Gildardo Cilia López
Toda una novela de episodios ha resultado el Decreto por el que se declara como de “utilidad pública” tres tramos de la vía de la empresa Ferrosur, propiedad del Grupo México”. En los hechos hay quien considera este acto como una expropiación, en tanto que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador afirma que sólo se está rescatando una concesión. Más allá de las apreciaciones o de los tecnicismos jurídicos, conviene hacer una breve relatoría de lo que se ha dicho sobre el diferendo y los posibles acuerdos en los últimos cinco días.
Primero, el mandatario hizo el señalamiento que se había procedido a publicar el Decreto, debido a que Grupo México había solicitado una indemnización de 9,500 millones de pesos, monto que se considera desproporcionado.
Después, los periódicos “Universal” y “Reforma”, anunciaron sobre un posible acuerdo entre las partes, señalando que Germán Larrea, dueño de Grupo México, había bajado sus pretensiones a 7,000 millones de pesos.
Finalmente, el presidente López Obrador, en su conferencia matutina, aseguró que se avanza en un acuerdo con el empresario Germán Larrea, pero que no habrá pago en efectivo, sino una compensación; lo que habla de una posible reestructuración en los términos de la concesión, así como de posibles beneficios en el uso de la infraestructura ferroviaria que se desarrollará a partir del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Durante esta semana el escándalo mediático ha subido a decibeles insoportables. Se ha pasado de la información a la difusión del miedo, hay quien afirma, con toda certeza, que se trata de un acto expropiatorio que atenta contra la inversión privada, lo que hará ahuyentar a las inversiones en el país. No hay que dejar de lado la intriga, en un twett Darío Celis publicó que el empresario Germán Larrea desistía de comprar Citibanamex, atribuyéndole el siguiente comentario “No voy a pagar 7,000 millones de dólares por algo que mañana me pueden quitar”. Grupo México, poco después, aclaró que mantenía su interés por comprar el Banco. Seguramente detrás de la falacia hay un poco de todo: protagonismo, perversidad, deseos de dinamitar al gobierno y otros intereses ocultos.
Vale la pena hacer una descripción del sistema ferroviario mexicano, así como de su grado de concentración, para poder establecer ciertos juicios de valor. Tal vez, incluso, la última cantidad que quiere Grupo México, 7,000 millones de pesos, siga siendo excesiva.
Conforme a la Publicación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, del 18 de febrero de 2019 (por supuesto, no incluye el “Tren Maya”), la red ferroviaria dentro del territorio mexicano es de 26,914 km, de los cuales 23,389 km se encuentran en operación y 3,525 km fuera de operación. Alrededor de 75% de estas vías datan de hace más de 100 años, lo cual es un indicio del abandono que ha sufrido nuestro sistema ferroviario.
La infraestructura ferroviaria en operación, a su vez, está compuesta por 17,360 km de vía principal y secundaria (troncales y ramales) concesionada, 4,474 km de vía auxiliar y 1,555 km de vías particulares. Esto es, 74.2% de la red ferroviaria en operación se encuentra concesionada y subiría a 83.1% si sólo se tomaran en cuenta la vías principales y secundarias de la red ferroviaria.
Las vías en operación concesionadas muestran la siguiente distribución por concesionario:
Como se puede observar, 89% del sistema ferroviario está concesionado a empresas privadas, siendo relevantes: Ferromex con 47%, Kansas City Southern de México (KCSM) con 24% y Ferrosur, con 11%. El único sistema de vías no concesionado a empresas de particulares es, prácticamente, el Sistema de vías del Ferrocarril de Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT), que a su vez administra 3 líneas de transporte comercial que recorren los Estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.
Sin embargo, el grado de concentración es mayor porque Ferromex y Ferrosur son propiedad del Grupo México; es decir, 9,945 km (58%) están concesionadas a este conglomerado. El grupo empresarial, además, administra el Tren Chihuahua- Pacífico (Chepe) con un recorrido de 653 km y el Tren Tequila José Cuervo con una extensión en vías de 70 km.
Tanto Ferromex, como Ferrosur, más Texas Pacífico, forman parte de la División Grupo México Transportes (GMxT). En su página esta empresa publicita una red ferroviaria de 11,131 km; de la cual, si se toma en cuenta tanto las vías de los trenes de carga, como las de pasajeros, 10,668 km se localizan en territorio mexicano.
Aquí lo interesante son los números, Ferrosur con una red de vías de 1,824 km fue adquirida en noviembre de 2005 por 309 millones de dólares (mdd), aproximadamente 3,399 millones de pesos (tomando en cuenta un tipo de cambio de 11 pesos por dólar para facilitar el cálculo) Si se hace la actualización, actualmente los 309 mdd equivaldrían a 5,562 millones de pesos.
Por la “expropiación” - si así se le quiera llamar - de 120 km de Ferrosur (el 7% del total de la red ferroviaria de esa subsidiaria), el dueño de Grupo México pretendía primero que se le pagaran 9,500 millones de pesos (528 mdd) y luego, 7,000 millones de pesos (389 mdd). La pretensión parece francamente voraz: el monto por 120 km de vías es mayor en cualquiera de los casos al precio con la que adquirió toda la concesión de la red de Ferrosur de 1,824 km.
¿Qué le habrá hecho Grupo México a los 120 km de los tres tramos de Ferrosur para que valgan tanto? ¿Serán tramos de vía de alta o última tecnología? Porque no debe olvidarse que uno de los objetivos de la concesión es generar los mejores esfuerzos para la explotación de los recursos naturales o aumentar la eficiencia de los servicios público; todo ello estimulado por el espíritu de lucro empresarial. En el caso de Grupo México, por los graves accidentes mineros e hídricos, pienso que este objetivo poco se ha cumplido; por lo que pongo en duda que haya modernizado su red de vías ferroviarias concesionadas, incluyendo, desde luego, estos 120 km.