Gildardo Cilia, Alberto Equihua, Guillermo Saldaña y Eduardo Esquivel.
El corto y el largo plazos
El horizonte económico se puede vislumbrar en dos planos: el corto y el largo plazos. En el primero, se tiene que actuar sobre los factores de mercado que posibilitan la recuperación económica; lo que implica alinear los instrumentos monetarios y fiscales de tal forma que sean un factor de incidencia en la inversión y en la recuperación de empleos. El largo plazo es un horizonte de planeación que debe llevar a la economía a un proceso de crecimiento sostenible, a efecto de que las generaciones futuras disfruten mejor los frutos del desarrollo económico.
La premisa básica es que lo que no se haga bien ahora tendrá consecuencias graves en el futuro. En el presente, los gobiernos de los países enfrentan la tarea de reanimar a la economía; ello después de un choque en la oferta por la crisis pandémica. El plano sustantivo de la ciencia económica lleva a pensar que no basta con poner los engranes de la economía en marcha. Hace falta además que se produzcan efectos específicos para reorientar el desarrollo en la mejor dirección posible.
En la preocupación por lo inmediato, en muchos sentidos, se abandona la perspectiva del largo plazo, porque se pretenden amortiguar o eliminar contingencias que inhiben los procesos de reactivación económica. El plano cotidiano pareciera explicarse por fenómenos monetarios y económicos que se deben controlar, olvidándose que en esencia la economía se mueve por factores básicos que posibilitan tanto la ampliación de la riqueza como su distribución.
¿Podríamos en este momento avanzar más allá de los escollos que originan la coyuntura económica? La respuesta parece sencilla, pero sólo si se enfocan las decisiones con una visión que contemple medidas de largo alcance. El enfoque en países como el nuestro no puede escindirse de la solución de los mayores problemas que nos afectan: la distribución marginal del ingreso hacia amplias capas de la población y la necesidad de ampliar estos ingresos sobre bases reales, incrementando el empleo formal y actuando consistentemente en pro de la productividad.
Lo previsible es que con la reactivación emerja la economía informal, que crece por ser de bajo costo y por no requerir de montos extraordinarios de capital de trabajo ni de inversión; pero seguir esa ruta nos llevaría prácticamente a lo que existía antes de la pandemia. Se puede ser más ambiciosos y enfocar la política económica y sus instrumentos hacia la productividad como palanca de recuperación e impulsar una intervención en la economía para contrarrestar la marginación.
El esfuerzo mayúsculo de la estrategia económica en nuestro país debe centrarse, entonces, en preparar las condiciones para ser cualitativamente más productivos. Se trataría de actuar en la protección social de la población (salud, vivienda, retiro) y concentrarse en la formación de capacidades y competencias, ello junto con la tecnificación y la capitalización de la producción. La intervención del gobierno en este enfoque sería la de generar condiciones de certidumbre en las capas sociales, de manera que puedan disponer más de su tiempo para potenciar sus capacidades personales (educación y capacitación). Bajo este enfoque, también se requeriría de la participación del capital privado y de reorientar nuestras prácticas de fomento hacia sectores y actividades con potencial de desarrollo productivo. Esto es, requerimos al mismo tiempo, elevar capacidades productivas de millones de mexicanos e incorporar unidades productivas más tecnificadas y competitivas.
No basta con arrancar alguna recuperación económica. Por dolorosa que esté siendo la crisis pandémica y la urgencia de recuperar niveles más altos de producción y del nivel de vida, ahora es necesario “aprovechar” el momento para ponernos en ruta hacia un crecimiento de mejor calidad. La disrupción de los circuitos económicos que provocó el Covid-19 deben convertirse en oportunidad para restaurarlos de forma tal que nos den mejores resultados.
Además de las políticas monetaria y fiscal, se tienen que contar con instrumentos y programas que orienten los recursos de la activación a dos aspectos: 1) a desarrollar capacidades y competencias en la fuerza de trabajo, no sólo de los jóvenes, sino también de los que perdieron su empleo y ahora tendrán que encontrar una nueva ocupación; y 2) a favorecer la reactivación de unidades productivas, tanto las existentes como las nuevas, de forma que mejoren su productividad. Es cierto que se trata de un plan complejo, pero elevar la productividad sería la mayor contribución para disminuir la inequidad económica y la marginación que padece México.
La inflación, ¿una amenaza?
La resolución de la crisis tiene una característica sui géneris: si tiene un origen sanitario, sólo se superará con la aplicación universal y masiva de vacunas. De tal forma, que sólo se podría romper el estancamiento con la aplicación de vacunas a 70% o más de la población mundial y en este sentido, la eficiencia es de suma importancia: entre más rápidamente se cumpla la meta, más pronto regresará algo que podamos llamar normalidad. Esto lleva a la conclusión de que las economías se recuperarán en periodos distintos y ello va a depender tanto de la disponibilidad de vacunas como de la capacidad de adquirirlas.
Como si fuera un estigma, el otro gran riesgo al que se expone la reactivación es la inflación. El propósito de conservar la capacidad instalada o los empleos obligó en la mayoría de los países a desplegar esfuerzos extraordinarios para ampliar la liquidez de los mercados; lo que a muchos de ellos los ha dejado diezmados y con recursos más limitados para impulsar el crecimiento económico. De manera que muchos países tendrán la tentación de emitir circulante para financiar la recuperació; así se elevaría la presión para que suban generalizadamente los precios. La gran pregunta que nos hacemos ahora en todo el orbe es: ¿existe un riesgo latente de inflación mundial, que inhiba por incertidumbre los procesos de inversión? No existe una respuesta inequívoca, pero se debe de encontrar un hilo conductor y aquí sí es importante describir los diferentes señalamientos de los organismos y dependencias internacionales, así como los de expertos.
La primera gran evaluación de la pandemia fue en términos de costo de oportunidad. Qué era preferible: ¿inyectar masivamente recursos para mantener la demanda y paliar el choque en la oferta? ¿O dejar que la economía entrara en una fase de astringencia que hubiera llevado a millones de personas a la miseria, al dar paso a un proceso de deflación agudo? La opción tomada con más frecuencia fue aceptar los riesgos que conllevaban los excesos de liquidez, a sabiendas que ello podría incentivar procesos especulativos que distorsionarían los precios tanto de los productos, como de los activos en los mercados financieros.
A raíz de los resultados a la vista, todo parece incompresible, pero no es así si entendemos que los paradigmas se rompen ante situaciones distintas y más si son excepcionales. La política sustentada inicialmente en el Gobierno del expresidente Trump fue expansiva: se entregaron billones de dólares a familias y negocios; se mantuvo la tasa de interés a un porcentaje cercano a “0”; la Reserva Federal compró deuda y se expandió en forma significativa la base monetaria.
Se rompió con lo que dicen los textos de economía: se incrementó el dinero en circulación pero no se suscitó inflación como habría cabido esperar. La tasa inflacionaria de Estados Unidos para 2020 fue de 1.4%; en tanto que el dinero en circulación, según datos de la Reserva Federal creció en 25.8%. Esto es, un dólar de cada cuatro fue creado en plena crisis pandémica y aun así se mantuvieron tasas de inflación moderada. ¿Cómo pudo pasar esto?
La primera respuesta es que ante un escenario de tasa de interés cero, el exceso de liquidez encontró su refugio en las bolsas de valores y hacia activos de mayor riesgo; lo que propició dos fenómenos a la vez: uno que los índices de las bolsas se hayan mantenido y crecido; y dos que las fortunas de los grandes consorcios y de sus respectivos propietarios se hayan incrementado. El efecto convergente, es que ambos fenómenos significaron un colchón para la demanda y el exceso de circulante.
Como si fuera una continuación de la política trumpista, el Gobierno del presidente Biden sigue con esta visión expansiva de la economía. Durante 2021 se ha anunciado un apoyo adicional a la economía por 1.9 billones de dólares que representan 10% del PIB estadounidense; así como una inversión de 2.2 billones de dólares en un plan de infraestructura a ejercerse en ocho años.
Este contexto expansivo no deja de llamar la atención, de modo que a muchos analistas los lleva a las apreciaciones tradicionales de la teoría económica. Las voces de riesgo se han acentuado en Estados Unidos, pero también en Europa, sobre el advenimiento de una nueva etapa inflacionaria. Hagamos una breve síntesis:
Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, publicó recientemente una columna en The Washington Post en la que advirtió del riesgo de que el plan de Biden desate "presiones inflacionarias nunca vistas en una generación o a un crac bursátil”. Los indicios son claros, cuando se analiza la evolución de los mercados, como Wall Street o el crecimiento del mercado inmobiliario; esto es, la liquidez ha sido absorbida por los mercados específicos, sin que exista una base económica real que soporte el incremento de rendimientos.
Steve Hanke, profesor de Economía Aplicada en la Johns Hopkins University, quien fue miembro del Consejo de Asesores Económicos del presidente Ronald Reagan, le dijo a BBC Mundo que "la inflación se está cociendo, (que) está a la vuelta de la esquina". Señala que ya hay algunos precios al alza que indican un temprano cambio de tendencia, como el del crudo y otras materias primas. El gran riesgo es que los escenarios de inflación se consoliden y que inevitablemente la Reserva Federal eleve la tasa de interés; lo cual puede implicar un freno a la burbuja especulativa, y llevar a una crisis severa de los mercados accionarios y a la ruina de millones de personas y negocios. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56105852
Muchos expertos, en efecto, opinan que la política monetaria para reducir los efectos probables de un fenómeno inflacionario debe asumir una tendencia contractiva; lo que llevaría a aumentar las tasas de interés. Sin embargo, hay que hacer un balance de pros y contras; y de verdad que hay muchos efectos adversos.
La respuesta a la advertencia de riesgos y a la necesidad de utilizar una política contractiva mediante altas tasas de interés, la ha dado el director de la Reserva Federal, Jerome Powell: primero, no ignora que es posible que exista una presión sobre el nivel general de precios, pero no en forma relevante; y segundo, que sólo se actuará de manera oportuna, no sobredimensionado esta probabilidad; de manera que esta declaración lleva a que no exista una reacción inmediata para elevar las tasas de interés.
Es claro que actuar en forma precipitada llevaría por caminos indeseables: una contracción que pudiera ser excesiva de la demanda cuando aún no se ha consolidado una tendencia en el ritmo de crecimiento económico; una reacción indeseable de los mercados que podría ampliar los riesgos de derrumbe de una bolsa en donde millones de personas han dirigido sus inversiones; una acumulación de deudas tanto para las personas físicas y morales como para los gobiernos por concepto de intereses y una desarticulación entre las políticas fiscal y monetaria, que generaría confusión en los planes de expansión del consumo y la inversión de los agentes económicos. El problema visto así para los que diseñan la política económica en Estados Unidos, no se centra en la preocupación de que surja una espiral inflacionaria, sino en que se dé una recuperación insuficiente.
¿Será rebatible la posición de Powell? Podría serlo, pero en términos de crecimiento, se debe inspirar la confianza necesaria que no se darán cambios bruscos en la política de tasas de interés; además sus declaraciones hacen suponer que de darse cambios, previa valoración, los mismos se darían hasta 2023.
La estrategia de desarrollo no puede modelarse con una sola variable, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha planteado modificar la política fiscal, bajo un esquema progresivo: aplicando una tasa mínima a las grandes corporaciones y fortunas. Se trata de continuar con una política expansiva, centrada en inversiones estratégicas con un amplio efecto multiplicador en la inversión y en generación de empleos, soportada en una fuente de financiamiento sana, como lo es la recaudación fiscal.
¿Lo aceptarán los grandes consorcios y magnates? En el ámbito macroeconómico es necesaria y de darse está estrategia impositiva sería seguramente una simple compensación de los recursos que se han transferido directa o indirectamente a esos sectores en el pasado y que han posibilitado la extracción de enormes utilidades y recursos. En términos de justicia distributiva, habría que señalar que de acuerdo con los reportes del FMI, los hombres más ricos del mundo, en plena crisis pandémica, ampliaron su patrimonio en 1.8 billones de dólares; equivalente a 10% anual del PIB estadounidense.
¿Y México qué?
México no podría estar exento después de la crisis pandémica de encontrar fórmulas que permitan hacer crecer a la economía. De tal forma que en el plazo más breve posible se alcance el nivel del PIB anterior a la pandemia. Es indudable que como consecuencia de la mayor integración comercial, tanto la expansión económica como la inyección de recursos para las familias, los negocios y el desarrollo de la infraestructura en Estados Unidos favorecen potencialmente a México.
Esa expectativa favorable podría en cierta forma revertirse si por el incremento de la tasa inflacionaria, se elevarán las tasas de interés en los Estados Unidos. Durante el año pasado, la política monetaria en México tuvo un carácter expansivo, para ubicarse al final del año en 4 puntos. Y ahí se ha detenido, en ese margen, por la posibilidad de generar desahorro, ante la eventualidad de mantener tasas reales cercanas a “0” o negativas. Frente a un escenario de repunte en las tasas de interés en los Estados Unidos y en el mundo, tal vez, esta tendencia de reducir tasas se revierta y se inicie un proceso al alza; lo que es claramente contrario al objetivo de expansión económica.
Si regresamos al criterio de alineación de variables para alcanzar grandes objetivos, ello iría en contra del consumo de las familias; ampliaría el costo financiero de las empresas formales, particularmente de las micro, pequeñas y medianas empresas y abultaría las deudas tanto del sector público como del sector privado.
La percepción del Secretario de Hacienda y Crédito Público en cuanto a la tasa de interés ha tenido un peso específico importante en el conjunto de decisiones de política monetaria. En los momentos más aciagos, fue un impulsor en la política de disminución de tasas y aun cuando la misma se situó en 4%, no dejó de resaltar que era una tasa comparativamente alta a nivel internacional; por lo cual no era una opción adecuada la contratación de deuda interna como fuente de fondeo para reactivar a la economía mexicana. En el mismo sentido se opuso al endeudamiento externo, más en el primer semestre de 2020 cuando hubo volatilidad en el mercado cambiario.
Un escenario internacional de inflación y de tasas de interés al alza, nos obligaría también a elevar tasas. Existiría así un fuerte impacto en la deuda pública y posibles efectos compensatorios, mediante la reducción del gasto público.
¿Qué significa un punto más en la tasa de interés? De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, el costo financiero de la deuda del sector público se sitúa en 724 mil millones de pesos; esto es por cada peso que utiliza el sector público federal, alrededor de 12 centavos se destina para cubrir los servicios de la deuda. El costo financiero no es una variable que haya descendido; por el contrario, es mayor en 38 mil millones con respecto a los recursos erogados por este concepto en 2020.
El saldo neto de la deuda pública asciende a 12.3 billones de pesos; por lo que si relacionamos el costo financiero previsto en el PEF 2021 con este saldo, se obtendría una tasa de 5.9%. De esta forma, un incremento en un punto significaría una erogación de 123 mil millones y por cada cuarto de punto se tendrían que efectuar pagos adicionales por 30.8 mil millones de pesos. Evidentemente en el plano racional de las finanzas públicas, ello llevaría a una reducción del gasto. Este fenómeno también se reproduciría entre los particulares, quienes tendrían que desviar recursos para pagar deudas; es decir, los montos y los procesos de inversión entrarían a una ruta de achicamiento.
En términos de la política monetaria también importa la inflación que se está suscitando en México. La inflación anual para la primera quincena de abril del presente año fue de 6.05% y algunos quieren pensar que está fuera de control. En este incremento ha jugado en grado sumo la base comparativa del año anterior; es decir, en abril de 2020 los precios de algunos productos estratégicos, básicamente los energéticos, tuvieron disminuciones considerables (el crudo llegó a precio cero o negativo); de tal forma que la comparación entre periodos lleva a altas tasas de variación anual. Gerardo Esquivel, Subgobernador del Banco de México, ha hecho la aclaración de que no se han registrado en el periodo reciente incrementos significativos en los precios.
Esto significa que no estamos ante presiones estructurales de la demanda agregada y en un sentido negativo tendríamos que decir que todavía nos encontramos en un umbral de creación de empleos, por lo que no estamos ante un fenómeno de escasez de oferta o de exceso en la demanda. Las variaciones altas en la tasa de inflación, en consecuencia, todavía son un fenómeno transitorio y seguramente irán disminuyendo en la medida que se disipen los efectos ocasionales, particularmente cuando la comparación se haga con aquellos meses donde los índices se elevaron por el natural repunte de precios de los hidrocarburos.
Una última interrogante
No podemos dejar de sustraernos a lo que pasa en el mundo, pero tampoco debemos actuar con ceguera. Si deseáramos comprobar en forma extralógica que podemos crecer mediante la inyección de recursos, como lo están haciendo Estados Unidos y otros países, lo más seguro es que nos llevaríamos un fuerte chasco. Nuestra base fiscal es débil y seguramente sólo tendríamos como fuente financiera la contratación de deuda; pero esta resulta inconveniente porque nuestro contexto es de tasas altas, es decir, no tenemos una tasa de interés “0”. Por otra parte, estamos sujetos a un esquema de libre flotación, con rachas de incremento y con una tendencia que lleva a un balance final de aumento del tipo de cambio.
Tampoco tenemos un mercado de valores desarrollado que permita ser contrapeso del exceso de circulante. En México sólo 4 de cada 1000 personas de la Población Económicamente Activa invierten en la Bolsa Mexicana de Valores, en la que participan menos de 300 empresas emisoras, en tanto que en Estados Unidos 6 de cada 10 personas invierten en el mercado bursátil. Afortunadamente, nuestra legislación impide el financiamiento directo del Banco de México al gobierno, pero es indudable que el incremento de la base monetaria si trae consigo una fuerte presión inflacionaria.
La otra vía que parece tomar impulso en el mundo es la configuración de políticas fiscales progresivas. Este tema tiene una gran amplitud por lo que conviene tratarlo en una próxima entrega, pero vale la pena hacer una primera consideración: la reforma fiscal debe, en efecto, garantizar los objetivos de largo alcance; empero se hace cuanto más urgente en la medida que los gobiernos tienen que tomar la decisión de invertir ante la inhibición de los inversionistas privados. ¿Estaremos ante esta tesitura?
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