La Nueva Normalidad y el Riesgo Laboral

Actualizado: 24 de jul de 2020


Gildardo Cilia López


Volver a la normalidad es más que encender el motor de la vida económica, debería ser en primer término un acto de conciencia. El hombre continuamente ha obrado contra la razón alterando el principio básico de respeto a la vida humana y a la naturaleza y ha roto con las bases éticas que rigen la convivencia social.


Son en los momentos de crisis cuando se debe de buscar la armonía social y entender que es necesaria la conjunción de esfuerzos para salir de un problema que lesiona a todo el género humano, sin distinción de edades, sexo o condición económica. Hay quienes no razonan así, que aún bajo estas circunstancias, con mezquindad, quieren alterar el orden social, promoviendo el miedo en sus semejantes; negando toda posibilidad de corrección y superación.


La crisis pandémica significa un gran reto porque hasta el momento no existe mejor solución que contenerla evitando su propagación. La solución última y definitiva aún no se ha alcanzado: no existe un medicamento indicado para abatir la enfermedad y menos, una vacuna que propicie la inmunidad. En tanto esto no acontezca, la humanidad estará expuesta a nuevos brotes y a dudar sobre su erradicación. Persistirá la sensación de que el virus sigue ahí, haciendo estragos.


Lo deseable es que la predicción de las autoridades sanitarias se cumpla, que la pandemia entre en su natural declinación. Quienes dudan deben hacerlo sobre bases razonables, nada se puede sustentar a partir de lo que se supone o se cree o con base en juicios sesgados por la animadversión.


La tercera fase del fenómeno pandémico debe concebirse como una tendencia decreciente en el número de casos y de nuevos casos. La experiencia indica que existe gradualidad, por lo que el fenómeno pandémico no disminuirá drásticamente de un día para otro; tampoco se extinguirá en su totalidad, lo que significa que el virus podría arremeter de nueva cuenta en un futuro muy cercano, más por su capacidad de mutar.


Hay quien desea que la enfermedad no ceda en su impacto por razones políticas. La perversidad obnubila la razón humanitaria. Ver fracasar al Gobierno se ha tornado en una obsesión para algunos por el hecho de que sus medidas han sido adversas a sus intereses o porque simplemente, no es de su agrado. Se olvidan que existen seres humanos angustiados por preservar la vida, que sufren por sus enfermos, que se lamentan por sus muertos.


También hay quien habla por ignorancia, lo cual no sería grave si lo hiciese un simple ciudadano; lo malo es cuando se opina sin conocimiento de causa desde el poder público. Carentes de educación científica no entienden lo que es la gradualidad de un ciclo. No creen que en algunos estados y municipios del país se esté dando el natural declive de la enfermedad porque en donde gobiernan no está sucediendo lo mismo e implícitamente consideran que las autoridades sanitarias están actuando con falsedad.


¿Cómo volver a la normalidad, si desde los poderes estatales se alimenta el descrédito, alentando un escepticismo sin matices? Los gobernadores normativamente son las máximas autoridades sanitarias en las entidades federativas, pero la mayoría de ellos no han querido delegar la conducción del seguimiento y análisis del fenómeno epidemiológico a especialistas y científicos avezados en la materia. Nadie podría criticar sus limitaciones. ¿Quién sabe todo? La falta de rigor científico se ha transformado en pifias que han sido motivo de escarnio público; entre éstas se encuentra la declaración de que el virus sólo arremete contra los ricos.


Una de las grandes enseñanzas del problema sanitario es que no se puede prescindir del conocimiento científico; que se requiere de interlocutores válidos para explicarle a la sociedad sobre la evolución del fenómeno epidemiológico. Quien detenta el poder público debe entender que su primera responsabilidad es informar bien y que para ello debe recurrir a quien si tiene capacidad de hacerlo. Esto serviría también para alcanzar una mayor coordinación entre los niveles de gobierno; porque ha faltado comprensión en el sentido de la adopción de las medidas sanitarias y en algunos casos, se ha observado una renuencia que raya en la necedad.


La tregua es otra condición indispensable para controlar la crisis pandémica. Lo que está en juego es la salud de millones de mexicanos, reto que debe trascender al interés político. En los momentos difíciles es cuando menos se debe erosionar el pacto federal, por el contrario, se debe promover la unidad y la solidaridad entre todos los estados el país, sobre todo, si entendemos cabalmente que vivimos en un sistema republicano que requiere siempre de la unidad federada.


Ante la escasez no existe más alternativa que ordenar los procesos de asignación de los recursos a partir del ritmo de los acontecimientos. Sería imperdonable no reubicar los insumos y los equipos hospitalarios, particularmente los ventiladores mecánicos, cuando éstos se encuentren subutilizados o sin utilizar. La inteligencia indica que se tienen que dirigir selectivamente hacia donde se necesitan, evaluando diaria y puntualmente el impacto real de la pandemia en los municipios y en las entidades federativas. No sé trata de disminuir atribuciones, sino de fortalecer la capacidad de respuesta en todo el país.


Las críticas continuarán ahora que se quiere instrumentar un regreso a la normalidad en forma gradual y ordenada, con base en una semaforización municipal ¿Se podría haber hecho de otra forma? Sí, se hubiera podido volver a la normalidad subestimando a la pandemia, tal como sucede en otros países, entre ellos Brasil. Esta opción se ha descartado, se sigue respetando como principio básico la salud pública y la transparencia en la información, vital en toda democracia.


Los efectos económicos al adoptarse una estrategia de sana distancia y de confinamiento son dolorosos. Resalta la caída estrepitosa en los niveles de empleo, la carencia de inversión y los pronósticos de una severa contracción económica, así como de un incremento significativo en los niveles de pobreza. Pareciera incluso lógico señalar que el impacto económico pudiera ser más grave que los efectos sanitarios de la pandemia misma. Ante este escenario, un gobierno ansioso hubiera encendido el motor económico de una sola vez y en una misma fecha.


Tal vez no le hemos dado una respuesta adecuada a una interrogante: ¿qué tan productiva puede ser una sociedad que tiene que sobreponerse al miedo de una enfermedad sumamente contagiosa, por crecer en una escala geométrica? ¿ Acaso la salud pública no es uno de los vectores básicos, junto con la educación, que posibilitan el buen desempeño productivo?


No es difícil comprender los impactos que pudiera tener una empresa con trabajadores siempre susceptibles al contagio. Estaría sujeta al freno recurrente que ocasionaría la enfermedad, con sus correspondientes decesos; a un reemplazo laboral continuo; a elevar continuamente sus aportaciones al seguro social; a indemnizaciones continuas y al estrés productivo de los trabajadores que ponen en riesgo su vida.


Los gastos gubernamentales también tenderían a crecer en forma indeterminada, al registrarse rebrotes frecuentes e interminables. Esto ningún Estado lo resistiría, menos el mexicano cuyas aportaciones fiscales sólo representan el 18 por ciento del PIB.


No sé puede negar que el pleno empleo es el equilibrio básico por excelencia de la economía; que es el signo más evidente de una economía próspera y productiva; que es la mejor forma de generar ingresos y de actuar en contra de la pobreza. Sin embargo, nada podría volver verdaderamente a la normalidad, sin antes garantizar la seguridad del factor de mayor importancia en todo sistema económico: la fuerza de trabajo.


La estrategia de semaforización pareciera correcta, sin embargo, se adoptó una decisión crítica: la reapertura de las industrias de la construcción, de la minería y automotriz, a partir de su reclasificación de no esenciales a esenciales. Predominó el sentido económico, el cambio de estatus se da porque estas actividades aportan más de 10 por ciento del PIB. La decisión, sin ambages, es contraria a la prudencia que se ha buscado, porque los trabajadores reiniciarán actividades con el foco rojo; es decir, sin que exista seguridad sanitaria.


Seguramente operarán con medidas preventivas de salubridad y sanitización, pero el riesgo para los trabajadores será inminente no sólo dentro de las áreas productivas, sino por el traslado en el transporte público. Se abren empresas que reactivarán la economía, pero laboralmente no existe una compensación ante el riesgo que van a tener miles de trabajadores de enfermarse por el coronavirus.


Y es que existe desde el inicio de la pandemia un vacío laboral: ¿cuál es el sobresueldo o prima adicional que se le debe pagar al personal de salud por exponer su vida? ¿Basta elogiarlos como héroes?


La adecuada remuneración tomando en cuenta el riesgo de exposición ante una enfermedad viral, que pudiera ser mortal, debería llevar a una reforma laboral. Sin una remuneración extraordinaria sería injusto hacer regresar al empleo a la clase trabajadora.


¿Tendrá algún precio la vida? ¿Cuál debe ser la prima adicional o el sobresueldo? Vaya incógnita, pero sin importar que parezca irresoluble, el sobresueldo es justo. Muy justo.


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