México una de las democracias más caras del mundo. Se vale exigir más

Actualizado: abr 19


Gildardo Cilia, Alberto Equihua, Guillermo Saldaña y Eduardo Esquivel

Cuanto costarán las elecciones en 2021


Nuestra democracia cuesta y mucho. Durante 2021, si se toma en cuenta los gastos de operación del Instituto Nacional Electoral (INE) y el financiamiento a partidos políticos se erogarán 26,866 millones de pesos. Los recursos en este año de elecciones intermedias siguen siendo excesivos y mantienen en términos reales una tendencia creciente, sobre todo, si los comparamos con los autorizados en 2009.

Si dividimos el monto del presupuesto autorizado con respecto al listado nominal de electores (92 millones 684 mil) se tendría un costo por voto de 290 pesos. Este costo unitario se incrementa significativamente si lo comparamos con los electores que efectivamente acuden a las urnas. En las elecciones intermedias la participación se ha situado por debajo de 50%, con lo cual el costo por sufragio efectivo se duplicaría a 580 pesos.


Al comparar estos costos, resulta evidente que nuestras elecciones son onerosas, siendo México una de las democracias electivas más caras del mundo. En las elecciones de 2020 en los Estados Unidos se estima que se gastaron alrededor de 3,000 millones de dólares, cifra que al compararla con su población en edad de votar (227 millones), arroja un costo por voto de 13.21 dólares. Haciendo la conversión correspondiente, México va a gastar 14.49 dólares en las elecciones de 2021 por voto probable, es decir, 1.28 dólares más.


En 2016, BBC News (la entidad que recopila más información entre los medios de comunicación del planeta) había advertido que la democracia de México era la más cara del mundo. Ajustando los datos de México y de Estados Unidos, se tendrían las siguientes cifras:

¿Será cara?


Dada la actual crisis pandémica, la comparación más socorrida de todo costo es la que se hace con respecto al presupuesto de vacunas. Conforme a cifras iniciales, la campaña de vacunación tendrá un costo de alrededor de 34 mil millones de pesos, con un costo unitario sobre el 70% de la poblacion de 382.45 pesos. Es decir, el presupuesto para este año electoral representa el 79% del costo total de vacunas y aun cuando el costo unitario por voto es menor, 290 pesos si se considera el numero de electores en la lista nominal; el mismo se torna excesivamente oneroso cuando se toma en cuenta el numero potencial de votantes que asistirán a las urnas el próximo 6 de junio, lo que se traduce en un costo de $580 por voto. En suma pagaremos más por un voto que por una vacuna.


Sin embargo, hay que entrar en antecedentes. Antes de 1990, no nos parecía tan cara ninguna elección si con ello se cumplían dos objetivos básicos para alcanzar la tan ansiada transición a la democracia:

  1. Garantizar la confianza de los ciudadanos sobre el resultado de las elecciones; y

  2. Permitir la competencia equitativa entre los partidos políticos.

Nuestra configuración democrática resultó sumamente compleja, dado el pasado de simulación, en el que se votaba a sabiendas de los resultados y en el que operaba un único partido, imponiendo reglas y formas; cumpliéndose, así, con los designios del titular del ejecutivo, ¿Qué contradicción podía existir cuando las elecciones las organizaba el ejecutivo y las mismas eran calificadas por el legislativo y cuando ambos poderes eran controlados por un mismo partido? Las razones unipartidistas se imponían y desde luego las decisiones perpetuaban el control político, bajo principios monolíticos y decisiones verticales. La autoridad del presidente y su partido nadie la podía poner en duda.


Este esquema rígido creó inconformidad social, sobre todo cuando la participación ciudadana se hizo más activa. Es complejo explicar todo el entorno, pero no es difícil reconocer que de 1982 a 1988 el país vivío una crisis profunda, caracterizada por el desempleo, la inflación, el deterioro de los ingresos reales de millones de personas y el comportamiento frívolo de quien gobernaba ante uno de los siniestros más desgarradores de la historia contemporanea de México: “el temblor de 1985”. La sociedad concurrió a las urnas en 1988 con una proporción considerable de votos de castigo y parecía inminente el triunfo electoral del candidato opositor: Cuauhtémoc Cardenas. Aun cuando se hicieron diferentes ejercicios para demostrar el triunfo del candidato oficialista: Carlos Salinas de Gortari; lo cierto es que quedó en la percepción social que se había cometido fraude electoral. La otra gran duda que quedó fue si el conglomerado social iba a aceptar de nueva cuenta, sin violencia, un fraude electoral de esa magnitud.


Volver a contar con la empatía de la ciudadanía, significaba generar la confianza de que de ahora en adelante se iba a respetar la voluntad popular. Esto sólo lo podía garantizar la existencia de un organismo autónomo, aislado de la connivencia de los poderes ejecutivo y legislativo y de grupos politicos y económicos con poderes fácticos. Sólo así era posible demostrar en forma fehaciente que los resultados obedecían a lo que se había expresado en las urnas electorales.


Esta decisión significó un costo económico continuo, porque derivó en la conformación e instalación de un instituto electoral con una burocracia permanente. Actualmente, para mantener esta estructura se asume un costo anual de alrededor de 20,000 millones de pesos, exista o no un proceso electoral federal, en las entidades federativas, en los municipios o en las cámaras del poder legislativo.


No debe de pensarse que todos los países para preservar y darle transparencia a su democracia han constituido un instituto electoral. En las democracias desarrolladas no tienen necesidad de recurrir a organismos autónomos para garantizar elecciones confiables; son en sociedades como la mexicana, sin una verdadera tradición democrática, en donde se ha decidido que mantener la estabilidad política requiere de un organismo independiente a los poderes.


De nueva cuenta la pregunta es pertinente: ¿es cara nuestra democracia? Mantener al INE y darle recursos a los Partidos Políticos cuesta, pero la pregunta se tendría que contestar en cuando menos cuatro sentidos:


1. A partir del análisis de los beneficios - la mayoría intangibles - que cada ciudadano percibe y que se requiere de cierta consciencia política para poder ponderarlos. Vale la pena señalar algunos de los valores que se concibe se han obtenido con la conformación del nuevo sistema democrático, cuyo inicio data de 1990:

  • Garantizar que el voto sea libre y efectivo.

  • Ampliar la confianza de que se respetará la voluntad popular.

  • Contar con una fórmula que permita la lucha pacífica por el poder político y el tránsito político pacífico de los cambios de gobierno.

  • Sentir que cada uno está razonablemente representado por algún partido o coalición.

  • Asegurar que los partidos o las coaliciones compitan con equidad o sin ser rebasados por otros partidos con fuentes de financiamiento indebidas o ilegales.

  • Generar contenidos programáticos en los partidos contendientes, a manera de que se genere una oferta política diferenciada y cualitativa entre los distintos actores y partidos políticos.

  • Promover el debate político para encontrar los mejores cauces para el desarrollo político, social y económico del país.

  • Formar la cultura democrática y política que tanto nos hace falta.

  • Contar con una credencial de elector como un medio de amplio uso de identificación para hacer innumerables gestiones.

Con independencia de la credencial de elector, si existe insatisfacción con los aspectos cualitativos de la democracia todo gasto va a parecer excesivo. ¿Para qué financiar en este año electoral con 7,159 millones de pesos a los partidos políticos cuando existe vacío en los contenidos y lo que permea es una guerra de lodo, marginándose las propuestas?


2. Si el INE se constituyó para consolidar la democracia, que tanto ha ampliado la convicción de que esta es la mejor forma de gobierno en el conjunto de la sociedad.


3. Que tanto ha corregido el INE los sesgos de la democracia; lo que significa que no se repitan fenómenos perversos en cuanto al control y manipulación de los votos.


4. La efectiva actuación del INE como un árbitro imparcial en los procesos electorales.


De no percibirse los beneficios y de existir una concepción negativa respecto a la gestión del INE, no sólo se tendría un instituto costoso, sino claramente disfuncional y por lo tanto sin una utilidad que acabe de concretarse.


La fragilidad democrática


Después de 30 años de la creación del INE (cuyo antecedente fue el Instituto Federal Electoral) y a 20 años de la transición democrática, resulta inconcebible que los mexicanos no confíen en la democracia. De acuerdo con el barómetro de la democracia de América Latina (Latinobarómetro) la sociedad mexicana es de la que menos cree en la democracia como sistema de gobierno.


De acuerdo con la encuesta 2018, el 84% de los encuestados dijo estar poco o nada satisfecho con nuestra democracia; el 43% cree que la democracia no es la mejor forma de gobierno; sólo el 2% cree que hay una democracia plena, en tanto que el 48% cre