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La crisis, la gran lección mexicana

Actualizado: 7 jul 2022

Gildardo Cilia López


El gobierno del Presidente López Obrador es sui generis, todos los días (sin faltar ninguno) sufre de un continuo golpeteo; pero él no cede, por el contrario, se mantiene firme en sus convicciones. Hay quien piensa que debería ser más receptivo, no ha sido así, quizás porque las criticas carecen de propuestas, o tal vez, porque sólo buscan denostarlo o arrinconarlo para hacerle saber que su proyecto transformador es inviable. Lo peor son las diatribas hacia él y vergonzosamente hacia su familia; aunque sabe responder y con cierta frecuencia también incurre en excesos o inicia lo que parece una contienda sin fin, que seguramente prevalecerá aun después de su mandato.

El ciclo económico hoy es más imperfecto que nunca. La economía parece prolongar su fase depresiva, la pandemia sólo fue una primera etapa (un shock); ahora el mundo padece síntomas que alertan y los mercados reaccionan negativamente, se asegura que ha entrado a un proceso preocupante, en la que se juntan recesión con inflación (estanflación).

Bajo este atolladero, el mundo - y desde luego México - requiere de la generación de ideas bajo un enfoque científico; lo que significa que las mismas no deban ser dispersas, sino como opina el Doctor Juan Alberto Equihua Zamora también se requiere de la sistematización, lo que lleva a que se tengan que adoptar criterios que permitan filtrarlas, discriminarlas, seleccionarlas, ordenarlas y priorizarlas, hasta culminar con su aplicación razonable. Sería notable entender que se debe tener un espíritu constructivo; que se trata de encontrar las correcciones necesarias para superar los problemas y generar las condiciones básicas para el advenimiento de un periodo de expansión con estabilidad de precios, además que sea sostenible en el largo plazo.


Desde el Gobierno no se ha puesto en entredicho el elemento básico que sustenta todo sistema económico: no se ha atentado contra la propiedad de ningún tipo de agente económico, privado o social. Se ha buscado el convencimiento y no se han tomado decisiones que alteren el orden socioeconómico, nada más grave que recurrir a expropiaciones; es decir, se ha respetado el ámbito de lo privado, sin trastocar en ningún caso la vigencia de la propiedad de factores básicos, como son la tierra y el capital.


Además del respeto al derecho de la propiedad, se ha actuado favorablemente en los elementos claves que propician un sistema progresivo: libre mercado, moneda estable, tasas impositivas fijas, endeudamiento permisible (o no endeudamiento) y prudencia fiscal; incluso se puede decir que ha ido más allá de lo previsible. De existir crítica, la misma no podría ir hacia esos aspectos, al menos que concibamos que para alcanzar una mayor eficiencia económica se requiriera de ir en sentido contrario; es decir, que en estos años de parálisis y ralentización (después de un breve auge) lo preferible sería adoptar medidas proteccionistas, devaluatorias, elevar impuestos, endeudarse por encima de nuestra capacidad de pago y mantener un gasto superior a los ingresos fiscales.

Pudiera ser que, en el plano keynesiano, se creyera que resulta pertinente emprender una estrategia anticíclica. En 2020, en plena parálisis económica, ampliar la demanda mediante el gasto público era como echarle aceite a un motor desvielado y desde luego se hubiera originado un sobreendeudamiento extraordinario, con una liquidez excesiva respecto a nuestra capacidad oferente. Pocos se acuerdan, pero en el segundo trimestre de ese año parecía que la economía se encontraba desahuciada real y psicológicamente, ante el abrupto movimiento del tipo cambio y la caída estrepitosa del precio internacional de la mezcla mexicana, que se situó en un nivel negativo.


Se quiera o no la prudencia se impuso, actuar en sentido contrario hubiera llevado a un escenario catastrófico de estancamiento con inflación, con repercusiones nocivas que ahora mismo estaríamos lamentando. No se quiere describir una situación apocalíptica, pero lo más probable es que se tendría un país exhausto por una crisis fiscal y un sobreendeudamiento nunca vistos; en términos económicos esto significaría – como sucede en muchas economías emergentes – un déficit primario de 10% o más y una deuda pública superior al Producto Interno Bruto, con un servicio de la deuda que imposibilitara toda opción de crecimiento y desarrollo económico. Sólo habría que pensar, en un contexto así, ¿cuál sería el riesgo país? ¿cómo nos calificarían las agencias calificadoras?; seguramente estaríamos en la lona, en la inviabilidad.


No es imposible pensar que la prudencia lleve a asumir costos políticos, sobre todo, cuando se puede romper la armonía con los sectores que detentan la riqueza y el capital; cuando se hace ineludible lo que debe prevalecer socialmente. La economía opera siempre con recursos limitados, no son la excepción los recursos fiscales. En este sentido, no hubo más camino que asumir dos decisiones complejas: primero, ante la imposibilidad de distribuir recursos fiscales a todos, se optó por apoyar a sectores vulnerables y de bajos ingresos; y segundo, se llevó a cabo una efectiva cobranza a los sectores de altos ingresos y a las grandes corporaciones, que mantenían adeudos fiscales o que se les eximía de impuestos, además de cortar en forma tajante la evasión fiscal y las cadenas simuladas de sobrefacturación. La ruptura – al menos la declarativa – parecía inminente; no obstante, se impuso el juicio razonable: nada más grave que se rompa el pacto social desde las bases que lo soportan.


No estamos, al menos en el sentido económico, ante un gobierno populista. Aun en el contexto depresivo, la prudencia fiscal se impuso, el gasto social apenas si rebasó los ingresos primarios o básicos, es decir, los que percibe el Estado por la vía impositiva. La exasperación de los organismos internacionales (FMI y CEPAL) e incluso de las propias calificadoras no se hizo esperar: aconsejaban más gasto a partir de un mayor endeudamiento internacional, sobre todo porque en aquel momento la deuda pública era de alrededor de 50% en relación con el PIB. Debe reconocerse que, en efecto, hubo un impacto en la tasa de crecimiento, la economía se contrajo en más de 8% en 2020; sin embargo, el sacrificio tuvo su recompensa. Más que la chicharra despilfarradora, se siguió el ejemplo de la hormiga que sólo utiliza lo que necesita, sin perder el balance entre lo que tiene y lo que consume (ingresos menos gasto). Como era de esperarse, al regresar a la “normalidad”, México no estaba sofocado por deudas y admirablemente organismos como FMI y CEPAL y las mismas calificadoras, antes severamente críticas, han advertido que México muestra una posición financiera adecuada para retomar el sendero del crecimiento.


Punto por punto


Si analizamos punto por punto, desde la perspectiva económica, no encontramos elemento alguno que pudiera ser cuestionable, aun cuando si pudieran existir bemoles. Veamos. No resulta cuestionable que una parte de los ingresos se hubieran destinado para emprender proyectos estratégicos de inversión. Podríamos discutir el qué tan estratégicos son, pero es indudable que se han convertido en nichos para la inversión privada y la generación de empleos, además que permiten nivelar las condiciones de desarrollo del Sur-Sureste con el Norte del país.


La apertura comercial, por su parte, se ha sistematizado con el T-MEC y también genera oportunidades de inversión para un número importantes de sectores y ramas económicas; más ahora cuando Estados Unidos reconoce a México como un socio comercial de primer orden y a la integración regional como un soporte básico para contener la supremacía comercial de China, el gigante asiático. Tal vez, escudriñando, se podrían encontrar ciertas deficiencias en la vinculación comercial con Estados Unidos, sobre todo en materia energética; sin embargo, a poco se podía aspirar si se desechara esta estrategia de apertura e integración, al menos que se piense en forma trasnochada que el proteccionismo pudiera generar mejores resultados; es decir, la política comercial de ningún modo es cuestionable.


Podríamos pensar que la estrategia energética es errada, porque el mundo se encuentra en un pleno proceso de transición de combustibles fósiles a fuentes de energías limpias y renovables. Desde luego, hay que prepararnos para esa transición, pero ahora casi todos los países padecen por la escasez y el incremento considerable del precio del petróleo y sus derivados y por el bajo suministro de gas para la electricidad. Hay quien piensa que este problema es transitorio, lo cierto es que la guerra Rusia-Ucrania pudiera ser una reactivación de la guerra fría, siendo Rusia uno de los principales proveedores en el mundo de petróleo y gas. Más grave aún es que Alemania, uno de los adalides de las energías limpias, ha aceptado tácitamente el retroceso al echar andar una nueva central térmica de carbón. Garantizar el suministro energético, por lo pronto, no resulta superfluo, sobre todo, cuando se concibe que el fenómeno estanflacionario avanza por la crisis energética, tal como aconteció en los años setenta del siglo pasado.

Se pudiera cuestionar que se están utilizando enormes recursos fiscales o de la exportación de crudo para mantener los precios de las gasolinas o de la electricidad en niveles razonables. Sólo pensemos si se dejará que el mercado actuara, si estos precios crecieran exponencialmente como pasa en Europa (en España), no sólo llevaría a una situación económica caótica de nulo crecimiento (o de decrecimiento) y a una inflación incontrolable, sino a un malestar social que sería prácticamente insostenible, ¡somos un país con una mayoría de pobres! Debe añadirse que esta estrategia ha posibilitado también mantener tasas inflacionarias inferiores a las que se suscitan en el mundo y en Estados Unidos, de no ser así, pensemos cual sería el deterioro de nuestras relaciones de intercambio; seguramente más que deslizamiento se tendrían abruptos movimientos en el tipo de cambio ¡No!, de ningún modo se puede cambiar esta estrategia.


Incluso el tema de salarios es poco cuestionable, debe recordarse que un número importante de empresarios y analistas manifestaron que la reactivación salarial era un importante ingrediente para la recomposición del mercado, sobre todo, del interno. Hay quien piensa que los salarios eran fiel reflejo de una baja productividad, no es que carezcan del todo de razón; pero parece irreal que la productividad se haya reducido en más de 70% en 50 años; ese porcentaje fue la disminución real de los salarios al comparar los inicios de los años setenta con respecto a 2018. ¿No hubo siquiera una pizca de asimilación tecnológica? ¡Imposible! El impacto salarial favorable es innegable, ahora el salario promedio base se sitúa en 480 pesos diarios, con el incremento anual más alto en los últimos 20 años.


Si todo parece estar bien en términos de eficiencia y oportunidad y los factores económicos claves (libre mercado, moneda estable, tasas impositivas fijas, endeudamiento permisible y prudencia fiscal) están debidamente orientados, entonces cual es el pero que utilizan la mayoría de los economistas y analistas para desvirtuar casi todo lo que hace el gobierno en materia de política económica. Tal vez, a diferencia de lo que sostenían Thatcher o Reagan, a López Obrador si le interesa que el Estado juegue un papel preponderante en la distribución del ingreso; es decir, nada de hacer gotear la riqueza, sino distribuirla desde el Estado. Ese es el gran tema. Volveremos.

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