del inventario del Estado mexicano, quedando latente su venta por casi dos décadas en virtud de los diferentes conflictos armados en el país. Restituir sus tierras en 1870, conforme a la ley Lerdo, hubiera significado para las comunidades adquirirlas a título oneroso. Sin dueño o dueños todo dependía de la buena voluntad de los gobiernos, prescindiendo de la condición de contar con un mejor postor; es decir, los pueblos no tenían necesidad de arrebatarle las tierras a algún propietario civil o eclesiástico.
En 1883 José Díaz Rubín adquirió la Hacienda de San Félix Rijo. Incorporó tecnología de punta para modernizar su molienda y los procesos de refinación, adquiriendo maquinaria de la casa Duncan Steward & Company, misma que fue importada desde Escocia; al mismo tiempo expandió su extensión de cultivos mediante la anexión de tierras vecinas. Con el propósito de adquirir el ingenio de Atencingo y de ampliar sus negocios en la industria textil, Díaz Rubín vendió la Hacienda Rijo a la familia De la Hidalga.
En 1914, el Ejército Libertador del Sur, encabezado por Zapata, con la intención de desmantelar el poder económico de los hacendados, invadió y quemó la Hacienda, dejándola en condiciones precarias
En 1924, la familia De la Hidalga vendió la Hacienda de San Félix Rijo, junto con las de San Juan Colón y San Lucas Matlala al empresario estadounidense William O. Jenkins; convirtiéndose en el magnate azucarero más destacado del país en los años veinte y treinta del siglo XX.
Después de la Revolución Mexicana los campesinos de la zona iniciaron diferentes disputas legales con el objetivo de que se le asignaran esas tierras altamente productivas y de hacer uso de sus abundantes recursos naturales.
En 1937, en el periodo de la reforma agraria cardenista, la propiedad fue expropiada y segmentada por mandato federal. Durante ese mismo año, miles de hectáreas fueron repartidas, creándose el Ejido de San Félix Rijo, quien contribuye actualmente en la zafra de la región y abastece al ingenio de Atencigo, uno de los de mayor rendimiento por hectárea a nivel nacional
Las diferentes fases históricas de la Hacienda San Félix Rijo hacen comprender que llevó siglos reivindicar lo que los pueblos originarios demandaban por el despojo de sus tierras comunales y fundos legales. Tierra y justicia para los pueblos fue un argumento que se escuchó por primera vez en el recinto del Congreso constituyente de 1857; luego en forma vehemente ese propósito fue enarbolado por los anarco-socialistas del siglo XIX, Julio Chávez López, Francisco Zalacosta, Alberto Santa Fe y el general Miguel Negrete. ¿Su sacrificio fue en vano? No lo creo, el lema quedó encapsulado entre los relieves geográficos del Estado de Morelos, la Baja Mixteca y la Montaña de Guerrero. Esa demanda sonora aún no se extingue del todo.
Queda seguir caminando por el sendero de la prosperidad, generar más riqueza, pero sin abandonar la utopía de vivir con más libertad y más justicia.
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(1) Margarita Carbó. “Un derecho mutilado e impugnado: el derecho a la tierra. México en el siglo XIX”, texto publicado por el Instituto de Investigaciones jurídica de la UNAM, p. 165.
(2) Ibidem, p. 166.
(3) Ibidem, pp. 169 y 170.
(4) Isidro Olvera, “Proyecto de Ley sobre el derecho a la propiedad de Isidro Olvera”, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, p. 729.
(5) “Diario de los debates del Congreso Constituyente de 1856-1857, Sesión del 5 de agosto de 1856”, recogido por Francisco Zarco en “Historia del Congreso Extraordinario Constituyente.
(6) Ibidem.
(7) Narciso Bassols. “La educación rural y el problema del Indio”, en Obras de Narciso Bassols, Tomo I, F.C.E., p.247.
(8) “Diario de los debates del Congreso Constituyente de 1856-1857, Sesión del 5 de agosto de 1856”, recogido por Francisco Zarco en “Historia del Congreso Extraordinario Constituyente.
(9) John M. Hart. “Los anarquistas mexicanos, 1860 a 1890”, traducción de María Elena Hope. Digitalización KCL, sin referencia bibliográfica o hemerográfica, p.15.
(10) Ibidem, p. 16.
(11) Ibidem, p. 16.
(12) Ibidem, p. 19.
(13) Ibidem, p. 22.
(14) Julio Chávez López. “Manifiesto a todos los oprimidos de México y el Universo”, 20 de abril de 1869. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pp. 458 y 459-.
(15) Doralicia Carmona Dávila. “Es fusilado Julio López. Calificado de <comunista, asesino y gavillero>” en Memoria Política de México, Edición Perenne 2026.
(16) Ibidem.
(17) “Plan socialista de Sierra Gorda, julio 15 de 1879”, en Memoria Política de México, Selección de Textos y documentos, Doralicia Carmona Dávila, 2026.
(18) Carlos Barreto Zamudio. “Rebeliones porfiristas antirreeleccionistas en el Estado de Morelos, en Antrópica, revista de Ciencias sociales y Humanidades, Año 3, vol, 3, núm. 3, julio-diciembre 2017, p. 160.
(19) Manifiesto a la nación del general Miguel Negrete, primero de julio de 1879, en Memoria Política de México, Selección de Textos y documentos, Doralicia Carmona Dávila, 2026.
(20) John M. Hart. Op. Cit., p. 51.
(21) John M. Hart. “Miguel Negrete. La Epopeya de un Revolucionario”. Universidad de Houston, p. 71 (Documento en internet).
(22) John M. Hart. “Los anarquistas mexicanos, 1860 a 1890”, traducción de María Elena Hope. Digitalización KCL, sin referencia bibliográfica o hemerográfica, p.26
(23) Antonio Díaz Soto y Gama. “La revolución agraria del Sur y su caudillo Emiliano Zapata, Colección Clásicos del Zapatismo, INHERM, México 2019, pp. 55, 56 y 57.
(24) Ana. Ma. D. Huerta Jaramillo. “Insurrecciones rurales en el Estado de Puebla, 1868-1870, en Cuadernillos de la Casa Fresno, Universidad Autónoma de Puebla, 1985, p. 68.
(25) “Proclama y decreto del general Miguel Negrete en el cuartel general de San Felipe (29 de noviembre de 1869)”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
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