Coordinador: Guillermo Saldaña Caballero
La palabra corromper viene del latín corrumpere y conforme a la Real Academia de la Lengua Española tiene las siguientes acepciones: “1) alterar y trastocar la forma de algo; 2) echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo; 3) sobornar a alguien con dádivas o de otra manera; 4) pervertir a alguien; 5) hacer que algo se deteriore; 6) incomodar, fastidiar, irritar; y 7) oler mal”. El significado es síntesis de todo lo negativo en las relaciones humanas: “echar a perder, enviciar, pervertir, depravar, dañar, degenerar o pudrir; sobornar o cohechar; y seducir o envilecer”. Para que haya un acto de corrupción en su forma más perniciosa se requiere de la interacción de cuando menos dos personas: el que corrompe y el que se deja corromper.
Los actos de corrupción en todo lugar y tiempo son reprobables. Simplemente están mal. Todo ser humano lo sabe y lo siente. La cuestión relevante, en consecuencia, por su carácter cognitivo lleva profundamente a la moral y a la ética. ¿Por qué existen actos de corrupción? ¿Por qué llegamos a conducirnos de manera corrupta, a sabiendas de que está mal?
Para encontrar respuestas hace falta explorar los factores que determinan la moral de los individuos; que son de carácter psicológico, social, cultural, entre otros. Por ahora baste simplemente enunciar algunas explicaciones tentativas para comprender las conductas corruptas.
Quien acaba por dejarse corromper es que ha encontrado en su fuero interno justificaciones que le permiten darse la licencia de actuar fuera de la norma. Es muy probable que más que motivos racionales sean pretextos, que pueden ir desde razones de supervivencia y autodefensa, hasta reflexiones egocéntricas (me lo merezco). Todos conocemos estos argumentos. Los hemos encontrado en los medios (Karim, la señora de Duarte, por poner un ejemplo muy publicitado). Si somos honestos, en algún momento de la vida, cada uno de nosotros ha tenido la flaqueza de ir contra lo legalmente establecido: “¿Ir al corralón? ¿Cómo? No tengo tiempo para perderlo en esas tonterías”; desaparecen los pruritos y buscamos un arreglo con el oficial de tránsito.
Los rasgos para actuar corruptamente suelen ser algunos de los siguientes:
Cortoplacismo. Obtención de ganancias o resultados rápidos, y ¿por qué no? instantáneos.
Egocentrismo. “Soy yo, no me puede pasar a mí. ¡Yo soy diferente!”.
Poder, prepotencia. Las reglas son para que las acaten los demás; yo no tengo porqué obedecerlas, pertenezco a otra clase. Puedo sustraerme a la norma, entonces, me sustraigo.
Miopía. Ignoramos o por lo menos descartamos las implicaciones y los riesgos de las conductas corruptas en el largo plazo. No sólo está la posibilidad de recibir una sanción; sino los efectos en nuestro prestigio y eventualmente en nuestro legado y trascendencia, que al momento de corromper o de dejarnos corromper ni siquiera pasan por nuestra cabeza.
Impunidad. A mi no me pueden hacer nada. Nadie se va a enterar. Puedo evadir mi responsabilidad.
Socialización y culturalización de la corrupción: todos lo hacemos. Así somos aquí. Si hay quien lo hace, ¿Por qué yo no? ¡No soy el único!
Con este equipamiento “ideológico”, los tipos de corrupción son innumerables, la página “Iniciativa Ciudadana” sugiere una colección de ellos, con sus curiosas connotaciones en la jerga popular:
Soborno (“póngase la del Puebla”).
Desvío de recursos (“un peso para el pueblo, uno para mí”).
Abuso de funciones (“porque quiero y porque puedo”).
Colusión (“el que no tranza no avanza”).
Conspiración para cometer actos de corrupción (“al jefe lo que pida” o, “a sus órdenes jefe”).
Tráfico de influencia (“ahí te encargo a mi compadre”).
Enriquecimiento oculto (“un político pobre es un pobre político”); y
Obstrucción de la justicia (“calladito te vez más bonito”)
http://ley3de3.mx/es/10-tipos-de-corrupcion/
También hay niveles. “Las mordidas” son, por lo general, pequeños sobornos para facilitar trámites administrativos, evadir la penalización por alguna infracción o pagar menos a un servicio o consumo (los diablitos en los medidores de luz o las instalaciones eléctricas irregulares son el mejor ejemplo). La mayor parte de los mexicanos no asocian a “la mordida” como un acto de corrupción, sino como un acto de audacia, astucia e inteligencia para evitar o reducir gastos o daños que pudieran ser mayores, o tal vez, impagables de acuerdo con los ingresos disponibles conforme a remuneraciones o utilidades.
Los mexicanos identificamos la corrupción más en el contexto de la burocracia pública y la política, con sus escalas que deben distinguirse: 1) la de quienes pertenecen a la élite que suelen ser los causantes de la gran corrupción, lo que implica que uno sólo de sus actos puede significar grandes cantidades de dinero y que al reiterarse lleva a un inimaginable desvío de recursos; y 2) la que conforman los servidores públicos de menor rango, que son la base que sustenta las actividades económico-administrativas del gobierno y que cotidianamente se reproducen en una miríada de acciones, que al sumarse, también llevan a una fuga significativa de recursos. La suma de ambos estratos escapa a todo registro y medición, por ser actos que ocurren en la opacidad. Casi todos coinciden en que la dimensión de la corrupción alcanza cifras para nada despreciables. Pongamos algunos ejemplos:
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que la corrupción en México pudiera alcanzar entre 5 y 10% del Producto Interno Bruto (PIB).
El Banco Mundial, la ha estimado en 9% del PIB.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) advierte que el flagelo de la corrupción puede representar 5% del PIB, llevándolo también hasta un máximo de 10%.
Para nuestros propósitos actuales, tomaremos la media de lo que señalan la OCDE y la SFP, 7.5%. Si a este porcentaje lo multiplicamos por el PIB nominal de México en 2019 (24.33 billones de pesos) el resultado es que la corrupción sería del orden de 1.82 billones de pesos. Recordemos que un billón de pesos en México es un millón de millones, es decir, es un “1 seguido de 12 ceros”. Si quisiéramos traducir el resultado de la operación en pesos el flagelo de la corrupción sería de: $1,824,750,000,000.00.
Hay quien aparentemente desea justificar la corrupción en, por lo menos, dos sentidos. Uno, porque la corrupción permite “aceitar” el funcionamiento de la economía cuando el exceso de regulación sofoca el accionar de los ciudadanos o las empresas; o, cuando las normas han sido mal dictadas a tal grado que inmovilizan o entorpecen iniciativas o emprendimientos. Dos, porque se concibe la corrupción como un proceso natural en el desarrollo político y económico de un país; de modo que el dinero atrae al diablo: cuando las economías se enriquecen, aparecen primeramente las rentas que justifican la corrupción. ¿Será cierta esta última afirmación?
En la percepción de la corrupción los países más pobres, desiguales y en guerra ocupan los primeros lugares, entre ellos, Somalía, Siria, Sudán del Sur, Yemen, Corea del Norte, Sudán, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial y Afganistán; y, por el contrario, los países con mayor ingreso per cápita y con mayor retribución social son los menos corruptos: Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Países Bajos, Canadá, Luxemburgo, Alemania y Reino Unido. Es decir, la corrupción no guarda una relación directa con el nivel de riqueza de los países, parece lo inverso, entre más pobres más corruptos.
En la edición 2019 del Índice de Percepción de la Corrupción, México se ubicó en la posición 130 de 180 entre los países evaluados por “Transparencia Internacional”, con 29 de 100 puntos; es decir, está reprobado y en el análisis comparativo resultó:
Que es el peor evaluado entre los países integrantes de la OCDE, en el lugar 36 de los 36 países miembros.
Con respecto al continente americano, se encuentra por debajo de Brasil (35 puntos) y muy atrás de los países mejor evaluados: Canadá (77 puntos), Uruguay (71 puntos) y Estados Unidos (69 puntos).
El aspecto positivo fue que después de 5 años consecutivos, México detuvo su caída y mejoró un punto en su índice de corrupción, aun cuando todavía requiere de 6 puntos más para recuperar el nivel observado en 2014 (35 puntos). Un resultado que coincide con un presidente que desde su campaña sostuvo la bandera de acabar con la corrupción y en cuyo gobierno se hizo más visible el papel de instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); además de que en su gestión arrancó la operación de la Fiscalía General de la República (FGR) con autonomía constitucional. La FGR fue producto de un largo proceso deliberativo de cuatro años entre los que participaron diversos integrantes de la sociedad civil, expertos y legisladores y en la que se tomaron en cuenta opiniones de diferentes tendencias ideológicas y políticas. https://www.tm.org.mx/ipc2019/.
En la encuesta que realizó “Transparencia Internacional” sobre la percepción de la corrupción, hubo en México una visión esperanzadora. Esta visión podría crecer en los próximos años: si se castigara judicialmente, con el debido proceso, a los responsables de actos de corrupción pasados, particularmente en los dos más visibles, la “estafa maestra” y el caso “Odebrecht”; si se continuara desmantelando el esquema de privilegios “fiscales” (la condonación de adeudos) y castigando la evasión y la falsa facturación; y, en general, si se progresara en la reconstitución del estado de derecho.
El hilo, que es bastante frágil, se rompería si hubiese omisión en la justicia; si existiesen actos de corrupción en este gobierno alternante y si en los medios tradicionales o en las redes sociales se propagaran noticias que modificaran la percepción ciudadana sobre la actuación del Gobierno y particularmente, del presidente. En esto último tiene un papel importante la situación política que vive el país, que suele crisparse cotidianamente por el intercambio de acusaciones y señalamientos entre el presidente de la República y diferentes actores de la oposición (expresidentes, el frente de oposición de gobernadores, intelectuales y líderes de opinión).
No se puede justificar a la corrupción como un mecanismo que lubrica el funcionamiento económico, ni como un proceso natural que se deriva de la generación de riqueza. Más bien, como claramente lo afirma “Transparencia Internacional”, es un proceso que reduce la efectividad y calidad de las políticas económicas, distorsiona el diseño y la aplicación de las regulaciones, y entraba y ensucia el accionar de la justicia. Los signos alarmantes en un país, como México, en donde impera la corrupción son diversos, cito alguno de ellos:
1) Sobreprecio en las obras y servicios públicos, lo que constituye un impuesto implícito que terminan pagando los ciudadanos.
2) Construcción de obras con mala calidad, que no cumplen adecuadamente con las especificaciones técnicas de materiales o que se edifican sobre terrenos vulnerables o frágiles; lo que lleva a graves accidentes (el socavón de la autopista de Cuernavaca, entre ellos), a su desuso y a un acelerado deterioro; además de que para su mantenimiento se requiere de gastos extraordinarios, generalmente cuantiosos; o, de ser inservibles, a su demolición.
3) Abandono por corrupción de obras que no son concluidas, y que son pagadas a las empresas privadas con recursos públicos.
4) Generación de proyectos o megaproyectos costosos, suntuosos e innecesarios con mínima rentabilidad económica o social y generalmente inaccesibles para el conjunto de la sociedad, sobre todo, porque predomina un componente social de bajos ingresos disponibles (el Museo Barroco en Puebla).
5) Dinero opaco que se mueve subrepticiamente a paraísos fiscales y que son un claro desvío de los recursos públicos, cuando se trata de programas o proyectos gubernamentales, situación que resulta más detestable cuando estos se sustraen de programas dirigidos a la asistencia social o a grupos vulnerables (es el caso de “la estafa maestra); o bien, cuando su origen es de particulares o de empresas que buscan tener privilegios o controlar negocios estratégicos en el país (es el caso Odebrecht).
6) La corrupción actúa en perjuicio de la libre competencia y las reglas de juego democrático, generando ineficiencia, costes económicos de oportunidad, además de minar la confianza ciudadana.
7) También ahuyenta las inversiones, porque siempre van a ser previsibles problemas legales o judiciales o hasta sociales; particularmente, cuando existen grupos de interés económico o político antagónicos o cuando se negocian “en lo oscurito” proyectos en zonas en donde los problemas de sustentabilidad generan la oposición social. Sólo baste citar para este último caso el de Constellation Brands, cuyo proyecto se canceló, por tratar de construir una planta cervecera en una zona de alto estrés hídrico, como lo es Mexicali, Baja California.
El daño macroeconómico
La corrupción desde un punto de vista económico, tiene lugar en mercados negros. Es decir, espacios en los que ciertamente se encuentran personas, unas del lado de la oferta y otras del de la demanda y, como en cualquier mercado, pujan por los bienes y servicios que se negocian en esos espacios. Al final acuerdan un precio en el que se intercambian las “mercancías” disponibles. Es negro, porque ocurre al margen de las normas y las reglas que imperan en los países, es decir, flagrantemente se violan las leyes. El comercio de productos ilícitos como drogas, copias piratas, contrabando e incluso de personas son claramente mercados negros. Pero también lo son los intercambios de “favores”, el tráfico de influencias, la manipulación de licitaciones, la facilitación de servicios públicos, entre otros actos.
Al calificar de negros a los mercados, denotamos que en ellos las reglas legítimas no operan u operan en forma distorsionada. Los funcionarios o empleados que pervierten a las instituciones, al actuar “torciendo” las leyes, afectan el correcto funcionamiento de los mercado legítimos, generando efectos perniciosos: se desvían recursos que podrían utilizarse óptimamente para el consumo o para la producción; se alteran precios en la economía y se impacta regresivamente en los niveles de bienestar de la sociedad.
Ya mencionamos que conforme a la OCDE y la SFP, la corrupción en México representa entre 5 y 10% del PIB y que, por razones estadísticas, para contar con un único dato de referencia, utilizamos la media, lo que da como resultado un porcentaje de 7.5% del PIB y un monto de 1.82 billones de pesos.
Estos números hablan, por sí mismo, de la degradación de la competencia al favorecer en el mercado conductas ilegales, afectando a quienes quieren actuar respetando las normas; y de una desviación de fondos, principalmente, públicos que podrían tener una trascendente utilidad social. ¿Cuánto mejor podríamos estar como sociedad, si no se “perdieran” de la economía estos cuantiosos recursos que, por definición, terminan ilegítimamente en bolsillos privados?
Un ejemplo muy actual es la crisis provocada por la pandemia de Covid-19. En 2010 está documentado que el gobierno federal tuvo en sus manos un trabajo prospectivo serio, en el que se identificaron varios escenarios de salud, para los cuales el país debería tomar providencias y prepararse. Uno de ellos incluso, en una coincidencia fortuita, mencionaba explícitamente la posibilidad de una pandemia provocada por un virus muy contagioso y que podría causar alrededor de 500 mil muertes. En la Ekonosphera dimos cuenta de ese trabajo. (Equihua, 2020). Técnicamente tuvimos 10 años para asegurar que el sistema de salud mexicano fuera capaz de atender a nuestra sociedad bajo el azote de una pandemia. No es el espacio ni el momento para analizar qué pasó en ese lapso, pero ahora saltan los hechos a la vista.
Durante 2019, el presupuesto para el sector salud representó 2.6% del PIB, sin que hubiera cambios significativos al autorizarse el gasto público para 2020. El Producto Interno Bruto Ampliado (PIBA) del sector salud fue de 5.5 % en relación con el PIB. Vale la pena que señalar que el PIBA del sector salud “está compuesto por los bienes y servicios generados por las actividades económicas relacionadas con la prevención, la curación y el mantenimiento de la salud humana, incluyendo a las instituciones que tienen la facultas de regular y administrar dichas actividades”.
El monto estimado de la corrupción supera tanto al presupuesto de la función salud como al PIBA en salud. La Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL) ha recomendado a los gobiernos de los países del área invertir en el rubro sanitario hasta el 6% de su PIB. En 2019, el gasto público aprobado para la función salud por la Cámara de Diputados fue por 626 mil 181 millones de pesos, lo que implicaría ampliar el presupuesto en 835 mil millones de pesos para alcanzar el porcentaje recomendado por CEPAL. (Cámara de Diputados, Proyecto de Presupuesto Público Federal para la Función Salud, 2019-2020).
El PIBA en salud, por su parte, en 2019, fue de alrededor de 1.3 billones de pesos, para alcanzar el promedio con respecto al PIB del OCDE, 8.8%, se tendrían que ampliar los recursos en aproximadamente 810 mil millones de pesos. Debe decirse que, con respecto a los países miembros de este organismo, México con un índice de 5.5% ocupa el penúltimo lugar, sólo por arriba de Turquía, 4.2%. https://www.larepublica.co/globoeconomia/estados-unidos-suiza-y-francia-los-paises-miembros-de-la-ocde-que-mas-invierten-en-salud-2930166
Independientemente de si el gobierno federal aprovechó el tiempo de 2010 a la fecha para preparar al sistema de salud para un escenario de pandemia, lo cierto es que apareció el Covid-19 y muchos mexicanos han enfermado y muerto. El sistema de salud aparentemente ha logrado atender a los casos más agudos y por lo menos nominalmente, nos hemos mantenido dentro de los límites de su capacidad. La incertidumbre que impera en cuanto a los tiempos que se prolongará esta situación de excepción es mundial y México no podría sustraerse a ella. En el ámbito de lo deseable, ahora quisiéramos que en los últimos años no solamente hubiéramos invertido más en infraestructura médica, sino también en el personal que ahora nos resulta tan necesario. Es ciertamente deplorable constatar que podríamos haber alcanzado fácilmente las recomendaciones de los organismos internacionales, con los recursos que se fugaron a través de la corrupción. Duele pensar en esta adversidad pandémica y duele más afirmar que podríamos estar claramente mejor, si no hubiese esa corrupción lacerante.
Para ser todavía más claro. Un hospital correctamente dispuesto y equipado, es mejor que recintos de exposiciones habilitados como clínicas de recuperación de enfermos. Equipos para ayudar a respirar a los enfermos adquiridos con tiempo de manera ordenada, es mejor que compras de pánico. Técnicos que los operen preparados con el tiempo necesario, es mejor que personal habilitado en una sesión de un par de horas. Y la lista puede continuar. Acciones y preparativos que requieren tiempo y recursos y que pudimos haber tenido si se hubiera hecho caso al aviso oportuno ya citado de 2010, lo que hace más lamentable el resumidero que es la corrupción.
Existen datos en el sector salud que dan cuenta de esa corrupción y su forma de actuar. El gobierno actual así lo ha expuesto. La Secretaría de Salud, ha detectado que en el país existen por corrupción más de 300 hospitales abandonados, en proceso de construcción o suspendidos que datan de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
La revista digital “Cuestione” documentó en febrero de este año "que son casi ocho mil millones de pesos los que necesitan los gobiernos de 18 estados para concluir las 166 obras hospitalarias suspendidas, algunas de ellas desde hace más de 10 años, de acuerdo con una respuesta de la Secretaría de Salud (SSA), vía transparencia”.
Más allá de la crítica y la indignación, la lección debería ser obvia, ahora más que nunca es tiempo de emplear recursos y esfuerzos para subsanar las deficiencias de nuestro sistema salud, con el propósito de: 1) contar con una “infraestructura básica para la vida” de calidad en sus servicios, particularmente, en lo que se refiere a la atención médica; 2) llevar a un nivel de ocupación plena a los trabajadores de la salud y a las nuevas generaciones de médicos y enfermeros que egresan de las escuelas y universidades; y 3) tener un efecto multiplicador imponderablemente cualitativo en el proceso de inversión que amplíe niveles de crecimiento económico, a partir de un sector socialmente básico.
En otros servicios básicos, como el de la educación, es notorio también que se pudo haber mejorado si se hubieran utilizado correctamente los recursos. El nivel de corrupción global estimado para el país sobrepasa casi 2.5 veces al gasto público federal de la función educación. En 2019, el gasto aprobado por la Cámara de Diputados fue de 754 mil 625 millones de pesos. Los recursos desviados ayudarían a hacer más digna y efectiva nuestra infraestructura educativa; a modernizar escuelas y dotarlas de tecnología; a hacer llegar a millones de niños y jóvenes de escasos recursos, material y equipos acordes con la realidad tecnológica; y a ampliar positivamente el perfil educativo de nuestra planta docente. (Cámara de Diputados, Proyecto de Presupuesto Público Federal para la Función Educación, 2019-2020).
México ocupa el último lugar en ciencias, matemáticas y lectura de los países del OCDE. Durante 18 años se ha participado en el “Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos” (PISA, por sus siglas inglés), con pocos avances. El examen aplicado en 2018 a estudiantes de 15 años reveló que 35% no obtuvo el nivel mínimo de competencia para continuar estudiando en matemáticas, lectura y ciencias y sólo 1 de cada 100 se colocó en los niveles más altos de desempeño. No se puede soslayar el problema, es urgente elevar la calidad de la educación. Una mala educación y sus consecuencias es claramente otra expresión del bienestar perdido. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-reprobado-en-ciencias-matematicas-y-lectura.
El análisis es sombrío si se compara la corrupción estimada con el gasto social que además de salud y educación, incluye otros conceptos como alimentación, vivienda y previsión social. Debe señalarse que el gasto social es el principal instrumento de política económica para igualar las oportunidades en aquellos ciudadanos que presentan carencia de recursos para tener acceso a servicios básicos. Sirve, en consecuencia , para combatir la pobreza y erradicar la pobreza extrema.
El gasto social en 2019 fue de alrededor de 2.5 billones de pesos, en tanto que lo presupuestado en 2020 asciende a 2.8 billones de pesos (10.8% del PIB). Sin embargo, existe un déficit evidente, que pone al país en condiciones de extrema vulnerabilidad:
Conforme a la metodología del OCDE, en 2018, el gasto social en México como
proporción del PIB representó 7.5%, el más bajo de sus países miembros y desde luego, muy por debajo de la media que aglutina a las 36 economías más grandes del mundo, que fue de 20.1%.
La CEPAL, con su metodología, estimó para 2016 que México destinó al gasto social el 9.9% de su PIB, por debajo del promedio de los 17 países latinoamericanos, que fue 11.2%. El porcentaje es bastante mediocre si se consideran los de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay que registraron índices entre 14.3 y 16.1%; mientras que Costa Rica destinó 12.3% y Nicaragua 10.6%.
Con el nivel de gasto social, CEPAL calcula que México acabará con la mitad de la pobreza hasta después de 2035.
La corrupción resulta así más inadmisible, no puede ser que haya una apropiación indebida de recursos que podrían utilizarse para acelerar los niveles de bienestar de 52.4 millones de mexicanos en condiciones de pobreza y de 9.3 millones en pobreza extrema (Coneval, “10 años de medición de la pobreza México 2008-2018”). La cifra estimada de corrupción (1.82 billones de pesos) representó 71.4% del total de recursos destinado al gasto social y es mayor en 7 veces más si se compara con los programas dirigidos a sectores vulnerables (249 mil millones de pesos), entre ellos el de “Bienestar para adultos mayores” y el de la “Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad”.
El daño de la corrupción no sólo debe verse por el lado del gasto del sector público, también debe analizarse por el lado de los ingresos. México presenta una debilidad fiscal estructural, que limita su capacidad de incidir en un mejor desempeño económico. Influyen en esta debilidad una baja base social recaudatoria (31 millones de mexicanos están ocupados en el sector informal, es decir, 6 de cada 10); la baja masa salarial originada por bajos sueldos (sólo 3.7% de los trabajadores ganan más de 5 salarios mínimos, esto es $18,533 pesos al mes); así como la evasión fiscal y la falsa facturación, aun cuando el gobierno federal ha avanzado en el combate de ambos flagelos y ha suprimido la cancelación de adeudos.
Los impuestos, por su naturaleza, son la mejor fuente para ampliar el gasto público, para generar un efecto multiplicador en la inversión y para fomentar a aquellos sectores que son fundamentales para el crecimiento económico del país.
Los datos duros indican que México es el país que menos recauda entre los países miembros del OCDE, con 16%, muy por debajo del promedio de este organismo (34%). También los porcentajes de recaudación están muy por debajo de economías latinoamericanas como Argentina, Brasil y Uruguay, alrededor de 30% y Chile 20%. Durante 2019, México registró una recaudación tributaria de 3.2 billones de pesos, con la siguiente distribución:
Conforme a nuestro ejercicio, si le sumáramos los recursos que se desvían por corrupción a los ingresos tributarios, el índice de recaudación se elevaría a 20%, con lo que inicialmente México en términos fiscales alcanzaría el nivel que tiene Chile para impulsar su crecimiento económico. Este sería el primer objetivo que se tendría en el plano internacional, ya que el país andino también es miembro del OCDE.
Si comparamos el monto de corrupción estimado con los ingresos tributarios, este representaría 57% y se ubicaría por arriba de los montos de sus componentes básicos: el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS):
Nada más grave que desviar recursos públicos, que se derivan del esfuerzo productivo de la sociedad, para fines personales. En términos fiscales no existe aspecto más trascendente que la transparencia. ¿Cómo se podría avanzar fiscalmente si los ciudadanos no confían en el buen uso de los recursos públicos y en su adecuado destino, conforme a los fines asignados? ¿Cómo consolidar nuestro sistema económico, si no se garantiza la honestidad del Estado, o, mejor dicho, de quienes gobiernan, cuya obligación es ampliar los niveles de bienestar de la gran mayoría de los mexicanos y mejorar los servicios básicos y la infraestructura que se requiere para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas?
La corrupción no sólo es moralmente reprobable, más grave es que frena el desarrollo y ahonda las inequidades sociales. Es necesario contar con servicios públicos de calidad y hacer cumplir con lo que está consagrado en nuestra Constitución: vida digna; acceso a justicia expedita; seguridad pública en las calles; servicios de salud, educación y un régimen de libertades en el que cada quien pueda desarrollarse y desenvolverse a plenitud. Necesitamos abatir la pobreza, pero este objetivo debe conciliarse con el acceso a oportunidades: que cada quien tenga lo que le hace falta para procurarse la vida que se desee.
Las políticas públicas deben ser integrales y, ante la situación actual del país resulta urgente: 1) dotar de medios para impulsar el desempeño de los individuos en las actividades de su interés, permitiendo, al mismo tiempo, su realización y su contribución al bien común; 2) garantizar una mayor certidumbre en la integridad de las personas y de las familia, salvaguardando sus patrimonios; y 3) contar con servicios básicos de primer nivel, particularmente en lo relativo a educación y salud, a manera de enfrentar los retos a futuro que se van a presentar por la evolución científica y tecnológica y ante la amenaza de nuevas pandemias
No hay alternativa, o, erradicamos la corrupción o más pronto de lo que pensamos nos llevará a un horizonte sin esperanzas.
Equipo Ekonosphera:
Gildardo Cilia López
Juan Alberto Equihua Zamora
Luis Miguel Galindo Paliza
Guadalupe Martínez Coria
Juan Eduardo Martínez Leyva
José Eduardo Esquivel Ancona
Arturo Urióstegui Palacios
Guillermo Saldaña Caballero
